Rodrigo Miguel Lopez Hernandez

Expediente 1180/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1180/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
17/11/2021

Partes del expediente

  • Rodrigo Miguel Lopez Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso b) (expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    PREVIO AVISO...Número de expediente: 1180/2021 Acuerdo: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Rodrigo Miguel López Hernández, contra actos del Director de Servicios Jurídicos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; con registro de este Juzgado 1180/2021. Examinada en su integridad la demanda constitucional, se advierte que es notoria la improcedencia, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la ley en cita, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". (.) "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". (.) "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Las notas que distinguen a una autoridad, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Así, lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la página 39, tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 2001, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Establecido lo anterior, es pertinente señalar que el acto reclamado por el impetrante consiste en: La omisión de dar respuesta y notificar, la petición presentada el dos de julio del año en curso, en la que solicitó la expedición de una constancia de liberación de salarios, a partir de la quincena 06/2021 a la quince 12/2021, para ingresarla al área de pagaduría y le sean liberados sus cheques de pago. En el caso, no se está en presencia de actos de autoridad, ya que entre el aquí quejoso y la responsable que designa, perteneciente al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, existe una relación de coordinación y no de supra a subordinación, por lo que no es procedente el juicio de amparo. En efecto, no le reviste el carácter de responsable, pues el acto que se combate se refiere a cuestiones inherentes como trabajador (docente) del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; luego, se está en un plano de igualdad, y el acto de la responsable no debe estimarse de autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de la existencia de una relación de coordinación y no de supra a subordinación. Es aplicable al caso la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), localizable en la página: 1956, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia(s): Común, Laboral, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital: 2011343, que señala: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación. Robustece lo anterior, por analogía, la tesis XXIV.2o.6 L (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, registro digital: 2023318, localizable también en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Julio de 2021, Tomo II, página 2286, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO TIENEN ESE CARÁCTER EL DELEGADO NI EL JEFE DE DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA (IFDP) EN EL ESTADO DE NAYARIT, CUANDO EMITEN ACTOS QUE INCIDEN DIRECTAMENTE EN EL ÁMBITO LABORAL DE UN ASESOR JURÍDICO FEDERAL ADSCRITO A DICHO ÓRGANO. Hechos: Un asesor jurídico federal adscrito a la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) en el Estado de Nayarit, promovió juicio de amparo indirecto contra diversos oficios emitidos tanto por el titular, como por el jefe de departamento de aquélla, a través de los cuales hacen del conocimiento de todo el personal que ostenta el mismo cargo que el quejoso, el horario de laborales y la fecha a partir de la cual deberán registrar su entrada y salida del centro de trabajo. El Juez de Distrito desechó de plano la demanda, al considerar que los actos reclamados no provenían de una autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que aquélla era notoriamente improcedente. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el delegado y el jefe de departamento del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Nayarit, no tienen el carácter de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando emiten actos que inciden directamente en el ámbito laboral de un asesor jurídico federal adscrito a dicho órgano, al no derivar de una relación de supra a subordinación. Justificación: Lo anterior es así, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", determinó que las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo son: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En ese tenor, la comunicación del horario de labores y la orden de registrar el ingreso y salida del centro de trabajo se dan en un plano de igualdad; de ahí que atendiendo a la naturaleza de dichos actos, sólo se afectan derechos laborales, pues derivan de la relación de trabajo que existe entre el ahora recurrente y su patrón equiparado -Instituto Federal de Defensoría Pública- por lo que la vía constitucional no es la idónea para reclamarlos ya que, con fundamento en los artículos 152, 153, 154, 158, 160 y 161 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio de Estado, en relación con el diverso 81, fracción XXV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo conducente es el procedimiento ante la Comisión Substanciadora Única, por ser el órgano encargado de tramitar los conflictos de trabajo que se suscitan entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores públicos". Lo expuesto permite establecer que la señalada como responsable, no resulta ser autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues el acto reclamado se suscita entre particulares en materia de derecho laboral, de ahí la existencia de una relación de coordinación y no de supra a subordinación. