Rodrigo Velasco Aguilar

Expediente 185/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 23 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
185/2022
Año
2022
Actuaciones
23
Última actuación
03/11/2022

Partes del expediente

  • Rodrigo Velasco Aguilar
  • Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosamaloapan con sede en Tierra Blanca, Veracruz.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, tres de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 6577 signado con firma electrónica por la actuaria judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, recibido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en virtud de que dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se tiene a la Superioridad informando que admitió el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en autos; radicando como amparo en revisión 422/2022; por tanto, estese en espera de que la superioridad resuelva lo conducente. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinte de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos se advierte que el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado; esto es, obran en autos las notificaciones a las partes de la sentencia, así como del recurso de revisión interpuesto. En esas condiciones, al encontrarse debidamente integrado el sumario en que se actúa, y en cumplimiento a lo ordenado en proveído de diecisiete de octubre del año en curso (foja 121), se ordena remitir el presente cuaderno, -así como el escrito original y copia de agravios, así como un tomo de pruebas-, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, a fin de que turne éstos autos al Órgano Jurisdiccional que corresponda, para la sustanciación del medio de impugnación antes aludido. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado por el quejoso Rodrigo Velasco Aguilar; en atención a su contenido, se le tiene INTERPONIENDO RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada el veintinueve de septiembre de la presente anualidad. En consecuencia, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 párrafo primero, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias exhibidas entre las partes como corresponda y hecho lo anterior, una vez que esté debidamente integrado el presente asunto, esto es, tanto las notificaciones de la sentencia, como del recurso de revisión, y dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el original del presente asunto, así como original y copia del escrito de expresión de agravios y un tomo de pruebas, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en turno, con sede en Xalapa, Veracruz, por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común, conjuntamente con el original y copia del escrito de agravios. Asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes de dicho envío, con copia certificada de las principales constancias de este expediente. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    En esta fecha se notifica a la parte quejosa por lista de acuerdos la sentencia autorizada de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en virtud, que no compareció a notificarse a este juzgado como lo indica el artículo 27, fracción I, inciso c, de la Ley de Amparo, misma que dice: "...PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, recepcionado el mismo día por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, RODRIGO VELASCO AGUILAR, promovió juicio de amparo. SEGUNDO. Mediante acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo; requirió de la autoridad señalada como responsable su informe justificado; dio la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y fijó fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional (fojas 5 a 10). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 24); fue emplazado al presente juicio la tercero interesada Aurelia Hernández Acosta, por medio de despacho (foja 87 vuelta); y tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto dictado dentro de un proceso jurisdiccional, que se dice es susceptible de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales de los gobernados, tales como la legalidad y seguridad jurídica, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) en razón de que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, toda vez que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que reside en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado, con motivo de la emisión de la resolución reclamada. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, siendo en este caso el siguiente: La resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil 528/2021 del índice del Juzgado responsable, la cual determinó la separación del domicilio conyugal y como consecuencia su desocupación del mismo, ejecutada el uno de febrero del año en curso, la cual se continuó hasta finalizarla el ocho de febrero del actual. Resolución que el Juez responsable ordenó notificar por lista de acuerdos, la cual se realizó el día de su emisión, esto es, el treinta y uno de enero de dos mil veintidós. (foja 187 vuelta del tomo de pruebas) Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al 1. Juez Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, como se aprecia del contenido de su informe justificado (foja 24) lo que además se corrobora con las copias certificadas del juicio ordinario civil 528/2021 de su índice; documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos consistentes en copias certificadas que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que les asigna la ley, y de las cuales se advierte la existencia de los actos que se reclaman. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Por cuestión de método en el presente considerando será objeto de estudio la causa de improcedencia que este órgano jurisdiccional analizará de oficio, por ser cuestión de orden público y preferente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre esa base, se examina la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. (.)." El numeral antes transcrito establece lo que se conoce como principio de definitividad, consistente en que el quejoso previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así será improcedente el juicio de garantías. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que garantiza la protección de los derechos humanos, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Lo anterior, obedece a que los procesos de impugnación tienen como finalidad el brindar una seguridad jurídica a las partes en conflicto, la cual, en el ámbito del proceso jurisdiccional, es la garantía dada al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas protección y reparación; medida que impone la necesidad de contar con ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante el mismo Juez que los emitiera, o bien, ante uno de mayor jerarquía. Con base en las anteriores consideraciones, se impone señalar que el presente juicio de amparo es improcedente, ya que antes de acudir a él, era necesario que el quejoso agotara en primer término la jurisdicción ordinaria, mediante la interposición del recurso de revocación que al efecto prevé el artículo 506 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. En efecto, en contra del acto reclamado en esta vía constitucional, consistente en el acuerdo dictado el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en los autos del juicio ordinario civil número 528/2021/II del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, que determinó como medida de protección de emergencia a favor de la aquí tercero interesada, la separación del quejoso RODRIGO VELASCO AGUILAR del domicilio conyugal, y como consecuencia la separación del mismo; la cual fue ejecutada el uno de febrero del actual, la cual se continuó hasta finalizarla el ocho de febrero del actual. A efecto de externar las razones que sustentan la