Rodrigo López Ortiz

Expediente 794/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 15 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
794/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
17/12/2020

Partes del expediente

  • Rodrigo López Ortiz
  • Juez Ejecutor del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Tabasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    MESA 8 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vistos; agréguese a los autos el oficio signado por el Director del Centro de Reinserción Social de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en atención a la solicitud de uno de diciembre del año en curso, informa que señaló las dieciséis horas del diecisiete de los actuales, para desahogar la diligencia de video comunicación con el quejoso Rodrigo López Ortiz, a través de la plataforma "ZOOM"; sin que se estime pertinente hacer mayor pronunciamiento al respecto, en virtud que dicha diligencia ya fue realizada por la actuaria de la adscripción a las dieciséis horas con veintiocho minutos del cinco de diciembre de la presente anualidad. Notifíquese.

  2. Principal

    En uno de diciembre de dos mil veinte, se da cuenta al Juez con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. VILLAHERMOSA, TABASCO, UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el tres de noviembre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Rodrigo López Ortiz; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Ahora bien, como el quejoso de mérito se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad; con fundamento en el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que la notificación del presente proveído al impetrante se realice por el método alternativo de videoconferencia. Para ello, se comisiona a cualquiera de los Actuarios Judiciales de la adscripción a fin que en coordinación con la autoridad penitenciaria correspondiente y a través del sistema de video comunicación que otorga la plataforma denominada "ZOOM", programen fecha y hora para el desahogo de la diligencia ordenada. Lo anterior, a fin de salvaguardar la salud del fedatario de este órgano jurisdiccional, con motivo de la actual contingencia sanitaria, así como el respeto al principio de impartición de justicia pronta y expedita tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para dotar de seguridad jurídica, a través del correo electrónico dirigido a la dirección creset2010@hotmail.com, mediante oficio, envíese a la precitada autoridad copia autorizada de la presente determinación, a fin de que el encargado del departamento jurídico del referido centro carcelario le haga entrega al quejoso del mismo al momento de iniciar la práctica de su notificación. En atención a lo anterior, prevéngase a la aludida autoridad a fin de que otorgue las facilidades necesarias al actuario de este Juzgado, a efecto de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en esta resolución. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, donde se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, ello con apoyo en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. De lo anterior, el Actuario Judicial deberá levantar el acta pormenorizada de la diligencia de notificación que se ordena y deberá integrarla al expediente tanto físico como electrónico. Notifíquese y personalmente al quejoso por videoconferencia.

