Rodrigo Luis Arredondo López

Expediente 1466/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1466/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
08/02/2023

Partes del expediente

  • Rodrigo Luis Arredondo López
  • Juan Carlos Sánchez Santamaría

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado de autos se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, -a quien en dado caso le pudiera perjudicar las determinaciones que aquí se dicten-, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia engrosada el trece de enero de dos mil veintitrés, dictada por este juzgado de Distrito, en la cual se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido y glósese el incidente de suspensión original para que obre como corresponda. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso a) tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo procédase a la destrucción del duplicado. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Quejoso: ******************** Jueza: Nadyelly López Guevara Secretario: Mac Quetzin Murillón Duarte S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1466/2022; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito depositado el veinte de septiembre de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado el día siguiente, al Juzgado Tercero de Distrito en la citada jurisdicción, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las siguientes autoridades y actos reclamados: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE. Se señala con este carácter a las siguientes autoridades: A) AUTORIDAD RESPONSABLE EMISORA. 1) LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, POR CONDUCTO DE SU PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA (.) 2) EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS (.) 3) LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DEL TRABAJO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 4) SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, POR SÍ Y EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" (.) B) AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS. 1) EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE Y TERCER ÁRBITRO. 2) EL SECRETARIO DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS Bajo protesta de decir verdad el acto que se reclama es el siguiente: IV. ACTOS RECLAMADOS. Debe de precisarse a este Órgano de Control Constitucional, que en el presente Juicio de Amparo ÚNICAMENTE SE IMPUGNA EL ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTICULO 124 FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS AL HABERSE EMITIDO LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES NÚMEROS 173/2016 y 121/2017. DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EMISORAS. 1 Del Congreso del Estado de Morelos se reclama LA APROBACIÓN Y EXPEDICIÓN DEL ARTICULO 124 FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS 2. Del C. Gobernador del Estado de Morelos y la Secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo del Gobierno del Estado de Morelos, y del Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, por si y en su Carácter de Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", se reclama LA PROMULGACIÓN Y FALTA DE REFRENDO DEL ARTICULO 124 FRACCIÓN 1, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS. Del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Se reclama EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, de la fracción I del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, CONSISTENTE EN LA APLICACIÓN DE UNA MULTA de HASTA DE 15 UNIDADES DE MEDIDA, impuesta al suscrito ********************, en mi carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTLA, MORELOS. Del Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. Se reclama la aplicación y ejecución de la Multa de HASTA DE 15 UNIDADES DE MEDIDA, impuesta al suscrito ********************, en mi carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTLA, MORELOS." Una vez recibida la demanda por el mencionado juzgado, en auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, lo registró con el número 1228/2022, y se declaró incompetente por razón de turno, al advertir la existencia de un antecedente directo por parte de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, consistente en el juicio de amparo 868/2019, del índice de éste último. Por lo anterior, en oficio recibido por este órgano jurisdiccional el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo por remitido el referido juicio de amparo 1228/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite del juicio. El veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, sin tener como autoridad responsable al Secretario de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos y al Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, toda vez que no se advirtió que impugnara por vicios propios la publicación de la norma reclamada, en términos de la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo. Asimismo, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado y en términos del artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tuvo con el carácter de tercero interesado a ******************** -actor en el juicio de origen-. Además, se precisó que, si bien el quejoso sostenía que promovía dicha demanda en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, de la integridad de su escrito inicial, y del contexto del acto reclamado, se obtenía que lo que controvertía era la afectación personal y directa que le produjo la multa que se le impuso en la resolución reclamada, de allí que se le tuvo presentando el juicio en