Rodrigo Torres Peña
Expediente 3/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 32 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 3/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 25/08/2017
Partes del expediente
- Rodrigo Torres Peña
- Juez Trigésimo Octavo de Control del Sistmea Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Ciudad de México, a veinticinco de agosto de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el proveído mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención del disco compacto enviado por la autoridad judicial responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, debido a que es suficiente el sello de dicha autoridad, el cual hará las veces de acuse.
- Principal
Ciudad de México, a diez de agosto de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el comunicado y anexo de cuenta, signada por la Directora de la Unidad de Gestión Judicial número 4 del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, mediante el cual comunica lo siguiente: ".me permito devolver el original del citado oficio, esto en razón de que, en esta Unidad de Gestión Judicial número 4 del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, ya no se conoce de ese juicio de amparo, ni del procedimiento incoado al peticionario del amparo. .redirigirlo a la Unidad de Gestión Judicial número 10 del Sistema Procesal Penal Acusatorio, en razón de ser esa unidad la que conoce del procedimiento derivado del juicio de amparo que nos ocupa.". En atención a lo anterior, hágase del conocimiento de la Unidad de Gestión Judicial número 10 del Sistema Procesal Penal Acusatorio, la determinación de tres de agosto del año en curso. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a tres de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de veintitrés días otorgado al quejoso Rodrigo Torres Peña en proveído de veintiocho de junio del año que transcurre, para que acudiera a este juzgado a recoger y, posteriormente, exhibir los edictos para emplazar a la tercero interesada Itzel Alejandra Espinoza Sánchez, sin que lo hubiere hecho. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia emitida por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 27 en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Tomo I, Materia Común, septiembre de 2015, cuyo rubro es: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN". En ese sentido, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, por lo que se sobresee fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción II, en relación con los preceptos 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo y 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Para resolver como se hace es necesario precisar que se señaló como acto reclamado el auto de vinculación a proceso de diez de diciembre de dos mil dieciséis, dictado contra el quejoso. Así, mediante proveído de dos de enero del año en curso, se tuvo como tercero interesada, entre otros, a Itzel Alejandra Espinoza Sánchez. En ese contexto, dado que este órgano de control constitucional agotó los medios que se encuentran a su alcance para investigar su domicilio, el veintiocho de junio del año que transcurre se ordenó su emplazamiento a juicio por edictos a costa del peticionario de amparo, por lo que se le requirió para que en el plazo de tres días se presentara en este juzgado a recoger dichos edictos, para su publicación en los veinte días siguientes, sin que lo hubiere hecho. En tales condiciones, es evidente que se incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad del procedimiento, y hace que este juzgado de amparo no pueda pronunciarse respecto del fondo de lo planteado en el juicio constitucional, por una causa atribuible al quejoso, que implica la paralización del juicio, contraviniéndose así lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 25 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, compilación 1917-2000, actualización 2002, del tenor literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso". De igual manera, no se soslaya el criterio jurisprudencial 108, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 416 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, del rubro siguiente "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO", porque este juzgado considera que en el caso no se actualiza la excepción a que se refiere dicho criterio, relativo a la imposibilidad de la parte quejosa para cubrir el pago inherente a las publicaciones de referencia, pues no consta en autos algún indicio que permita inferir fundadamente que carece de la capacidad económica para pagar los derechos correspondientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación ordenada en autos, ya que ni siquiera compareció a realizar manifestación alguna en ese sentido. No es obstáculo para resolver como se hace, la circunstancia de que en este juicio se encuentren emplazados los diversos terceros interesados: José Manuel Romero Camacho; y Alma Leticia Romero Camacho. Toda vez que no es posible que se siga el juicio sólo por cuanto hace a ellos, ya que la acción intentada involucra necesariamente la participación en el juicio de todos y cada uno de los terceros interesados que pudiesen resultar afectados con el análisis constitucional del acto de autoridad que se reclama; de lo contrario, se violaría uno de los principios que rigen todo procedimiento, el denominado por la doctrina como litisconsorcio pasivo necesario o forzoso, tomando en consideración que la sentencia que llegara a dictarse en el juicio de amparo podría producir la consecuencia de ordenar la insubsistencia del acto reclamado por estimarlo inconstitucional, lo que desde luego afecta la esfera jurídica de los terceros interesados, incluyendo a los que fueron emplazados. Notifíquese; y personalmente a la tercero interesada.
- Principal
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