Rodrigo Méndez Macias

Expediente 199/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
199/2015
Año
2015
Actuaciones
13
Última actuación
09/07/2015

Partes del expediente

  • Rodrigo Méndez Macias
  • Mónica Martínez Alvarado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    En la misma fecha, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, nueve de julio de dos mil quince Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintidós de junio de dos mil quince, que sobreseyó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes; y en atención a que el fallo de que se trata no requiere ejecución material; previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. En atención a lo anterior, devuélvase al Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama, el legajo de copias certificadas de la causa penal 120/2011, que en su oportunidad remitió como justificación de sus actos. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el juicio de amparo en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de haberse decretado el sobreseimiento, toda vez que éste Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Finalmente, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 199/2015 estando en audiencia pública el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, la Secretaria procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas. Tiene aplicación a la tesis siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han -quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables. A continuación, en el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, la Secretaria da cuenta con las documentales que las autoridades responsables Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama y Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en México, Distrito Federal, adjuntaron a sus respectivos informes justificados; a lo que el Juez acuerda: Con apoyo en el numeral 119, de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza, las documentales antes señaladas; luego, al no haber más pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrado el período probatorio, y se pasa a la etapa de alegatos, en la que la Secretaria hace constar que el autorizado de la parte quejosa los formuló mediante escrito registrado con el folio 7299; así como la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, mediante pedimento número 340/2015, registrado con el folio número 9559; por lo que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas sus alegaciones y se declara cerrada la etapa de alegatos. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, y se procede a dictar la resolución siguiente: V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 199/2015; y, R E S U L T A N D O: 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el trece de febrero de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, RODRIGO MÉNDEZ MACÍAS, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridades Responsables: Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz. Secretario de Seguridad Pública Federal, con sede en México, Distrito Federal. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública federal con residencia en México, Distrito Federal. Director del Centro Federal de Reinserción Social Número 5, en Villa Aldama, Veracruz. Acto Reclamado: La determinación de haber sido trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, en el Municipio de Villa Aldama, Veracruz, ya que debió ser consignado a un Juez de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad. 2°. Trámite del procedimiento del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuyo Titular en proveído de dieciséis de febrero del presente año, admitió a trámite la demanda de amparo, se registró bajo expediente 199/2015; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. En auto de veintitrés de marzo del presente año, se tuvo como inexistente a la autoridad que el que quejoso señaló en su libelo como Secretario de Seguridad Pública Federal, con residencia en México, Distrito Federal. (Foja 25 de autos del presente juicio). Mediante proveído de veintiocho de mayo de la presente anualidad, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de quince días, manifestara si era su deseo ampliar la demanda de garantías respecto del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Quinta Investigadora de la Subdelegación de Procedimientos Penales "A", de la Delegación Estatal Zacatecas, el cual transcurrió del cuatro al veinticinco de mayo del dos mil quince, sin que hubiera hecho manifestación alguna; por lo que en auto de dos de junio del año que corre, se hizo efectivo el apercibimiento formulado al quejoso en el auto de mérito y se ordenó continuar el presente juicio de garantías, únicamente respecto de las autoridades responsables señaladas en el escrito inicial de demanda. (Fojas 55 y 69 de autos). C O N S I D E R A N D O : I.- Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 54/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridades que tienen su residencia en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. II.- Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión del acto. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que el quejoso reclama: La determinación de haber sido trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, en el Municipio de Villa Aldama, Veracruz, ya que debió ser consignado a un Juez de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad. II. 2. Inexistencia, presunción o certeza de los actos reclamados. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II. 2. 1. Inexistencia. El Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama y el Director General del Centro Federal de Reinserción Social Número 5 Oriente, con sede en esa ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos que se les reclaman. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia de los actos reclamados en el presente juicio de garantías respecto a dicha autoridad responsable, lo procedente es decretar el sobreseimiento, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". II.2.2. Certeza: El Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en México, Distrito Federal, al rendir su informe con justificación reconoció la existencia del acto que se le atribuyen, argumentando que el oficio SSP/SSPF/OADPRS/20783 de once de julio de dos mil once, por medio del cual se autorizó el ingreso del hoy quejoso al Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente", se emitió en atención a la solicitud realizada mediante diverso oficio 1303/2011 signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Quinta Investigadora, de la Subdelegación de Procedimientos Penales "A", de la Delegación Estatal en Zacatecas, de la Procuraduría General de la República, con residencia en Cieneguillas, Zacatecas. Además, la certeza de los actos reclamados, se corrobora con la copias certificadas de los oficios de referencia, SSP/SSPF/OADPRS/20783 de once de julio de dos mil once y 1303/2011 de esa misma fecha, mismos que remitió el Comisionado responsable en apoyo a su informe justificado; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal, de ahí que haya quedado plenamente demostrada la certeza del acto. En este sentido es aplicable la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo al de la materia de fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, el quejoso RODRIGO MÉNDEZ MACÍAS, reclama la determinación de haber sido trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, en el Municipio de Villa Aldama, Veracruz, ya que debió ser consignado a un Juez