Rogelio Arturo Porras Enríquez
Expediente 1640/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1640/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 12/12/2017
Partes del expediente
- Rogelio Arturo Porras Enríquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
III-. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del valle de Toluca, mediante el cual acusa recibo de las copias certificadas del expediente laboral J.1/126/2017, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En su oportunidad remítase el presente cuaderno al archivo definitivo.
- Principal
III.- Vista la certificación de cuenta, se advierte que el quejoso no interpuso dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley mencionada, contra el auto de trece de noviembre del presente año, por el que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicha auto ha causado estado. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar, en consecuencia; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la precisión siguiente: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción II). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia, y; Por otro lado, en términos del Punto Decimó Primero, último párrafo, del acuerdo general conjunto referido, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, por conducto de las personas autorizadas para ello, comparezca a éste órgano jurisdiccional a recoger el documento que exhibió en el presente asunto; con el apercibimiento que de no hacerlo, dichas constancias podrán ser destruidas junto con el expediente. En otro sentido, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo décimo primero del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos vigésimo y vigésimo primero del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia o relevancia. Así pues, remítanse a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, la copia certificada del juicio laboral J.1/126/2017. Por tanto, requiérase a la mencionada autoridad para que en el plazo de tres días legalmente computado, remita el acuse de recibo correspondiente, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Finalmente, se precisa que el presente sumario constitucional se enviará materialmente al archivo una vez que obren las constancias de notificación derivadas del presente proveído.
- Principal
III.- Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa contenida en su artículo 2º, agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, por medio del cual rinde informe justificado y remite constancias del juicio laboral J.1/126/2017. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe presentado por la autoridad responsable, así como las constancias que anexa, lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Es aplicable, la tesis XXI.2o.16 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 1081 del Tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2001, Novena Época, con número de registro 189948, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias." Con la carátula respectiva que permita su correcta identificación, fórmese anexo por separado con las copias certificadas descritas. Atento a lo anterior y vistas las constancias que remite la autoridad responsable como anexo a su informe justificado así como las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte lo siguiente: Por auto de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, se tuvo por admitida la demanda de la cual se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: Del responsable se reclama el no remitir los autos a la JUNTA ESPECIAL NÚMERO 29 DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE TOLUCA, autoridad competente, que para tal efecto conceden los artículos 701 y demás relativos y aplicables a la LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, que adjuntó a su informe justificado, se advierte fehacientemente que si bien es cierto que al momento de la presentación de la demanda de amparo (dieciocho de octubre de dos mil diecisiete), existía la omisión aducida por el quejoso, no menos cierto es que dicha conducta omisiva cesó, consecuencia del oficio 9781 de treinta y uno de octubre del año en curso, por medio del cual la Junta responsable, remitió los autos del juicio laboral J.1/126/2017 a la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Toluca, Estado de México, y el cual fue recibido por esta última autoridad, el nueve de noviembre del año en curso, según se advierte del sello de recepción (foja 72 de las copias certificadas del juicio laboral J.1/126/2017). Lo anterior pone de manifiesto la actualización de la causa de improcedencia plasmada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por los motivos y las consideraciones que se detallan a continuación. Para inteligir de manera oportuna la figura de la improcedencia por cesación de los efectos, es preciso referir los dos aspectos esenciales para su acreditamiento, los cuales se explican de la siguiente manera: 1. Que el acto reclamado sea revocado o derogado por la autoridad responsable, o que aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, y; 2. Que por virtud de lo anterior, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la Justicia Federal, es decir, como si el acto no hubiere invalidado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje alguna consecuencia perniciosa para el peticionario de amparo. Asimismo, es insoslayable hacer notar que la improcedencia en comento no la justifica la paralización o destrucción del acto reclamado, sino más bien, los dos aspectos siguientes: a) Lo inútil y ocioso que resultaría examinar la constitucionalidad del acto combatido, al cerciorarse fehacientemente que éste ya no está surtiendo sus efectos y que tampoco los surtirá en lo subsecuente, y; b) Que posterior a la paralización o destrucción del motivo que generó el acto reclamado, no existan consecuencias perniciosas en la esfera jurídica del quejoso que deban ser analizadas al estudiar el fondo del asunto. Ahora bien, como se dijo en supralíneas, en el presente sumario constitucional se reclama un acto de carácter omisivo (no hacer), relativo a la remisión del expediente de origen a la autoridad competente, es decir, dicho acto consiste en que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, al haberse declarado incompetente para conocer del juicio laboral de origen, fue omisa en remitir los autos a la Junta competente. Luego, del informe rendido por la responsable, se acredita la certeza del acto reclamado, atendiendo a las consideraciones cronológicas siguientes: 1. En audiencia de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, se declaró incompetente para conocer del juicio laboral J.1/126/2017, por lo que ordenó remitir dicho expediente a la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Toluca, Estado de México (foja 53 de las copias certificadas del juicio laboral J.1/126/2017); 2. La demanda de amparo fue promovida el dieciocho de octubre del año referido, y; 3. El oficio con el que se remitieron los autos del juicio laboral J.1/126/2017, fue emitido el treinta y uno de octubre del año en curso y recibido por la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Toluca, el nueve de noviembre de la presente anualidad (foja 72 de las copias certificadas del juicio laboral J.1/126/2017). De lo anterior, se verifica que entre la fecha de la audiencia