Rodrigo Serrano Barrios

Expediente 6/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 39 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
6/2022
Año
2022
Actuaciones
39
Última actuación
30/08/2022

Partes del expediente

  • Rodrigo Serrano Barrios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Principal

    CITATORIO: PARTE TERCERO INTERESADA. CITATORIO: PARTE QUEJOSA. PROVEÍDO 30-AGOSTO-2022 Vistos los presentes, de los que se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia que concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión. **** , por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "(...)". Luego, en acuerdo de once de marzo de este año, se estableció que de las constancias de autos derivaba que mediante oficio sin número de quince de diciembre de dos mil veintiuno, la agente del Ministerio Público Especializada en Combate a la Corrupción, solicitó al Juez de Control y Enjuiciamiento en turno del Primer Distrito Judicial, emitiera orden de aprehensión contra **** , a efecto de formularle imputación; que mediante oficio **** , de dieciséis de diciembre de ese año, girado por el Juez Quinto de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial a la representante social señalada, le informó que con esa fecha se resolvió librar mandato de captura contra el ahora quejoso, por lo que se requirió a la parte quejosa a efecto de que manifestar si señalaba dicho mandato de captura, como acto reclamado. Luego, se tuvo dicha orden como acto reclamado y como autoridad responsable al Juez Quinto de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial. En sentencia de siete de junio de dos mi veintidós, se otorgó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: 1).- Que el juez de control responsable, dejara sin efecto la orden de aprehensión dictada contra el ahora quejoso; y, 2).- Emitiera una nueva determinación, en la que purgue los vicios anotados en la sentencia y con plenitud de jurisdicción resolviera lo conducente; esto es, si insiste en decretar un mandato de captura contra el quejoso, deberá explicar el alcance e interpretación de la fracción II del artículo 326 del Código Penal del Estado de Durango, así como precisar si el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción, integra uno de los elementos esenciales del tipo penal del delito atribuido. La sentencia causó ejecutoria el veintinueve de junio de dos mil veintidós, por lo que se requirió a las responsables su cumplimiento. En oficio recibido el cuatro de julio de este año, el Juez Quinto de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial, transcribió el auto de treinta de junio anterior, en el que dejó sin efecto la audiencia de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, y por ende, la orden de aprehensión dictada contra el ahora peticionario, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, previsto y sancionado por el artículo326, fracción II, del Código penal vigente en el Estado de Durango. Luego, en diverso oficio recibido el seis de julio de dos mil veintidós, remitió copia certificada del disco de audio y video de la audiencia que celebró el cuatro de ese mes y año, en la que determinó girar nuevamente la orden de aprehensión contra el ahora quejoso. De la imposición de dicho disco, se advierte que en el minuto cuatro con cuarenta y dos segundos, el juez de los autos precisó que hay ocasiones en que se pueden tomar en cuenta decretos o normas de carácter administrativo para complementar el tipo penal, que así lo precisó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un ejemplo de un tema relacionado a la veda, en cuanto a animales que tienen protección, establecidos en los decretos administrativos del Ejecutivo Federal, sobre qué animales se encuentran en veda; que en ese sentido, la corte parte de la idea que para que la norma penal pueda alcanzar su fin de ser una verdadera protección de bienes jurídicos, resultaba válido acudir a tales decretos, y con esto integrar el tipo penal respectivo. Consideró que esa situación era aplicable al caso particular, ya que cuando el legislador en el Estado de Durango, refiere al tipo penal de ejercicio de un cargo sin tener las funciones debidas para ello, se debe tener la idea de que al interior de la administración pública, como de los municipios, la variedad de funciones de cada servidor público es muy amplia, ya que dependiendo del área en que se encuentre habrá un perfil distinto para cada cargo; que en base a ello sería complejo que una sola norma pudiera aglutinar todas esas condiciones o exigencias. Que por otro lado, respecto de la responsabilidad de los servidores públicos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en sus artículos uno y dos, busca precisar cuáles son las obligaciones que deben observar en su actuación los servidores públicos, específicamente en el artículo siete, fracción I, primer párrafo, refiere que los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. Que tomando en cuenta el campo de aplicación de dicha ley, se entiende que el propio legislador establece un reenvío a los reglamentos y demás documentos, en