estudio por propio derecho, pues con este carácter era que el acto en mención le causaba una afectación y no propiamente a la autoridad que venía representando. También, en esa fecha hizo del conocimiento de las partes, su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública -sin que las mismas hicieran manifestación al respecto-, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, el cuatro de octubre de dos mil veintidós se tuvo por emplazado al tercero interesado, quien no se apersonó a juicio ni formuló alegatos. Finalmente, seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional el veintidós de noviembre de dos mil veintidós; y C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, puesto que se trata de un amparo promovido contra un acto atribuido a diversas autoridades locales, el cual tiene ejecución en el lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado de amparo. II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en este juicio, consiste en el que se ilustra en el siguiente cuadro: Autoridades responsables legislativas [1] Congreso del Estado de Morelos. [2] Gobernador del Estado de Morelos. [3] Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del Gobierno del Estado de Morelos. Acto reclamado a) El artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil. Autoridad responsable ordenadora [4] Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Acto reclamado b) Como primer acto de aplicación de la norma general reclamada, y por vicios propios, la resolución de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, emitida en el juicio burocrático ********************, promovido por ********************, contra el Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, en la que al Presidente Municipal de dicho ente edilicio, se le hizo efectivo el apercibimiento contenido en el auto de requerimiento de pago de once de marzo de dos mil veintiuno, y por tanto, se le impuso una multa de ******************** unidades de medida y actualización, como medida de apremio a fin de lograr el cumplimiento del laudo dictado en contra de la demandada. Autoridades responsables ejecutoras [5] Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos (denominación correcta de la autoridad señalada por el quejoso como Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos) Acto reclamado c) La ejecución de los anteriores actos Cabe precisar, que si bien el quejoso señala como actos destacados diversas violaciones al procedimiento legislativo -promulgación y falta de refrendo-, lo cierto es que los mismos resultan vicios intrínsecos que le impugna a la norma general reclamada, ya que sostiene que por tales cuestiones resulta inconstitucional, de allí que se tenga, que en realidad se trata de conceptos de violación formulados en su contra. III. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al [1] Congreso, [2] Gobernador y [3] Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, todos del Estado de Morelos, consistente en el (a) artículo 124, fracción I, de la Ley de Servicio Civil, pues con independencia de lo que manifestaron al rendir sus informes justificados, las leyes no son objeto de prueba de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de acuerdo al artículo 2º de esta última. De la misma forma es cierto el acto reclamado al [4] Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, pues así lo aceptó al rendir su informe justificado. Mientras que, se tiene por cierto el acto atribuido a la [5] Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, pues no obstante que lo negó, al ser autoridad ejecutora, está supeditada al acatamiento de lo que la ordenadora le indique -en este caso Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos-, y si esta última aceptó el acto reclamado, es inminente el cumplimiento por parte de la ejecutora; de ahí que se tiene por cierto el acto reclamado a la autoridad hacendaria. Además, tales aseveraciones se encuentran corroboradas con las copias certificadas de las constancias que remitió el tribunal responsable, relativas al juicio laboral ********************, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º, por tratarse de documentales públicas, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, y dentro de las que obra la resolución reclamada materia de este juicio de amparo indirecto, en que se ordenó imponer la multa y remitir oficio a la autoridad hacendaria referida para hacerla efectiva, en consecuencia, dichas aseveraciones y tales documentales resultan suficientes para acreditar su existencia. IV. Improcedencia del juicio de amparo. El estudio de las causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, por lo que se procede a su estudio en este apartado. En el caso, este juzgado de oficio advierte que, respecto de los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, correlacionado con el artículo 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, referente a la falta de interés jurídico -que es el que interesa en el caso y no el interés legítimo, dado que el acto reclamado deriva de un procedimiento jurisdiccional-, que exige que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; y se actualiza esa falta de interés jurídico porque, la resolución reclamada de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se impone una multa de ******************** unidades de medida y actualización por incumplimiento del laudo dictado en el expediente laboral ********************, no fue dictada en contra del quejoso. Precisamente, en términos de los numerales 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Carta Magna, en relación con el 5°, fracción I, de