Rodrigo Salinas Hernandez
Expediente 978/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 978/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Rodrigo Salinas Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, en cuanto a su contendido, se tiene a las autoridad oficiantes acusando recibo del oficio por el que se le remitieron los documentos descritos
- Principal
... SE DECLARA FIRME el proveido que desecho la demanda de garantias.
- Principal
Se notifica por medio de lista al promovente RODRIGO SALINAS HERNANDEZ, el proveido de dieciseite de octubre de dos mil diecisiete: SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda. Notifíquese y personalmente al quejoso
- Principal
CIUDAD DE MÉXICO, DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta y las constancias descritas en la cuenta secretarial, acúsese el recibo correspondiente, e infórmese a la Superioridad, que con fundamento en los artículos 35 y 45 de la Ley de Amparo, en esta fecha este Juzgado Federal se avoca al conocimiento de la demanda remitida en el oficio de cuenta. Vista de nueva cuenta la demanda de garantías y escrito aclaratorio promovidos por Rodrigo Salinas Hernández, por propio derecho, contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Trigésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; por violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas en los artículos, 14 y 16 constitucionales, se provee: Del análisis de la demanda de garantías se advierte que, según primer constancia secretarial, el acto reclamado se hace consistir esencialmente en la orden de desposesión respecto del inmueble litigioso. Al respecto, cabe precisar que al examinar la demanda, se debe analizar si se actualiza alguna de las causales de improcedencia ya que su estudio es de orden público y de estudio preferente, y por ende este órgano de control constitucional lleva a cabo su examen de manera oficiosa, atento a lo prescrito por el artículo 113 de la Ley de Amparo el cual establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En la especie, según segunda constancia secretarial, de las constancias que remitió el Juez responsable, se desprende que al quejoso le resulta el carácter de persona extraña a la controversia de origen, por no ser parte actora ni demandada; sin embargo, se advierte que es causahabiente de la parte demandada en el procedimiento natural ya que acompaña a su libelo inicial un contrato de subarrendamiento respecto del predio ubicado en calle Tlacoquemecatl, número 102, departamento 601, colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, en esta ciudad, donde aparece como subarrendador el demandado José Luis Negrete Pardo y como subarrendatario el hoy quejoso Rodrigo Salinas Hernández; por lo que el amparista adquiere la misma posición que correspondía a su causante dentro del procedimiento natural. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación Tomo XVII, abril del dos mil tres, página 189, que a la letra dice: "CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO. El artículo 73 de la Ley de Amparo no establece como causal de improcedencia el fenómeno de la causahabiencia, motivo por el cual no se debe sobreseer en el juicio por esa razón, en sí misma considerada; sin embargo, cuando el promovente se ostenta como tercero extraño a un procedimiento y en el amparo se demuestra que es causahabiente de aquella de las partes a quien afecta el acto reclamado, entonces, su situación en el amparo es idéntica a la de esa parte, puesto que solamente se ha subrogado en el ejercicio de los derechos correspondientes, motivo por el cual las causales de improcedencia que afectarían al causante son válidas también para el causahabiente porque éste está sujeto a la misma situación jurídica de aquél, por tanto, si el amparo que llegara a promover el causante ostentándose como persona extraña al juicio y aduciendo violación a la garantía de audiencia no debe ser sobreseído sino resuelto en cuanto al fondo, esto mismo debe hacerse cuando es el causahabiente quien lo promueve con iguales argumentos. La presente tesis no afecta el criterio sustentado en la diversa jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro es: "CAUSAHABIENTE SUBARRENDATARIO, FALTA DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO.", toda vez que esta última contempla exclusivamente la especie del subarrendamiento no autorizado por el arrendador, situación jurídica de contenido y consecuencias específicas y diversas a lo aquí sustentado.". Asimismo, según tercer constancia secretarial, de las constancias que remitió el Juez responsable, se desprende que el demandado en el juicio de origen contestó la demanda y fue condenado a la desocupación y entrega del inmueble materia de la litis, por lo que el enjuiciado fue oído y vencido en juicio. Lo cual demuestra que el aquí quejoso es causahabiente de la parte demandada que ya fue emplazada en juicio, entonces, su situación en el amparo es idéntica a la de la parte demandada, puesto que solamente se ha subrogado en el ejercicio de los derechos correspondientes, motivo por el cual las causales de improcedencia que afectarían a la causante son válidas también para los causahabientes porque éstos están sujetos a la misma situación jurídica de aquél. En razón de la naturaleza del acto que se reclama, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción IV de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.- - - Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. - - - En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Conforme al segundo párrafo de la fracción IV del precepto transcrito en segundo término, tratándose de actos de ejecución de sentencia, la última resolución, es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, pudiéndose reclamar en la demanda de amparo respectiva, las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En la especie, la quejosa hizo consistir el acto reclamado según primer constancia secretarial en la orden de desposesión respecto del inmueble litigioso; asimismo, se advierte de las constancias que remitió el Juez responsable, se desprende que el demandado en el juicio de origen contestó la demanda y fue condenado a la desocupación y entrega del inmueble materia de la litis, por lo que el enjuiciado fue oído y vencido en juicio, y que al quejoso le resulta el carácter de persona extraña a la controversia de origen, por no ser parte actora ni demandada; sin embargo, es causahabiente de la parte demandada ya que celebraron un contrato de subarrendamiento respecto del citado bien inmueble. De lo anteriormente expuesto, se llega a la conclusión de que en el caso concreto la demanda de garantías que se provee, resulta improcedente de manera notoria, ya que el quejoso hizo consistir el acto reclamado según primer constancia secretarial en la orden de desposesión respecto del inmueble litigioso. De igual manera, respecto a la orden de desposesión del inmueble litigioso debe decirse que dicho acto no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia respectivo; sino que se trata una de diversa resolución intermedia, pues para que se considere como el último acto de ejecución, en términos del segundo párrafo del artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, se requiere que el Juez responsable dicte una resolución en la que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o en la que declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o en la que ordene el archivo definitivo del expediente; por lo que, las violaciones que ahora reclama el quejoso, son violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución de sentencia, que únicamente pueden reclamarse cuando se promueva el amparo contra la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o que declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o que ordene el archivo definitivo del expediente. Sirve de apoyo la jurisprudencia número P/J.32/2001, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante sesión privada de fecha veintinueve de marzo de dos mil dos, publicada en la página treinta y dos, del Tomo XIII, correspondiente al mes de abril del año dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." También es aplicable la tesis de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Octubre de 1999, página 1262, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia." Consecuentemente, SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda aludida, con fundamento en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV y artículo 113, todos de la Ley de Amparo. Por otra parte, tomando en consideración que en el Acuerdo General 76/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de cinco de noviembre de dos mil tres y publicado en el Diario Oficial de la Federación del catorce de noviembre del mismo año, se modificaron los artículos 19 y tercero transitorio del diverso acuerdo 30/2003 del mismo Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los órganos, criterios y procedimientos institucionales para la transparencia y acceso a la información para los órganos del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el modificado artículo 19 antes aludido, dígase al promovente que la resolución que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; así como también el derecho que le asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual deberá manifestar dentro del término de tres días hábiles, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia; en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de sus datos; cabe precisar que en términos del artículo 18 del acuerdo general precitado, los asuntos de naturaleza familiar, constituyen información reservada por el plazo de doce años contados a partir de su conclusión. Ahora bien, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizados únicamente para los mismos efectos a las personas que señala, por así haberlo solicitado expresamente. Dada la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se ordena formar un legajo por separado, respetando el folio con el que los remite la autoridad oficiante. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción para que realice la notificación del presente auto, aún en días y horas inhábiles. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante la licenciada Georgina Vega de Jesús, Secretaria que autoriza. Doy fe. ..demg Revisó y cotejó todos y cada uno de los datos en el presente proveído, Licenciada Georgina Vega de Jesús. Conste.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,739 expedientes
- Rodrigo Melo Castro357/2023
- Rodrigo Melo Castro340/2023
- Rodrigo Rafael Gonzalez Montes de Oca58/2019
- Rodrigo Rivas Rodríguez16/2017
- Rodrigo Rodriguez Romero275/2022
- Rodrigo Rodriguez Romero274/2022
- Rodrigo Sergio Ramirez Nava924/2017
- Rogelio Aguilar Escajeda340/2018
- Rogelio Aguilar Escalera803/2017
- Rogelio Antonio Villena Valenzuela176/2020
- Rogelio Belmont Reyna632/2021
- Rogelio Bernal Cardenas549/2022