Rodrigo Ortiz Reyes
Expediente 290/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 20 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 290/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 21/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rodrigo Ortiz Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia de dos de agosto de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó el presente juicio; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse únicamente sobreseído el juicio, por el contrario, el original del incidente de suspensión relativo al juicio en que se actúa, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción y depuración de los mismos; en el entendido de que se procederá con posterioridad al VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. En cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por lo tanto, agréguesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional.
- Principal
[...] se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo número 290/2018, promovido por *****, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en el considerando segundo, atento a los argumentos vertidos en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que se le efectuó por auto de veintiocho de junio de la presente anualidad, informa que por oficio FGE/DGJ/SACP/2379/2018, de veintinueve de junio del año en curso, instruyó al Fiscal de Distrito de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Noveno Distrito Judicial, con sede en Misantla, Veracruz, para que de manera inmediata rinda el informe justificado que se le solicitó en el presente juicio; en consecuencia, agréguese únicamente para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. Finalmente, téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable denominada Fiscal de Distrito de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial IX en Misantla, Veracruz; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes agréguese para que surta sus efectos legales procedentes, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que la autoridad responsable Fiscal de Distrito de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial IX en Misantla, Veracruz, aún no ha rendido su informe justificado, a pesar de encontrarse debidamente notificada desde el diecisiete de abril del presente año, del proveído de nueve del mismo mes y año citado, por el que se le requirió, y desde el veinticinco de mayo del año en curso, del diverso auto de veintiuno de mayo de la presente anualidad, por el que se le reiteró dicho requerimiento; por tanto, resulta necesario requerir por última ocasión a la referida autoridad responsable a fin de que dentro del improrrogable término de veinticuatro horas, siguientes al que reciba la notificación del presente proveído, remita las constancias relativas al acto reclamado, a fin de ser valoradas, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ya que este órgano jurisdiccional tiene la obligación de allegarse de las constancias necesarias para resolver el presente controvertido, o informe a este juzgado la imposibilidad que se le presente para cumplir con lo requerido, apercibido que de no hacerlo en el tiempo y forma en que se indica, se le hará efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en auto de veintiuno de mayo del año en curso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia adoptada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Atento a lo anterior, y dada la contumacia de la autoridad responsable Fiscal de Distrito de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial IX en Misantla, Veracruz, en remitir su informe justificado y en su caso las constancias relativas a la emisión del acto reclamado, se ordena requerir a su superior jerárquico que en el caso lo es el Fiscal General del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, a fin de que ordene a la autoridad responsable cumplir con el requerimiento hecho en párrafos anteriores, debiendo demostrar a este órgano jurisdiccional que emitió las ordenes necesarias a fin de que se cumpla el objetivo antes precisado, apercibido que de no hacerlo así o no demostrar que cumplió con tal requerimiento se le impondrá una multa de cien días de salario, como lo dispone el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que en su lugar se fijan las DIEZ HORAS DEL DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo.
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