la ley de la materia, el juicio de amparo solamente puede instaurarse contra actos que afecten el interés jurídico del quejoso. Ahora bien, el ordinal 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un acto de autoridad que se reclama a través de la vía constitucional, causa perjuicio a una persona cuando lesiona directamente sus intereses jurídicos, ya sea en su persona, patrimonio o derechos, y es entonces cuando nace la acción anulatoria de la violación reclamada en un juicio de amparo. Lo anterior es así, porque de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal de la República y 5° fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo siempre se seguirá a instancia de parte agraviada, es decir, como presupuesto de procedencia de la acción constitucional se requiere la demostración del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado; por tanto, el interés del impetrante de garantías sólo se puede surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado le irroga molestias en su esfera jurídica. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció ciertos criterios para identificar el interés jurídico en el juicio de amparo, que son los siguientes: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada. b) La tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos. c) Las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. d) No puede hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Ahora, en el caso, el quejoso ********************, acude a la presente instancia constitucional impugnando, esencialmente, la resolución de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, emitida en el juicio laboral burocrático ********************, mediante la cual el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de once de marzo de dos mil veintiuno y, ante el incumplimiento de pago en que incurrió el ente demandado por conducto de su Presidente Municipal, impuso la sanción prevista en el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Sin embargo, de la revisión de las constancias remitidas por las autoridades responsables, las cuales ya fueron valoradas en cuanto a su eficacia probatoria en el tercer considerando de esta ejecutoria, se advierte el oficio ********************, signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual solicitó a la Coordinación Política de Ingresos que, en cumplimiento a la resolución aquí reclamada de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, hiciera efectiva la multa consistente en ******************** unidades de medida y actualización al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. A lo anterior se suma, el informe rendido en el presente juicio por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en el que manifestó que no tenía ningún crédito fiscal a nombre del aquí quejoso ********************, y para acreditarlo anexó el oficio ********************, suscrito por el Director General de Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, en el que asentó que "Derivado de la búsqueda en el Sistema Integral de Ingresos del Gobierno del Estado (SIIGEM), (.) se pudo constatar que no se tiene registrado ningún crédito fiscal a nombre de ********************, correspondiente a una multa de hasta 15 UMA, impuesta por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante acuerdo de fecha 17 de diciembre del 2021, dentro del juicio laboral número ********************". Es decir, la medida de apremio que se hizo efectiva en la resolución reclamada, se aplicó a una persona distinta al ahora quejoso, pues no era él quien fungía como Presidente Municipal en la fecha que se emitió el requerimiento de pago - once de marzo de dos mil veintiuno -. Lo anterior, se acredita con la constancia de mayoría expedida por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) de diez de junio de dos mil veintiuno, y la manifestación bajo protesta de decir verdad expuesta en su demanda por el quejoso, en la que señaló que por dicho proceso electoral asumió el cargo de Presidente Municipal de Cuautla, Morelos, lo cual constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en este juicio y que además goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, conforme a la jurisprudencia 446 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 1002512, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO." De ahí que la sanción impuesta en la resolución reclamada no se haya dirigido al ahora quejoso, pues al momento en que se emitió el auto de requerimiento de pago con apercibimiento, era una persona distinta quien ostentaba el cargo de Presidente Municipal; por ende, al ser otra persona quien estaba obligada al cumplimiento del laudo requerido, fue a esa persona a quien se impuso la multa, lo que además se robustece con el hecho de que con posterioridad a dicho requerimiento no se precisó en algún acuerdo o acto diverso, que dicha determinación iba a ser ejecutada sobre un titular diverso, derivado de un cambio de administración. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que el ahora quejoso haya ocupado el puesto de Presidente Municipal al momento de la promoción del juicio de amparo, pues la sanción de que se trata, debe entenderse impuesta a la persona física que tiene dicho cargo, es decir, al titular del mismo y no a la persona moral oficial u órgano de gobierno que representa, por lo que no es factible considerar que la medida de apremio decretada en la resolución reclamada, se traslade al ahora quejoso, por el solo hecho de que actualmente ocupa dicho encargo como funcionario público obligado. Sostener lo contrario implicaría despojar de toda efectividad al auto de requerimiento de pago, pues éste jamás causaría un perjuicio al sujeto al que está dirigido y, en consecuencia, no tendría motivo alguno para modificar la conducta que dio lugar a la imposición de tal sanción. De ahí que el peticionario de amparo no está legitimado para promover el presente juicio, pues contrario a lo que sostiene, la medida de apremio impuesta en la resolución reclamada está dirigida a una persona distinta, lo que da como resultado que no cuente con interés jurídico para acudir a esta instancia de control constitucional. