Rodrigo Preciado Bravo
Expediente 1270/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 45 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1270/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 45
- Última actuación
- 22/11/2021
Partes del expediente
- Rodrigo Preciado Bravo
Actuaciones
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- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el veintisiete de octubre del presente año, pronunciado dentro de los autos del presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en la se sobreseyó en el asunto en que se actúa ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo glósese a los presentes autos el cuaderno original del incidente de suspensión y, en su oportunidad, archívense los autos como asunto totalmente concluido. Sin que se oponga a la anterior determinación, el que no se encuentren agregados los acuses de recibo de los oficios por el que se ordenó notificar a las autoridades responsables foráneas la resolución constitucional pronunciada en autos toda vez que se estima que con ello no se causa algún agravio a las mismas, entendiendo como tal, todo menoscabo, lesión, ofensa o perjuicio en su esfera jurídica o en su patrimonio, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente con motivo de la actividad u omisión del órgano jurisdiccional que esté conociendo del asunto o haya tenido conocimiento de él; ello acontece en el caso, en virtud de que, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta en dicha sentencia se sobreseyó el juicio, por los actos a ellas reclamados. En este orden de ideas, si establecemos que el recurso de revisión que dispone el artículo 81 de la ley de la materia es el medio de impugnación para el caso de que el recurrente considere que se le ha causado un agravio, y su objetivo es que un órgano superior, examine la resolución dictada por el inferior para obtener una mejoría jurídica de la resolución impugnada, ya sea por revocación o modificación del asunto de que se trate, y que el diverso numeral 87 de la legislación invocada, establece que las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que a cada una de ellas se haya reclamado; en consecuencia, como se apuntó en la sentencia emitida en autos, en este caso en particular, sobreseyó por los actos que a ellas se atribuyen, por tanto, se llega al convencimiento de que no existe tal afectación; aunado a que, el presente asunto no se encuentra en los supuestos que establece la parte final del primer párrafo del citado numeral. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial número XX.J/741, del rubro siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ. A mayor abundamiento, cabe puntualizar que si conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5 de la invocada legislación, debiendo por ello seguirse por el agraviado, su representante, apoderado o por su defensor, lo que significa que tanto la promoción del amparo como sus recursos e instancias se seguirán siempre por persona interesada o sea, aquella a quien el acto reclamado o la actuación u omisión impugnados causen un agravio personal y directo; es evidente que siendo esto un principio fundamental del juicio constitucional que legitima a los promoventes, para accionar, y al haberse sobreseído el presente juicio, las autoridades responsables carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión en cuestión, dado que, con el dictado de la sentencia correspondiente ha quedado agotada su actuación, de modo que el interés para que en todo caso tal determinación subsista o no, sólo la tiene la parte promovente. Por las razones que la informan, cabe mencionar la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, que expresa en su rubro: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA 1 Visible en la página 84, del Tomo 83, Noviembre de 1994, Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 2 Visible en la página 259, del Tomo II, Diciembre 1995, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. INTERPONERLA EL TRIBUNAL EMISOR DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 21, inciso a), y 18, fracción I, inciso a), ambos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente juicio de amparo y el cuaderno original del incidente de suspensión relativo al mismo, atendiendo a sus particularidades, son destruible y depurable, respectivamente, y carecen de relevancia documental, por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, procédase a su destrucción en términos del penúltimo párrafo del referido dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro. Ahora, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el duplicado del incidente de suspensión se encuentra dentro de la hipótesis que establece el artículo 20, fracción II, inciso a), capitulo octavo del acuerdo en mención, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que instaura las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por tanto, el mencionado duplicado es susceptible de destrucción; consecuentemente, una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el primer párrafo del numeral 20 del citado acuerdo, procédase a su destrucción; lo que se estima acontecerá a partir del veintitrés de mayo de dos mil veintidós.
- Principal
Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 74, 75, 76, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo se R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido Rodrigo Preciado Bravo, respecto de los actos que reclamó a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero, por los motivos expuestos en la presente sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta resolución constitucional.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atento a lo vertido en la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante proveído de seis de septiembre pasado, se concedió el término de tres días a la parte quejosa, a efecto que manifestara lo que a su interés legal conviniera, respecto a la inexistencia de la autoridad que denominó como Comisionado General de la Policía Federal, con sede en la Ciudad de México; sin que haya realizado manifestación alguna, no obstante de encontrarse debidamente notificada de dicho auto, desde el diez de los corrientes. Así entonces, se hace efectivo el apercibimiento inmerso en dicho auto, y al efecto se tienen como inexistentes las autoridades en comento, asimismo, se ordena suspender toda comunicación con las mismas.
- Principal
Visto el estado de autos y atento a lo asentado en la certificación de cuenta, se advierte que en los autos del presente juicio, a la data en que se actúa esta surtiendo efectos la notificación practicada a la parte quejosa el diez de los corrientes, en relación al proveído de seis de septiembre pasado, en el que se ordenó dar vista con la inexistencia de la autoridad que señaló como responsable denominada Comisionado General de la Policía Federal, con sede en la Ciudad de México. Consecuentemente, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y se fijan en su lugar, las diez horas del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, para su celebración.
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