Rodrigo Omar Tomas Camacho

Expediente 899/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
899/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
30/11/2020

Partes del expediente

  • Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco
  • Rodrigo Omar Tomas Camacho

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Revisados los presentes autos, se advierte que no obra constancia de notificación de la parte quejosa, relativa al proveído de veinticinco de agosto de dos mil veinte, en el cual, se ordenó dejar a disposición la póliza de fianza número 2234795, expedida por la cantidad de $1´000,000.00 (un millón de pesos 00/100 moneda nacional); por tanto, y en obvio de evitar mayores dilaciones, se comisiona al actuario de la adscripción, a fin de que notifique de inmediato el citado auto; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y cúmplase.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta se provee: téngase por recibido el oficio signado por la Directora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaría de la Hacienda Pública, del Gobierno del Estado de Jalisco, el cual, se ordena agregar a los autos del presente asunto, en virtud de que en acuerdo de veintitrés del mes y año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, por lo que resulta innecesario proveer respecto del ocurso de cuenta. Notifíquese.

  3. Principal

    AVISO. Por medio del presente, notifico a la PARTE QUEJOSA, la resolución de veintitrés de octubre de dos mil veinte, que dice: "Por recibido el oficio de la directora de lo contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, mediante el cual con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinden informe justificado. Pruebas. Por otra parte, se tienen como medios de convicción de la oficiante las copias certificadas que remite en apoyo a su informe justificado, las cuales se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, en términos del numeral 119 de la ley de la materia. Nombra delegados y señala domicilio. Atento a lo que solicita, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se le tiene nombrando como sus delegados en términos del citado numeral a las personas que refiere en su oficio de cuenta y designando domicilio para oír y recibir notificaciones. Causales de improcedencia. Atento a su contenido, se le tiene haciendo valer causales de improcedencia, conforme lo prevé el artículo 64 de la ley de la materia. Se sobresee fuera de audiencia. Ahora, de las constancias certificadas que se adjuntaron, se advierte que ha sobrevenido una causa de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Pues bien, el motivo de improcedencia previsto por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, consiste en que la autoridad responsable con motivo de su actuación deroga, revoca, extingue o deja insubsistente el acto reprochado en sede constitucional que motivó el juicio de amparo, es decir, cesan los efectos del mismo. Así, de una interpretación lógico-jurídica de la norma en estudio, se colige la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) por revocación y, b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial, equiparándose a una concesión de amparo. Mientras que el segundo supuesto (sustitución), se presenta cuando en contra del acto de autoridad impugnado se dicta uno nuevo que incide en el primero pues en este supuesto, de tal manera que la causa de improcedencia se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia de aquel que se reclama. La hipótesis descrita en el precepto y fracción mencionada señala que es improcedente el juicio de amparo cuando el acto tildado de inconstitucional en la vía constitucional ha cesado en sus efectos jurídicos. Ahora, en el caso, el acto tildado de inconstitucional en el juicio de amparo en el que se actúa es: La omisión de la autoridad responsable de pronunciarse respecto de la solicitud de devolución del pago de lo indebido, realizada por el aquí impetrante. Luego, de las constancias que acompañó a su informe la referida autoridad se advierte que han cesado los efectos de tales actos reclamados por sustitución procesal, dado que mediante oficio SHP/DGI/573/2020, de nueve de octubre del año en curso, el Director General de Ingresos de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, se pronunció favorablemente respecto de lo solicitado por el impetrante, esto es, determinó la procedencia del pago de lo indebido peticionado y ordenó la devolución del pago de ello, resolución que fue notificada a la parte hoy quejosa el catorce del mes y anualidad que transcurren. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio del tenor siguiente: "CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Bajo ese contexto, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas en el presente juicio de amparo, para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las catorce horas con seis minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa."

  4. Principal

    Por recibido el oficio de la directora de lo contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, mediante el cual con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinden informe justificado. Pruebas. Por otra parte, se tienen como medios de convicción de la oficiante las copias certificadas que remite en apoyo a su informe justificado, las cuales se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, en términos del numeral 119 de la ley de la materia. Nombra delegados y señala domicilio. Atento a lo que solicita, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se le tiene nombrando como sus delegados en términos del citado numeral a las personas que refiere en su oficio de cuenta y designando domicilio para oír y recibir notificaciones. Causales de improcedencia. Atento a su contenido, se le tiene haciendo valer causales de improcedencia, conforme lo prevé el artículo 64 de la ley de la materia. Se sobresee fuera de audiencia. Ahora, de las constancias certificadas que se adjuntaron, se advierte que ha sobrevenido una causa de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Pues bien, el motivo de improcedencia previsto por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, consiste en que la autoridad responsable con motivo de su actuación deroga, revoca, extingue o deja insubsistente el acto reprochado en sede constitucional que motivó el juicio de amparo, es decir, cesan los efectos del mismo. Así, de una interpretación lógico-jurídica de la norma en estudio, se colige la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) por revocación y, b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial, equiparándose a una concesión de amparo. Mientras que el segundo supuesto (sustitución), se presenta cuando en contra del acto de autoridad impugnado se dicta uno nuevo que incide en el primero pues en este supuesto, de tal manera que la causa de improcedencia se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia de aquel que se reclama. La hipótesis descrita en el precepto y fracción mencionada señala que es improcedente el juicio de amparo cuando el acto tildado de inconstitucional en la vía constitucional ha cesado en sus efectos jurídicos. Ahora, en el caso, el acto tildado de inconstitucional en el juicio de amparo en el que se actúa es: La omisión de la autoridad responsable de pronunciarse respecto de la solicitud de devolución del pago de lo indebido, realizada por el aquí impetrante. Luego, de las constancias que acompañó a su informe la referida autoridad se advierte que han cesado los efectos de tales actos reclamados por sustitución procesal, dado que mediante oficio SHP/DGI/573/2020, de nueve de octubre del año en curso, el Director General de Ingresos de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, se pronunció favorablemente respecto de lo solicitado por el impetrante, esto es, determinó la procedencia del pago de lo indebido peticionado y ordenó la devolución del pago de ello, resolución que fue notificada a la parte hoy quejosa el catorce del mes y anualidad que transcurren. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio del tenor siguiente: "CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Bajo ese contexto, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas en el presente juicio de amparo, para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las catorce horas con seis minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

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