Rodrigo Martinez Serrano
Expediente 506/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 506/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Rodrigo Martinez Serrano
Actuaciones
- Principal
Se tiene al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, acusando recibo de los autos originales del juicio de amparo 506/2017, e informa que acepta la competencia declinada por este órgano jurisdiccional. se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción.
- Principal
Expídase a su costa y entréguese a la promovente, copia certificada de la constancia que solicita, previa razón de recibo que se asiente en autos, en el entendido que el fotocopiado de las documentales, deberá realizarse dentro del horario de actividades de este juzgado federal.
- Principal
se tiene a la autoridad oficiante acusando recibo del juicio de amparo 506/2017-B, e informando que se avoca al conocimiento de dicho asunto únicamente por cuanto a los actos reclamados al Congreso, Gobernador Constitucional y Ayuntamiento de Mexicali, todos del Estado de Baja California, el cual quedó registrado con el expediente 208/2017-A, de su índice. Asimismo, remite copia certificada de la demanda de amparo a efecto de que se remita a los Jueces de Distrito en Turno, residentes en las ciudades de Ensenada y Tijuana, quienes estima competentes para conocer de los actos reclamados a los Ayuntamientos de Ensenada, Playas de Rosarito y Tijuana en el Estado de Baja California, acúsese el recibo de estilo y en aras de evitar mayores dilaciones en este asunto, no obstante que la autoridad federal oficiante estuvo en condiciones de remitir la demanda en cuestión a los Juzgados de Distrito que estimó competentes, mediante oficio remítase copia certificada de la demanda que nos ocupa, así como de los proveídos de veintinueve de marzo del año en curso, pronunciado por este Juzgado de Distrito, así como el de cuatro de abril del presente año, emitido por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, mismos que se tienen por reproducidos como sí a la letra se insertasen, a los Jueces de Distrito en Turno, con residencia en las Ciudades de Ensenada y Tijuana, a efecto de se pronuncien sobre la competencia declinada a su favor para conocer de este asunto, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, dadas las razones y fundamentos que en tales acuerdos se exponen, solicitando atentamente el acuse de estilo correspondiente, mencionando sí aceptan el conocimiento o no del asunto que se propone.
- Principal
el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remite la demanda de amparo promovida por la persona moral Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, contra actos del Congreso del Estado de Baja California y otras autoridades, toda vez que mediante resolución de veintitrés de marzo de este año, dictada en el juicio de amparo 349/2017, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, ordenó la separación de juicios respecto de la demanda de amparo señalada en el párrafo que antecede, toda vez que los actos de molestia derivan de múltiples leyes de distintas entidades federativas y municipios, por lo que consideró que cada asunto deberá tramitarse por cada Estado de la República en que se encuentran las leyes tildadas de inconstitucional. En consecuencia, la demanda que se remite deberá estudiarse únicamente por lo que respecta a los actos reclamados a las autoridades del Estado de Baja California y de sus municipios. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 506/2017-B, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal. Ahora bien, vista la demanda de amparo de que se trata, este juzgado de Distrito estima que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la misma, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que el juez de Distrito competente para conocer de un juicio de amparo, es aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En el caso, el promovente acude a este órgano jurisdiccional a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, reclamando del Congreso del Estado de Baja California y varios Ayuntamientos de dicha entidad, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California, así como las Leyes de Ingresos Municipales de los Ayuntamientos señalados como responsables, y refiere que dado el número de establecimientos que opera la empresa quejosa en diversos Municipios de los Estados de la República Mexicana, se realiza un pago centralizado del consumo de energía eléctrica y del Derecho de Alumbrado Público en la Ciudad de México. En ese sentido, debe decirse que el artículo 37 de la Ley de Amparo alude a "ejecución material" como criterio para asignar competencia por territorio a los jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo, por lo que la citada expresión debe entenderse que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo, o sus efectos conlleven a esa situación, esto es, la ejecución no mira sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico. Para llegar a esa conclusión, el Alto Tribunal estableció que los actos fiscales de las autoridades pueden tener