donde se reconoce la amplia diversidad de posibilidades dentro de la función pública, máxime que dicha ley es de carácter general que aplica a la Federación, Estados y Municipios, y que es en base a ellos que se señala la obligación de los servidores públicos, no solo de atender lo que dice la ley, sino lo previsto por los reglamentos y demás disposiciones jurídicas donde puedan estar establecidas sus facultades, obligaciones, etcétera, por lo que considera que en este caso se está en una situación de excepción en los términos análogos del caso que ya se planteó del manejo de la veda establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Indicó que por ello, se acredita la conducta atribuida a **** , de haber accedido a un cargo público cuando no cumplía con los requisitos que el propio organismo donde es contratado le exigía, los cuales conocía porque presentó documentos respecto de tales requisitos, pero falsos, por lo que no hay duda que conocía las exigencias no sólo del marco legal, sino también del campo administrativo, en el sentido de qué perfil debía de reunir para asumir el cargo. Derivado de ello, en el minuto catorce con veintinueve segundos, expuso el juez de los autos que atendiendo al tipo penal, se establece una calidad específica del sujeto activo, lo que se encuentra regulado en el artículo 341 del Código Penal en relación con el 175 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, que señala que es servidor público cualquier persona que desempeñe cualquier cargo, empleo o comisión en el servicio público, llámese Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, así como de los órgano constitucionales autónomos. Asimismo, en el minuto dieciséis con cincuenta y cuatro segundos precisó la responsable que la fracción II del artículo 30 del estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción, no vulneraba el principio de reserva de ley, por la propia diversidad de las funciones del servicio público, en términos de la Ley General de Responsabilidad Administrativas Posteriormente, determinó girar la orden de aprehensión solicitada por la representación social. Con el cumplimiento de las responsables se dio vista a las partes. Mediante escrito recibido por este Juzgado el quince de agosto de este año, el quejoso precisó que el juez de los autos no había dado cumplimiento a la sentencia, en el sentido de determinar de manera fundada y motivada el alcance e interpretación de la fracción II del artículo 326 del Código Penal del Estado de Durango, así como si el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción, integra uno de los elementos esenciales del tipo penal atribuido. Como se advierte de la audiencia en que se dictó nuevamente el mandato de captura, la autoridad responsable sí explicó el alcance e interpretación de la fracción II del artículo 326 del Código Penal del Estado de Durango, señalando además que no vulneraba el principio de reserva de ley, la fracción II del artículo 30 del estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción, por la propia diversidad de las funciones del servicio público, en términos de la Ley General de Responsabilidad Administrativas. Por tanto, derivan infundados los argumentos vertidos por el quejoso. En mérito de ello, se concluye que se cumplieron con los lineamientos fijados en la ejecutoria de amparo, sin que se adviertan excesos ni defectos; en consecuencia, con apoyo en el numeral 214 de la Ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector. Por otro lado, en su oportunidad y de no interponerse el recurso pertinente, archívese este expediente como asunto concluido. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito juzgador, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda o escrito inicial del recurso de que se trate, escrito aclaratorio, las demandas acumuladas, sentencia, los testimonios en los que resolvió el tribunal de alzada, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional, como la definitiva, es susceptible de depuración una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso a) del precepto 18 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del aludido manual, por lo que se deberá conservar la suspensión provisional (siempre y cuando se haya concedido), la definitiva, en su caso la interlocutoria que determina la violación de la suspensión. En atención a lo dispuesto en el precepto 20 del multireferido Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Lo anterior se acuerda hasta esta fecha en virtud a las cargas de trabajo que imperan en este órgano jurisdiccional, pues no se cuenta con la plantilla completa ya que se han presentado varios casos sospechosos de infección y contagios confirmados del virusSARS-CoV2 en personal de esta adscripción, con motivo de la pandemia que se vive actualmente en el país y por supuesto en este Estado. