Rogelio Astorga García

Expediente 972/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
972/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
20/10/2022

Partes del expediente

  • Rogelio Astorga García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veinte de octubre de dos mil veintidós. ANTECEDENTES DEL JUICIO De la demanda de amparo se desprende que el quejoso ******* reclama del juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla: A. La omisión de hacer cumplir la resolución de doce de agosto de dos mil veintidós, dictada en la carpeta judicial administrativa 05/2020/CJP/SAN MARTÍN. B. La omisión de resolver el recurso de queja interpuesto por escrito el veintisiete de agosto de dos mil veintidós, dentro de la citada carpeta judicial administrativa. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO De las constancias remitidas por el juez de oralidad responsable como justificante de su informe y en alcance de éste, se advierte de manera manifiesta e indudable la actualización de diversas causas de improcedencia con relación a tales actos, lo que hace innecesaria la continuación del presente juicio de amparo. En efecto, de lo dispuesto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad de que durante el juicio sobreviniera alguna causa de improcedencia que condujera al sobreseimiento, tan es así que en dicho precepto estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia ley reglamentaria de procedimiento constitucional. Así, respecto al primero de tales actos, consistente en la omisión de hacer cumplir la resolución de doce de agosto de dos mil veintidós, dictada en la carpeta judicial administrativa 05/2020/CJP/SAN MARTÍN, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI , de la Ley de Amparo, en tanto que han cesado los efectos de los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable. Para precisar los alcances de la expresión "cesado los efectos" resultan útiles las consideraciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar lo dispuesto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, por que dicha disposición y la transcrita son idénticas. La sala en cita estimó que la improcedencia del juicio por cesación de efectos ocurre cuando éstos fueron destruidos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo a la parte quejosa; esto es, como si el acto no hubiera invadido su esfera jurídica o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, ya que la razón que justifica la improcedencia del juicio de amparo es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá en la esfera de derechos de la quejosa. La interpretación aludida puede advertirse en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." La cual es aplicable al caso, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, pues su contenido no se opone a la misma, no obstante que interpretó un precepto de la Ley de Amparo derogada. Como se indicó, el quejoso Rogelio Astorga García reclama del juez la omisión de hacer cumplir la resolución de doce de agosto de dos mil veintidós, que dictó en la carpeta judicial administrativa 05/2020/CJP/SAN MARTÍN. Ahora bien, de las constancias que anexó el juez de oralidad responsable, relativas a la carpeta judicial administrativa 05/2020/CJP/SAN MARTÍN, se advierte la relativa a la "ACTA MÍNIMA CONTROL JUDICIAL", de doce de agosto de este año, en la que se asentó lo siguiente: Manifestación del solicitante: Manifiesta que la fiscalía ha sido omisa en informar la determinación del ejercicio de la acción penal, pese a que en fecha 28 de diciembre de 2021 juez diverso le dio 5 días hábiles a ministerio público para que se pronunciara, siendo omiso. Manifestación del Ministerio Público: Informa que en fecha 20 de julio de 2022 se determinó el no ejercicio de la acción penal, sin embargo, este no ha sido notificado a las partes en atención a que el proyecto se encuentra en forma de autorización de sus superior jerárquico, por lo que solicita se le otorgue un plazo de 15 días naturales a fin de que pase a firma y se notifique a las partes. Resolución judicial: En atención a que la facultad constitucional de investigar es propia del agente del ministerio público, la autoridad judicial no puede obligarlo a que en un término específico integre una averiguación, además de que no conoce el contenido de la carpeta de investigación; es por lo anterior que se le otorgó a la representación social un plazo de 10 días naturales, a fin de que notifique al asesor jurídico y a la víctima el sentido del análisis de la determinación emitida como producto de sus facultades únicas de agente del ministerio público, apercibida que en caso de ser omisa, con fundamento en el numeral 104 fracción II apartado b del Código Nacional de Procedimientos Penales se hará acreedora a una multa de 20 UMAS. Con motivo de lo anterior, mediante oficio FZ/LITI/297/2022 de veintidós de agosto siguiente, la representación social solicitó el juez de oralidad responsable una prórroga de diez días para obtener la autorización del no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación 220/2018/SMT/CHOLULA, pues en esa data le fue devuelta la carpeta para la autorización del no ejercicio de la acción penal, pues el doce de agosto de ese año, la entregó a diversa fiscal con motivo de la interposición de una queja. El veintiocho siguiente, el juez otorgó vista por tres días a las a partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto a la petición ministerial referida, con apercibimiento de tenerlas conformes con tal prórroga en caso de no dar contestación en el plazo concedido. Finalmente, el cinco de septiembre de este año, el juez de oralidad responsable, tuvo a la víctima ******* (aquí quejoso) y a su asesora jurídica, impugnando la determinación de veinte de julio de dos mil veintidós, relativa al no ejercicio de la acción penal emitida en la carpeta de investigación 220/2018/SMT/CHOLULA, la cual, según lo manifestado por la propia víctima en su ocurso de impugnación, le