Rodrigo Sánchez López
Expediente 461/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 461/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/06/2020
Partes del expediente
- Rodrigo Sánchez López
Actuaciones
- Principal
Vista la cuenta, con fundamento en los artículos 21 de la Ley de Amparo; y 88 del "Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal", agréguese el oficio de cuenta enviado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, mediante el cual, informa que se avocó al conocimiento del juicio de amparo 461/2020 del índice de este órgano jurisdiccional quedando registrado con el número 609/2020 de su índice; en atención a su contenido, téngase por realizada la manifestación que antecede para los efectos legales conducentes. En mérito de lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito y de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Asimismo, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción I, y vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y tomando en consideración que en el cuaderno de antecedentes en que se actúa no obran agregados documentos originales, se determina que es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la cuenta, con fundamento en los artículos 21 de la Ley de Amparo; y Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, agréguese la demanda de amparo promovida por ...., por propio derecho, en contra de actos del Gerente de Facturación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 461/2020. Ahora bien, toda vez que la cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, tal circunstancia debe ser analizada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen el juicio de amparo, se procede al análisis correspondiente. En ese contexto, con el propósito de dilucidar si este órgano jurisdiccional es competente para conocer de este asunto, es importante establecer que de un estudio efectuado a la demanda de amparo y al escrito de cuenta, se advierte que la parte quejosa acude a este órgano jurisdiccional a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por el acto reclamado que a continuación se indican: ......Una vez precisado el acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si se tiene o no competencia legal para conocer del presente asunto, a fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,721, cuyo rubro es: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." En ese sentido, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Por territorio; b) Por materia; c) Por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por materia. La competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen de amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. En esos casos, se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. De esta forma, la naturaleza del acto ha sido fundamental para establecer la competencia de los juzgados o tribunales por materia, buscando con ello garantizar la prontitud en la tramitación y fallo de los juicios, atendiendo a que la resolución de los asuntos por materia, requiere del conocimiento y experiencia de los que se dedican a cada una de ellas. Así, es menester destacar que los artículos 48, 49, 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen y regulan la competencia por materia de los Jueces de Distrito, estableciendo entre otros, Jueces de Distrito en Materia Administrativa y Jueces de Distrito en Materia de Trabajo. Se transcriben a continuación los numerales 52 y 55 de la ley orgánica mencionada, que determinan los supuestos de competencia, mismos que a la letra disponen: De los preceptos reproducidos se constata que a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa les corresponde conocer del amparo presentado contra los actos provenientes de un acto de autoridad o de un procedimiento de autoridad administrativa, en los cuales apliquen leyes federales, o de aquellos actos de procedimientos seguidos por autoridades administrativas, ya sean actos u omisiones en juicio o fuera de juicio o después de concluido este; refutando leyes o disposiciones de observancia general en materia administrativa, o actos de autoridad distinta a la judicial, o bien para oponerse a actos de tribunales administrativos ejecutados en juicio, fuera de él o después de concluido; además de las denuncias por incumplimiento a declaratorias de inconstitucionalidad respecto de normas de carácter administrativo. Por su parte, los Jueces de Distrito en Materia de Trabajo tienen a su cargo la incoación, trámite y resolución de los amparos que se promueven para reclamar resoluciones del orden laboral o de actos u omisiones en juicio o fuera de juicio o después de concluido éste; impugnando leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo, así como de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias de inconstitucionalidad respecto de normas generales en materia de trabajo. Como se ve, estos numerales distribuyen la competencia con base en dos elementos fundamentales: la naturaleza del acto reclamado y el carácter de la autoridad responsable. La naturaleza del acto controvertido, como criterio de asignación de competencia, toma en consideración la creciente necesidad de conocimientos especializados respecto de las normas sustantivas que tutelan los intereses jurídicos involucrados en el debate. De acuerdo con esto, la esencia del acto reclamado cobrará mayor relevancia para definir la atribución específica de los juzgados de distrito, porque de ese modo se logra que la litis constitucional sea decidida por el órgano jurisdiccional más afín por razón de materia. Lo hasta aquí expuesto permite concluir que para determinar la competencia por materia de un Juzgado de Distrito, se debe atender a la naturaleza del acto y no a la relación jurídica sustancial de las partes, pues tal aspecto será materia del fondo del asunto, por lo que para efectos de fijar la competencia de un órgano jurisdiccional para conocer de un asunto, deben analizarse, como se dijo, las prestaciones reclamadas, los hechos narrados y los preceptos legales en que se apoye la demanda, entre otras cuestiones, para estar en aptitud de establecer cuál de los órganos resulta ser el adecuado para conocer del asunto respectivo, como serían en este caso, el que deba analizar el presente juicio. A efecto de analizar la competencia de este Juzgado, resulta importante tener en consideración que los aspectos que se deben valorar en la competencia por razón de la materia consisten en la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio o la naturaleza de la causa, es decir, las cuestiones jurídicas que constituyen la materia litigiosa del proceso atendiendo a las diferentes ramas del derecho sustantivo. En efecto, para que el juicio de amparo se considere en materia de trabajo, el acto reclamado debe afectar de manera directa e inmediata algún derecho consagrado en los derechos y prerrogativas previstas por el artículo 123 de la Constitución Federal, que surgen de la relación laboral y sus conflictos. Atendiendo a los criterios para determinar la competencia de los Juzgados de Distrito, se considera que el acto reclamado es de naturaleza laboral, en atención a lo siguiente: la pretensión de la parte quejosa con la promoción del juicio de amparo, es precisamente que las autoridades responsables suspendan el cobro del crédito otorgado en su calidad de trabajador del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, descuento que fue ordenado a través del Aviso de Modificación al Factor de Descuentos del catorce de abril de dos mil veinte, emitido por el Gerente de Facturación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de conformidad con el artículo 29, fracción III, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como los diversos 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo, los cuales disponen lo siguiente: LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES "ARTICULO 29.