Rodulfo Cruz Hernández
Expediente 629/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 629/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/06/2023
Partes del expediente
- Rodulfo Cruz Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado actual que guardan los autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en el juicio. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió: "(.) La omisión de girar los oficios ordenados en auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en el juicio laboral ********************, a las instituciones bancarias, para que congelen las cuentas bancarias a nombre de la demandada y pongan a disposición la cantidad embargada. b) La omisión de ordenar y girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, solicitado mediante escrito de cuatro de noviembre de dos mil veintidós en el expediente laboral ********************. (.)". La protección constitucional se concedió para los efectos siguientes: "(.) i) De inmediato gire los oficios ordenados mediante auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en el juicio laboral ********************, a las instituciones bancarias para que congelen las cuentas a nombre de la demandada y pongan a disposición la cantidad embargada. ii) De inmediato y de manera congruente de respuesta a la petición de la parte quejosa formulada mediante escrito de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el expediente laboral ********************, mediante el cual solicitó se girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para los efectos solicitados, siempre y cuando los mismos sean procedentes. (.)". Análisis de cumplimiento. Atento a lo anterior, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, remitió diversas constancias en acatamiento a la sentencia de amparo. Documentales a las que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, párrafo segundo. En ese orden, en cumplimiento al inciso i), la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por oficio 2468 de diecisiete de mayo del año en curso, remitió copia certificada de los acuses de recibo de los oficios ordenados mediante auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en el juicio laboral ********************, a las instituciones bancarias para que congelen las cuentas a nombre de la demandada y pongan a disposición la cantidad embargada (fojas 29 a 49 de autos). Asimismo, en acatamiento al efecto señalado con el inciso ii), remitió copia certificada del proveído de diecisiete de mayo de la presente anualidad, en que de manera congruente dio respuesta a la petición formulada mediante escrito de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el expediente laboral ********************, y ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de que proceda en términos del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito (fojas 50 y 51 de autos). Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y la constancia mencionada en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Orden de archivo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Valoración de expediente. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el dos de junio de dos mil veintitrés; este expediente es susceptible de conservación, ya que se actualiza la hipótesis prevista en los numerales 12, 14, fracción II, en relación con el 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General, pues se trata de un asunto en el que se concedió la protección constitucional. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Orden de archivo. Con fundamento en el artículo 34 del Acuerdo General, la Secretaría encargada de la mesa de trámite, deberá hacer la anotación respectiva en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. Incidente de suspensión. Finalmente, este órgano jurisdiccional no se pronuncia respecto a la conservación de los cuadernos incidentales, en razón de que no se solicitó la suspensión del acto reclamado, y por consiguiente, no se ordenó su apertura. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma de manera electrónica, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Juez Alex Conrad Hayton Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de José Luis Castro Coutiño, Secretario de juzgado, quien da fe y además certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico, así como firmado electrónicamente y con las evidencias criptográficas correspondientes. Certifico y doy fe. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE (Se anexan evidencias criptográficas)
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de junio de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación Secretarial que antecede, de los que se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, no fue recurrida por alguna de las partes. Ejecutoria sentencia. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Vista de cumplimiento. Por otro lado, toda vez que por auto de veintitrés de mayo del año en curso, el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, remitió el diverso signado por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, al que anexó diversas constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, y córrase traslado con copia autorizada de las constancias que anexó la autoridad responsable a su oficio 002468 de diecisiete de mayo del año en curso, para que en el plazo de tres días, contado a partir del que quede legalmente notificada, manifieste lo que a su derecho convenga respecto al cumplimiento de la sentencia constitucional. Instrucción. Con la indicación para el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, que al momento de realizar la diligencia de notificación respectiva, deberá de hacer constar la entrega de las documentales referidas en el párrafo que antecede. Apercibimiento. Por otra parte, se apercibe a la parte quejosa que, de no desahogar la vista otorgada en el plazo concedido, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento con base en los elementos que obren en el expediente y datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma de manera electrónica, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Juez Alex Conrad Hayton Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del Secretario José Luis Castro Coutiño, quien da fe y además certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico, así como firmado electrónicamente y con las evidencias criptográficas correspondientes. Certifico y doy fe.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Promoción. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el oficio signado por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por el que rinde informe justificado; en atención a su contenido, acúsese recibo a la autoridad oficiante. Informe justificado. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado. Acuerdo. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese para que obre en autos, toda vez que el diecisiete de mayo del año en curso, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma de manera electrónica, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Alex Conrad Hayton Herrera, Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de Mario Eduardo Chacón Balcázar, Secretario de Juzgado, quien da fe y además certifica que la promoción de cuenta y este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico, así como firmado electrónicamente y con las evidencias criptográficas correspondientes. Certifico y doy fe. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE (SE ANEXAN EVIDENCIAS CRIPTOGRÁFICAS). yelena