de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad; sin embargo, de las constancias que adjuntó a su informe justificado el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en México, Distrito Federal, se advierte que dicho traslado fue realizado a petición del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Quinta Investigadora, de la Subdelegación de Procedimientos Penales "A", de la Delegación Estatal en Zacatecas, de la Procuraduría General de la República, con residencia en Cieneguillas, Zacatecas, quien consignó la averiguación previa A.P./PGR/ZAC/ZAC-5/280/2011, ante el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama. En ese sentido, analizados los presentes autos, se advierte que en este asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 9 y 108, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, cuyos dispositivos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 9. Las autoridades responsables podrán ser representadas o sustituidas para todos los trámites en el juicio de amparo en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. En todo caso podrán por medio de oficio acreditar delegados que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen, hagan promociones e interpongan recursos. ." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; .". Lo anterior es así, toda vez que de la interpretación de los artículos 108, fracción III y 9 de la Ley de Amparo, se colige que en la vía constitucional sólo deben estudiarse las actuaciones de los órganos del Estado que dictan, promulgan, publican, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar la ley o el acto reclamado, o bien se les finque un acto de omisión, siempre que en la demanda de garantías se les haya señalado como responsables. Así, tratándose de un acto reclamado emitido conjuntamente por diversas autoridades, la sanción por el incumplimiento del quejoso a dicha obligación, al no señalar como responsable a alguna de éstas a pesar de la prevención correspondiente, es que el juicio de garantías sea improcedente en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la señalada ley, en relación con los citados preceptos, toda vez que es imposible hacer un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de un acto emanado de una autoridad no designada como responsable, dado que no fue oída en la contienda en defensa de su actuación. Lo que se justifica con mayor razón, porque el resultado del eventual examen que se realizara al acto reclamado respecto de una sola de las autoridades -que sí fue llamada al proceso- en modo alguno podría hacerse extensivo a otra, dado que sería jurídicamente imposible ordenar a quien no intervino en la contienda constitucional, que dejara insubsistente su acto, cuando no fue parte formal dentro del procedimiento. Y toda vez que de los autos del presente juicio de amparo, se advierte que mediante proveído de veintiocho de abril de la presente anualidad, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de quince días, manifestara si era su deseo ampliar la demanda de garantías respecto del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Quinta Investigadora, de la Subdelegación de Procedimientos Penales "A", de la Delegación Estatal en Zacatecas, de la Procuraduría General de la República, con residencia en Cieneguillas, Zacatecas, quien fue quien solicitó el traslado del quejoso al Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente en Villa Aldama, Veracruz y consignó la consignó la averiguación previa A.P./PGR/ZAC/ZAC-5/280/2011, ante el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama; actos impugnados en esta instancia constitucional, el cual transcurrió del cuatro al veinticinco de mayo del dos mil quince, sin que hubiese hecho manifestación alguna al respecto; por lo que, en auto de dos de junio del presente año, se hizo efectivo el apercibimiento formulado al quejoso en el auto citado en primer término, y se ordenó continuar el presente juicio de garantías, únicamente respecto de las autoridades responsables señaladas en el escrito inicial de demanda, esto es, el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama, el Director General del Centro Federal de Reinserción Social Número 5 Oriente, con sede en esa ciudad y el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en México, Distrito Federal. Por tanto, si el quejoso no señaló como autoridad responsable a quien solicitó su traslado al Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente en Villa Aldama, Veracruz y consignó la consignó la averiguación previa A.P./PGR/ZAC/ZAC-5/280/2011, ante el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama; esto es, el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Quinta Investigadora, de la Subdelegación de Procedimientos Penales "A", de la Delegación Estatal en Zacatecas, de la Procuraduría General de la República, con residencia en Cieneguillas, Zacatecas, no es posible examinar la constitucionalidad de los mismos, puesto que tal autoridad no fue llamada a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 108 fracción III, de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 9 y 108, fracción III, del mismo ordenamiento legal. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia del epígrafe y contenido siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal". Así como en la tesis del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO EMITIDO CONJUNTAMENTE POR DIVERSAS AUTORIDADES. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO NO SE SEÑALA COMO RESPONSABLE A ALGUNA DE ÉSTAS, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AL SER IMPOSIBLE HACER UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE AQUÉL. De la interpretación de los artículos 116, fracción III y 11 de la Ley de Amparo, se colige que en la vía constitucional sólo deben estudiarse las actuaciones de los órganos del Estado que dictan, promulgan, publican, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar la ley o el acto reclamado, o bien se les finque un acto de omisión, siempre que en la demanda de garantías se les haya señalado como responsables. Así, tratándose de un acto reclamado emitido conjuntamente por diversas autoridades, la sanción por el incumplimiento del quejoso a dicha obligación, al no señalar como responsable a alguna de éstas a pesar de la prevención correspondiente, es que el juicio de garantías sea improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la señalada ley, en relación con los citados preceptos, toda vez que es imposible hacer un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de un acto emanado de una autoridad no designada como responsable, dado que no fue oída en la contienda en defensa de su actuación. Lo que se justifica con mayor razón, porque el resultado del eventual examen que se realizara al acto reclamado respecto de una sola de las autoridades -que sí fue llamada al proceso- en modo alguno podría hacerse extensivo a otra, dado que sería jurídicamente imposible ordenar a quien no intervino en la contienda constitucional, que dejara insubsistente su acto, cuando no fue parte formal dentro del procedimiento". Por lo expuesto, y con apoyo además, en los artículos 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se : R E S U E L V E ÚNICO. SE SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por RODRIGO MÉNDEZ MACÍAS, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en los considerandos segundo y tercero de esta resolución. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la Secretaria que autoriza, licenciada María Soledad Torres Muguiro. DOY FE. mtm