conclusión anterior, es pertinente tomar en cuenta los siguientes: ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO 1). Mediante escrito fechado el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, Aurelia Hernández Acosta demandó en la vía ordinaria civil a Rodrigo Velasco Aguilar, entre otras prestaciones, el pago de una pensión alimenticia. (fojas 1 a 17 del tomo de pruebas) 2). En proveído de once de mayo de dos mil veinitiuno, entre otra cuestiones, el Juez responsable admitió la demanda aludida y ordenó emplazar al demandado Rodrigo Velasco Aguilar. (fojas 82 a 87 ídem) 3). Mediante escrito presentado ante el juez responsable el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, Rodrigo Velasco Aguilar dio contestación a la demanda instaurada en su contra, ofreciendo diversas pruebas; el cual recayó el auto de dos de agosto del mismo año (fojas 94 a 100, y 152 íbidem) 4). A través del ocurso de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, la actora Aurelia Hernández Acosta, solicitó al Juez natural una medida de protección a su favor de separación de su cónyuge Rodrigo Velasco Aguilar del domicilio familiar, a efecto de salvaguardar su integridad y seguridad, aduciendo que sufre de violencia psicológica, física, económica, sexual y patrimonial, por parte de su cónyuge, ofreciendo diversas pruebas de su parte. (fojas 153 a 157 ídem) 5). En proveído de treinta y uno de enero del año en curso, el Juez responsable emitió diversas medidas de protección a favor de la actora, entre ellas la separación del quejoso RODRIGO VELASCO AGUILAR del domicilio conyugal, y como consecuencia, la separación y desocupación del mismo; la cual fue ejecutada el uno de febrero del actual, y se continuó hasta finalizarla el ocho de febrero del actual. (fojas 180 a 187, 209 a 211, y 220 ídem) La resolución recién precisada constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. SUBSUNCIÓN En el caso, interesa destacar que el acto reclamado se trata de un auto, y por ende, admite en su contra, la interposición del recurso de revocación previsto en el artículo 506 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, cuya substanciación se prevé en el diverso numeral 507 del mismo ordenamiento legal. Los aludidos artículos 506 y 507 establecen textualmente lo siguiente: "Artículo 506. Los autos que no causen daño irreparable en la sentencia y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicta, o por el que los substituya en el conocimiento del negocio." "Artículo 507. La revocación puede pedirse en el acto de la notificación o dentro del término de dos días. Se resolverá de plano o en audiencia que tendrá lugar dentro de los tres días siguientes. Sólo podrán ofrecerse las pruebas que puedan rendirse en dicha audiencia." Del análisis de tales disposiciones, se arriba a la conclusión de que su sentido y alcance son claros y no dejan lugar a dudas, ya que disponen de manera expresa que la revocación es un medio de defensa contemplado para impugnar autos que no causen un daño irreparable en la sentencia o decretos emitidos por el Juez del conocimiento en los procedimientos civiles, asimismo, establecen el plazo para su interposición, así como la forma en que debe substanciarse. Por ende, es el medio de impugnación idóneo en contra del acuerdo recaído a la medida de protección otorgado a favor de la actora del juicio natural, que determinó la separación del quejoso RODRIGO VELASCO AGUILAR del domicilio conyugal, y como consecuencia la separación y desocupación del mismo; la cual fue ejecutada el uno de febrero del actual, y se continuó hasta finalizarla el ocho de febrero del actual; ya que el numeral 56 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dispone: "Artículo 56. Las resoluciones judiciales son: I. Sentencias, cuando deciden el asunto principal controvertido; II. Autos, cuando entrañan un mandamiento de pago, de entrega, de hacer o de no hacer, cuando deciden sobre personalidad, competencia o cualquiera otra excepción dilatoria, procedencia de demanda, reconvención, compensación, denegación de pruebas y todas las que resuelvan un incidente, y III. Decretos, todas las demás no comprendidas en las anteriores. (.)" De lo que se desprende que, dicho acuerdo no puede considerarse una sentencia ni un decreto, sino que se trata de un auto y, por ende, es susceptible de ser impugnado mediante la revocación, dado que el citado numeral 506, establece de manera genérica que puede pedirse contra todos los autos que no causen un daño irreparable en la sentencia o decretos emitidos por el Juez del conocimiento en los procedimientos civiles, sin que, tratándose de los decretos, se exija la condición de que no causen un daño irreparable en la sentencia, como sí se exige en los autos. De tal forma que, si en contra del acuerdo reclamado procedía el referido recurso de revocación, y la parte quejosa no lo agotó, es inconcuso que incumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. De ahí que, en el caso, la parte quejosa debió combatir el decreto emitido por el jueza del conocimiento, en la instancia ordinaria correspondiente por medio del aludido recurso, antes de acudir a la vía extraordinaria de amparo; sin que para determinar la procedencia de dicho recurso contra el acto reclamado, se requiera de alguna interpretación adicional, ya que el precepto en cita permite arribar a esa convicción a la luz de las constancias de autos. Las consideraciones anotadas tienen sustento en la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, publicada en el Semanario Judicial de la Federación por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XV, Mayo 2002, Materia Común, página 902, Novena Época, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Además, cabe desatacar que el acto que reclama la promovente, no se ubica dentro de los supuesto de excepción que prevé la citada fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues: 1. No es un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. No consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, ni resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa. 3. Y no se trata de persona extraña al procedimiento. 4. No es un auto de vinculación a proceso. Cobra aplicación en el presente caso la Jurisprudencia VI.2o.C. J/260, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, Página: 1816, Novena Época, Registro 175624: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA." Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Además, debe destacarse que aunque lo aquí reclamado sea considerado como actos de imposible reparación, no significa que no deba de agotar el recurso ordinario establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, antes de acudir al juicio de amparo; lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." CONCLUSIÓN Por ende, ha quedado evidenciado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al no haber agotado el recurso de revocación previsto en el artículo 506 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, previo a instar el presente juicio, ya que dicho medio de impugnación es susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama en la demanda de amparo y, por ende, sus consecuencias, así como que no se actualiza ningún supuesto de excepción para no cumplir con dicha exigencia. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que procede en el caso es sobreseer el presente juicio de amparo de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la propia ley. QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 a 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por RODRIGO VELASCO AGUILAR, contra el acto reclamado al 1. Juez Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, por las razones y motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese en términos de ley..."

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