Rodrigo Rosales Perez

Expediente 836/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
836/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
03/12/2019

Partes del expediente

  • Rodrigo Rosales Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio que remite la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Pátzcuaro, Michoacán, mediante el cual acusa recibo del diverso por el cual se le devolvió los autos originales del juicio ejecutivo mercantil 409/2005; así como, dos cuadernillos relativos al incidente de planilla de liquidación de sentencia y se le informó que la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo ha causado ejecutoria. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    El secretario certifica: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos, pues transcurrió del veintiocho de agosto al once de noviembre del año en curso, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 y 22 de la misma ley, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno; asimismo, se hace constar que en el presente expediente no se exhibió garantía alguna dentro del incidente de suspensión respectivo y no obran documentos originales dentro del presente sumario. Morelia, Michoacán, doce de noviembre de dos mil diecinueve. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 836/2019, con la certificación secretarial que anteceden y el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, doce de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución emitida en autos, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo hayan hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto al incidente de suspensión relativo a este juicio, el original es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo primero, del mencionado acuerdo, en razón de que se negó la medida cautelar solicitada. Por lo que se refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y devuélvanse las constancias remitidas por el juez responsable al momento de rendir su informe de ley, dado que resulta innecesaria su permanencia en este juzgado. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa así como a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, la sentencia de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 836/2019, promovido por Rodrigo Rosales Pérez, por propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de julio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Rodrigo Rosales Pérez, por propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en el artículo 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este juzgado de distrito, misma que se registró con el número 836/2019, en proveído de veintiséis de julio de dos mil diecinueve se previno a la parte quejosa para que manifestará a qué autoridades atribuía los actos descritos en su escrito de demanda; misma que se tuvo por cumplida en auto de uno de agosto de la presente anualidad, ordenándose a la vez separación de juicios, en virtud que reclamó distintos juicios y procedimientos administrativos a varias autoridades, razón por la cual se realizó la separación y este juicio de amparo 836/2019 se admitió exclusivamente por los actos reclamados que derivan del expediente 409/2005, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán; se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete y se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado Luis Enrique García Marín. Finalmente, en proveído de seis de septiembre de la anualidad que transcurre, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por autoridad que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción y dentro del cual se pretenden ejecutar. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, los actos reclamados por la parte quejosa a las autoridades responsables, consisten en: Al Juez y actuario, adscritos al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán de origen la falta de llamamiento al juicio ejecutivo mercantil número 409/2005, promovido por Luis Enrique García Marín, en contra del demandado Antonio Lucas Rosales; toda vez que señala que dicho inmueble perteneció a su difunto padre de nombre Juan Rosales Lucas y/o Juan Lucas Rosales, de quien es heredero universal según lo determinado en el juicio sucesorio intestamentario 271/2004, aunado a que en esa fecha y con ese carácter realizó cesión de derechos hereditarios a favor de Román García Pérez y los actos reclamados lo privaron de su derecho a ceder. Al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Michoacán, la inscripción del gravamen bajo el número 33 del tomo 204 del Libro de Gravamen del distrito judicial de Pátzcuaro, Michoacán, ordenado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán, dentro del juicio ejecutivo mercantil 409/2005. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos atribuidos a la Juez (fojas 55 y 56) y actuaria (fojas 57 y 58), ambas adscritas al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil con residencia en Pátzcuaro, Michoacán, así como al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Michoacán (fojas 63 a 72), pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que acompañaron a su informe justificado las autoridades responsables, tal es el caso de las autoridades jurisdicciones responsables consistente en copias certificadas del juicio del que emana el acto reclamado (tres tomos de pruebas), y de las anexas al informe de ley por parte del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Michoacán. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Procedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese orden, el quejoso Rodrigo Rosales Pérez en su carácter de auténtico extraño, reclama la falta de llamamiento al juicio ejecutivo mercantil número 409/2005, promovido por Luis Enrique García Marín, en contra del demandado Antonio Lucas Rosales; toda vez que señala que dicho inmueble perteneció a su difunto padre de nombre Juan Rosales Lucas y/o Juan Lucas Rosales, de quien es heredero universal según lo determinado en el juicio sucesorio intestamentario 271/2004, aunado a que en esa fecha y con ese carácter realizó cesión de derechos hereditarios a favor de Román García Pérez y los actos reclamados lo privaron de su derecho a ceder. Por tanto, resulta inconcuso que para acreditar su interés jurídico contra la falta de llamamiento al juicio de origen, el quejoso deba acreditar el derecho que le asiste para intervenir como parte demandada en la contienda, situación que no demostró, razón por la que este juzgado de oficio advierte que se actualiza la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis antes citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Lo anterior, así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus diversas tesis jurisprudenciales, quien ha llegado -incluso- a delimitar los alcances del concepto "perjuicio", figura que está relacionada con la del interés jurídico; en ese sentido el máximo tribunal del país ha sostenido que por perjuicio se deberá entender aquella afectación a los derechos de un individuo no en el sentido del derecho civil, es decir, como la privación de cualquier ganancia lícita que pudiera haberse obtenido o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona ya sea en relación a derechos de propiedad, posesión, personalísimos o de cualquier otra especie que forme parte de la esfera jurídica del gobernado, siempre y cuando estén reconocidos por el orden jurídico nacional. Ilustra a lo anterior el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia de la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 72, Séptima Parte, visible en la página 55, cuyo texto señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Así como la tesis de la Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 132, del Tomo 187-192 Cuarta Parte, de la Séptima Época, que dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. NATURALEZA DEL. Es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico del quejoso, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. El interés jurídico de una persona sólo surge cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos, como en el caso de una persona jurídica o moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y, si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio." De lo anterior se tiene que a través del ejercicio de la acción constitucional el promovente del amparo solicita la tutela o protección de un derecho subjetivo que en su perjuicio fue infringido por la autoridad que emitió el acto impugnado, o sea, mediante el derecho de acción -que es un derecho instrumental- se pretende el respeto del derecho subjetivo y en su caso, la restitución en su goce. Sin embargo, tal derecho subjetivo puede o no existir, o no haber sido infringido por la autoridad responsable, en tal caso la demostración del interés jurídico en su doble matiz, esto es, tanto el acreditamiento de un agravio material o jurídico en perjuicio de la esfera jurídica del particular, como la demostración de titularidad o relación de enlace entre el derecho afectado y el particular que reclama su protección, constituyen aspectos que no pueden valorarse de inmediato a la presentación del libelo de demanda constitucional, sino que es necesario otorgar al quejoso la oportunidad de que los acredite durante toda la dilación procesal del juicio de amparo, tal y como así lo ha reconocido en la Jurisprudencia sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 524, del Tomo VI, Común, Apéndice 2000 cuyo rubro dice: "INTERÉS JURÍDICO, FALTA DE. NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS.", ello, dado que el derecho a la administración de justicia debe operar de forma dinámica. La satisfacción del interés jurídico lleva implícito el acreditamiento forzoso de tres elementos esenciales, a saber: La afectación, agravio o perjuicio sufrido en la esfera de derechos causado por el acto de autoridad que se reclama, es decir, probar lo que comúnmente se conoce como el interés jurídico en sí mismo considerado; b) El acreditamiento del derecho específico que se esté afectando con el acto reclamado; c) La relación de titularidad o nexo causal entre el derecho lesionado y la persona física o moral que reclama su protección en la vía constitucional de amparo, esto es lo que se conoce como la satisfacción material de la titularidad del interés jurídico. