Rodrigo Robles de León

Expediente 404/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
404/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
11/04/2018

Partes del expediente

  • Rodrigo Robles de León

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, once de abril de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: téngase por recibido el escrito que suscribe el quejoso, mediante el cual solicita se requiera a las responsables para efecto de que realicen el pago de las cantidades por concepto de indemnización correspondientes al periodo del cuatro de enero de dos mil dieciocho al cuatro de abril de la presente anualidad, mismo que comprende de la data en que se resolvió el incidente innominado a la fecha en que fue realizado el pago al promovente. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso tercero transitorio, requiérase a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, para que en el término de tres días siguientes al en que sea notificada del presente proveído, determine y realice el pago a la parte quejosa de las cantidades que corresponda por concepto de indemnización correspondiente al periodo mencionado en el párrafo que antecede. En el entendido de que dicha actualización se realizará por única ocasión y por el periodo determinado en el párrafo que antecede ya que debe entenderse que ya se realizó el pago determinado en la planilla de liquidación y lo restante a que se alude es por el concepto del tiempo transcurrido de la data de la interlocutoria de liquidación a su pago. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2008662, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 16, marzo de dos mil quince, tomo III, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, página 2263, del siguiente rubro y texto: "MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. ANTE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN ADMINISTRATIVA QUE LOS UNÍA CON EL ESTADO, TIENEN DERECHO AL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN "Y DEMÁS PRESTACIONES", SIEMPRE QUE ACREDITEN QUE LAS PERCIBÍAN O QUE ESTÁN PREVISTAS EN LA LEY QUE LOS REGÍA. El artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite a las instituciones policiales de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, remover a los elementos que hayan incumplido los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que todo servidor público debe acatar, y prohíbe absoluta y categóricamente que sean reincorporados a dichas instituciones, aun cuando obtengan resolución jurisdiccional que declare injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, dado que el Poder Revisor privilegió el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad, por encima de la estabilidad en el empleo y, por ello, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho. En este contexto, los miembros de las instituciones policiales, como todo servidor público, reciben por sus servicios una serie de prestaciones que van desde el pago que pudiera considerarse remuneración diaria ordinaria, hasta los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que perciba por la prestación de sus servicios y que necesariamente debe estar catalogado en el presupuesto de egresos respectivo. Por tanto, como la intención del Constituyente Permanente fue imponer al Estado la obligación de resarcir al servidor público ante el evento de que no pueda ser reincorporado, a pesar de que la remoción sea calificada como injustificada por resolución firme de autoridad jurisdiccional, el enunciado normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho", forma parte de esa obligación y debe interpretarse como el deber de pagarle la remuneración diaria ordinaria dejada de percibir, así como los conceptos que recibía por la prestación de sus servicios, previamente mencionados, desde el momento en que se concretó la terminación de la relación administrativa y hasta que se realice el pago de la indemnización correspondiente, siempre que acredite que percibía esas prestaciones o que están previstas en la ley que lo regía." En este orden de ideas, del escrito de cuenta se advierte que la quejosa solicita se realice la inscripción del motivo de la baja en el Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública. Por tanto, al ser procedente dicha petición en concatenación a la sentencia de amparo, de conformidad con el citado numeral 192 de la ley de la materia, requiérase al Encargado del Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública, para efecto de que realice la anotación correspondiente a la baja del quejoso dentro del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, se le impondrá multa al omiso de conformidad con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de la autoridad oficiante que el comunicado por el cual dé respuesta a este mandato judicial federal, deberá contener la leyenda "SE CUMPLE REQUERIMIENTO DE TÉRMINO". Finalmente, el quejoso solicita se requiera a la responsable para efecto de que remita un desglose de la forma en que aplicó el impuesto correspondiente a las cantidades que le fueron pagadas por concepto de indemnización. A lo anterior, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que en el supuesto de que el impuesto que se haya aplicado a su indemnización no sea el correcto, no se le deja en estado de indefensión ya que, como señala la jurisprudencia que a continuación se precisará, tiene expedito su derecho para solicitar ante la autoridad hacendaria la devolución de las cantidades que le hayan sido retenidas en forma indebida y corresponderá a la autoridad fiscal su revisión. Tiene aplicación la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XXVI, agosto de dos mil siete, cuyo rubro y texto dicen: "LAUDO. PARA TENERLO POR CUMPLIDO ES INNECESARIO QUE EL PATRÓN EXHIBA LA CONSTANCIA DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS CONCEPTOS MATERIA DE LA CONDENA O EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA DEDUCCIÓN RELATIVA, PUES BASTA CON QUE EN EL RECIBO DE LIQUIDACIÓN EXPRESE LAS CANTIDADES SOBRE LAS CUALES SE EFECTÚA DICHA RETENCIÓN. Conforme a los artículos 109, 110, 112 y 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 26, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación, salvo los casos de excepción, los patrones tienen el carácter de auxiliares de la administración pública federal en la recaudación del impuesto de referencia a cargo de sus trabajadores, en tanto tienen la obligación de retener el causado por alguno o algunos de los conceptos a los que resulten condenados en el laudo con motivo de la terminación de la relación laboral. En ese sentido, una vez que se ha determinado en el laudo el importe líquido de la condena y el patrón al exhibir su cuantificación manifieste haber retenido el impuesto correspondiente, para que la autoridad laboral tenga posibilidad de vigilar el cumplimiento del laudo, bastará con que aquél exhiba el recibo de liquidación en el que pueda observarse con claridad el desglose y coincidencia de los conceptos y cantidades a las que resultó condenado en el laudo, así como las cantidades retenidas por concepto del impuesto, sin necesidad de que la autoridad laboral proceda a examinar si el cálculo del entero fue o no correcto, pues en caso de que resulte defectuoso, no se deja en estado de indefensión al trabajador, ya que tiene expedito su derecho para solicitar ante la autoridad hacendaria la devolución de las cantidades que le hayan sido retenidas en forma indebida y corresponderá a la autoridad fiscal su revisión, consecuentemente no es requisito indispensable para efecto de tener por cumplido el laudo que el patrón exhiba el documento en el que acredite la deducción del impuesto para justificar el monto de las prestaciones que debió pagar al trabajador, o la constancia de que enteró la cantidad que retuvo al trabajador como impuesto del producto del trabajo." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante el secretario Hilario Nuñez Arvizu quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/HNA/msm