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el arábigo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda constitucional. En otro aspecto, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizados a las personas que designa, con las facultades del numeral 12 de la ley de la materia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el Actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (doce horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Rodrigo Miguel López Hernández, contra actos del Director de Servicios Jurídicos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; con registro de este Juzgado 1180/2021. Examinada en su integridad la demanda constitucional, se advierte que es notoria la improcedencia, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la ley en cita, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". (.) "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". (.) "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Las notas que distinguen a una autoridad, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Así, lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la página 39, tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 2001, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Establecido lo anterior, es pertinente señalar que el acto reclamado por el impetrante consiste en: La omisión de dar respuesta y notificar, la petición presentada el dos de julio del año en curso, en la que solicitó la expedición de una constancia de liberación de salarios, a partir de la quincena 06/2021 a la quince 12/2021, para ingresarla al área de pagaduría y le sean liberados sus cheques de pago. En el caso, no se está en presencia de actos de autoridad, ya que entre el aquí quejoso y la responsable que designa, perteneciente al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, existe una relación de coordinación y no de supra a subordinación, por lo que no es procedente el juicio de amparo. En efecto, no le reviste el carácter de responsable, pues el acto que se combate se refiere a cuestiones inherentes como trabajador (docente) del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; luego, se está en un plano de igualdad, y el acto de la responsable no debe estimarse de autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de la existencia de una relación de coordinación y no de supra a subordinación. Es aplicable al caso la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), localizable en la página: 1956, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia(s): Común, Laboral, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital: 2011343, que señala: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación. Robustece lo anterior, por analogía, la tesis XXIV.2o.6 L (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, registro digital: 2023318, localizable también en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Julio de 2021, Tomo II, página 2286, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO TIENEN ESE CARÁCTER EL DELEGADO NI EL JEFE DE DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA (IFDP) EN EL ESTADO DE NAYARIT, CUANDO EMITEN ACTOS QUE INCIDEN DIRECTAMENTE EN EL ÁMBITO LABORAL DE UN ASESOR JURÍDICO FEDERAL ADSCRITO A DICHO ÓRGANO. Hechos: Un asesor jurídico federal adscrito a la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) en el Estado de Nayarit, promovió juicio de amparo indirecto contra diversos oficios emitidos tanto por el titular, como por el jefe de departamento de aquélla, a través de los cuales hacen del conocimiento de todo el personal que ostenta el mismo cargo que el quejoso, el horario de laborales y la fecha a partir de la cual deberán registrar su entrada y salida del centro de trabajo. El Juez de Distrito desechó de plano la demanda, al considerar que los actos reclamados no provenían de una autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que aquélla era notoriamente improcedente. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el delegado y el jefe de departamento del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Nayarit, no tienen el carácter de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando emiten actos que inciden directamente en el ámbito laboral de un asesor jurídico federal adscrito a dicho órgano, al no derivar de una relación de supra a subordinación. Justificación: Lo anterior es así, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", determinó que las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo son: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En ese tenor, la comunicación del horario de labores y la orden de registrar el ingreso y salida del centro de trabajo se dan en un plano de igualdad; de ahí que atendiendo a la naturaleza de dichos actos, sólo se afectan derechos laborales, pues derivan de la relación de trabajo que existe entre el ahora recurrente y su patrón equiparado -Instituto Federal de Defensoría Pública- por lo que la vía constitucional no es la idónea para reclamarlos ya que, con fundamento en los artículos 152, 153, 154, 158, 160 y 161 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio de Estado, en relación con el diverso 81, fracción XXV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo conducente es el procedimiento ante la Comisión Substanciadora Única, por ser el órgano encargado de tramitar los conflictos de trabajo que se suscitan entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores públicos". Lo expuesto permite establecer que la señalada como responsable, no resulta ser autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues el acto reclamado se suscita entre particulares en materia de derecho laboral, de ahí la existencia de una relación de coordinación y no de supra a subordinación. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el arábigo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda constitucional. En otro aspecto, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizados a las personas que designa, con las facultades del numeral 12 de la ley de la materia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el Actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (doce horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,308 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano