Rogelio Astudillo Castrejón

Expediente 18/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
18/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
13/02/2023

Partes del expediente

  • Rogelio Astudillo Castrejón

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; trece de febrero de dos mil veintitrés. Visto; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de treinta y uno de enero del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE DICHO AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal Asimismo, es preciso mencionar que conforme al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años; por lo que una vez transcurrido dicho término dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que da fe.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el escrito firmado por el peticionario *****, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de doce de enero del año en curso, y al efecto manifiesta que la presente instancia constitucional la promueve sólo por su propio derecho, y manifiesta que no es su deseo señalar como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público del Fuero Común Sector Renacimiento, del Distrito Judicial de Tabares. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En efecto el primero de los preceptos citados, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar si en la especie, se actualiza alguna causal de improcedencia, que haga imposible admitir la demanda de amparo que nos ocupa. En esa tesitura, del análisis integral de la demanda, se advierte que el promovente acude a esta instancia constitucional, a reclamar del Coordinador General de Servicios Periciales adscrito a la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, y del Coordinador Regional de Servicios Periciales del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: ? La omisión de ordenar y emitir el dictamen pericial de química forense (toxicológico) a Sergio Daniel Lazcano Espinosa, imputado en la carpeta de investigación 120302290300758141022, del índice del Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Renacimiento, solicitado mediante oficio 7899 de catorce de octubre de dos mil veintidós. Por tanto, este órgano jurisdiccional estima que en el caso, procede desechar de plano la demanda de derechos fundamentales que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II de dicho ordenamiento legal. Los artículos referidos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: [.] El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Conforme a los dispositivos legales que anteceden, debe decirse que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De ahí que se considere como autoridad para efectos del juicio de amparo a aquella que cuenta con las características de órgano público que le dan las normas jurídicas y que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 161133, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En esa línea argumentativa, el artículo 1, último párrafo, establece que el amparo tendrá por objeto proteger a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o incluso de particulares, pero sólo en los casos señalados en la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 5, fracción II, primer párrafo, define como autoridad responsable a aquélla que, con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omita aquél que de realizarse las crearía, modificaría o extinguiría. Así, el segundo párrafo de la referida fracción establece los términos y casos en que los particulares serán parte en el juicio de amparo en calidad de autoridad responsable, previendo que será cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de la fracción I, y cuyas funciones estén determinadas en una norma general. En esas condiciones, resulta factible concluir que un particular adquiere calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, en términos de la legislación de la materia, cuando: 1. Realiza actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. 2. Afecta derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3. Sus funciones están determinadas en una norma general. En otras palabras, para que alguna autoridad sea llamada al juicio de amparo como responsable, se requiere que dentro del cúmulo de funciones que les otorga la norma general y abstracta que los regula, se encuentre prevista la de dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que conlleve a la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos. Sentado lo anterior, se hace referencia al caso concreto, en el que la parte promovente alega como acto reclamado la omisión de ordenar y emitir el dictamen pericial de química forense (toxicológico) a Sergio Daniel Lazcano Espinosa, imputado en la carpeta de investigación 120302290300758141022, del índice del Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Renacimiento, solicitado mediante oficio 7899 de catorce de octubre de dos mil veintidós; sin que le asista la razón de acuerdo a las siguientes consideraciones jurídicas. Como se advierte de un análisis integral de la demanda, la autoridad que la parte quejosa señala como Coordinador General de Servicios Periciales adscrito a la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, y del Coordinador Regional de Servicios Periciales del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, son auxiliares del Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Renacimiento, con residencia en esta ciudad; por lo que, aquélla no tiene las facultades que se establecen en la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos 127, 131, fracción IX, 368 y 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión." (.) Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: (.) X. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba. (.) Artículo 368. Prueba pericial Podrá ofrecerse la prueba pericial cuando, para el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso, fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio. (.) Artículo 369. Título oficial Los peritos deberán poseer título oficial en la materia relativa al punto sobre el cual dictaminarán y no tener impedimentos para el ejercicio profesional, siempre que la ciencia, el arte, la técnica o el oficio sobre la que verse la pericia en cuestión esté reglamentada; en caso contrario, deberá designarse a una persona de idoneidad manifiesta y que preferentemente pertenezca a un gremio o agrupación relativa a la actividad sobre la que verse la pericia. No se exigirán estos requisitos para quien declare como testigo sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente, aunque para informar sobre ellos utilice las aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte, técnica u oficio." Además, el artículo 17 y 24 fracciones VI y XVI, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, Numero 500, disponen: "ARTÍCULO 17. Órganos Auxiliares Son órganos auxiliares del Ministerio Público, en el ejercicio de sus funciones todas las autoridades del Estado, y especialmente, las autoridades administrativas y municipales, los servicios periciales, la Policía Ministerial, todas las corporaciones policiacas, públicas y privadas, el Servicio Médico Forense, los Síndicos Procuradores, Comisarios y Delegados Municipales sin perjuicio de la autoridad administrativa a la que estén sometidas, quienes se encuentran obligadas a prestarle la colaboración necesaria para el ejercicio de sus funciones con apego a la legislación aplicable. "ARTÍCULO 24. Unidades Administrativas Auxiliares Para el mejor desempeño de sus funciones, atribuciones y asuntos de su competencia, el Fiscal General se auxiliará de las siguientes Unidades Administrativas: (.) VI.