Rodrigo Salgado Mondragon
Expediente 1972/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1972/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Rodrigo Salgado Mondragon
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que mediante auto de siete de octubre del presente año, se tuvo por consentida la cantidad de $39,992.00 (treinta y nueve mil novecientos noventa y dos pesos 00/100 moneda nacional), propuesta por la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que se debe devolver al quejoso José Luis Barrera Sánchez, por concepto de diferencias de aguinaldo de dos mil veinte. En este tenor, toda vez que el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante la resolución pronunciada el siete de abril de dos mil veintidós en el recurso de revisión número R.A. 157/2021 resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se DESECHA el recurso de revisión interpuesto por la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en contra de la sentencia de tres de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de amparo 108/2021 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México." Precisado lo anterior y toda vez que en la sentencia de amparo de tres de mayo de dos mil veintiuno, se concedió la Protección Constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: ".En las anotadas condiciones, al advertirse una violación patente al dispositivo constitucional citado, y al ser fundados los argumentos de la parte quejosa, se debe conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para que la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como autoridad ejecutora de los lineamientos declarados inconstitucionales en esta sentencia, desvincule de la esfera jurídica del quejoso los lineamientos reclamados y, en consecuencia, realice el cálculo del aguinaldo que les corresponde para el ejercicio dos mil veinte, con base en el "salario tabular", considerado como la suma del "salario base" más las compensaciones que se paguen en forma ordinaria; y toda vez que se advierte que ya se efectuó el pago correspondiente, se paguen las diferencias que resulten entre lo que se pagó y lo que debió pagársele." Considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo, prevén: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la ley de la materia, que prevén: Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días." Lo subrayado es propio). Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la protección constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y sancionado penalmente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Que la finalidad objetiva perseguida por la Ley de Amparo es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido, entonces debe considerarse que en todo caso debe procurarse que el único plazo que se conceda a las autoridades responsables sea el de tres días, previsto en el segundo párrafo del artículo 192, razón por la cual las dos excepciones a este lapso deben ser de aplicación estricta y limitada, pues de lo contrario no se respetaría la finalidad antedicha, lo cual, a su vez, está relacionada con el deber de garantía derivado de los derechos humanos, así como con los derechos fundamentales de acceso a la justicia y recurso efectivo. En relación con lo anterior, los criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para ello, han establecido que el juzgador tiene la obligación de fijar un término prudente y determinado para que se cumpla la sentencia de amparo, para lo cual se debe considerar que el acto que debe realizar la autoridad responsable para cumplir con el fallo protector, no se trata de un asunto ordinario, sino extraordinario al haberse declarado la inconstitucionalidad del acto, por lo que dicha autoridad no debe darle el trato de un asunto ordinario, es decir, no debe someterlo a los mismos trámites administrativos ni los plazos máximos que tiene para ello, sino que se debe efectuar en un menor plazo, pues la parte quejosa ya obtuvo una sentencia ejecutoria que constituye una norma individualizada a su favor y, que por ende, no puede ser condicionada su cumplimiento a los trámites burocráticos de la autoridad regulados por disposiciones administrativas internas ni a las cargas de trabajo de la autoridad. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley, y tomando en consideración que el fallo judicial otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, se requiere a la DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para que dentro del plazo de diez días, contado a partir del momento en que quede legalmente notificado del presente proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En el entendido de que para dar cumplimiento la autoridad debe realizar lo siguiente: - Dejar de aplicar a la parte quejosa en el caso concreto y en lo futuro, los "Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de aguinaldo, correspondiente al ejercicio dos mil veinte". - Pagar al quejoso José Luis Barrera Sánchez las diferencias calculadas por concepto de diferencias de aguinaldo de dos mil veinte, por la cantidad de $39,992.00 (treinta y nueve mil novecientos noventa y dos pesos 00/100 moneda nacional). Así las