en la que se declara incompetente la autoridad responsable y el oficio con el que remite los autos del expediente laboral a la autoridad competente, transcurrieron más de tres meses. En ese tenor, es inconcuso concluir que en un momento histórico determinado, el peticionario de amparo se encontraba en una situación de vulneración de su derecho humano a ser destinatario de impartición de justicia pronta, completa y eficaz, el cual mandata el artículo 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de acuerdo con el parámetro de regularidad constitucional. En ese orden de ideas, la fracción II del artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto de la concesión del amparo habrá de consistir en obligar a la responsable a respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, de modo tal que la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía infringida y cumplir con lo que la misma exija. Sin embargo, del mismo informe justificado se advierte con la misma claridad con que se patentizó la violación constitucional, la destrucción del acto omisivo por el que se mantenía al impetrante de amparo en dicha afección de su derecho humano. En ese sentido, si la responsable ya remitió los autos del juicio laboral de origen a la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Toluca, Estado de México, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia al impetrante de amparo, pues la violación que en determinado momento se cometió en contra de su derecho fundamental aludido, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, es decir, el efecto del fallo protector hubiese consistido en obligar a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, a que actuara en el sentido de respetar el derecho humano vulnerado, remitiendo el expediente laboral a la autoridad competente. Así pues, se pone de manifiesto que el oficio emitido por la Junta responsable el treinta y uno de octubre del año en curso destruyó todos los efectos del acto transgresor de forma total e incondicional; lo primero porque el acto omisivo cesó al momento de emitir el oficio referido, máxime que la pretensión formal del quejoso, consistía precisamente en que el expediente laboral de origen, fuera remitido a la autoridad competente, situación que ya ocurrió; y lo segundo, porque no le fue impuesta ninguna condición al peticionario para que dicha conducta omisiva se desvaneciera, es decir, para que la responsable llevara a cabo un acto positivo, en este caso, remitir los autos a la Junta competente. A mayor abundancia, siguiendo con el análisis de la causa de improcedencia en estudio, debe precisarse que la cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: 1. Por revocación, cuando la propia autoridad con motivo de una nueva determinación, deja sin efectos el acto reclamado, esto es, destruye de forma total, incondicional y material sus efectos. 2. Por sustitución procesal, cuando los efectos del acto que se combate cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. En ese sentido, respecto del acto reclamado; encuadra en el supuesto señalado en el numeral uno, esto es, sus efectos han desaparecido en forma inmediata, por lo que el quejoso ha sido restituido en el pleno goce de sus garantías. Es aplicable por los motivos que en ella se exponen, la jurisprudencia publicada con la clave VI.2o. J/339, en la página 70, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 1994, Tomo LXXXIII, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, materia común, con número de registro 193758, cuyo texto y rubro se transcriben a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como la jurisprudencia 2ª./J. 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, materia común, con número de registro 196820, cuyo texto y rubro se reproducen a continuación: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, conviene precisar que el acto reclamado no consiste en un reclamo general de dilación en el trámite del procedimiento laboral que pudiera dar cabida al estudio del fondo del asunto con motivo de las consecuencias perniciosas que podrían haberse generado durante la secuela procesal, sino más bien, en un acto concreto y tangible en la tramitación del juicio laboral, de tal suerte que en la especie, la pretensión que dio origen al reclamo constitucional ya se vio satisfecha, y por otra parte, se verifica que no habrá alguna consecuencia perniciosa para el peticionario de amparo cuyo estudio sea propio del fondo del asunto. Apoya en lo conducente, la tesis P.CL/97, publicada en la foja 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 1997, número de registro 197367, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Por tanto, como se adelantó, se actualiza la porción normativa prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de la ley de la materia, y se impone sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del acto atribuido a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca. No es óbice que dicho sobreseimiento se decrete fuera de la audiencia constitucional, puesto que se surte la causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable razonada en párrafos precedentes. De estimarse lo contrario, se incurriría en una dilación que en nada abonaría a la impartición de justicia pronta, completa y eficaz que mandata artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el precepto 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, materia común, Tomo XVII, marzo de 2003, publicada en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, número de registro 184572, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En ese entendido, queda sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse a las once horas con quince minutos del diecisiete de noviembre del año en curso. Por otro lado, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, si bien es cierto que la notificación del presente auto debe ser en forma personalísima, porque dicha notificación permite que la parte tercera interesada, haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las disposiciones judiciales, no menos cierto resulta que mediante proveído de nueve de noviembre de dos mil diecisiete (foja 36), se le tuvo como domicilio, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este juzgado; por tanto, practíquese esta notificación, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese, personalmente al quejoso y por lista al tercero interesado.
- Principal
III.- El estado procesal de autos evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del día de la fecha, como quedó establecido en el acuerdo de diecinueve de octubre pasado (fojas 6 a 9); sin embargo, la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, aún no rinde su informe justificado, no obstante de haberse notificado el veintitrés de octubre pasado, del oficio 34290/2017 por el cual se le formuló dicho requerimiento (foja 34); empero, aún no fenece el plazo de quince días para rendirlo en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por tanto, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, motivo por el cual con fundamento en lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se ordena diferirla y, en su lugar, se señalan las once horas con quince minutos del diecisiete de noviembre del año en curso, para su desahogo.
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