Rodrigo Zaragoza Sánchez

Expediente 2089/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2089/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
17/09/2018

Partes del expediente

  • Rodrigo Zaragoza Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 2089/2017-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Finalmente, toda vez que la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, remitió copia certificada de los autos del expediente 01/105/11 (un anexo); en consecuencia, por así permitirlo el estado procesal que guardan los autos remítase la citada copia certificada a la autoridad responsable de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial que antecede, suscrita por el Actuario adscrito a este Órgano Jurisdiccional, por el cual hace constar que con fecha veintinueve de agosto del año en curso, se tiene por hecha la notificación practicada a la parte quejosa vía electrónica de la resolución y acuerdo de veintiuno y veintitrés de agosto de los corrientes, en términos del artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo; agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cliserio Vargas Suárez, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Vista la razón asentada por el Actuario de la adscripción, mediante la cual manifiesta la imposibilidad de notificar de manera personal a las terceras interesas Elemi Zamora Torres, María Guadalupe Alcázar Sánchez y Unión de Permisionarios de la Ruta 21, asociación civil (por conducto de quien legalmente la represente), la sentencia engrosada el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, por los motivos que expone; atento a lo anterior, instrúyase al Actuario adscrito a este Juzgado para que practique la notificación de la sentencia de mérito a las aludidas terceras interesadas, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cliserio Vargas Suárez, quien autoriza y da fe. RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... Guanajuato, Guanajuato, a veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 2089/2017-II del registro del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, del que deriva el cuaderno auxiliar 333/2018-I del índice de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, promovido por Rodrigo Zaragoza Sánchez, por conducto de su apoderado legal Mario Efrén Morgado Guerrero, en contra de un acto de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca y otra autoridad; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo en la vía directa. Mediante escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, ante la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca (fojas 23 a 42 del expediente de amparo), Mario Efrén Morgado Guerrero en su carácter de apoderado legal de Rodrigo Zaragoza Sánchez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra un acto de esa y diversa autoridad. Por auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete (foja 43 idem), la junta laboral responsable, tuvo por presentada la demanda de amparo y ordenó el emplazamiento a los terceros interesados: Elemi Zamora Torres; Unión de Permisionarios de la Ruta 21 Asociación Civil, Sitio de Combis Ruta Veintiuno y María Guadalupe Alcázar Sánchez, el cual tuvo verificativo, según constancias que obran a fojas 46 a 53 del expediente de amparo. El doce de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 22 y 23 idem), la Presidenta de la junta laboral responsable -por sí- y en representación del órgano jurisdiccional que preside, rindió el informe justificado correspondiente, remitiéndolo al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito en turno, con sede en Cuernavaca, Morelos, al que anexó la demanda de amparo, para su trámite. De la demanda, correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, el cual la registró como Amparo Directo Laboral 865/2017 y mediante resolución de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 5 a 18 idem), se declaró legalmente incompetente por razón del grado, para avocarse a su conocimiento y ordenó su remisión la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca. SEGUNDO. Turno y trámite de la demanda en la vía indirecta. La demanda y sus anexos, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete (foja 1 idem) y de su contenido, se advierte que Rodrigo Zaragoza Sánchez, por conducto de su apoderado legal Mario Efrén Morgado Guerrero, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades y acto que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES: i. H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS. ii. PRESIDENTE EJECUTOR DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS. IV. ACTO RECLAMADO. Bajo protesta de decir verdad, de las Autoridades como Responsables (sic), la inconstitucional, infundada e inmotivada resolución de fecha 04 de agosto de 2017 y notificada al quejoso, a decir de la Responsable, con fecha 08 de agosto de 2017 por medio de Boletín Laboral, de la que se desprende que el Presidente Ejecutor de la Responsable acuerda lo siguiente: ".Y ANTE LA FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO POR LA CONTINUACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, ESTE ÓRGANO LABORAL CONSIDERA PROCEDENTE, Y OPORTUNO SE DECRETE LA PRESCRIPCIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 519 