Rogelio Aurelio Gonzalez Gomez

Expediente 41/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
41/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
15/02/2019

Partes del expediente

  • Rogelio Aurelio Gonzalez Gomez

Actuaciones

  1. Principal

    I) Toluca, Estado de México; quince de febrero de dos mil diecinueve. Téngase por recibido y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el escrito de cuenta signado por el quejoso Rogelio Aurelio González Gómez, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que anexo a su escrito inicial de demanda. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 280, párrafo segundo del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, devuélvanse los documentos que solicita el promovente, previa copia simple que se deje en autos y comparecencia de persona autorizada para tales efectos, en el entendido de que quien se presente a recogerlos deberá exhibir copia simple de una identificación oficial vigente para debida constancia legal de su entrega. Notifíquese.

  2. Principal

    I)Toluca, Estado de México; treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se obtiene que la parte quejosa dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el proveído de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, en el cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse en el Libro de Gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y el estado procesal del presente asunto evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, pues el mismo se resolvió mediante una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Finalmente, se le comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  3. Principal

    I. Toluca, Estado de México; dieciocho de enero de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Rogelio Aurelio González Gómez, contra actos del Director del Centro Metropolitano de Autotransporte de la Dirección General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 41/2019-I. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora, en conformidad con el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo intentada por su manifiesta e indudable improcedencia, en atención a lo siguiente. El ordinal 113 de la Ley de Amparo, dispone que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada en la página 1008 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 1998, Tomo VII, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA." Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se obtiene que Rogelio Aurelio González Gómez, tilda de inconstitucional la orden contenida en los oficios números 4.2.1.1- 0128/2019 y 0130/2019 de quince de enero de dos mil diecinueve, emitidos por la autoridad señalada como responsable, a través de los cuales acordó que transcurrió el término de diez días concedido a diversos permisionarios del autotransporte federal y en el que se impuso a la parte quejosa un rol del servicio auxiliar al autotransporte federal de arrastre y salvamiento y depósito de vehículos, de igual forma, reclama las notificaciones de dichas misivas. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que en este asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, el cual refiere lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En virtud de ello, se precisa que la determinación reclamada no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo que en su orden disponen: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)..." De lo transcrito se obtiene que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen tácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución favorable a sus pretensiones en el juicio y por el contrario, los actos de ejecución reparable no tocan tales valores. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes en el procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, por regla general, entre otros supuestos, contra actos de imposible reparación dictados en un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: 1. Derechos Sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. 2. Derechos Adjetivos. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden en el procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de un sentencia favorable; por lo cual, si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En lo conducente, es aplicable, la jurisprudencia 189 visible en la páginas 154, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que establecen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Sobre lo expuesto, se insiste, que la orden contenida en los oficios números 4.2.1.1- 0128/2019 y 0130/2019 de quince de enero de dos mil diecinueve, emitidos por la autoridad señalada como responsable, a través de los cuales acordó que transcurrió el término de diez días concedido a diversos permisionarios del autotransporte federal y se le impuso a la parte quejosa un rol del servicio auxiliar al autotransporte federal de arrastre y salvamiento y depósito de vehículos, así como sus notificaciones, dichas determinaciones no quebranta en perjuicio de la parte quejosa, de manera cierta e inmediata, alguno de sus derechos sustantivos protegidos por la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Pues la resolución de quince de enero de dos mil diecinueve contenida en el oficio 4.2.1.1- 128/2019, emitida por el Director del Centro Metropolitano de Autotransporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lo que interesa, establece lo siguiente: "Vista la constancia que antecede, de la que se desprende que han transcurrido los 10 días concedidos a los permisionarios SERVICIO ESPECIALIZADO DE GRÚAS CUAJIMALPA, S.A. DE C.V., ROGELIO AURELIO GONZÁLEZ GÓMEZ SERVICIO DE GRÚAS HERMANOS LEÓN, S.A. DE C.V., GRÚAS MANZUR DE TOLUCA, S.A. DE C.V. ELECTROMECÁNICOS Y GRÚAS PONCHO, S.A. DE C.V., SERVICIO ESPECIALIZADO DE GRÚAS TANTOCO, S.A. DE C.V., todos permisionarios del Autotransporte Federal, para que de