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 37, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice (actualización dos mil dos), Novena Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." De tal manera que el interés jurídico constituye un requisito o presupuesto procesal para que la acción constitucional de amparo tenga un feliz término, de manera que ante su ausencia se impide la conformación del mismo dando lugar al sobreseimiento del juicio por actualización de la causa de improcedencia que lo prevé. Concluyendo, la citada condición -como todas las previstas como improcedencias del juicio- al ser un presupuesto procesal es de estricta aplicación, el cual debe ser observado y valorado de forma contundente, real, material u objetiva y nunca establecer su existencia con base en presunciones ni comprendiendo en ellas casos distintos a los contemplados en las hipótesis previstas para tal efecto, pues su actualización acarrea consecuencias extremas para el solicitante de la protección constitucional. Como se estableció anteriormente, en el caso la parte quejosa se duele esencialmente de la falta de llamamiento al juicio ejecutivo mercantil número 409/2005, promovido por Luis Enrique García Marín, en contra del demandado Antonio Lucas Rosales; toda vez que señala que dicho inmueble perteneció a su difunto padre de nombre Juan Rosales Lucas y/o Juan Lucas Rosales, de quien es heredero universal según lo determinado en el juicio sucesorio intestamentario 271/2004, aunado a que en esa fecha y con ese carácter realizó cesión de derechos hereditarios a favor de Román García Pérez y los actos reclamados lo privaron de su derecho a ceder. De las constancias del juicio de origen 409/2005 se advierte lo siguiente: Luis Enrique García Marín (actor) demandó en la vía ejecutiva mercantil a Antonio Lucas Rosales el pago por la cantidad de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos moneda nacional), así como el los intereses generados (fojas 1 a 5 del tomo de pruebas); Se emplazó al demandado Antonio Lucas Rosales, y al no haber contado con bienes suficientes para garantizar el pago, el actuario embargó el inmueble ubicado en Avenida Generalísimo Morelos Oriente, número 763, del municipio de Santa Clara del Cobre, Michoacán, en la cual se anexó un certificado expedido por el Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado de Michoacán, donde se advierte que el demandado tenía la propiedad del inmueble señalado (fojas 6 a 8 del tomo de pruebas); El trece de julio de dos mil cinco, se dictó sentencia definitiva, en la cual el juez responsable declaró procedente la acción del actor Luis Enrique García Marín y condenó al demandado Antonio Lucas Rosales al pago de la cantidad exigida, así como los intereses y costas que se llegaren a generar (fojas 29 a 32); Ante el incumplimiento voluntario de la parte demandada respecto de la sentencia, el juez responsable mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil cinco (foja 38 del tomo de pruebas) ordenó poner los autos en estado de ejecución de sentencia; posteriormente, mediante auto de veintitrés de agosto de dos mil seis (foja 113 del tomo de pruebas), el juez responsable adjudicó de manera directa, al no existir acreedores diversos más que el actor, el inmueble motivo del embargo; y, En proveído de veintisiete de septiembre de dos mil seis (foja 117 del tomo de pruebas), el juez responsable dictaminó que. ante el incumplimiento voluntario en otorgar las escrituras, éstas se realizarán a través de un notario público, sin que éstas se hayan elaborado ni protocolizado hasta la fecha. Sentado el anterior panorama, para que este juzgador esté en condiciones de emprender el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados por la parte quejosa, es necesario que ésta demuestre que dichas actuaciones afecta o vulneran de manera directa su esfera jurídica; por lo que el peticionario del amparo en sus conceptos de violación referentes al juicio ejecutivo mercantil 409/2005, esgrime que sí es una persona extraña a juicio, la autoridad responsable le privó de los derechos y acciones de la cesión de derechos que realizó a favor de Román García Pérez. Sin embargo, el quejoso no acreditó en esta instancia constitucional que haya sido el albacea definitivo y el único heredero respecto de la sucesión intestamentaria a bienes de su difunto padre Juan Rosales Lucas o José Juan de Jesús Lucas Rosales; tampoco demostró que el inmueble del que se duele haya estado dentro del avalúo e inventario de los bienes de la sucesión, ni que se le haya otorgado la propiedad del mismo al promovente; de igual forma, no acreditó que, como dice, haya realizado la cesión de derechos hereditarios en favor de Román García Pérez o Ramón García Pérez, ni tampoco que dentro de dicha cesión haya trasladado de dominio el inmueble ubicado en Avenida Generalísimo Morelos Oriente, número 763, del municipio de Santa Clara del Cobre, Michoacán. En efecto, el quejoso señala que el veintinueve de