Rodrigo Ramos García
Expediente 1340/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1340/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Rodrigo Ramos García
Actuaciones
- Principal
PRAL-1340/2017-M1A& San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. ... Agréguese el oficio 3176 del secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, mediante el que comunica que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este Juzgado, para conocer de la demanda de amparo promovida....archívese este expediente como definitivamente concluido. Notifíquese.
- Principal
PRAL 1340/2017 1A" San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de noviembre de dos mil diecisiete. ... Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado en su demanda de amparo para tal efecto. ...
- Principal
NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de noviembre de dos mil diecisiete. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada el veintinueve de noviembre del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en este municipio y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, promovida por Rodrigo Ramos García, contra actos del fiscal General de Justicia en el Estado de Oaxaca y de otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese su ingreso en el libro respectivo con el número 1340/2017. Competencia legal. Por ser un presupuesto procesal que trasciende al orden público, se analiza en primer término, el relativo a la competencia. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas de competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio constitucional, entre las cuales se encuentra la siguiente: ? Cuando el acto reclamado tiene efectos ejecutivos, la competencia por razón de territorio se fija en atención a cuatro supuestos que giran en torno al espacio o lugar territorial donde: a) deba tener ejecución, b) trate de ejecutarse, c) se esté ejecutando o d) se haya ejecutado el acto reclamado. Hipótesis que determinan la competencia territorial de los jueces de Distrito conforme a razones de índole funcional que permitan realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, eligiendo factores que deben considerarse preferentes para fijar esa competencia en materia de amparo, entre varias opciones, criterios relacionados con la ejecución del acto, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos. Así, para determinar la competencia de un juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse, en este último caso, al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse. En el caso particular, el quejoso reclama la falta del debido proceso penal, consistente en que se han dejado de valorar todos los elementos de medidas alternas en el proceso penal 320/2017, instruido por el juez de Control de Proceso encargado de los juicios orales de Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca; así como el derecho a fianza, imponiéndole la pena máxima, reclasificando el delito de querella por el de oficio, sin existir pruebas en el proceso que determinen el cambio de imputación y pide se analice la figura la prescripción de la acción penal (sic). Solicita se le conceda la protección constitucional para que: 1. Se deje sin efecto el auto de vinculación a proceso dictado en ese proceso, por el delito de fraude, cometido en perjuicio de Crispín Lara García. 2. Se emita nueva resolución en la que, con libertad de jurisdicción, la responsable: a) Analice el delito de fraude a través del medio comisivo, consistente en el contrato de compraventa que es de carácter civil y no penal. b) Al valorar todas y cada una de las pruebas que existen en la carpeta de investigación, considere que se trata de un contrato civil y no penal. c) Analice los hechos y establezca si fue requerido judicialmente del cumplimiento del contrato de compraventa. d) En el supuesto de que se demuestre el delito de fraude, se estudie si se acreditó la existencia previa de los bienes inmuebles sobre los que recayó el apoderamiento ilegítimo, y establecer si tiene derecho al pago de fianza para gozar de su libertad caucional. e) Analice la figura de prescripción de la acción penal. Luego, refiere el quejoso, que le perjudica el auto de imputación y sujeción a proceso, en el que se determinó la prisión preventiva e internamiento en el reclusorio regional de Pochutla, Oaxaca. Y como antecedentes de los actos reclamados menciona que el nueve de noviembre de dos mil diecisiete, fue detenido en cumplimiento a la orden de aprehensión librada en la causa penal de referencia. Que el juez de Control de Proceso encargado de los juicios orales en Puerto Escondido, Oaxaca, resolvió su situación jurídica en el que, a petición del Ministerio Público, se le dictó prisión preventiva, encontrándose privado de su libertad en el reclusorio regional de San Pedro Pochutla, Oaxaca. Así, se aprecia que esa falta de valoración de todos los elementos de medidas alternas en el proceso penal 320/2017, instruido por el juez de Control de Proceso encargado de los juicios orales de Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca; así como el derecho a fianza, imponiéndole la pena máxima, reclasificando el delito de querella por el de oficio, sin existir pruebas en el proceso que determinen el cambio de imputación y la falta de análisis de la figura la prescripción de la acción penal, que señala como acto reclamado; tienen su origen en la resolución por la que decretó auto de vinculación a proceso en su contra, por la comisión del delito de fraude cometido en perjuicio patrimonial de Crispín Lara García, dictada en el expediente penal 320/2017, por el juez de Control de Procesos en los Juicios Orales de Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, como consecuencia, la imposición de prisión preventiva que se encuentra cumpliendo en el reclusorio regional de San Pedro Pochutla, Oaxaca. Entonces, los actos reclamados implican ejecución material, pues, por una parte, en Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, reside la autoridad que emitió el auto de vinculación a proceso, a la que le reclama esa falta de valoración de pruebas al dictar dicha resolución, y ante el que está sometido, bajo ese procedimiento. Y, por otra parte, ese derecho a fianza que dice tener, es porque se encuentra privado de su libertad cautelarmente, en el reclusorio regional de San Pedro Pochutla, Oaxaca, bajo los efectos de la prisión preventiva que le impuso dicha autoridad judicial, a petición del agente del Ministerio Público que intervino en la audiencia de imputación. En consecuencia, la competencia para conocer de la demanda de amparo, conforme con lo establecido por el punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitario de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se surte a favor del juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con residencia en Salina Cruz, que ejerce jurisdicción sobre Puerto Escondido y San Pedro Pochutla, Oaxaca, lugar de residencia del juez de Control de Procesos que instruye la causa penal 320/2017 y lugar en el que se encuentra el reclusorio en el que está privado de su libertad. Se invoca en apoyo, por tratar sobre el tema, la siguiente jurisprudencia: Décima Época Registro: 160608 Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 118/2011 (9a.) Página: 2183 COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad. Ello, no obstante que también señale como autoridad responsable al fiscal general de Justicia en el Estado de Oaxaca, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, así como al vicefiscal regional de Puerto Escondido, y agente del Ministerio Público encargado de la comunicación de imputación en ese proceso penal; ya que, como se dijo, se duele de que se encuentra privado de su libertad como consecuencia de la intervención del Ministerio Público que pidió su prisión preventiva, misma que, a su vez, derivó de la resolución de vinculación a proceso que se le dictó. Por tanto, con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, declinándola a favor del juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, por lo que se ordena remitirle dicha demanda y siete copias de la misma, a fin de proceda conforme a sus facultades legales. Se ordena formar cuaderno de antecedentes y realizar las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado en su demanda de amparo para tal efecto.
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