cosas, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para que en su calidad de superior jerárquico de la DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de dicha institución, la conmine en cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del término de diez días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, dada la naturaleza de los actos a realizar, las constancias con las que acredite haber ordenado a la responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Apercibidos que, en caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada ley, se impondrá a las personas físicas que ostenten los cargos de las citadas autoridades, una multa por cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y sancionado penalmente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, a trece de enero de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el escrito signado por la quejosa en el presente juicio de amparo, a través del cual solicita se le informen los razonamientos por los cuales se le concedió la prórroga de diez días a las autoridades responsables de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que dieran cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y en atención a lo solicitado, dígasele a la quejosa que la prórroga otorgada a las autoridades responsables en proveído de nueve de enero de dos mil veintitrés, se concedió en términos de lo establecido por el artículo 192 de la ley de Amparo, tal como se expondrá a continuación. Ahora bien, cabe precisar que el 192 de la Ley de Amparo establecen lo siguiente: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. (.) El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. De los preceptos antes insertos se advierte que los órganos jurisdiccionales cuentan con la facultad discrecional para ampliar el plazo que tienen las autoridades responsables para dar cumplimiento a las ejecutorias donde se conceda la protección constitucional, es decir, los juzgados de distrito cuentan con la atribución de conceder mayor tiempo para analizar los alcances de las sentencias concesorias, sin excesos ni defectos, conforme al artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el diverso numeral 193, párrafo tercero, de la propia ley, en aquellos casos en los que las autoridades demuestren que la ejecutoria está en vías de cumplimiento, o bien justifiquen la causa del retraso. Aunado a lo anterior, se deberá efectuar una valoración de la complejidad o dificultad de las acciones necesarias para cumplimentar una ejecutoria de amparo, pues es necesario realizar un análisis integral de la serie de factores que se presentan en el caso particular, como son en el caso particular: los elementos que componen el Modelo Integral de Atención a Víctimas; la naturaleza de los hechos victimizantes; el estadio procesal del asunto; el material probatorio con que se cuente; los efectos de la concesión del amparo, ya sea procesal o sustantiva; el conocimiento previo del titular que va a cumplir; y, el número de víctimas directas e indirectas, con independencia de alguna otra circunstancia que pudiera constituir un factor adicional de estudio para emitir la resolución correspondiente; supuestos en los cuales podrá ampliarse cualquiera de los plazos, sin que se vulnere el derecho de los gobernados a que se les imparta justicia de manera pronta y expedita, conforme lo prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso en particular, cabe precisarse que esencialmente se concedió el amparo y protección de la justicia federal a fin de que se integre total y debidamente el expediente número CEAV/CIE/368/2021mediante y, con libertad de jurisdicción, se dicte la resolución que en derecho corresponda. Por ello y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas remitieron diversos oficios con los cuales acreditaron efectuar las acciones que le permitiesen integrar de dichos autos, siendo que mediante el último de los oficios registrado bajo el número de correspondencia 549 del índice de este juzgado de distrito, acordado por este órgano jurisdiccional en proveído de nueve de los corrientes, se tuvo a dichas autoridades informando las observaciones realizadas al proyecto de dictamen, el cual, una vez corregido, será nuevamente turnado para su valoración ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos, y en caso de ser aprobado y dentro del término de veinte días, se emitirá la resolución correspondiente y le será notificada dentro de los cinco días siguientes, de conformidad con lo previsto por el artículo 101 de la Ley General de Víctimas, en relación con el diverso 87 del reglamento de dicha ley; razón por la cual, el suscrito considero razonable concederse una ampliación al plazo en comento a fin de que cumplan los efectos por los cuales se concedió la protección de la justicia federal. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de enero de dos mil veintitrés. En Esta fecha de dictó un acuerdo con notificación de carácter ELECTRONICA
- Principal
Ciudad de México, a veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. En Esta fecha de dictó un acuerdo con notificación de carácter ELECTRONICA
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