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, acorde al artículo 63, fracción V, de la misma normatividad, se sobresee en el juicio respecto al acto de aplicación también reclamado por vicios propios, consistente en (b) la resolución de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno emitida en el juicio burocrático ********************, por el [1] Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Por lo que, en esos términos, en virtud de que no puede desvincularse el estudio de la ley del que concierne a su aplicación, se tiene que el sobreseimiento en el juicio de amparo por actualizarse la causa de improcedencia en estudio respecto del acto de aplicación comprende también a la norma en cuestión, ya que no puede analizarse esta última en abstracto, conforme a la jurisprudencia P. XVII/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 194092 y de contenido: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, cuyo rubro dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Lo expuesto, máxime que al no estar dirigida al quejoso la resolución de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, no puede decirse que el precepto tildado de inconstitucional le cause algún perjuicio y, por ende, no se encuentra acreditado el primer acto de aplicación de la norma, tal como apoya a ese respecto la jurisprudencia 1a./J. 4/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 194605, de rubro y texto siguientes: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." En consecuencia, se decreta también el sobreseimiento respecto del (a) artículo 124, fracción I, de la Ley de Servicio Civil, relativo a la imposición de la multa, como medida de apremio, atribuido al [2] Congreso del Estado de Morelos, [3] Gobernador del Estado de Morelos, y [4] Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, lo que impide el estudio de las cuestiones de fondo hechas valer contra ese precepto. Sobreseimiento que debe hacerse extensivo respecto a (c) los actos de ejecución reclamados a [5] Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en virtud de que la parte quejosa no los reclamó por vicios propios, tal como dispone la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 239008 y de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando II, por las razones y fundamentos expuestos en el último de ellos, ambos de esta sentencia. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario que autoriza y da fe, hoy trece de enero de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 21/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que por acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por lo que entre la fecha de notificación de dicho informe a las partes y el día de hoy -señalado para la audiencia constitucional-, no media un plazo de al menos ocho días. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan de nueva cuenta las diez horas con veintiséis minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintidós, para su desahogo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 21/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Agréguese a los autos el informe justificado que rinden el Presidente y el Secretario General del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido, del informe se ordena dar vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas las documentales que remite la autoridad responsable, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en el momento procesal oportuno. Por otra parte, téngase a la responsable designando como sus delegados a las personas que al efecto faculta, en términos del numeral 9º de la Ley de Amparo, y como domicilio el que indica siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Por otra parte, vistas las constancias remitidas por la autoridad responsable, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5° fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene con el carácter de tercero interesado a Juan Carlos Sánchez Santamaría. Atento a lo anterior, por conducto del actuario de la adscripción se ordena emplazar a Juan Carlos Sánchez Santamaría, en el domicilio ubicado en: calle Clavijero número 2, despacho 12, colonia Centro de Cuernavaca, Morelos, con copia autorizada del presente acuerdo, en términos del artículo 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, corriéndole traslado con copia de la demanda, haciéndole que se encuentran señaladas las diez horas con seis minutos del veintisiete de octubre del presente año para la celebración de la audiencia constitucional; requiriéndole para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de su legal notificación, señalen domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, derivadas del presente asunto; con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido, sin necesidad de ulterior acuerdo, las subsecuentes, aún las de carácter personal se le hará por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, conforme lo dispone el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

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