Rodrigo Marcos Blancas

Expediente 355/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
355/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
28/04/2021

Partes del expediente

  • Rodrigo Marcos Blancas

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió la determinación dictada por acuerdo de ocho de abril de dos mil veintiuno, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el auto por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo.; para todos los efectos legales correspondientes. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental. Además, en términos del artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda que dio origen al presente juicio de amparo. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así como en la carátula del mismo. Por ende, debido a que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos que reclama del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 355/2021-4, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DETERMINACIÓN JUDICIAL Ahora, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, y lectura integral del libelo constitucional, se advierte que procede DESECHARLO DE PLANO. Al respecto, cabe precisar que para desechar de plano una demanda de amparo, es requisito indispensable que desde su presentación, se demuestre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio protector de derechos fundamentales, entendiéndose por lo primero, lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, por lo segundo, que se tenga la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Establecido lo anterior, esta Juzgadora estima que en el caso se actualiza de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, preceptos que, en lo atinente, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Como puede apreciarse del arábigo transcrito en primer término, el juicio de derechos es improcedente en los demás casos en que la causa de ** resulte de alguna otra disposición de la ley, ya sea de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el segundo numeral prevé que tratándose de actos emanados de la tramitación de un procedimiento jurisdiccional, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación. Al respecto, debe señalarse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en sesión de veintidós de mayo de dos mil catorce, por mayoría de votos, sostuvo que la actual Ley de Amparo ofrece precisión acerca de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación. En efecto, el Pleno de ese alto tribunal estableció que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", por lo cual, con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, porque mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo. Ahora bien, en el presente caso, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en la omisión de proveer respecto al escrito presentado por el solicitante de amparo el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 1224/2017 del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo. Empero, tal actuar sólo puede tener efectos intraprocesales, por lo que no puede considerarse como irreparable para que con ello resulte procedente la vía, o la acción constitucional que como medio de defensa hace valer el impetrante de amparo, tal y como lo exige el citado artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia. Lo anterior, pues la omisión reclamada se traduce en una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, de tal manera que, aun cuando se aleguen violaciones al artículo 17 constitucional, no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, ya que no se trata de una omisión autónoma al juicio del que la quejosa forma parte, si no que se da dentro del mismo. Así lo ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), con número de registro 2011580, consultable dentro del Semanario Judicial de la Federación, libro 30, tomo II, página 1086, la cual es del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Aunado a lo anterior, debe decirse que en el caso concreto no se actualizan los supuestos de excepción a que se refiere la tesis antes invocada, toda vez que, en principio, no se advierte que exista una paralización total del procedimiento de origen que derive de la falta de proveer respecto del aludido escrito dentro del juicio laboral de origen; ello, pues tal conducta omisiva no constituye en sí misma una suspensión de dicho juicio, sino que se traduce en la inacción por parte de la autoridad responsable dentro del plazo que la legislación aplicable establece para proveer el escrito de mérito. En segundo lugar es así, ya que la omisión combatida tampoco conlleva una dilación abierta en el procedimiento natural que haga procedente el juicio de amparo indirecto, ya que para ello la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado un parámetro mínimo objetivo a fin de otorgar certeza jurídica a los justiciables, el cual permite definir cuándo una dilación procedimental en materia laboral puede considerarse como una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización; situación que no se actualiza en el caso concreto, tal como se verá a continuación. En efecto, la Segunda Sala de ese alto tribunal, en sesión de nueve de enero de dos mil diecinueve, resolvió la contradicción de tesis 294/2018, en la que determinó que para la procedencia del amparo en el que se reclamen dilaciones presuntamente excesivas de las Juntas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, deben de transcurrir de cuarenta y cinco más días naturales, desde la fecha que concluyó el plazo en el que legalmente debió pronunciarse o diligenciarse la omisión reclamada. De dicha ejecutoria, emergió la jurisprudencia de registro 2019400, de la Décima Época, emitida, como se dijo, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 01 de marzo de 2019, tesis 2a./J. 33/2019 (10a.), que sirve de apoyo como como criterio orientador, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En ese orden de ideas, se reitera que en la especie no existe una abierta dilación al procedimiento que traiga consigo una paralización de éste, en la medida que no han transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo previsto por el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, para proveer el escrito cuya omisión se reclama. Con el objeto de sustentar lo anterior, es necesario conocer el contenido del artículo 838 de la citada legislación laboral, aplicable a la controversia que dio origen el presente asunto, el cual dispone: "Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." De manera que, del precepto transcrito se advierte que las Juntas están obligadas a emitir el acuerdo conducente dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquella en la que haya sido recibida la promoción correspondiente. En ese contexto, sí como se adelantó, en la demanda de amparo el acto reclamado se trata de la omisión de proveer respecto al escrito presentado por el solicitante de amparo el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 1224/2017, es inconcuso que el término de cuarenta y ocho horas que tenía la responsable para dictar el acuerdo correspondiente transcurrió del veintidós al veinticuatro de febrero de la presente anualidad. En tanto que del veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno a la fecha de la presentación de la demanda que se atiende -cinco de abril del año que transcurre-, sólo han transcurrido cuarenta y un días naturales de los cuarenta y cinco días que hace referencia la jurisprudencia citada con antelación. En esa virtud, resulta inconcuso que la omisión que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, pues aun y cuando se está en presencia de un acto que aduce, es contrario a la prosecución en tiempo del procedimiento natural, debe atenderse a si en la especie existe una abierta dilación o la paralización total del mismo, que pueda generar en este momento la excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; lo que no se actualiza, en virtud de la proximidad de la data en que feneció el término de cuarenta y ocho horas con que contaba la Junta responsable para proveer el escrito presentado por el aquí quejoso el veintidós de febrero de dos mil veintiuno. En tales condiciones, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia en examen, con fundamento en el precepto 113 de la Ley de Amparo, en el caso, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por RODRIGO MARCOS BLANCAS. En el entendido de que la demostración del motivo indudable y manifiesto de improcedencia advertido en el presente asunto, se tienen por acreditado con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, expresadas en la demanda de amparo, las cuales constituyen una confesión que para esta Juzgadora es un medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la Ley de Amparo . DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica y en términos restringidos del artículo 12 de la misma Ley a los profesionistas que cita, en virtud de que no se encontró registro de sus cédulas profesionales en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura, tal como se aprecia de la certificación de cuenta. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y procesos de oralidad, se autoriza a la promovente la consulta del expediente electrónico, así como para recibir notificaciones, mediante el usuario que proporciona. En atención a lo anterior, se encomienda al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que dé de alta el usuario "ABOGADOSROLDANFEDERAL", en el expediente electrónico del juicio en que se actúa, para dicho efecto. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 1°, fracción I, último párrafo, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo del año en curso, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente a través del usuario señalado por el promovente por así haberlo solicitado.

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