común acuerdo establecieran el rol para la prestación del servicio de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos respecto de la ruta: ***CARRETERA FEDERAL 55 TOLUCA-AXIXINTLA TRAMO TOLUCA-TENANCINGO DEL KM 55+000 AL 41+500***, sin que los permisionarios establecieran de común acuerdo el rol de servicios correspondiente al tramo y ruta antes mencionadas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2°, fracción VII, 5° fracción III, 8° fracción III, 52 fracción III y 55 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 1, 3, 17, 35 y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1°, 3°, 15, 45, 45-A, 45-C, 45-D y 47 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, 22 fracciones IV, LI del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como en el Articulo Primero fracción I y II del Acuerdo delegatorio de facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se determina que esta autoridad es competente para conocer y resolver el presente asunto. Derivado del contenido de los numerales invocados en el panto que antecede, es facultad del Director del Centro Metropolitano de Autotransporte de la Dirección General de Autotransporte Federal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgar permisos y el enrolamiento de los mismos como consecuencia de dicho otorgamiento, y a efecto de hacer cumplir lo señalado en artículo 45-D del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, toda vez que a pesar de haber sido debidamente notificados los permisionarios, los mismos no establecieron de común acuerdo el rol de servicios de operación, en la ruta: ***CARRETERA FEDERAL 55 TOLUCA-AXIXINTLA TRAMO TOLUCA-TENANCINGO DEL KM 55+000 AL 41+500***, dentro de los 10 días hábiles concedidos para tal efecto. " De lo anterior, se aprecia que la autoridad responsable Director del Centro Metropolitano del Autotransporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fundó la resolución administrativa reclamada 4.21.1- 0128/2019, entre otros, en los artículos 45-C y 45-D del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, que son del tenor literal siguiente: "Artículo 45-C.- En aquellos tramos carreteros en donde estén autorizados dos o más permisionarios del servicio de arrastre y salvamento, deberán elaborar de común acuerdo, un rol de servicio que regule su operación. Los permisionarios tendrán en todo tiempo, la oportunidad de establecer o modificar de común acuerdo el rol de servicios correspondiente, garantizando en todo momento la prestación ininterrumpida, puntual y eficiente del servicio. Los acuerdos que al efecto adopten deberán constar por escrito, con la concurrencia y conformidad de todos los permisionarios o de sus legítimos representantes. Los acuerdos entre los permisionarios deberán ser registrados ante el Centro SCT que corresponda a su domicilio. Una vez registrado el rol, deberá notificarse el mismo a la Policía Federal Preventiva, para su oportuna aplicación.' Artículo 45-D.- Si al momento de establecerse el rol de servicios, los permisionarios no logran llegar a un acuerdo, la Secretaría fijará un plazo improrrogable de diez días hábiles para que de común acuerdo los mismos establezcan el rol y sometan a su consideración el documento que lo contenga, apercibiéndolos de que en caso de no hacerlo, será la Secretaría quien determinará el rol del servicio, y se procederá a notificar a todos los permisionarios autorizados." Como se ve, los numerales transcritos establecen el procedimiento administrativo para determinar el rol de servicios entre los permisionarios del servicio de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos comprende las fases siguientes: 1. En aquellos tramos carreteros en donde estén autorizados dos o más permisionarios del servicio de arrastre y salvamento, deberán elaborar de común acuerdo, un rol de servicio que regule su operación. Además, los permisionarios tendrán en todo tiempo, la oportunidad de establecer o modificar de común acuerdo el rol de servicios correspondiente, garantizando en todo momento la prestación ininterrumpida, puntual y eficiente del servicio. 2. Los acuerdos que al efecto adopten deberán constar por escrito, con la concurrencia y conformidad de todos los permisionarios o de sus legítimos representantes, y deberán ser registrados ante el Centro "SCT" que corresponda a su domicilio. Una vez registrado el rol, deberá notificarse el mismo a la Policía Federal Preventiva, para su oportuna aplicación. 3. Si al momento de establecerse el rol de servicios, los permisionarios no logran llegar a un acuerdo, la Secretaría fijará un plazo improrrogable de diez días hábiles para que de común acuerdo los mismos establezcan el rol y sometan a su consideración el documento que lo contenga, apercibiéndolos de que en caso de no hacerlo, será la Secretaría quien determinará el rol del servicio, y se procederá a notificar a todos los permisionarios autorizados. Así, los oficios 4.2.1.1-0128/2019 y 4.2.1.1- 0130/2019 representan el inició de procedimiento para establecer el rol de servicio de la ruta Carretera Federal 55 Toluca-Axixintla Tramo Toluca-Tenancingo del kilómetro 55+000 al 41+500, conforme a las formalidades previstas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues al efecto citó como fundamentos los artículos 1°, 3°, 17, 35 y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Y en dicho procedimiento, aún falta por desahogar las etapas consistentes en: Los acuerdos que al efecto adopten deberán constar por escrito, con la concurrencia y conformidad de todos los permisionarios o de sus legítimos representantes, y deberán ser registrados ante el Centro "SCT" que corresponda a su domicilio. Una vez registrado el rol, deberá notificarse el mismo a la Policía Federal Preventiva, para su oportuna aplicación. Si al momento de establecerse el rol de servicios, los permisionarios no logran llegar a un acuerdo, la Secretaría fijará un plazo improrrogable de diez