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, quince de marzo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: téngase por recibido el oficio signado por el Presidente y la Secretario Comisionado, ambos de la Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, por medio del cual remite copia certificada de la certificación de seis de marzo de dos mil dieciocho, de la que se desprende que el juicio laboral fue turnado para el estudio del proyecto del laudo y la elevación del mismo; en virtud de lo anterior, se tiene a la autoridad responsable en vías de cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por lo tanto; bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, para que en el término de tres días tres días, siguientes a que transcurra el plazo señalado por los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo, remita copia certificada del laudo dictado dentro del juicio laboral 11/2011/1-A. Bajo apercibimiento que, de no hacerlo así, sin causa justificada, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, se le impondrá multa de conformidad con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Finalmente, se hace del conocimiento de la autoridad requerida que el comunicado por el cual dé respuesta a este mandato judicial federal, deberá contener la leyenda "SE CUMPLE REQUERIMIENTO DE TÉRMINO". Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante el secretario Hilario Nuñez Arvizu, que certifica que la presente actuación, la promoción y anexos que aquí se proveen coinciden en su integridad con los que obran en el expediente electrónico. Doy fe. SSM.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintidós de febrero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se advierte que en acuerdo de uno de febrero de dos mil trece (folio 165), se dio vista a las partes con las constancias aportadas por la responsable, en cumplimiento al fallo protector, por el término de tres días, a efecto de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisas, este órgano se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que obren en autos. Dicho acuerdo les fue notificado el siete y doce de febrero de dos mil dieciocho, lo que se aprecia de las constancias de notificación correspondientes (fojas 168 a 170), sin que desahogaran dicha vista. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la ley de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento. Al respecto, debe decirse lo siguiente: El quince de diciembre de dos mil diecisiete, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: ". a) Deje insubsistente el acuerdo de quince de agosto de dos mil diecisiete, dictado dentro de los autos del juicio laboral número 3632/2010-F1, promovido por la ahora tercera interesada Ángela María Díaz Sierra, en contra del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, a través del cual se le impuso a éste una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en esa zona; y b) En su lugar emita otra determinación, con libertad de jurisdicción, en la que de considerar la imposición de nuevo de una medida de apremio (multa) deberá fundar y motivar su procedencia, esto es, deberá razonar y justificar el monto al que habrá de ascender tal sanción, conforme a los argumentos a que se hicieron mención en el presente fallo. ." Así las cosas, mediante acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho (folios 156 y 157), causó ejecutoria la sentencia dictada en autos y se ordenó requerir a las responsables por el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Luego, en acuerdo de uno de febrero de dos mil dieciocho (foja 165), se recibió el comunicado remitido por la responsable, en el que se advierte que dentro del expediente laboral 3632/2010-F1 de su índice, dejó insubsistente el acuerdo de quince de agosto de dos mil diecisiete, por el que impuso a la quejosa una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en esta zona, y en su lugar emitió uno nuevo, atendiendo a las consideraciones del fallo protector. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Por lo tanto, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente, se estima que la responsable en el presente sumario constitucional, acató el fallo protector en su totalidad, sin excesos ni defectos, lo que se demuestra con la documental señalada con anterioridad, pues el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, dejó insubsistente el acuerdo de quince de agosto de dos mil dieciocho, dejó sin efectos la multa impuesta y se pronunció nuevamente. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del arábigo 196, en correlación con el 214 de la ley de la materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. En virtud de que el presente asunto no encuadra en ninguna de las hipótesis de destrucción previstas en alguno de los supuestos del Capítulo Quinto, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente; este órgano jurisdiccional considera, que el presente juicio de garantías es susceptible de depuración, en virtud de que en él, se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; asimismo, es preciso señalar que el presente asunto no es de relevancia documental. Por otra parte, por lo que respecta a los cuadernos del incidente de suspensión, se considera conforme al acuerdo en comento que, el duplicado es destruible una vez transcurridos seis meses, en tanto el original es susceptible de depuración una vez transcurridos cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en virtud de que se concedió la suspensión definitiva solicitada. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante el secretario Rodrigo Guzmán López, quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/HNA/prm

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, nueve de febrero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: téngase por recibido el oficio que suscribe el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, y en atención a lo que manifiesta, hágase de su conocimiento que las constancias solicitadas por este juzgado son únicamente, de existir en el juicio de amparo 1553/2017, así como en el expediente agrario 423/1997, copia certificada de la que se desprenda el carácter que tienen Fernando Bogarin Mora, Gabriel Cruz Rangel y Francisco Galván Almaras, quienes se ostentan como Presidente, Secretario y Vocal del Comité Particular de primera ampliación de tierras del Ejido Ignacio L. Vallarta, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por resultar necesaria para proveer el escrito presentado por los mencionados anteriormente en este juicio constitucional, no así de la totalidad de constancias. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante el secretario Hilario Nuñez Arvizu quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/HNA/msm

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