Rodrigo Ocejo Calderón
Expediente 286/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 286/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/09/2023
Partes del expediente
- Rodrigo Ocejo Calderón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
se ordena notificar por lista el presnete proveido que en sintesis dice: vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término para interponer el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, en contra del auto de diez de junio mil veintiuno, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 354, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. En ese sentido, de conformidad con el artículo 20, inciso I), del Acuerdo General en cita, se establece que atendiendo a las particularidades de este asunto, es destruible y carece de relevancia documental por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como en la relación que se integre para su transferencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Digitalización. De conformidad con el artículo 25 del multicitado Acuerdo, se instruye al Secretario encargado del asunto para que verifique que la versión electrónica coincida en la totalidad con la impresa, previo a la transferencia de la documentación. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por las partes no es necesario requerirlas para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de reclusión.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, Baja California, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que les fue requerido. Por otro lado, con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la autoridad oficiante, las documentales que exhibe en el oficio, las cuales se desahogan en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas el día que tenga verificativo la audiencia constitucional. Ahora bien, de las constancias exhibidas por la autoridad responsable y por ser un motivo manifiesto e indudable se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" Asimismo, el diverso numeral 63, fracción V, del mencionado ordenamiento jurídico, señala que procede el sobreseimiento del juicio de amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el numeral antes citado. En ese contexto, se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En ese sentido, la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien por una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener efectos jurídicos. De tal manera que la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de derechos fundamentales. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo porque el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso; y, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica es constitucional o no. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Página: 38, Novena Época, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En vinculación directa con lo anterior, es de suma importancia advertir que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación y; b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; por ejemplo, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. De lo anterior, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, y da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando sin revocar o dejar insubsistente el acto, la autoridad sustituye la que dio motivo al amparo. En este orden, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que se actualiza tal causa de improcedencia en el juicio, cuando éste se promueva en contra de una omisión de la autoridad respecto de una petición o instancia promovida por un particular y la autoridad emite una respuesta expresa a dicha petición, o se resuelva la instancia respectiva. Esto es, debe considerarse que ante la respuesta de la autoridad los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la conducta omisiva de la responsable. El anterior criterio se asentó en la Jurisprudencia 2a./J. 205/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, enero de 2009, página 605, registro 168189, la cual es aplicable al caso por identidad de razón y que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Por lo que se concluye que el acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta al escrito solicitando el beneficio de libertad anticipada denominada remisión parcial de la pena. Ahora bien, la autoridad Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, Baja California, dentro de las constancias que exhibió en el respectivo informe justificado, se advierte que señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia para resolver respecto de la petición solicitada. Constancias a las que se les da valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, la documental que en copia certificada anexa al oficio que se provee. En ese orden de ideas, para este juzgador es un motivo manifiesta e indudable, la casual de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo y atento a ello, procede decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J.10/2003, de la Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo: XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De igual modo resulta aplicable al respecto, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Anteriores, criterios que aun y cuando interpretan artículos de la legislación abrogada, lo cierto es que al no oponerse con el contenido de la Ley de Amparo vigente, siguen siendo aplicables. Por lo antes expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada para las doce horas con cuarenta minutos del uno de julio de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional.
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