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO QUE NOS OCUPA". Acto que consideró violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, el cual, en proveído de dos de enero de dos mil dieciocho (fojas 54 a 60 idem), la registró con el número 2089/2017-II y asumió su conocimiento; no se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables por ya obrar en autos; requirió a la autoridad responsable para que justificara la personalidad -de apoderado legal del directo quejoso- con la que se ostentó, lo cual fue desahogado mediante escrito que obra a foja 76 del expediente de amparo; dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Elemi Zamora Torres; Unión de Permisionarios de la Ruta 21 Asociación Civil y María Guadalupe Alcázar Sánchez, el cual tuvo verificativo, -respectivamente- según las constancias que obran a fojas: 73, 116 y 197 del expediente de amparo y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Finalmente, a las diez horas con doce minutos del dieciocho de junio de dos mil dieciocho, dio inicio la audiencia constitucional, al tenor del acta que obra a foja 202 del expediente de amparo. CUARTO. Envío del expediente de amparo. Por auto de veintiséis de junio de dos mil dieciocho (foja 203 idem), el juzgado auxiliado ordenó la remisión del expediente 2089/2017-II, a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en cumplimiento al punto para acuerdo C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se determinó que a partir de marzo de dos mil dieciocho, este tribunal federal auxiliará al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en el dictado de sentencias en juicios de amparo indirecto; así, este juzgado auxiliar se avocó al conocimiento del asunto, al cual se le asignó el número 333/2018-I; por tanto, al haberse iniciado la audiencia constitucional conforme al acta de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los Acuerdos Generales 18/2008 , 46/2008 y 3/2013 , todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto para acuerdo C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal ; así como en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 107/2010 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA"; pues se reclama un acto con efectos de ejecución en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, ciudad donde ejerce competencia territorial el órgano de control constitucional auxiliado, a quien correspondió conocer de la demanda de amparo. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación del acto reclamado, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del tenor: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Asimismo, impone la obligación a los jueces de Distrito de fijar en forma clara y precisa los actos reclamados, a través de todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, sin sujetarse a rigorismos. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 40/2000 , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado lo constituye: ? El acuerdo de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, emitido por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en el expediente laboral número 01/105/11-JE2 de su índice, a través del cual decretó la prescripción establecida en el artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo. TERCERO. Inexistencia de actos. No es cierto el acto que se atribuye a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, como órgano colegiado, consistente en la emisión del auto de cuatro de agosto de dos mil diecisiete por el cual se declara -en los autos del juicio laboral número 01/105/11-JE2 de su índice- no obstante que su Presidenta, genéricamente acepte la existencia de tal proveído, pues atento a la fase procedimental en que se encuentra el juicio laboral de origen y a la literalidad del auto reclamado de previa referencia, se advierte que lo emitió exclusivamente quien preside dicho órgano jurisdiccional y sin que el quejoso ofreciera prueba en contrario. En consecuencia, ante la inexistencia advertida, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de actos. Es cierto el acto que se atribuye a la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, consistente en la emisión del auto de cuatro de agosto de dos mil diecisiete por el cual se declaró -en los autos del juicio laboral número 01/105/11-JE2 de su índice-, la prescripción establecida en el artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo, pues así lo reconoce expresamente dicha funcionaria, quien al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. En consecuencia, debe tenerse por cierto tal acto, pues la manifestación de la responsable constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de la resolución reclamada se robustece con las constancias que acompañó a su informe justificado, relativas al juicio laboral 01/105/11-JE2; documentales que tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. QUINTO. Oportunidad de presentación de la demanda. La demanda de amparo fue presentada de manera oportuna, no obstante que la parte quejosa exhibió el escrito respectivo por conducto de la junta laboral responsable, como si se tratara de amparo directo y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, se declaró incompetente para conocer del asunto; en efecto, la resolución reclamada se notificó