Rodrigo Vargas Rayon

Expediente 27/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
27/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
30/05/2022

Partes del expediente

  • Rodrigo Vargas Rayon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta de mayo de dos mil veintidós. Vista; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto, así como el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del mismo, son susceptibles de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadran en las hipótesis establecidas en el artículo 21, incisos a) y c), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído en sentencia y al haberse negado la medida cautelar solicitada respecto del acto reclamado, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, se destruirán los expedientes y se remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal; por lo que, agréguese a dicho cuaderno original una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este auto y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, agréguesele una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    (AVISO) NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA QUEJOSA.- ÚNICO.- ******* Rodrigo Vargas Rayón por propio derecho, contra las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero, por las razones expuestas en el penúltimo considerando de esta resolución.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Vista; la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Grúas, Arrendamiento y Transporte, Sociedad Anónima de Capital Variable de esta ciudad, no ha rendido su informe justificado; sin embargo, tomando en consideración que de la constancia de notificación del oficio 1153/2022, por el que se le solicitó su respectivo informe justificado, no se advierte la fecha en que fue recibido; y que mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el uno de febrero del año en curso, el quejoso manifestó lo siguiente; Que vengo por medio del presente escrito a DESISTIRME en el presente juicio en lo Principal e Incidental todo vez que me fue devuelto la Unidad INTERNATIONAL MODELO 4700SPF 236, MOTOR A DIESEL, MODELO 2006, NUMERO DE MOTOR 470HM2UI475230, NUMERO DE SERIE 3HBBPAAN96L197161.; sin que hubiera ratificado dicho desistimiento. De igual forma, que mediante proveído de veinticuatro de febrero del año en curso, se requirió a dicha autoridad, para que remitiera copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de todas y cada una de las constancias que acrediten la existencia del acto reclamado, entre ellas las relativas a la devolución de la citada unidad o en su caso, informe el impedimento legal que tenga para ello, sin que a la fecha haya cumplido lo requerido. En consecuencia, y en obvio de mayores dilaciones, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a Grúas, Arrendamiento y Transporte, Sociedad Anónima de Capital Variable de esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS, de conformidad con lo que dispone el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, remita copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de todas y cada una de las constancias que acrediten la existencia del acto reclamado, así como de todas aquellas que sirvieron de base para emitirlo, entre ellas las relativas a la devolución de la citada unidad o en su caso, informe el impedimento legal que tenga para ello. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para hacerlo, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se hará acreedor de una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a CIEN días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En lo conducente, cobran aplicación por sus sentidos y consideraciones, las jurisprudencias siguientes: "Época: Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." "Época: Novena Época Registro: 176291 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Enero de 2006 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 163/2005 Página: 319 IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." En virtud de lo expuesto, y a fin de dar margen a que la aludida autoridad responsable cumpla con lo anterior, no ha lugar a celebrar la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, por lo que se difiere y como nueva fecha para que tenga verificativo se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, en que lo permiten las labores del juzgado. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido al quejoso Rodrigo Vargas Rayón, en proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, para que manifestara de viva voz si es su deseo continuar o desistirse del presente juicio de amparo, sin que haya comparecido a este órgano jurisdiccional para tal efecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de mérito, por lo que se continúa con la secuela procesal del presente juicio

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