Rogelio Atiezo Ramírez

Expediente 111/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
111/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
12/05/2023

Partes del expediente

  • Rogelio Atiezo Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de mayo de dos mil veintitrés. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental, no tiene valor jurídico, ni valor histórico y no obran documentos originales; por lo que al haberse concedido la suspensión de plano, es susceptible de DEPURACIÓN dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 7.4 relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de la Dirección General de Archivo y Documentación. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente juicio de amparo, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la Titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de febrero de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de abril de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 111/2023- III, promovido por ******* en nombre del directamente agraviado *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintisiete de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en la ciudad de Chihuahua, se recibió la demanda de amparo promovida por ******* en nombre del directamente agraviado *******, la cual fue turnada al Juzgado Octavo de Distrito de aquella Ciudad Capital. Una vez radicada la demanda por ese Juzgado, en auto de veintisiete de enero de misma data, decretó la suspensión de plano de los actos reclamados, se declaró incompetente por jurisdicción territorial, y ordenó al remisión del expediente al Juzgado en turno en esta ciudad, el cual le correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito, el conocimiento del presente asunto. Así, por acuerdo de veintiocho de enero de misma data, se recibió el escrito de demanda y anexos remitidos por el juzgado declinante y se aceptó la competencia de referencia. En ese aspecto, la parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la autoridad responsable, Titular de la Comisión Estatal de Seguridad, en esta ciudad y otras autoridades, a quienes reclamó lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: ATAQUES A LA LIBERTAD PERSONAL DE LOS AGRAVIADOS FUERA DE PROCEDIMIENTO, INCOMUNICACIÓN, MALOS TRATOS Y TORTURA, ACTOS PROHIBIDOS POR EL ARTICULO 22 CONSTITUCIONAL." SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 18, 19, 21, 22 y 102, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. En auto de veintiocho de enero del año dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo en el índice de este Juzgado con el número 111/2023-III; se declaró la continuidad de la suspensión de plano decretada por el juzgado declinante, concedida al directamente agraviado y se mandó ratificar la demanda. En esa misma fecha, se recibió la constancia actuarial, de la cual se desprende que el directamente agraviado *******, ratificó la demanda de amparo promovida por *******, a su favor. CUARTO. Admisión de la demanda. En auto de treinta y uno de ese mismo mes y año, se admitió la demanda de amparo promovida a favor de *******, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención a que el acto reclamado es atribuido a autoridades de cuya circunscripción territorial este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción; lo anterior de conformidad con el numeral 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo1 , de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la quejosa reclamó al Titular de la Comisión Estatal de Seguridad, en esta ciudad y otras autoridades, los ataques a la libertad personal del agraviado fuera de procedimiento, incomunicación, malos tratos y tortura, actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. En su informe justificado el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, negó la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa hubiera aportado pruebas para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, respecto de los actos reclamados a la autoridad apuntada en las líneas previas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)" Tiene aplicación al caso, acorde a lo señalado en el artículo sexto transitorio de la ley de la materia en vigor, la Jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Primera parte, página 236, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". CUARTO. Existencia del acto reclamado. En su informe justificado el Titular de la Comisión Estatal de Seguridad, así como el Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, de la Fiscalía General del Estado, en su denominación correcta, ambos con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, manifestaron que no son ciertos los actos reclamados, consistentes en ataques a la libertad personal del agraviado fuera de procedimiento, incomunicación, malos tratos y tortura, actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Asimismo, informaron que el quejoso directo, fue detenido por agentes de la Comisión Estatal de Seguridad, Zona Norte, el veintisiete de enero del año en curso, por aparecer como probable responsable en la comisión del delito de contra ******* en su modalidad de *******, en su variante de posesión simple, previsto y sancionado en la Ley General de Salud, de conformidad con lo previsto en los artículos 16, párrafo cuarto y séptimo constitucional, y 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que una vez que examinaron las circunstancias de la detención, se determinó que fue detenido dentro del término de la flagrancia, bajo el supuesto del artículo 146 del código adjetivo de la materia, sujeto al plazo constitucional de cuarenta y ocho horas y posteriormente puesto a disposición del Agente del Ministerio Público. Así, según se desprende del informe respecto de la suspensión de plano que rindió la licenciada *******, en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, en el cual se advierte que ese mismo día, veintisiete de enero del año en curso, el quejoso directo fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, ante lo cual se generó la carpeta de investigación bajo el número *******. Hecho lo anterior, el Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, de la Fiscalía General del Estado, en vía de informe justificado, informó que mediante resolución de veintinueve de enero de misma data, el quejoso obtuvo su libertad dentro de la Investigación, según se desprende del oficio ******* signado por la licenciada *******, Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Contra la Salud. Lo anterior, manifiesta la autoridad de referencia, que dentro de la investigación seguida en su contra, no se colmaron los requisitos establecidos en el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, de las constancias que remitieron dichas autoridades, se desprende que mediante oficio *******, de fecha veintinueve de enero de dos mil veintitrés, la licenciada *******, Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Contra la Salud, determinó la libertad del hoy quejoso dentro de la investigación iniciada en su contra. Al respecto, este juicio de amparo se promovió el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, mediante escrito de demanda presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Ciudad Chihuahua, Capital y, el procedimiento natural, carpeta de investigación *******, fue iniciado en esa misma fecha. Por lo tanto, se desvirtúa la negativa del Titular de la Comisión Estatal de Seguridad, así como el Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, de la Fiscalía General del Estado, en su denominación correcta, ambos con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, y los actos reclamados se tienen como existentes, pues lo expuesto se deriva de las constancias que remitieron, en copia certificada de la carpeta de investigación *******, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2º de esta última. QUINTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que cesaron los efectos del acto reclamado. Dicho numeral preceptúa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ..." De la interpretación que se realiza de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo transcrita, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que, con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). Sobre esa hipótesis, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, un segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Al efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre la actualización de la causa de improcedencia que se analiza, por virtud de la sustitución procesal de actos en la tesis publicada en la página 158, Volumen 145-150, Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En relación con la primera hipótesis indicada, es de señalarse que la expresión, cesación de los efectos del acto reclamado, implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si este, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá afectando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de su constitucionalidad. La improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En el caso, se actualiza tal causal de improcedencia, pues la parte quejosa señaló como actos reclamados al Titular de la Comisión Estatal de Seguridad, así como el Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, de la Fiscalía General del Estado, en su denominación correcta, ambos con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, los ataques a la libertad personal del agraviado fuera de procedimiento, incomunicación, malos tratos y tortura, actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Lo que se advierte de la constancias remitidas, a la cuales se concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entre las que se destaca que mediante oficio número *******, de veintinueve de enero de dos mil veintitrés, la licenciada *******, Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Contra la Salud, determinó la libertad del hoy quejoso dentro de la investigación iniciada en su contra. Documental que resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos la privación de la libertad de ambulatoria del quejoso directo, que la promovente de la demanda de amparo afirmó se encontraba constituido por los actos privativos de libertad, así como la incomunicación y malos tratos reclamados, lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues resulta evidente que al encontrarse gozando de su libertad de ambulatoria, el quejoso fue restituido en el goce del derecho humano que estimó transgredido. De ahí que, la razón de ser de dicha causa de improcedencia se justifica por la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo solicitado. Lo anterior se orienta por la jurisprudencia y tesis aislada que son del contenido siguiente, Jurisprudencia con número de Registro: 193758, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38: que reza de la siguiente manera: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así mismo, la tesis con número de Registro: No. 197367, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VI, Noviembre de 1997, Página: 71, Tesis: P. CL/97, Tesis Aislada, Materia(s): Común, la cual establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En esa tesitura, es incontrovertible que, cesaron los efectos del acto reclamado y queda evidenciada la actualización de esta causal de improcedencia, siendo procedente en consecuencia, sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Así mismo, en la tesis con número de Registro No. Registro: 196,820 Jurisprudencia Materia(s): Común Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, febrero de 1998, Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210. "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio2 , de la Ley de Amparo, algunas tesis y jurisprudencias, resultan aplicables en el presente asunto, pues si bien es cierto, el contenido de las mismas alude a la anterior Ley de Amparo, sin embargo, contienen los mismos principios de la ley de la materia vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ******* en nombre del directamente agraviado *******, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables, así como por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos segundo, tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que no ha transcurrido el término de ocho días que deben mediar entre la vista al quejoso de la rendición del informe justificado y la fecha de celebración de la audiencia constitucional, dado que el veintiuno de febrero del año en curso, se recibió el informe justificado del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula Investigadora V-I de la Unidad de Investigación y Litigación con sede en esta ciudad. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula Investigadora V-I de la Unidad de Investigación y Litigación con sede en esta ciudad; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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