por boletín laboral al promovente de amparo el ocho de agosto de dos mil diecisiete. Por lo que, será esa data a partir de la cual deberá de realizarse el cómputo respectivo para la presentación de la demanda; entonces, el término para la interposición de su demanda de amparo, comenzó a contar al día siguiente hábil a aquél en que se publicó la notificación respectiva en el boletín laboral, en términos del artículo 747, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, que en el caso, fue el nueve de agosto de dos mil diecisiete. Por lo que el plazo de quince días a que se refiere el numeral 17 , en relación con el 18 , ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, transcurrió del nueve al veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, siendo inhábiles los días: doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete del mismo mes y año, ello en términos de los artículos 19, de la Ley de Amparo y 163, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De tal manera que si aquél escrito, fue presentado por el quejoso el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en Cuernavaca, Morelos, la protección constitucional la solicitó dentro del plazo legal respectivo. En apoyo de lo anterior, cobra aplicación el criterio de jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 175619, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 25/2006, Página: 251, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AUN CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO SE DECLARE INCOMPETENTE Y LA REMITA AL JUZGADO DE DISTRITO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las causas de improcedencia del juicio de amparo deben acreditarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, y que la equivocación de la vía en que se presente la demanda correspondiente no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso ante actos que estima lesivos de sus garantías individuales. En ese sentido, cuando en la demanda se reclamen actos que se ubiquen en alguno de los supuestos del artículo 114 de la Ley de Amparo, pero se dirija al Tribunal Colegiado de Circuito, debe estimarse oportuna su promoción si es presentada dentro del plazo legal ante la autoridad responsable, a pesar de que a la fecha en que se reciba en la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito haya transcurrido el plazo previsto para ello, y que en esa demanda se expresen los antecedentes del acto reclamado, la protesta de decir verdad o algún otro de los requisitos establecidos por el artículo 116 de la Ley citada para la promoción del amparo indirecto; pues pretender desentrañar la intención del impetrante con la mención de esos requisitos, llevaría a establecer la vía de impugnación bajo indicios que constituyen un criterio subjetivo, siendo que lo aplicable es un criterio objetivo que no dé lugar a dudas sobre la intención de promover el amparo directo, como es la autoridad a la que se dirige y el lugar donde se presenta la demanda. En consecuencia, si su presentación ante la responsable ocurrió en tiempo, debe considerarse que la demanda de garantías fue presentada oportunamente, con independencia de que el Tribunal Colegiado de Circuito que la recibió se declare incompetente y que el Juez de Distrito ordene su regularización, en cuanto a la satisfacción de los requisitos de la demanda de amparo indirecto." SEXTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de garantías es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador incluso de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de acuerdo a lo establecido en los artículos 61 y 62, de la Ley de Amparo. Respalda el aserto anterior, la jurisprudencia 158 del Pleno de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe y contendido siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". En el caso, el suscrito juzgador advierte de oficio, que se actualiza la causa de inejercitablidad de la acción de amparo prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo , consistente en no observar el principio de definitividad. El principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, ya que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de derechos humanos, por lo que, antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente reconocidos; en consecuencia, al existir un medio ordinario de defensa el amparo resulta improcedente. Tal principio se reconoce respecto de actos materialmente administrativos en la fracción IV, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , porque prevé que contra esos actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo procede el amparo, siempre que no fueran reparables mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal, no siendo necesario agotarlos cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos que los que la Ley de Amparo requiera para otorgar la suspensión; lo que también es recogido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. A fin de justificar jurídicamente la anterior afirmación, se impone realizar una reseña de los principales antecedentes que se desprenden de las constancias del expediente laboral de origen: 1. Mediante escrito recibido el treinta y uno de enero de dos mil once, Rodrigo Zaragoza Sánchez, a través de sus apoderados legales, demandó ante la junta laboral