días hábiles para que de común acuerdo los mismos establezcan el rol y sometan a su consideración el documento que lo contenga, apercibiéndolos de que en caso de no hacerlo, será la Secretaría quien determinará el rol del servicio, y se procederá a notificar a todos los permisionarios autorizados. Por lo que, la parte quejosa deberá agotar el Juicio Contencioso Administrativo Federal, previo a promover el juicio de amparo indirecto en contra de la última determinación que se emita en la etapa final del procedimiento administrativo, ya que los artículos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en cita, establecen, entre otras cosas que: a) las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada; b) esa ley se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas; c) las disposiciones del título tercero innominado "Del procedimiento administrativo" son aplicables a los actos a través de los cuales se desenvuelve la función administrativa, d) la actuación administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe, e) el procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de parte interesada, f) las actuaciones y diligencias administrativas se practicarán en días y horas hábiles, g) las notificaciones personales se harán en el domicilio del interesado o en el último domicilio que la persona a quien se deba notificar haya señalado ante los órganos administrativos en el procedimiento administrativo de que se trate. En ese contexto, la determinación que determine el rol de servicios que garanticen la prestación del servicio en la ruta Carretera Federal 55 Toluca-Axixintla Tramo Toluca-Tenancingo del kilómetro 55+000 al 41+500, será ubicable en la hipótesis prevista en el artículo 3°, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que establece que el juicio contencioso administrativo procede en contra de las resoluciones definitivas dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Esto, porque el procedimiento previsto en los artículos 45-C y 45-D del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares deberá seguirse con las formalidades establecidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y los oficios reclamados no constituyen la resolución final con la que concluya el expediente o en su caso el procedimiento administrativo, para determinar el rol de servicios en cita. A lo anterior, sirve de apoyo, la jurisprudencia IV.2º.C J/2 (10a.) consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia Común, la página 1539, que a la letra dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').', sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.', en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." De igual forma, la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, junio de 2014, Libro 7, Tomo I, Materia Común, en la página 39, cuyos rubro y texto disponen lo siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así como, la tesis VII.2o.C.76 C (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, octubre de 2014, Libro 11, Tomo III, Materia Civil, en la página 2910, cuyos rubro y texto disponen lo siguiente: "RECONVENCIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA LLAMAR A JUICIO A DIVERSOS CODEMANDADOS NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La resolución que desestima llamar a juicio en reconvención a diversos codemandados no podría considerarse de imposible reparación por trasgresión a un derecho sustantivo, pues el hecho de que el efecto del juicio de amparo directo que pudiere promoverse contra la sentencia definitiva, sea retrotraer todo el procedimiento para subsanar deficiencias de origen, no implica indefensión, ni violación a derechos sustantivos de la quejosa. Lo anterior debe entenderse así, porque la dilación del juicio no implica violación al principio de justicia pronta, tal como puede advertirse de la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 593, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO.". Además, no existe disposición alguna que pudiere fundamentar como razón jurídica la excepción en el caso que se analiza pues, en el nuevo marco constitucional, sólo existe la disposición de procedencia del juicio de amparo indirecto, al tratarse de actos dictados en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, única y exclusivamente cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo." Por tanto, en tal virtud, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación en relación con el 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo y en relatadas circunstancias, procede desechar de plano la demanda promovida por Rogelio Aurelio González Gómez, por derecho propio, contra actos de la Director del Centro Metropolitano de Autotransporte de la Dirección General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal. IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO Y DE OFICIO SOLICITADA. En relación con su solicitud de que se le otorgue la concesión de la suspensión de plano y de oficio no ha lugar a acordar de conformidad dicha petición, lo anterior toda vez que no se encuentra ubicado en alguno de los supuestos de los artículos 15 y 22 de la Ley de Amparo; asimismo, no se encuentra considerado como un acto de carácter urgente, para que este órgano jurisdiccional otorgue dicha suspensión. DOMICILIO PROCESAL. En otro orden, de conformidad con el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquese a la quejosa las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en el local que ocupa este de este Juzgado de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el arábigo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. AUTORIZADO. En atención a la certificación de cuenta se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Julio Hernández López, por encontrarse registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa en términos de la presente determinación

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