  3. Principal

    EN DOS DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, EL SECRETARIO LICENCIADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ TORRES, SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, CERTIFICO: QUE DEL CUATRO AL VEINTICINCO DE MAYO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, TRANSCURRIÓ EL TERMINO DE QUINCE DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17, DE LA LEY DE AMPARO, CONCEDIDO AL QUEJOSO RODRIGO MÉNDEZ MACÍAS, PARA AMPLIAR SU DEMANDA DE GARANTÍAS RESPECTO A LA DIVERSA AUTORIDAD AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN TITULAR DE LA AGENCIA QUINTA INVESTIGADORA, DE LA SUBDELEGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PENALES "A", DE LA DELEGACIÓN ESTATAL EN ZACATECAS; SIN QUE LO HUBIERA HECHO; LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA LEGAL.- DOY FE. En la misma fecha, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dos de junio de dos mil quince. Vista la certificación asentada por el Secretario adscrito de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días que le fue concedido al quejoso RODRIGO MÉNDEZ MACÍAS, por auto de veintiocho de abril del año en curso, para ampliar la demanda de garantías respecto de la diversa autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Quinta Investigadora de la Subdelegación de Procedimientos Penales "A", de la Delegación Estatal Zacatecas, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de veintiocho de abril de la presente anualidad; por lo que deberá continuarse con el trámite del presente juicio de garantías, únicamente respecto de los actos reclamados señalados en el escrito inicial de demanda. NOTIFIQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario que autoriza licenciado José de Jesús Martínez Torres. DOY FE. *Rosy

  4. Principal

    En veinticinco de mayo de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos y con un pedimento registrado con el folio 9559. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinticinco de mayo de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes de los que se advierte que mediante proveído de veintiocho de abril del año en curso, se requirió a la parte quejosa para que manifestara si es su deseo ampliar la demanda de garantías respecto del diverso acto reclamado traducido en el oficio 1303/2011, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Quinta Investigadora, de la Subdelegación de Procedimientos Penales "A", de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República; por tanto, para dar oportunidad a que transcurra el plazo a que se refiere el artículo 17, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, para su verificativo. Por otra parte, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el pedimento de cuenta firmado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte, sin perjuicio de tomarlas en consideración en el momento oportuno dentro del desahogo de la audiencia constitucional. Finalmente, como lo solicita la fiscal federal de la adscripción, una vez que se emita la resolución en el presente sumario, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele la copia que solicita; previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.

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