Rogelio Ambrocio Zapot

Expediente 300/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
300/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
11/04/2017

Partes del expediente

  • Rogelio Ambrocio Zapot

Actuaciones

  1. Principal

    Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara que el auto por el cual se desechó la demanda de amparo ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo indirecto promovida por xxxxxxxxxx, contra actos del xxxxxxxxxx Fórmese expediente y regístrese con el número 300/2017-III en el Libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, y realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juzgado de distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. De la certificación que antecede, se aprecia la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, sobre de la cual, se considera procedente desechar la demanda de derechos humanos presentada con base en las consideraciones siguientes: Luego, del contexto integral de la misma se advierte que el quejoso se duele de la orden de aprehensión girada en su contra por el Juez que señala como responsable, en los autos de la causa penal 123/2015 de su índice, así como su ejecución por parte de las restantes autoridades. Así pues, en el caso justiciable, se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar los numerales 17, fracción IV, 18, 61 fracción XIV y 62, todos de la nueva Ley de Amparo. De lo anterior se advierte que el término para promover el juicio de amparo es de quince días, el cual se cuenta a partir de: 1. El día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acto que reclama, de acuerdo con la ley que rige el acto reclamado; 2. El día siguiente al en que el quejoso tenga conocimiento de los actos o su ejecución o; 3. Al día siguiente a aquél en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Así, de no promoverse el juicio de amparo dentro del término antes señalado, éste será improcedente, dada su extemporaneidad. Entonces, para poder sostener la afirmación anterior, primeramente, es necesario establecer con cuál de las anteriores reglas empezó a computarse el término para presentar su escrito de demanda y, para ello, debe analizarse la hipótesis de excepción que contempla el referido ordinal 17, en su fracción IV de la Ley de Amparo, en relación con la naturaleza del acto reclamado. Como refiere la mencionada excepción, el plazo de quince días para promover el amparo no operará tratándose de actos que ataquen a la libertad personal fuera de procedimiento, entendiéndose por éstos, generalmente, aquellos que ordenen o ejecuten autoridades sin que medie un mandato judicial dentro de un juicio, o bien, por parte de un fiscal investigador a efecto de integrar alguna averiguación previa. Ahora, en el caso particular no opera dicha causa de excepción, pues de las constancias que integran el juicio de amparo 146/2017-III, mismas que se invocan como hecho notorio de acuerdo a lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y por la jurisprudencia 3a./J. 2/93, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 13, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Octava Época, registro 206740, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO."; se advierte que el accionante del amparo es directamente el quejoso Rogelio Ambrocio Zapot, quien promovió dicho amparo en que señaló a las mismas autoridades responsables, y el mismo acto destacado que hizo consistir en la orden de aprehensión girada en su contra dentro de los autos de la causa penal 123/2015 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Así, como ya se dijo, en dicho juicio se previno al quejoso a efecto de que manifestara bajo protesta de decir verdad entre otras cuestiones, los hechos expuestos como antecedentes del acto reclamado, especificando la fecha en que tuvo conocimiento de la orden de aprehensión impugnada; pretendiendo cumplir por escrito presentado en este órgano jurisdiccional el veinte de febrero pasado, en el que expresó bajo protesta de decir verdad: ". que el día 8 de febrero del presente año, siendo aproximadamente las 10 de la mañana fui perseguido por elementos de la Policía Ministerial cuando me dirigía a mi domicilio, si no lograron capturarme fue porque corrí."; sin embargo, al no cumplir cabalmente con dicha prevención se le tuvo por no presentada la demanda. Ahora, de la lectura integral de los antecedentes de los actos reclamados se advierte que la parte impetrante del amparo bajo protesta de decir vuelve a expresar: ". el día 8 de febrero del año en curso siendo aproximadamente las 10 de la mañana fui perseguido por la Policía Ministerial, cuando me dirigía a mi domicilio, y si no lograron capturarme fue porque corrí hacia unos potreros cercanos." En mérito de lo anterior, resulta inconcuso que desde el ocho de febrero de dos mil diecisiete, el quejoso se hizo sabedor del acto de que se duele, por lo que encuadra dentro de la hipótesis genérica de quince días para la presentación de la demanda, y no en el caso de excepción que contempla el numeral 17, fracción IV de la ley de la materia. Cabe destacar que, si bien como se ha expuesto, el presente asunto se trata de un acto que ataca la libertad personal de la parte quejosa y que, conforme a la Ley de Amparo abrogada en su artículo 22, fracción II, en lo que interesa, establecía que respecto de los actos de esa naturaleza el juicio de amparo podía promoverse en cualquier tiempo; se itera, el propio impetrante manifiesta bajo protesta de decir verdad que desde el ocho de febrero de dos mil diecisiete se hizo sabedor de la orden de aprehensión reclamada. Con base en lo hasta aquí expuesto, se concluye que para la promoción del juicio de amparo que se pretende, se debe estar a la primera de las reglas que se detallaron anteriormente, esto es, al día siguiente al en que la parte quejosa se hace sabedor del acto que tilda de inconstitucional. Bajo las relatadas condiciones, el término de quince días con el que contaba el promovente para presentar la demanda de amparo en contra de la orden de aprehensión reclamada, comenzó a contar a partir del nueve de febrero de año en curso, día siguiente al en que se ostentó sabedor de dicho acto; de suerte que, al veintinueve de marzo de la anualidad que cursa, día en que presentó la demanda que ahora se provee, ya había transcurrido el mencionado plazo, el que feneció el treinta y uno de febrero anterior. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los numerales 17, fracción IV, 18, 61, fracción XIV y 62, todos de la Ley de Amparo, al presentar su demanda fuera del término de quince días que la propia ley marca. Consecuentemente, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia antes detallada, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento, se desecha de plano la demanda de garantías presentada por xxxxxxxxxx.

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