un cumplimiento o consecuencias de carácter material en el lugar donde se ubica el domicilio fiscal del gobernado o donde se encuentre para efectos tributarios, lo cual obedece a que en ese territorio o demarcación a la autoridad fiscal se le dotó de las atribuciones de recaudación e inspección, pero no sucede lo mismo cuando la aplicación de la ley tributaria la realiza un particular o un organismo público en auxilio de la administración hacendaria dado que puede efectuarse, cuando se hace mediante vía electrónica, desde cualquier lugar del país o del mundo, aunque la autoridad respectiva no ejerza sus atribuciones en dicho sitio. Agregó que en estos supuestos no es útil el lugar en que se realizó esa aplicación de la disposición tributaria para fijarle competencia a un juez de Distrito, si se pondera que tal aplicación solamente es un medio a partir del cual se genera la ejecución o las consecuencias tributarias, pero no forma convicción de que ahí se actualizarán, es decir, no puede advertirse con nitidez que por sí misma produzca un efecto material en el lugar en donde se realizó, por lo que debe atenderse a la localidad en que originalmente debió cumplirse la obligación fiscal relativa, o bien, al sitio en que la autoridad lleva a cabo la fiscalización o comprobación tributaria, pues en ambos lugares indefectiblemente tendrá verificativo la ejecución material de la actuación del particular u órgano público que actúa en auxilio de la administración tributaria. Por tanto, se estima que ajustándose a las reglas competenciales previstas por el artículo 37 de la Ley de Amparo, el presente juicio debe ser del conocimiento del Juez de Distrito en Turno en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, que ejerce jurisdicción en varios de los municipios donde se originaron las obligaciones tributarias aplicadas al quejoso y éste es el más cercano a este órgano jurisdiccional; de esta forma, se estima que se facilita al agraviado poder ocurrir a ese órgano de amparo. No pasa inadvertido que el promovente de amparo refiere que el pago de los derechos que le fueron recaudados con motivo de la aplicación de las leyes que tilda de inconstitucional, lo realizó mediante el sistema de cobro centralizado, el cual consiste en que los usuarios de la luz que tengan establecimientos, oficinas o locales en diversos puntos del país, pueden convenir con la Comisión Federal de Electricidad en que los consumos generados en esos distintos lugares se concentren en una oficina central para el efecto de que ésta emita una sola factura que será la que cubrirá el cliente, sustituyéndose la multiplicidad de recibos, con el fin de tener mayor control financiero de los gastos erogados por el servicio público de energía eléctrica; sin embargo, ello no significa que la competencia en cuestión deba fincarse a algún juez de Distrito con sede en la Ciudad de México. En efecto, el cobro centralizado, por su propia mecánica de operación, incluye el pago de los derechos por servicios de alumbrado público de tantos Municipios del país como establecimientos tuviera una persona moral o jurídica con consumo de energía eléctrica, esto es, la Comisión Federal de Electricidad recauda el tributo de que se trata causado en varios Municipios de una entidad federativa o de distintas, que se concentra en un único pago que a la par refleja el consumo total de energía eléctrica de diferentes establecimientos, sucursales o locales de una misma persona usuaria localizados en diversos Municipios. En la relatadas consideraciones, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, y por ende, se declina el presente asunto a favor del Juez de Distrito en Turno en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, a quien se considera competente para tramitarlo y resolverlo, por lo que se ordena remitir de inmediato este expediente, así como las copias de la demanda presentada, menos una para formar el cuaderno de antecedentes respectivo, solicitándose atentamente al juez de Distrito a cuyo favor se declina la competencia, el acuse de estilo correspondiente, no ha lugar a tener como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica en su escrito de demanda, en virtud de que se encuentra fuera de la jurisdicción de esta sede judicial, por lo que notificación de este auto y las subsecuentes que se ordene practicarle de manera personal, deberán se practicadas por medio de la lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional. Lo anterior, es así, toda vez que en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, no se establece que el auto a través del cual el órgano jurisdiccional declina competencia para conocer de un asunto, deba ser notificado de manera personal, aunado a que las partes tienen la obligación de estar al pendiente de sus asuntos. Por otra parte, no ha lugar a tener como medio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico que se proporciona, toda vez que no se encuentran implementados del todo, los aditamentos necesarios para llevar a cabo las notificaciones a través de ese medio.
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