Rodrigo Martinez Camargo
Expediente 564/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 564/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 22/08/2023
Partes del expediente
- Rodrigo Martinez Camargo
- Juez Octavo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Certificación. Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a las partes a fin que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento del fallo protector dictado en este asunto, sin que lo anterior haya acontecido; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver de oficio con base en los elementos que obran en el expediente. Efectos del fallo protector. En principio, debe precisarse que a través de la sentencia emitida el treinta de junio de dos mil veintitrés, misma que causó ejecutoria el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a********************, contra los actos que reclamó de la Juez Octavo de lo Civil, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, para lo siguiente: "OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección constitucional es para el efecto de que el Juez Octavo Civil de Tijuana, Baja California, realice lo siguiente: 1. Deje sin efectos el emplazamiento practicado al demandado********************, aquí quejoso, al tratarse de una actuación judicial viciada. 2. En vía de consecuencia, también deberá dejar insubsistente todos los actos subsecuentes del juicio sumario de desahucio ******************** del que deriva el acto reclamado. 3. Reponga el procedimiento de origen desde el auto admisorio y ordene se emplace a juicio al demandado********************, aquí quejoso. En el entendido que, a partir de esa actuación, el juez responsable deberá conducir el proceso hasta su conclusión como corresponda de acuerdo con las leyes que lo rigen, sin que el verificativo de dicha diligencia y demás actos posteriores formen parte del cumplimiento del presente fallo, pues éste se constriñe específicamente a los tres lineamientos mencionados hasta en tanto cause ejecutoria la presente sentencia. Concesión extensiva. La protección constitucional otorgada se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al actuario adscrito al Juzgado Octavo de lo Civil de Tijuana, Baja California y al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, en atención a la consecuencia lógica y directa de las actuaciones que deberá efectuar el juez responsable con motivo de este fallo protector." Acciones realizadas para cumplir la sentencia. Por su parte, la autoridad responsable Jueza Octavo de lo Civil, con sede en esta ciudad, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con el oficio registrado con el folio 11472, a través del cual hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, en el que dejó sin efectos todo lo actuado en el juicio sumario de desahucio ********************, de su índice, a partir del emplazamiento del aquí quejoso********************. A través del oficio registrado con el número 11772, informó a este órgano jurisdiccional que el lanzamiento ordenado en el juicio de origen, no se ejecutó, por lo que no era necesario llevar a cabo ninguna restitución. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2º de esta última legislación, por haber sido expedida por funcionarios públicos en ejercicio de sus facultades legales conferidas. Declara cumplido fallo protector. En esas condiciones, se advierte que la autoridad responsable Jueza Octavo de lo Civil, con sede en esta ciudad, dio cumplimiento a los lineamientos ordenados por este órgano jurisdiccional en la sentencia de amparo, en razón de que: 1. El veintiuno de julio de dos mil veintitrés, dejó sin efectos todo lo actuado en el juicio sumario de desahucio ********************, de su índice, a partir del emplazamiento del aquí quejoso********************. 2. Informó a este órgano jurisdiccional que el lanzamiento ordenado en el juicio de origen no se ejecutó, por lo que no hubo necesidad de ordenar la restitución del bien inmueble materia de la litis. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196, segundo párrafo, de la ley de la materia, se declara cumplida la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos; háganse las anotaciones correspondientes en el rubro de observaciones del libro gobierno respectivo del índice de este juzgado. Certificación. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos Que de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se estima que el cuaderno principal del presente juicio de amparo es conservable, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso a), del citado acuerdo, ya que se concedió el amparo en este asunto; realícese la anotación administrativa conducente. Cuaderno incidental. Se precisa que el original del incidente de suspensión es conservable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción III, inciso b) del artículo 17 del mismo acuerdo, toda vez que se concedieron las suspensiones provisional y definitiva; por tanto, consérvese el expediente en el archivo de este juzgado por un plazo de tres años, computado a partir de esta fecha, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la dirección general de archivo y documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de documentos. Hágase saber a la parte quejosa que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos que haya aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos, junto con el expediente, de conformidad con lo señalado en el artículo 21 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.Así lo acuerda y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa con el Secretario Aarón Abraham Rodríguez Agúndez que firma y da fe. Doy fe. AARA/bmph*
- Principal