- Coordinación General de los Servicios Periciales (.) XVI.- Las Agencias del Ministerio Público, Coordinaciones de la Policía Ministerial, los Servicios Periciales y demás unidades administrativas que se establezcan en el Reglamento de la presente Ley; y De los preceptos legales antes transcritos, se desprende que compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley, y que el Ministerio Público se encuentra facultado para requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, quienes fungirán como auxiliares de la Administración de Justicia. Así, de los artículos antes señalados se advierte que la autoridad que la quejosa señaló como autoridades responsables Coordinador General de Servicios Periciales adscrito a la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, y del Coordinador Regional de Servicios Periciales del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, quienes únicamente son auxiliares en la Administración de Justicia y, por ende, su actuación no tiene autonomía propia, y sus determinaciones carecen de coercitividad, pues únicamente son opiniones basadas en sus conocimientos respecto de un tema en particular, mismas que serán tomadas en cuenta por la representación social al momento de determinar o no el ejercicio de la acción penal; de ahí que no tenga el carácter de autoridad responsable, pues no encuadra en las hipótesis establecidas en los artículos 1 y 5, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 103, fracción I de la Constitución Federal. Ahora bien, el Ministerio Público es la institución encargada de velar por la exacta observancia de las leyes de interés público y, a través de sus Agentes, llevar a cabo la persecución de los delitos del orden común, por tanto, le corresponde la integración de las carpetas de investigación, así como valorar los dictámenes emitidos por los peritos a efecto de determinar o no el ejercicio de la acción penal, y allegarse de las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos. Así mismo, para el cumplimiento de sus atribuciones, el Ministerio Público puede solicitar informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a sus auxiliares, como en este caso lo son el Coordinador General de Servicios Periciales adscrito a la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, y del Coordinador Regional de Servicios Periciales del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad. Por tanto, las autoridades señaladas como responsables Coordinador General de Servicios Periciales adscrito a la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, y el Coordinador Regional de Servicios Periciales del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, como se indicó, no tienen el carácter de autoridad responsable y, por el contrario, el Ministerio Público tiene la facultad de actuar ampliando los medios de investigación y aplicando las medidas de apremio que estime convenientes, para lograr la debida integración de la carpeta de investigación. En mérito de lo expuesto, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción II de dicho ordenamiento legal y, por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA promovida por ROGELIO ASTUDILLO CASTREJON. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el escrito firmado por el promovente del amparo ****, mediante el cual atiende la prevención formulada en proveído de doce de enero del año en curso, y al efecto solicita una prórroga de tres días para acreditar estar facultado para promover la presente instancia constitucional en favor de *****; documentales que solicitó al Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Distrito Judicial de Tabares, Sector Renacimiento, Unidad de Investigación 3, como se advierte de la documental que exhibe. Atento a lo anterior, como lo solicita el ocursante, se concede por única ocasión una prórroga de tres días hábiles, contados a partir de que quede legalmente notificado del presente proveído, a fin de estar en aptitud de dar cabal cumplimiento a la prevención formulada en proveído de doce de los actuales. En la inteligencia que de no hacerlo así dentro del plazo indicado, o no manifieste la imposibilidad que para ello tenga, se hará efectivo el apercibimiento ahí decretado. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    se requiere al promovente para que dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente a aquél al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, tal como lo dispone el numeral 110 del ordenamiento legal en cita, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Aclare si promueve este juicio de amparo sólo por su propio derecho, o también en representación de Sergio Daniel Lazcano Espinosa. En la inteligencia que de ser así, deberá además exhibir ante este juzgado en original o copia certificada, las constancias o documentos relativos con que acredite en forma fehaciente estar facultado para ello, de las cuales habrá de exhibir un tanto por cada una de las partes. SEGUNDO. Manifieste si es su deseo señalar al Agente del Ministerio Público del Fuero común Sector Renacimiento, del Distrito Judicial de Tabares, como autoridad responsable, quien está encargado de la carpeta de investigación 12030290300758141022; debiendo precisar el acto que se le atribuye. En consecuencia, se apercibe a la parte promovente que de incumplir con lo requerido en el plazo establecido, se acordará lo que en derecho corresponda. Importa destacar que la prevención que antecede, únicamente la podrá desahogar la parte promovente de la demanda, no así por persona que autorice en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad pudiera derivarse, en términos de lo dispuesto por la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA".

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