septiembre de dos mil seis se dictó sentencia definitiva dentro de la cuarta sección en la cual al ser el único y universal heredero realizó el quejoso la cesión de derechos en favor de Román García Pérez. Por tanto, si lo reclamado se vincula con que al quejoso no se le llamó al juicio 409/2005, del índice de la responsable, según a dilucidar sus derechos respecto de la cesión de los mismos en favor de Román García Pérez, aduciendo no haber sido oído y vencido, es necesario para justificar esa afectación o perjuicio, que el accionante de amparo demostrara cinco aspectos: primero, que el inmueble controvertido haya sido propiedad del autor de la sucesión; segundo, que al quejoso se le haya designado como albacea y único heredero; tercero, que el inmueble haya estado dentro del avalúo e inventario; cuarto, que el mismo se le haya adjudicado al quejoso al haber sido, como dice, el único y universal heredero; quinto, que haya cedido los derechos a Román García Pérez. Por tanto, la parte quejosa tiene la obligación de demostrar mediante el material probatorio idóneo, el derecho que ostentaba sobre el bien materia del juicio de origen, esto es, debió de haber demostrado lo narrado en el párrafo anterior, pudiendo haberlo hecho con copia certificada del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Juan Rosales Lucas o Juan Lucas Rosales 271/2004, y de esta manera la parte promovente del juicio constitucional quizás haya podido obtener una base objetiva que fundada y razonablemente produjera la convicción de que tiene un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento jurídico objetivo, sobre el bien respectivo. Sin embargo, el impetrante del juicio de amparo, fue omiso en exhibir algún documento o prueba que demuestre el derecho que le asiste sobre el inmueble que por esta vía pretende defender, sin que la sola manifestación en el sentido que fue la albacea definitiva de la sucesión intestamentaria de Juan Rosales Lucas y/o Juan Lucas Rosales, quien señala tenía la propiedad del inmueble ubicado en Avenida Generalísimo Morelos Oriente, número 763, del municipio de Santa Clara del Cobre, Michoacán, toda vez que el mismo quejoso señala que en el acto por el cual se le reconoció como único y universal heredero cedió los derechos hereditarios a favor Román García Pérez, resulte insuficiente para tal efecto; ello, porque no allegó a este juicio medio de prueba alguno que acreditara que Juan Rosales Lucas y/o Juan Lucas Rosales, era su progenitor, ni que éste tenía la propiedad el inmueble antes señalada; tampoco acreditó que tenía reconocido el carácter de albacea definitivo de la sucesión señalada que el bien se le hubiese adjudicado; ni que haya cedido los derechos hereditarios que aduce haber trasladado a Román García Pérez, lo que pudo haber hecho a través de copias certificadas donde hayan existido dichos actos jurídicos. Por ello, se considera que los actos reclamados no afectan el interés jurídico del quejoso, dado que como quedó asentado anteriormente, el interés jurídico se constituye de dos elementos, la afectación al derecho subjetivo y la titularidad del derecho subjetivo que se estima afectado; consecuentemente, si el peticionario del amparo no acreditó que es titular de algún derecho posesorio del inmueble que defiende, sustentado en una causa legal, resulta evidente que no tiene interés jurídico en el presente juicio, al no acreditar ser poseedor del mismo. Por tanto, atendiendo a que el ejercicio de la acción constitucional está reservada, en exclusiva, a quien resiente un perjuicio con motivo de la ley o el acto de autoridad que se impugna, entendiéndose que la noción de perjuicio presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se trasgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante los tribunales federales demandando la protección constitucional contra la citada autoridad; lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que motiva a su vez el sobreseimiento en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la citada Ley, por falta de interés jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 16/94: emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 82, Octubre de 1994, página 17, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado de Michoacán y a la Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, al no reclamarse por vicios propios, sino derivado de la inconstitucionalidad atribuida al acto de la autoridad ordenadora, en este caso, del juez responsable, dado que lo único que realizaron las autoridades ejecutoras fue derivado de la orden encomendada del juzgador. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en la página 286 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 91-96, Sexta Parte, Materia Común, Séptima Época, registro 253622, de texto y rubro: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rodrigo Rosales Pérez, por propio derecho, por los actos y autoridades precisadas en considerando segundo, y por los motivos expuestos en el cuarto considerando de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

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