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Vistos los presentes, de los que se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia que concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión. **** , por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "(...)". Luego, en acuerdo de once de marzo de este año, se estableció que de las constancias de autos derivaba que mediante oficio sin número de quince de diciembre de dos mil veintiuno, la agente del Ministerio Público Especializada en Combate a la Corrupción, solicitó al Juez de Control y Enjuiciamiento en turno del Primer Distrito Judicial, emitiera orden de aprehensión contra **** , a efecto de formularle imputación; que mediante oficio **** , de dieciséis de diciembre de ese año, girado por el Juez Quinto de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial a la representante social señalada, le informó que con esa fecha se resolvió librar mandato de captura contra el ahora quejoso, por lo que se requirió a la parte quejosa a efecto de que manifestar si señalaba dicho mandato de captura, como acto reclamado. Luego, se tuvo dicha orden como acto reclamado y como autoridad responsable al Juez Quinto de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial. En sentencia de siete de junio de dos mi veintidós, se otorgó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: 1).- Que el juez de control responsable, dejara sin efecto la orden de aprehensión dictada contra el ahora quejoso; y, 2).- Emitiera una nueva determinación, en la que purgue los vicios anotados en la sentencia y con plenitud de jurisdicción resolviera lo conducente; esto es, si insiste en decretar un mandato de captura contra el quejoso, deberá explicar el alcance e interpretación de la fracción II del artículo 326 del Código Penal del Estado de Durango, así como precisar si el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción, integra uno de los elementos esenciales del tipo penal del delito atribuido. La sentencia causó ejecutoria el veintinueve de junio de dos mil veintidós, por lo que se requirió a las responsables su cumplimiento. En oficio recibido el cuatro de julio de este año, el Juez Quinto de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial, transcribió el auto de treinta de junio anterior, en el que dejó sin efecto la audiencia de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, y por ende, la orden de aprehensión dictada contra el ahora peticionario, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, previsto y sancionado por el artículo326, fracción II, del Código penal vigente en el Estado de Durango. Luego, en diverso oficio recibido el seis de julio de dos mil veintidós, remitió copia certificada del disco de audio y video de la audiencia que celebró el cuatro de ese mes y año, en la que determinó girar nuevamente la orden de aprehensión contra el ahora quejoso. De la imposición de dicho disco, se advierte que en el minuto cuatro con cuarenta y dos segundos, el juez de los autos precisó que hay ocasiones en que se pueden tomar en cuenta decretos o normas de carácter administrativo para complementar el tipo penal, que así lo precisó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un ejemplo de un tema relacionado a la veda, en cuanto a animales que tienen protección, establecidos en los decretos administrativos del Ejecutivo Federal, sobre qué animales se encuentran en veda; que en ese sentido, la corte parte de la idea que para que la norma penal pueda alcanzar su fin de ser una verdadera protección de bienes jurídicos, resultaba válido acudir a tales decretos, y con esto integrar el tipo penal respectivo. Consideró que esa situación era aplicable al caso particular, ya que cuando el legislador en el Estado de Durango, refiere al tipo penal de ejercicio de un cargo sin tener las funciones debidas para ello, se debe tener la idea de que al interior de la administración pública, como de los municipios, la variedad de funciones de cada servidor público es muy amplia, ya que dependiendo del área en que se encuentre habrá un perfil distinto para cada cargo; que en base a ello sería complejo que una sola norma pudiera aglutinar todas esas condiciones o exigencias. Que por otro lado, respecto de la responsabilidad de los servidores públicos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en sus artículos uno y dos, busca precisar cuáles son las obligaciones que deben observar en su actuación los servidores públicos, específicamente en el artículo siete, fracción I, primer párrafo, refiere que los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. Que tomando en cuenta el campo de aplicación de dicha ley, se entiende que el propio legislador establece un reenvío a los reglamentos y demás documentos, en donde se reconoce la amplia diversidad de posibilidades dentro de la función pública, máxime que dicha ley es de carácter general que aplica a la Federación, Estados y Municipios, y que es en base a ellos que se señala la obligación de los servidores públicos, no solo de atender lo que dice la ley, sino lo previsto por los reglamentos y demás disposiciones jurídicas donde puedan estar establecidas sus facultades, obligaciones, etcétera, por lo que considera que en este caso se está en una situación de excepción en los términos análogos del caso que ya se planteó del manejo de la veda establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Indicó