- Son obligaciones de los patrones: ......De los numerales antes transcritos se desprende que está dentro de la facultad de los patrones realizar descuentos a sus trabajadores en sus salarios para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores destinados a la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de casas habitación o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. De lo anterior, se advierte que el acto que por esta vía se combate reviste una naturaleza laboral, pues el bien jurídico o interés fundamental controvertido en este caso concreto, se relaciona con la materia del trabajo, dado que se están afectando prestaciones de ese carácter, protegidas por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, el competente para conocer del recurso en cuestión, es un Juzgado de Distrito especializado en materia de trabajo. Lo anterior, no pugna con el principio de especialización que justifica la creación de tribunales especializados, ni mucho menos los principios consagrados en el artículo 17 constitucional, referente al derecho fundamental de una justicia expedita al dictarse el fallo correspondiente, porque la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican, en forma preferente, a una de las diversas ramas del derecho, quienes por ese motivo pueden ponderar en forma expedita y más autorizada las distintas soluciones en los casos concretos. En tales circunstancias, este Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, estima que carece de competencia legal por razón de materia para conocer de la demanda de cuenta, puesto que como ha quedado establecido, la naturaleza del acto que por la presente vía se controvierte es de carácter eminentemente laboral. Sin que sea óbice a la presente determinación, el hecho de que las autoridades señaladas como responsables pudieran tener naturaleza administrativa, puesto que, como ya se dijo, el acto impugnado es eminentemente laboral, por lo que es claro que debe ser analizado por un Juez de Distrito especializado en esa materia, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación antes transcrito. En tales condiciones, este Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el la Ciudad de México se declara legalmente incompetente, por razón de materia, para conocer de la demanda de amparo promovida por Rodrigo Sánchez López, por propio derecho, en contra de actos del Gerente de Facturación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y otras autoridades, en virtud de que la naturaleza de los actos reclamados por esta vía, tiene su origen en una litis de carácter laboral y por tanto, tiene que analizarse bajo la óptica de disposiciones jurídicas aplicables en esa materia. La presente determinación respeta el principio de especialización que justifica la creación de órganos jurisdiccionales especializados y por ello el artículo 17 constitucional, en cuanto garantiza la expeditez en la impartición de justicia, dado que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican, en forma preferente, a las diversas ramas del derecho, quienes, por ese motivo, pueden ponderar en forma expedita y más autorizada las distintas soluciones en los casos concretos. Ello es así, pues resultaría contrario al principio de especialización judicial el hecho de que un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa conociera actos que emanan de juicio de carácter laboral, ya que jurídicamente no podría abocarse con la misma expeditez, conocimiento y experiencia, a dilucidar si los mismos son constitucionales o no, lo que en un momento dado sí lo podría hacer el Juez de Distrito conocedor de amparo en materia laboral, y de los cuales depende directamente la existencia de los actos administrativos que se impugnan. En consecuencia, de conformidad con los artículos 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en cumplimiento al primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir los autos al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, a quien se considera competente, por los motivos y fundamentos expuestos; asimismo, con las constancias necesarias se ordena formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. En esa medida, se solicita atentamente al Juez declinado acuse recibo, precisando si acepta o no la competencia, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo. Sin que al efecto resulte necesario notificar personalmente el presente proveído a la parte quejosa, en atención a la jurisprudencia P./J. 12/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página cincuenta y cinco, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALIA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCION. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." Por otro lado, respecto del correo electrónico que proporciona, con fundamento en la fracción IV del artículo 26 de la Ley de Amparo, así como del diverso 79 del "Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal",", SE ORDENA SE REALICEN A LA PARTE QUEJOSA las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, a través del correo electrónico proporcionado; lo anterior, en virtud mediante sesión extraordinaria celebrada el diecinueve de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad General acordó que se reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria y que la Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia del mencionado virus. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. En otro contexto, se tienen como sus autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gustavo de Yahvéh Ibarra Zavala, Javier Vivas Fajardo y Guillermo Fabián Kubli Castillo y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a ; Daniela Cruz Figueroa García,, hasta en tanto registre su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", así como para los mismos efectos restringidos, a las diversas personas que refiere. Ahora bien, se autoriza a los secretarios adscritos a este Juzgado a firmar los oficios derivados del presente asunto. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso de ser necesario, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales que se ordenen en este asunto. NOTIFÍQUESE Y VÍA CORREO ELECTRONICO A LA PARTE QUEJOSA.
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