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Proemio. En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las DIEZ HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 629/2023, promovido por Rodulfo Cruz Hernández, Juan Carlos Santos de la Torre y Aidalic Coutiño Gómez, estando en audiencia pública Alex Conrad Hayton Herrera, Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, ante José Luis Castro Coutiño, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, procedió a declarar abierta la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes ni su representante legítimo. Acto seguido, se hace relación de las constancias de autos, se da cuenta con el escrito de demanda, con las demás constancias de autos y con la omisión de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en rendir informe justificado, certificando y haciendo constar que ello pese haber sido solicitado mediante oficio 7381/2023, de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, y quedando debidamente notificado el veintiuno de ese mismo mes y año, como se constata con el acuse de recibo que obra a foja 17 de autos; sin embargo, hasta esta hora no se ha presentado a este Juzgado promoción diversa dirigida a este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias y por leídas las mismas para los efectos legales conducentes; asimismo, en relación a la citada autoridad omisa, provéase lo conducente en la sentencia que se dicte. Enseguida, se abre el período probatorio y el Secretario certifica que no se exhibieron pruebas. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por perdido el derecho de las partes para ofrecer pruebas. Asimismo, la Secretaría certifica y hace constar que en el presente juicio de amparo no existen videograbaciones ni se interpuso incidente de falsedad de documentos por alguna de las partes. A continuación se cierra el período probatorio y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el de alegatos, donde el secretario hace constar y certifica que la parte quejosa no presentó alegatos, así como tampoco la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, presentó pedimento alguno. Con fundamento en el numeral 124 de la ley de la materia, toda vez que la parte quejosa no formuló alegatos ni la representación social presentó pedimento, se cierra la audiencia constitucional. En vista de lo anterior, se procede a continuación a dictar la siguiente resolución: SENTENCIA DEFINITIVA Este Juzgado resuelve el juicio de amparo indirecto 629/2023. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el catorce de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, del que por razón de turno tocó conocer este Juzgado, Rodulfo Cruz Hernández, Juan Carlos Santos de la Torre y Aidalic Coutiño Gómez, demandó la protección constitucional contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben: "A) La omisión de elaborar y girar los oficios a las instituciones bancarias señaladas en el auto de fecha 24 de febrero de dos 2023, mismo que fue dictad en el expediente Laboral Número J/O/175/2011, para efectos de que procesan a congelar las cuentas bancarias que existan a nombre de la demandada, así como informe el monto liquido de las cuentas que se congelen, y pongan a disposición del dinero existente a la cuenta de la responsable, a efecto de hacer pago a los hoy quejoso, para dar cumplimiento al laudo de fecha 13 de marzo de 2015. B) La omisión de ordenar y girar oficio a la COMISIÓN NACIONAL BANCARIAS Y DE VALORES (C.N.B.V.), para efectos de que ordene que procedan a congelar las cuentas bancarias que existan a nombre de la demandada, así como informen el monto liquido de las cuentas bancarias que se congelen y pongan a disposición el dinero existente a la cuenta de la responsable, a efectos de hacer pago los hoy quejosos, y así dar cumplimiento al aludo de fecha 13 de marzo de 2015, toda vez que en auto de fecha 24 de febrero de 2023, ordenó girar oficio a diversa institución bancarias, pero sin pronunciarse a la solicitud de que se gire oficio a la COMISIÓN NACIONAL BANCARIAS Y DE VALORES (C.N.B.V., siendo que fue solicitado en diligencia de requerimiento de pago de fecha 05 de julio de 2019, y diversos escritos, siendo el ultimo escrito el del 04 de noviembre de 2022. SEGUNDO. Trámite. Mediante acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite parcialmente la demanda de amparo promovida por los quejosos Rodulfo Cruz Hernández, Juan Carlos Santos de la Torre y Aidalic Coutiño Gómez, La audiencia constitucional tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDO. PRIMERO. Competencia. Este órgano de control constitucional es legalmente competente para conocer la presente controversia, por disponerlo los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM]; 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 de la Ley de Amparo [LA] y el Acuerdo General número 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados en atención a lo expuesto en la demanda de amparo. De la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad: a) La omisión de girar los oficios ordenados en auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en el juicio laboral J/O/175/2011, a las instituciones bancarias, para que congelen las cuentas bancarias a nombre de la demandada y pongan a disposición la cantidad embargada. b) La omisión de ordenar y girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, solicitado mediante escrito de cuatro de noviembre de dos mil veintidós en el expediente laboral J/O/175/2011. TERCERO. Procedencia. En esta parte considerativa se estudiará la existencia del acto y la causal de improcedencia que de oficio advierta este órgano de justicia. La autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, fue omisa en rendir su respectivo informe justificado, no obstante de haberse solicitado mediante oficio 7381/2023, de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, como consta del acuse de recibo que obra a foja 17 de autos; en consecuencia, deben tenerse presuntamente ciertos los actos reclamados a dicha autoridad para el solo efecto del presente fallo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Es aplicable la siguiente tesis: "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal." (Época: Novena Época, Registro: 187512, Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, Tesis: número II.1o.P.35 K. Materia: Común. Página: 1363). CUARTO. Causas de improcedencia de oficio. Este órgano jurisdiccional de primera instancia no advierte motivos de improcedencia constitucionales [artículos 103 y 105 CPEUM] o legales [artículos 61 y 63 LA] que deban