fue notificada el treinta y uno de agosto siguiente. Lo anterior evidencia que durante la substanciación de este juicio, cesó la omisión atribuida al juez de oralidad responsable, esto es, la consistente en no hacer cumplir la resolución de doce de agosto de dos mil veintidós, pues en tal determinación, sustancialmente, se conminó a la representante social a notificar a la víctima y a su asesor jurídico, la determinación que recayera en la carpeta de investigación mencionada. En tanto que se trató de una determinación de no ejercicio de la acción penal, de la cual el quejoso manifestó expresamente en su escrito de impugnación haber sido notificado el treinta y uno de agosto de este año. Manifestación del promovente que corrobora lo expuesto por la agente del Ministerio Publico al juez de Control, mediante oficio FZ/LITI/314/2022 de seis de septiembre de este año, con sello de recepción del juzgado responsable de la misma fecha, por el cual le informó que el treinta y uno de agosto de este año notificó a la asesora jurídica Sandra Astorga García la determinación de no ejercicio de la acción penal. Conforme a lo narrado, es evidente que el efecto que pudo generar de la omisión del juez de vigilar la práctica de tal notificación, cesó, ante la práctica de dicha notificación, lo cual, a su vez, permitió su impugnación por la parte quejosa, de manera que existe certeza de que se llevó a cabo la actuación exigida en el acuerdo de doce de agosto de este año, en el que se conminó al representante social a notificar la determinación que recayó a la carpeta de investigación, pues este así lo manifestó y la parte quejosa lo aceptó en el escrito referido. Lo anterior, como si se hubiera concedido el amparo solicitado, en tanto que desapareció la omisión atribuida al juez responsable, atinente a la vigilancia del cumplimiento de su determinación y que motivó la promoción de este medio extraordinario de defensa, pues, por una parte, se decretó el no ejercicio de la acción penal en la carpeta judicial administrativa citada y, por otra, conforme a lo ordenado por el juez, esta resolución se notificó a la parte quejosa por parte de la autoridad ministerial. Por otro lado, con relación a la diversa omisión atribuida al juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, consistente en no resolver el recurso de queja interpuesto por escrito el veintisiete de agosto de dos mil veintidós, dentro de la carpeta judicial administrativa 05/2020/CJP/SAN MARTÍN, debe decirse que actualmente, no afecta al quejoso un derecho sustantivo, motivo por el cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro o fuera de juicio, así como después de concluido, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales que tutela la Constitución o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Es aplicable por analogía la jurisprudencia siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos (de imposible reparación), para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". En el caso concreto, como se destacó, Rogelio Astorga García reclama del juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, la omisión de resolver el recurso de queja interpuesto por escrito el veintisiete de agosto de dos mil veintidós, dentro de la carpeta judicial administrativa 05/2020/CJP/SAN MARTÍN. Tal inactividad, si bien se advierte, de acuerdo a las constancias de autos no genera una afectación que sea de imposible reparación, esto es, que transgreda materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa; esto, no obstante que el juez responsable ha soslayado resolverlo, lo cual se afirma porque de las constancias de autos, aparece que dicha queja no se radico, ni admitió y tampoco se ha resuelto. Para clarificar lo anterior, se tiene que de las constancias que anexó el juez de oralidad responsable, aparece que el quejoso Rogelio Astorga García interpuso recurso de queja ante la omisión de la autoridad responsable de hacer cumplir lo resuelto en audiencia oral de doce de julio de agosto (sic) de dos mil veintidós. Ello, según sus agravios, al considerar que el juez de oralidad omite hacer cumplir sus propias determinaciones, pues el término concedido a la representación social el doce de agosto de este año, ha excedido en demasía, sin que lo hubiere acatado (esto se lee, sustancialmente, porque el procedimiento estaba paralizado al no dar cumplimiento la autoridad ministerial, a lo ordenado por el juez el doce de agosto de este año). Cabe destacar que el escrito relativo al recurso de queja de que se trata se recibió vía correo institucional de ese órgano jurisdiccional el veintisiete de agosto de este año, y el juzgado la atendió, en esa data y por la misma vía, en los términos siguientes: NO SE ACUSA DE RECIBO Y SE LE REQUIERE PARA MANDAR NUEVAMENTE EL DOCUMENTO DE MANERA LEGIBLE YA QUE ESTÁ BORROSO. Con motivo de lo anterior, el propio veintisiete de agosto, la asesora jurídica de la víctima contestó: GRACIAS En ese contexto, es evidente que ese medio de impugnación, por la razón asentada, no se radicó, ni admitió y, como consecuencia, tampoco se resolvió. Sin embargo, ello no implica que actualmente se lesione, en razón de tal omisión del juez, derechos sustantivos de la parte quejosa, pues como se indicó con antelación, al analizar el sobreseimiento por el diverso acto reclamado en este asunto, la determinación de no ejercicio de la acción penal que emitió el representante social en la carpeta de investigación 220/2018/SMT/CHOLULA, se notificó a la parte quejosa el treinta y uno de agosto del año en curso, esto es, tres días después de la promoción de tal recurso, que se motivó, se insiste, por la omisión del juez de hacer cumplir su determinación de doce del mismo mes y año en donde ordenó llevar a cabo tal notificación. De tal manera, la conclusión necesaria es que tal omisión ya no genera actualmente al quejoso una afectación en alguno de sus derechos, pues aún ante la falta de admisión y resolución de tal recurso, con