Rodrigo Pérez Gómez
Expediente 533/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 533/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/05/2018
Partes del expediente
- Rodrigo Pérez Gómez
- Rodrigo Pérez Gómez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimos y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Juez Tercero del Ramo de lo Civil de este Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esta ciudad. 2. Actuario Judicial adscrito al Juzgado Tercero del Ramo de lo Civil, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 533/2018-2-B. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: ".De la ordenadora 1.- La sentencia Definitiva de fecha 29 de Agosto del 2012 el expediente 83/2013, Emitid por el Juez Tercero del ramo de lo civil de esta ciudad capital, De la ejecutoria. Reclamó la ejecución de todos los actos que reclamo de las ordenadoras y en especial la desposesión que pretende hacer en perjuicio de la suscrita del inmueble mencionado." (sic). Cabe precisar que, de la lectura integral de la demanda se desprende que el acto tildado de inconstitucional por los quejosos es la ilegal notificación de la sentencia emitida el veintinueve de agosto de dos mil doce, dentro del juicio 83/2013, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, así como sus consecuencias, entre ellas, la desposesión de bienes. Lo anterior, pues a juicio de esta juzgadora se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo, 61, de la Ley de Amparo, que señala: "61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." De la cita que antecede se aprecia que el principio de definitividad refiere a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar el acto impugnado. Ello, ya que al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto de las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. Asimismo, la hipótesis -acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que el acto impugnado puede ser modificado, revocado o anulado, a través del medio de defensa ordinario establecido en la norma secundaria, en el caso concreto, el incidente de nulidad de notificaciones previsto en los numerales 419, 420 y 421, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas; en relación con los similares 76 a 78 de la citada codificación; preceptos que a la letra establecen: "Artículo. 419.- Los incidentes se tramitaran con un escrito de cada parte y tres días para resolver. Artículo. 420.- Si se promoviere prueba, deberá ofrecerse en los escritos relativos, fijando los puntos sobre que debe versar, y se citara para una audiencia indiferible en la que se reciba la prueba, se oigan brevemente las alegaciones y se dicte la resolución (reformado, p.o. 29 de agosto de 1990). Artículo. 421.- La sentencia admitirá apelación en el efecto devolutivo, salvo la del incidente de nulidad por falta de emplazamiento, que será en ambos efectos y en los casos en que la ley expresamente lo determine. Las resoluciones que en segunda instancia resuelvan un incidente no admiten recurso alguno". En efecto, como se dijo anteriormente, no obstante la parte quejosa señaló como actos reclamados la sentencia definitiva de veintinueve de agosto de dos mil doce dictada en el expediente 83/2013, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil de esta ciudad, así como, su ejecución consistente en la desposesión que se pretende hacer en su perjuicio, de la lectura íntegra de la demanda de amparo así como de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realizó la parte quejosa, se advierte que de lo que se duele en la instancia constitucional es de la ilegal notificación que se realizó de dicha sentencia definitiva, por lo que, a juicio de quien ahora resuelve, es dable su impugnación a través del incidente de nulidad de notificaciones previsto en los numerales 419, 420 y 421, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, pues la parte quejosa, figura como parte demandada en el juicio de origen, quien además, bajo protesta de decir verdad manifestó haber dado contestación a la demanda instaurada en su contra. De ahí que debe ajustarse a los preceptos legales que regulan el procedimiento de que se trate, esto es, debe hacer uso de los medios ordinarios de impugnación, antes de acudir al juicio de amparo; además, tampoco se desprende que el acto reclamado se ubique en alguno de los supuestos de excepción previstos en los incisos a), b) o c), de la citada fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al advertirse que los impetrantes no agotaron el incidente nulidad de notificaciones previamente a la promoción del juicio de amparo, a pesar de que se encontraban obligados, en función del principio de definitividad que rige en el mismo, y que consiste precisamente en que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se agoten todos los recursos o medios de defensa que la ley otorgue a las partes de un juicio o procedimiento, es que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Al caso, resulta aplicable por analogía la tesis IV.1o.C.52 C , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. EL INCIDENTE RELATIVO CONSTITUYE UN MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO QUE DEBE AGOTARSE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AUNQUE LA PARTE AFECTADA AFIRME HABERSE ENTERADO DE LA ILEGAL NOTIFICACIÓN DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA." En las relatadas consideraciones, si la parte promovente no agotó el medio de defensa ordinario establecido en la ley para combatir los actos que reclama en esta instancia constitucional, esto es, cumplir con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, se colige que en el caso se actualizan de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 en relación con el diverso 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por los quejosos, por resultar notoriamente improcedente. Desechamiento que se hace extensivo a los actos que los quejosos señalaron como la sentencia definitiva de veintinueve de agosto de dos mil doce dictada en el expediente 83/2013, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil de esta ciudad, así como por la orden de desposesión, ya que dichas actuaciones no fueron reclamadas por vicios propios. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase notificaciones el que señala en su escrito de demanda. Con fundamento en el artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizados en términos restringidos a José Alejandro Galindo Herrera y Romeo Aquino Ozuna, toda vez que no cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; lo anterior, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese."
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