que por ello, se acredita la conducta atribuida a **** , de haber accedido a un cargo público cuando no cumplía con los requisitos que el propio organismo donde es contratado le exigía, los cuales conocía porque presentó documentos respecto de tales requisitos, pero falsos, por lo que no hay duda que conocía las exigencias no sólo del marco legal, sino también del campo administrativo, en el sentido de qué perfil debía de reunir para asumir el cargo. Derivado de ello, en el minuto catorce con veintinueve segundos, expuso el juez de los autos que atendiendo al tipo penal, se establece una calidad específica del sujeto activo, lo que se encuentra regulado en el artículo 341 del Código Penal en relación con el 175 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, que señala que es servidor público cualquier persona que desempeñe cualquier cargo, empleo o comisión en el servicio público, llámese Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, así como de los órgano constitucionales autónomos. Asimismo, en el minuto dieciséis con cincuenta y cuatro segundos precisó la responsable que la fracción II del artículo 30 del estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción, no vulneraba el principio de reserva de ley, por la propia diversidad de las funciones del servicio público, en términos de la Ley General de Responsabilidad Administrativas Posteriormente, determinó girar la orden de aprehensión solicitada por la representación social. Con el cumplimiento de las responsables se dio vista a las partes. Mediante escrito recibido por este Juzgado el quince de agosto de este año, el quejoso precisó que el juez de los autos no había dado cumplimiento a la sentencia, en el sentido de determinar de manera fundada y motivada el alcance e interpretación de la fracción II del artículo 326 del Código Penal del Estado de Durango, así como si el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción, integra uno de los elementos esenciales del tipo penal atribuido. Como se advierte de la audiencia en que se dictó nuevamente el mandato de captura, la autoridad responsable sí explicó el alcance e interpretación de la fracción II del artículo 326 del Código Penal del Estado de Durango, señalando además que no vulneraba el principio de reserva de ley, la fracción II del artículo 30 del estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción, por la propia diversidad de las funciones del servicio público, en términos de la Ley General de Responsabilidad Administrativas. Por tanto, derivan infundados los argumentos vertidos por el quejoso. En mérito de ello, se concluye que se cumplieron con los lineamientos fijados en la ejecutoria de amparo, sin que se adviertan excesos ni defectos; en consecuencia, con apoyo en el numeral 214 de la Ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector. Por otro lado, en su oportunidad y de no interponerse el recurso pertinente, archívese este expediente como asunto concluido. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito juzgador, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda o escrito inicial del recurso de que se trate, escrito aclaratorio, las demandas acumuladas, sentencia, los testimonios en los que resolvió el tribunal de alzada, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional, como la definitiva, es susceptible de depuración una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso a) del precepto 18 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del aludido manual, por lo que se deberá conservar la suspensión provisional (siempre y cuando se haya concedido), la definitiva, en su caso la interlocutoria que determina la violación de la suspensión. En atención a lo dispuesto en el precepto 20 del multireferido Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Lo anterior se acuerda hasta esta fecha en virtud a las cargas de trabajo que imperan en este órgano jurisdiccional, pues no se cuenta con la plantilla completa ya que se han presentado varios casos sospechosos de infección y contagios confirmados del virusSARS-CoV2 en personal de esta adscripción, con motivo de la pandemia que se vive actualmente en el país y por supuesto en este Estado. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el escrito de quejoso y téngase por hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen; acuérdese lo correspondiente a su contenido, una vez que analice el cumplimento dado a la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables. Notifíquese.

  4. Principal

    Vistos los autos del presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio del cuatro de julio de dos mil veintidós, así como las restantes autoridades señaladas como responsables, informaron el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. En razón de lo anterior, previo a pronunciarse respecto a si se acató o no dicha sentencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a la partes para que dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella, se proveerá lo conducente. Notifíquese personalmente.

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