  3. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vistos; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Ahora bien, como el quejoso de mérito se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad; con fundamento en el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que la notificación del presente proveído al impetrante se realice por el método alternativo de videoconferencia. Para ello, se comisiona a cualquiera de los Actuarios Judiciales de la adscripción a fin que en coordinación con la autoridad penitenciaria correspondiente y a través del sistema de video comunicación que otorga la plataforma denominada "ZOOM", programen fecha y hora para el desahogo de la diligencia ordenada. Lo anterior, a fin de salvaguardar la salud del fedatario de este órgano jurisdiccional, con motivo de la actual contingencia sanitaria, así como el respeto al principio de impartición de justicia pronta y expedita tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para dotar de seguridad jurídica, a través del correo electrónico dirigido a la dirección creset2010@hotmail.com, mediante oficio, envíese a la precitada autoridad copia autorizada de la presente determinación, a fin de que el encargado del departamento jurídico del referido centro carcelario le haga entrega al quejoso del mismo al momento de iniciar la práctica de su notificación. En atención a lo anterior, prevéngase a la aludida autoridad a fin de que otorgue las facilidades necesarias al actuario de este Juzgado, a efecto de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en esta resolución. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, donde se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, ello con apoyo en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. De lo anterior, el Actuario Judicial deberá levantar el acta pormenorizada de la diligencia de notificación que se ordena y deberá integrarla al expediente tanto físico como electrónico. Notifíquese y personalmente al quejoso por videoconferencia.Así lo acordó y firma Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, ante la Secretaria Marseye Sánchez Bautista, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    MESA 8En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con diez minutos del tres de noviembre de dos mil veinte, estando en audiencia pública CARLOS CALDERÓN ESPÍNDOLA, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 794/2020-8, promovido por Rodrigo López Ortiz. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con copia certificada de las constancias relativas al expediente jurídico administrativo a nombre del quejoso que anexaron a sus informes justificados las autoridades responsables denominadas Director y Presidente del Comité Técnico del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (fojas 31 a 82), el Encargado del Departamento Jurídico del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, (fojas 91 a 117), Director General del Sistema Penitenciario Estatal dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (fojas 126 a 143), y copia certificada de las constancias relativas a la carpeta de ejecución 698/2018 que anexó a su informe complementario la Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad (153 a 156), En consecuencia, el juez de distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten los medios de convicción de referencia y se tienen por desahogados en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo más probanzas que desahogar, se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hicieron uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho de las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 794/2020-8, promovido por Rodrigo López Ortiz, contra actos del Juez Ejecutor en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y oral del Poder Judicial del Estado de Tabasco, y otras autoridades, por estimarlo violatorio de los artículos 1º, 17, 19 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en la misma fecha en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a éste órgano jurisdiccional al día siguiente, Rodrigo López Ortiz solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: A C T O S R E C L A M A D O S La dilación de otorgar al quejoso los beneficios de preliberación como lo son el de tratamiento o beneficio de libertad anticipada o semilibertad. A U T O R I D A D E S R E S P O N S A B L E S 1. Jueza de Ejecución de Sanciones Penales del Estado, con sede en esta ciudad. 2. Secretario de Seguridad y Protección Civil del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 3. Director General del Sistema Penitenciario Estatal de Tabasco, con sede en esta ciudad. 4. Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 5. Alcaide en turno del Área Administrativa de Medidas de Seguridad del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 6. Titular del Área de Psicología del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 7. Titular del Área Administrativa de Justicia Terapéutica o de Criminología del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 8. Titular del Área Administrativa Jurídica del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 9. Titular del Área Administrativa de Trabajo Social del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 10. Titular del Área Administrativa Laboral del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 11. Titular del Área Administrativa Educativa del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 12. Titular del Área Administrativa Médica del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 13. Titular del Área Administrativa Físicas y Deportivas del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se registró la demanda bajo el expediente 794/2020-8, y se admitió la demanda de que se trata; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. VISTA A LA PARTE QUEJOSA ORDENADA EN PROVEÍDO DE OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. En proveído de ocho de octubre del año en curso (fojas 118 a 120), se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la legal notificación del citado auto, aclarara la denominación correcta de la autoridad responsable denominada Titular del Área Administrativa de Justicia Terapéutica o de Criminología del Centro de Readaptación Social del Estado, a efecto de que fuera llamada a juicio, desistiera de dicho señalamiento o acreditara la existencia de la misma, apercibido que de no hacer manifestación alguna al respecto en el plazo señalado, se dejaría de tener como tal y se tendrían sus actos como inexistentes; siendo notificada del referido acuerdo, el trece de octubre de la presente anualidad (foja 122); por lo que el referido término trascurrió del quince al diecinueve de octubre del año en curso, sin que haya hecho manifestación al respecto. CUARTO. EFECTIVO APERCIBIMIENTO. En proveído de veintiuno de octubre de la presente anualidad (fojas 161 a 163), se hizo efectivo el apercibimiento al quejoso Rodrigo López Ortiz, en proveído de ocho de octubre del año que trascurre, esto es, se dejó de tener como autoridad responsable denominada Titular del Área Administrativa de Justicia Terapéutica o de Criminología del Centro de Readaptación Social del Estado, y sus actos como inexistentes, por lo que se ordenó interrumpir toda comunicación con la misma. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló sustancialmente como acto reclamado: La dilación de otorgar al quejoso los beneficios de preliberación como lo son el de tratamiento o beneficio de libertad anticipada o semilibertad. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable ordenadora denominada Jueza de Ejecución de Sanciones Penales (foja 21), así como las autoridades responsables ejecutoras denominadas Director y Presidente del Comité Técnico del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (foja 29 y 30), el Encargado del Departamento Jurídico del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, por sí y en representación de las autoridades correctas Departamento de Seguridad y Vigilancia, Departamento de Coordinación del Área de Psicología, Jefe de Departamento Jurídico, Jefa de Departamento de Trabajo Social, Instituto de Readaptación Social para el Trabajo (IRET), Departamento de Área Educativa, Cultural y del Deporte y Departamento de la Coordinación Médica del referido centro penitenciario (fojas 88 a 90), Director General del Sistema Penitenciario Estatal dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (fojas 123 a 125), y Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, todos con sede en esta ciudad (foja 148), al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados, y la responsable ordenadora remitió copia certificada de diversas constancias relativas a la carpeta de ejecución 698/2018, de su índice; del cual se advierte que en decreto de dos de diciembre de dos mil diecinueve (foja 155), acordó el escrito signado por el ahora quejoso el veinticinco de noviembre de ese mismo año (foja 154), por medio del nombró abogado particular y solicitó se le practicaran los estudios técnicos correspondientes como sentenciado interno en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco. Al respecto, en el punto segundo del citado decreto, la juez responsable acordó favorable la petición del sentenciado respecto a la designación del abogado particular, lo tuvo señalando domicilio para oír y recibir citas y notificaciones y designando persona para tales efectos, y en cuanto a su solicitud de que le realizaran el estudio técnico, no lo acordó favorable al considerar que la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones no lo prevé; y por ello, ordenó enviar al Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, el oficio 51603 de esa misma fecha (foja 155), para que dentro del término de diez días le remitiera el plan de actividades del quejoso. Documento al que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". En este contexto, es inexistente el acto reclamado toda vez que de las constancias que la responsable adjuntó a su informe justificado, se advierte que la parte quejosa no ha solicitado a la juez responsable el trámite de los beneficios de preliberación como lo son el de tratamiento o beneficio de libertad anticipada o semilibertad, ya que en su escrito signado el veinticinco de noviembre de ese mismo año (foja 154), únicamente nombró abogado particular, señaló domicilio para oír y recibir citas y notificaciones y solicitó se le practicaran los estudios técnicos correspondientes como sentenciado interno en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, lo cual fue acordado por la juez responsable en decreto de dos de diciembre de dos mil diecinueve, en los términos anteriormente descritos. En efecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de sus derechos fundamentales que alega, ya que el que insta el juicio de amparo tiene la ineludible obligación de establecer, directamente o mediante el informe rendido por la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar, con los medios de pruebas que tiene a su alcance, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, la autoridad responsable no rinda el mencionado informe. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 180 del Tomo III, Apéndice de 1917 a 2000, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS.- No afecta jurídicamente al informe en que las autoridades responsables se limitan a exponer que no son ciertos los actos que de cada una de ellas se reclaman, que en él no se haga mención del nombre y domicilio del tercero perjudicado ni se manifieste si se han realizado actos similares o distintos de los reclamados que afecten o puedan afectar los derechos agrarios de los quejosos, ni, en su caso, los fundamentos legales de aquéllos; sin que, asimismo, se informe sobre los actos en virtud de los cuales los quejosos adquirieron los derechos agrarios que aducen, ni se remitan las constancias necesarias para precisar tales derechos. Dichas omisiones no bastan para invalidar la negativa de los actos reclamados por parte de las autoridades responsables, al no encontrarse desvirtuada por prueba alguna en contrario, ni existir disposición legal que determine que las repetidas omisiones acarreen como consecuencia la presunción de ser ciertos los actos reclamados, procediendo el sobreseimiento del juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de los citados actos reclamados a las aludidas autoridades responsables. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO POR VIDEOCONFERENCIA. Ahora bien, como el quejoso Rodrigo López Ortiz, se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco; con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que la notificación de la presente sentencia al impetrante se realice por el método alternativo de videoconferencia. Para ello, se comisiona a la Actuaria Judicial de la adscripción a fin que en coordinación con la autoridad penitenciaria correspondiente y a través del sistema de videocomunicacio´n que otorga la plataforma denominada "ZOOM", programen fecha y hora para el desahogo de la diligencia ordenada. Lo anterior, a fin de salvaguardar la salud de la fedataria de este órgano jurisdiccional, con motivo de la actual contingencia sanitaria, así´ como el respeto al principio de impartición de justicia pronta y expedita tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para dotar de seguridad jurídica, a través del correo electrónico dirigido a la dirección creset2010@hotmail.gob.mx, mediante oficio, envíese a la precitada autoridad copia autorizada de la referida sentencia, a fin de que el encargado del departamento jurídico del referido centro carcelario le haga entrega al quejoso de la misma al momento de iniciar la práctica de su notificación. En atención a lo anterior, prevéngase a la aludida autoridad para que otorgue las facilidades necesarias al actuario de este Juzgado, para el efecto de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá´ como medida de apremio una multa por la cantidad de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, donde se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, ello con apoyo en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. De lo anterior, la Actuaria Judicial deberá´ levantar el acta pormenorizada de la diligencia de notificación que se ordena y deberá´ integrarla al expediente tanto físico como electrónico. QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante, omitieron manifestarse al respecto. Empero, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento precitado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes se opongan expresamente a la publicación de sus datos personales; por ende, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Rodrigo López Ortiz por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de esta ejecutoria. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese y personalmente al quejoso por videoconferencia.

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