Rodrigo Santiago Macias García
Expediente 415/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 415/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/05/2023
Partes del expediente
- Rodrigo Santiago Macias García
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por medio del cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa; asimismo, comunica que se avocó al conocimiento del asunto. Entonces, sin que exista algo por cumplir, hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; ni conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente; y, al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que se trata de un EXPEDIENTE AUXILIAR (cuaderno de antecedentes); en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el apartado 8.1.1, fracción I, inciso a), del aludido Manual, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de seis meses en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Finalmente, previo a la trasferencia correspondiente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 415/2023-III. Genérese el expediente electrónico e impreso. Acto reclamado De la lectura integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado que se combate en esta vía consiste en: Sentencia de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, dictada en el toca S.P.P.A. U-********************, por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante la cual confirmó el sobreseimiento total resuelto por el Juez Vigésimo Primero de Control en Materia Penal. Incompetencia Precisado lo anterior, este juzgador considera carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo en razón de grado, respecto del acto y autoridad responsable señalados en el escrito de demanda. Ello es así, pues uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una "subgarantía" inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. De ahí que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de distrito que al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, deben remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto se advierta. Bajo esa premisa, como se anunció, este órgano constitucional estima carecer de competencia para conocer del presente juicio de amparo en razón de grado. Al efecto, el artículo 107, fracción III, inciso a), fracción V, inciso a) y fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; [.] V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares. VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones; [.].". Asimismo, los artículos 34, 47, 170 y 176 de la Ley de Amparo prevén lo siguiente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. [.].". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda.". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. [.].". "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley.". En ese sentido, de la lectura de los artículos citados, conduce a establecer que cuando los actos de autoridad que se reclamen no sean de los ahí previstos, esto es, sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio o laudos, procederá el amparo indirecto, lo que a contrario sensu hace concluir que cuando se reclamen esos actos -sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio y laudos-, procederá el amparo directo. Por otra parte, el concepto de sentencia definitiva y resolución que pone fin al juicio para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, como se advierte del contenido del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que: "Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido", lo cual pone de manifiesto que los supuestos de procedencia del amparo directo, son únicamente tres: a) sentencias definitivas; b) resoluciones que ponen fin al juicio; y, c) laudos. Sobre el tema, resulta pertinente definir los actos que delimitan la procedencia del amparo directo: a) Se está ante una sentencia definitiva cuando: a. 1. La sentencia resuelve el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no conceden algún recurso ordinario, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada. a. 2. Cuando los interesados renuncian expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, tratándose de la sentencia dictada en primera instancia. b) Las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, siempre que respecto de ellas las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario. c) Los laudos son las sentencias definitivas dictadas en los juicios del orden laboral. En ese sentido, de las constancias de autos se advierte que el acto que se reclama consistente en la sentencia de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, dictada en el toca S.P.P.A. U-********************, por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante la cual confirmó el sobreseimiento total resuelto por el Juez Vigésimo Primero de Control en Materia Penal, constituye una resolución que pone fin al juicio de origen. Por ello, es evidente que este Juzgado es legalmente incompetente para conocer de la presente demanda, en términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 47, 170 y 176, de la Ley de Amparo; en virtud de que al reclamarse la sentencia antes aludida, se está en el supuesto que prevé el citado artículo 170, de la Ley de la Materia, esto es, que la parte quejosa reclama la sentencia que puso fin al juicio, siendo competente, en el caso, el Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Primer Circuito en Turno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, tiene aplicación al caso la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA DETERMINACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE LO CONFIRMA, CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN ANÁLOGA A UNA SENTENCIA DEFINITIVA QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO SIN RESOLVERLO EN LO PRINCIPAL, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. Si bien la determinación de segunda instancia que confirma el sobreseimiento de la causa por prescripción de la acción penal, decretado por el Juez de primer grado, no constituye una sentencia definitiva, lo cierto es que se trata de una resolución análoga que pone fin al procedimiento sin resolverlo en lo principal, pues adquiere la calidad de sentencia absolutoria con categoría de cosa juzgada, respecto de la cual, la normatividad aplicable no prevé ningún recurso ordinario por el cual pueda ser modificada o revocada. Por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), párrafos primero y tercero y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Máxime que, al tratarse de una sentencia absolutoria con valor de cosa juzgada, conforme al artículo 667 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, el ofendido tiene legitimación para controvertir -vía amparo directo- la sentencia que absuelve al acusado, para conferirle la oportunidad de acreditar el derecho a obtener la reparación del daño.". En tal virtud, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase el presente juicio de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, solicitándole al órgano correspondiente el acuse de recibo, con la finalidad de que se pronuncie sobre la competencia planteada por este Juzgado. Domicilio de la quejosa y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que señala. Por autorizado a las persona que menciona en su escrito inicial de demanda que cuente con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acredite estar facultado para ejercer dicha profesión; y, de no ser así, exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos, acorde a lo dispuesto por el numeral 24, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese.
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