responsable, a los aquí terceros interesados Elemi Zamora Torres; Unión de Permisionarios de la Ruta 21 Asociación Civil y María Guadalupe Alcázar Sánchez, en ejercicio de la acción de despido injustificado, las prestaciones que se describen en el escrito respectivo (fojas 1 a 4 del cuaderno de pruebas); 2. Por auto de esa misma data (foja 6 idem), se admitió a trámite la demanda, se ordenó el emplazamiento de los codemandados y se señaló fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas; 3. Emplazados que fueron los demandados y celebrada que fue la audiencia de ley (foja 29 y 30 idem), el diecisiete de octubre de dos mil once, se dictó laudo en favor de los intereses del trabajador actor (fojas 31 a 36 idem); 4. Por escrito presentado el once de abril de dos mil doce, Cintya Lizet Martínez Rodríguez, quien se ostentó como apoderada legal del accionante, solicitó -en ejecución de laudo- que se dictara auto de requerimiento y embargo en contra de los codemandados (foja 39 idem); 5. A la promoción de previa referencia, recayó proveído en el sentido de decirle a la promovente, que no había lugar a acordar de conformidad su petición, habida cuenta que la persona que le había conferido poder para actuar en el sumario de origen, no contaba con facultades para sustituir o delegar el poder que le fue conferido mediante carta poder de veintiocho de enero de dos mil once, proveído que si bien es cierto no reconoció la personalidad de la solicitante, representa el inicio de una serie de acciones tendientes a lograr la ejecución del laudo; 6. El cuatro de agosto de dos mil diecisiete, se emitió el acto reclamado, a través del cual se decreta -en el expediente laboral de origen- la prescripción establecida en el artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo (fojas 92 a 95 idem). Sobre esa base, en el presente asunto, se colman los requisitos exigidos para la actualización de la prealudida causa de improcedencia, en tanto que el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste -como en el caso¬- en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. En apoyo de lo anterior y por identidad jurídica sustancial, cobra aplicación el criterio de jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 186133, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia(s): Laboral, Tesis: 2a./J. 95/2002, Página: 374, del tenor que sigue: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." En consecuencia, previo a la sustanciación del juicio de amparo, el quejoso debió interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, en contra del acto reclamado, a fin de atender al principio de definitividad, ya que su falta de promoción deriva en la improcedencia del juicio de control constitucional, al actualizarse la causal prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo tanto, debe sobreseerse en el juicio con apoyo en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. En atención a que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no se entrará al análisis de los conceptos de violación hechos valer por el peticionario de amparo, ya que -como se dijo al inicio de este considerando- al haberse actualizado una causal de improcedencia del presente juicio, impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado, sin que ello le genere agravio alguno, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. SÉPTIMO. Devolución de autos al juzgado auxiliado. Con fundamento en los Acuerdos Generales 18/2008, 46/2008 y 3/2013, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena devolver los autos al juzgado de origen para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución, para que dicho órgano jurisdiccional ordene lo relativo a su notificación. Finalmente, agréguese al cuaderno auxiliar respectivo la sentencia pronunciada en este expediente, así como la minuta del oficio por el que se envían los autos a su lugar de origen, para que quede como constancia en el archivo de este juzgado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, promovido por Rodrigo Zaragoza Sánchez, respecto del acto y autoridades que se describen en el considerando segundo, por las razones expresadas en los considerandos tercero y sexto del presente fallo. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen y cúmplase. Así lo resolvió y firma el juez José Alfredo Sánchez García, titular del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, asistido de la secretaria Ana Laura Belén Jante Vallejo, que firma y da fe, hoy veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron el engrose de esta sentencia. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 2089/2017-II, promovido por RODRIGO ZARAGOZA SÁNCHEZ, constante de doscientas dieciocho fojas útiles, que contiene la sentencia engrosada el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, en la que determinó sobreseer en el juicio; así como un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la resolución referida y un anexo. Por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente y glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al juzgado oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Notifíquese y personalmente la sentencia de amparo. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

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