posterioridad a su presentación se satisfizo por parte de la autoridad ministerial la actuación que se le ordenó llevar a cabo el doce de agosto de este año, lo que de suyo hizo desaparecer la omisión que en tal recurso se atribuyó al juez, de forma que ninguna afectación reporte al quejoso su ausencia de trámite, que deba ser reparada a través de este juicio de amparo, puesto que la materia del mismo ha sido satisfecha. Máxime que de las constancias que remitió el juez de oralidad responsable como justificante de su informe, aparece que en los autos de la carpeta judicial administrativa 05/2020/CJP/SAN MARTÍN, en auto de cinco de septiembre de este año, se tuvo a la víctima ********* (aquí quejoso) y a su asesora jurídica, impugnando la determinación de veinte de julio de dos mil veintidós, relativa al no ejercicio de la acción penal emitida en la carpeta de investigación 220/2018/SMT/CHOLULA. Lo anterior es indicativo de que la omisión reclamada al juez de oralidad en nada trasciende a los derechos del quejoso, pues al haber controvertido mediante el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales el no ejercicio de la acción penal, torna en este momento innecesario que el juez se pronuncie sobre la materia del recurso de queja, pues esta versa sobre la omisión del juez de hacer cumplir lo ordenado el doce de julio pasado, principalmente, llevara a cabo la notificación al quejoso de tal determinación, lo que, al ocurrir, le permitió cuestionar su legalidad a través de ese medio de defensa. De ahí que la omisión atribuida al juez de oralidad responsable de resolver el recurso de queja interpuesto por escrito el veintisiete de agosto de dos mil veintidós, dentro de la carpeta judicial administrativa 05/2020/CJP/SAN MARTÍN, no es un acto de imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos del quejoso. En esas condiciones, al haber, por una parte, cesado los efectos de una omisión reclamada y, por la otra, al no afectar la diversa omisión derechos sustantivos del inconforme, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado a contrario sentido, en relación con el diverso 61, fracciones XXI y XXIII de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, conforme el arábigo 63, fracción V, de la ley de la materia. SIN EFECTOS HORA Y FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Hágase del conocimiento a las partes el contenido del presente proveído, anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese en el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable y a las autoridades terceras interesadas.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, diez de octubre de dos mil veintidós. AUTORIDAD REMITE CONSTANCIAS Agréguense el oficio y anexo del juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, recibido vía correo electrónico, mediante el cual, en atención a lo requerido el tres de octubre pasado, remite copia certificada del ocurso de veintisiete de agosto de este año, por el que el aquí quejoso interpuso recurso de queja y, cuya omisión de acordarse, constituye uno de los actos reclamados en este juicio de amparo. Con su contenido dése vista a las partes en términos del párrafo primero del artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, treinta de septiembre de dos mil veintidós. PEDIMENTO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO Glósese el pedimento de amparo de la agente del Ministerio Público del Federación adscrita a este juzgado Federal; visto su contenido, téngales realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos al momento de celebrarse la audiencia constitucional, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Por otro lado respecto de su petición de que se le expidan copias certificadas de la sentencia que se dicte en este juicio de amparo, así como del auto que la declare ejecutoriada, dígasele que una vez que se emita la misma y previa reiteración de su petición se acordará lo conducente. No obstante se hace de su conocimiento que en términos del artículo 36, párrafo segundo del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, podrá solicitar acceso al expediente electrónico, lo cual le permite descargar en su equipo de cómputo copias de las constancias que obran en el expediente, las cuales son consideradas copias certificadas electrónicamente, siempre que incluyan la evidencia criptográfica. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. AUTORIDAD RESPONSABLE PROPORCIONA TERCEROS INTERESADOS Agréguese el oficio del juez de Control de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, recibido vía correo electrónico, mediante el cual, en atención a lo requerido el cinco de septiembre pasado, informa el nombre de las autoridades que han intervenido en el proceso generador de los actos reclamados y, como consecuencia, les reviste el carácter de autoridades terceras interesadas en este asunto. PARTE TERCERA INTERESADA En mérito de lo anterior, con fundamento en el numeral 5º, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, téngase con el carácter de autoridades terceras interesadas a los agentes del Ministerio Público ********. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. EMPLAZAMIENTO VÍA OFICIO Por tanto, se ordena emplazarlas mediante oficio que al efecto se gire con inserción de este acuerdo y con copia de la demanda de amparo, así como del auto admisorio; a fin de que estén en aptitud de intervenir en lo que a su representación competa. Haciéndoles saber la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con dos minutos del tres de octubre de dos mil veintidós. No pasa inadvertido que la responsable, en el oficio que se acuerda, proporcionó un diverso nombre de una representante social al que precisó el quejoso en su demanda, esto es, ********, respectivamente, por lo que una vez que obre el informe justificado, se proveerá lo conducente. Notifíquese y mediante oficio a las autoridades terceras interesada.

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