examinarse de manera oficiosa, ni las partes los alegan. QUINTO. Conceptos de violación. Conforme la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a criterio de este órgano de justicia es innecesaria la transcripción de los planteamientos de constitucionalidad y legalidad, toda vez que se atenderá su estudio en atención a los principios de congruencia y exhaustividad, sin que impida a las partes su derecho de impugnación contra esta sentencia. Es aplicable la Tesis de texto y rubro siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." (Época: Novena Época, Registro: 164618, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 2a./J. 58/2010. Materia: Común. Página: 830). SEXTO. Calificación de planteamientos. El concepto de violación expuesto por la parte quejosa es fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada como enseguida se expondrá. Estudio de los derechos humanos conculcados. La parte quejosa argumenta que la responsable viola sus derechos humanos de impartir justicia pronta y expedita en los términos y plazos que fijan las leyes contenidos en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 constitucional, porque se ha abstenido de manera excesiva de brindar justicia al no girar los oficios ordenados mediante auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés obstruyendo el procedimiento de ejecución y no dar contestación a la solicitud presentada el cuatro de noviembre de dos mil veintidós Normatividad constitucional. Ahora, como premisa fundamental conviene señalar que el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales previamente establecidos en los plazos y términos que fijen las leyes. "Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Del precepto constitucional anterior se desprende el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, en el que se consagran los siguientes principios: i) Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; ii) Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; iii) Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, iv) Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Así, el citado derecho fundamental está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarlo, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, lo que hace que dichas autoridades se encuentren obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran; es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Tiene sustento lo anterior, el contenido de la tesis aislada cuyo rubro y texto son como siguen: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLITÍCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, CUYA OBSERVANCIA ESTAN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." (Época: Novena Época, Registro: 171257, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo XXVI, Octubre de 2007, Tesis: 2a./J. 192/2007. Materia: Constitucional. Página: 207). Así de las constancias de autos se advierte que la autoridad responsable no cumplió con el contenido del citado precepto legal, pues no consta acuerdo alguno en el que se advierta haya girado los oficios correspondientes a las instituciones bancarias o exista la contestación a la petición de la parte quejosa elevada mediante escrito de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, así como haya acordado lo solicitado durante el procedimiento de ejecución, consistente en ordenar y girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para efectos de que congelen las cuentas bancarias que existan a nombre de la demanda, así como informen el monto liquido de las cuentas congeladas y pongan a disposición dicha cantidad. Por tanto, es evidente que con tal proceder dilata el procedimiento, infringiendo con ello en perjuicio del agraviado, los principios de economía procesal, seguridad jurídica, inmediatez y concentración procesal, pues su obligación es agilizarlos, apoyándose para ello en los mencionados principios, vulnerando como consecuencia, el derecho fundamental de una justicia pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En apoyo a todo lo anteriormente expuesto, se invoca por su contenido jurídico substancial la Jurisprudencia del tenor literal siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCION GENERAL DE LA REPÚBLICA. PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." (Época: Novena Época, Registro: 188804, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, Tesis: P./J. 113/2001. Materia: Constitucional. Página: 5). SÉPTIMO. Efectos de la concesión de amparo. En las relatadas circunstancias, al ser fundado el concepto de violación en estudio, procede conceder a los quejosos Rodulfo Cruz Hernández, Juan Carlos Santos de la Torre y Aidalic Coutiño Gómez, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado en contra de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para los efectos siguientes: i) De inmediato gire los oficios ordenados mediante auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en el juicio laboral J/O/175/2011, a las instituciones bancarias para que congelen las cuentas a nombre de la demandada y pongan a disposición la cantidad embargada. ii) De inmediato y de manera congruente de respuesta a la petición de la parte quejosa formulada mediante escrito de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el expediente laboral J/O/175/2011, mediante el cual solicitó se girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para los efectos solicitados, siempre y cuando los mismos sean procedentes. Tiene aplicación a lo expuesto la tesis de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." (Época: Décima Época, Registro: 2005150, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tipo de Tesis: Tesis Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Tesis: 2a. CV/2013 (10a.). Materia: Común. Página: 732). Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74, fracción V, 75, 77, y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Rodulfo Cruz Hernández, Juan Carlos Santos de la Torre y Aidalic Coutiño Gómez, contra los actos reclamados consistentes en a) la omisión de girar los oficios ordenados en auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en el juicio laboral J/O/175/2011, a las instituciones bancarias, para que congelen las cuentas bancarias a nombre de la demandada y pongan a disposición la cantidad embargada y b) la omisión de ordenar y girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, solicitado mediante escrito de cuatro de noviembre de dos mil veintidós en el expediente laboral J/O/175/2011, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese en términos de ley. Así lo resolvió y firma de manera electrónica, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Juez Alex Conrad Hayton Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del Secretario José Luis Castro Coutiño, quien da fe y además certifica que esta resolución se encuentran debidamente incorporada al expediente electrónico, así como firmada electrónicamente y con las evidencias criptográficas correspondientes. Certifico y doy fe.
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