Tijuana, Baja California, dos de agosto de dos mil veintitrés. Informe de cumplimiento. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite la autoridad responsable, mediante el cual se le tiene informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en este asunto, y al efecto remite las constancias con las que acredita su dicho. Vista con cumplimiento. En consecuencia, con el contenido del referido oficio y anexos, y con el resto de las constancias que obran en autos, dese vista a las partes por el plazo de tres días legalmente computado, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; lo anterior con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Informan gestiones. Agréguense a los autos los oficios que remite el Juez Octavo Civil y Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, ambas con sede en esta ciudad, mediante los cuales informan las gestiones realizadas a efecto de que se acate el fallo protector emitido en este juicio de amparo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Se reitera. No obstante lo anterior, se reitera que en la sentencia emitida en este asunto, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa en los siguientes términos: "OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección constitucional es para el efecto de que el Juez Octavo Civil de Tijuana, Baja California, realice lo siguiente: 1. Deje sin efectos el emplazamiento practicado al demandado ********************, aquí quejoso, al tratarse de una actuación judicial viciada. 2. En vía de consecuencia, también deberá dejar insubsistente todos los actos subsecuentes del juicio sumario de desahucio ******************** del que deriva el acto reclamado. 3. Reponga el procedimiento de origen desde el auto admisorio y ordene se emplace a juicio al demandado ********************, aquí quejoso. En el entendido que, a partir de esa actuación, el juez responsable deberá conducir el proceso hasta su conclusión como corresponda de acuerdo con las leyes que lo rigen, sin que el verificativo de dicha diligencia y demás actos posteriores formen parte del cumplimiento del presente fallo, pues éste se constriñe específicamente a los tres lineamientos mencionados hasta en tanto cause ejecutoria la presente sentencia. Concesión extensiva. La protección constitucional otorgada se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al actuario adscrito al Juzgado Octavo de lo Civil de Tijuana, Baja California y al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, en atención a la consecuencia lógica y directa de las actuaciones que deberá efectuar el juez responsable con motivo de este fallo protector." Índice añadido. Ahora bien, no obstante que el Juez Octavo Civil dejó insubsistente todo lo actuado dentro del expediente ********************, no ordenó la reposición del procedimiento; asimismo, ordenó la restitución de la posesión del inmueble materia del presente juicio de amparo al aquí quejoso, no obstante no señaló fecha y hora para que eso aconteciera. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Juez Octavo Civil de Tijuana, Baja California, Actuario de su adscripción y al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, para que dentro del plazo de tres días hábiles legalmente computado, informen el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo al efecto copia certificada de las constancias que lo acredite, esto es, el Juez Octavo Civil ordene la reposición del procedimiento dentro del expediente ********************; asimismo, señale fecha y hora para la restitución de la posesión del inmueble materia del presente juicio de amparo al aquí quejoso. Apercibimientos. Bajo el apercibimiento que de no acatar lo antes precisado, esto es, de no informar, ni remitir las constancias conducentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 238 y 258 de la precitada ley, les será impuesta multa de cien días, del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), lo que resulta de multiplicar $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional) por cien; medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir el mandato aquí establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de sentencia emitida el treinta de junio de dos mil veintitrés, en la que se otorgó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, sin que lo hubieran hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Sin que sea óbice a lo anterior, que aún no transcurra el termino de diez días a las autoridades responsables Juez Octavo de lo Civil de Tijuana, Baja California y Actuario de su adscripción, toda vez que al tratarse de autoridades jurisdiccionales de acuerdo al artículo 87 de la Ley de Amparo, las mismas no se encuentran legitimadas para interponer recurso de revisión. Se requiere cumplimiento. Ahora, en la sentencia ejecutoriada se otorgó el amparo y protección de la justicia federal para los siguientes efectos: "OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección constitucional es para el efecto de que el Juez Octavo Civil de Tijuana, Baja California, realice lo siguiente: 1. Deje sin efectos el emplazamiento practicado al demandado ********************, aquí quejoso, al tratarse de una actuación judicial viciada. 2. En vía de consecuencia, también deberá dejar insubsistente todos los actos subsecuentes del juicio sumario de desahucio 193/2023 del que deriva el acto reclamado. 3. Reponga el procedimiento de origen desde el auto admisorio y ordene se emplace a juicio al demandado ********************, aquí quejoso. En el entendido que, a partir de esa actuación, el juez responsable deberá conducir el proceso hasta su conclusión como corresponda de acuerdo con las leyes que lo rigen, sin que el verificativo de dicha diligencia y demás actos posteriores formen parte del cumplimiento del presente fallo, pues éste se constriñe específicamente a los tres lineamientos mencionados hasta en tanto cause ejecutoria la presente sentencia. Concesión extensiva. La protección constitucional otorgada se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al actuario adscrito al Juzgado Octavo de lo Civil de Tijuana, Baja California y al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, en atención a la consecuencia lógica y directa de las actuaciones que deberá efectuar el juez responsable con motivo de este fallo protector." Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Juez Octavo Civil de Tijuana, Baja California, Actuario de su adscripción y al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, para que dentro del plazo de tres días hábiles legalmente computado, informen el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo al efecto copia certificada de las constancias que lo acredite. Apercibimientos. Bajo el apercibimiento que de no acatar lo antes precisado, esto es, de no informar, ni remitir las constancias conducentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 238 y 258 de la precitada ley, les será impuesta multa de cien días, del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), lo que resulta de multiplicar $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional) por cien; medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir el mandato aquí establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Una vez transcurrido el plazo concedido a las autoridades responsables, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos a que hubiere lugar. Notifíquese.
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