Rodrigo Lopéz Flores
Expediente 478/2020 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 478/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 20/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Rodrigo Lopéz Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Juicio de Amparo Directo
se recibe Oficio 1723, signado por la Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, Tlaxcala, mediante el cual acusa recibo del diverso 229/2021-III-V, del índice de este órgano colegiado. Por otro lado, al advertirse de autos que no existe trámite pendiente por realizar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se hace la declaratoria que es susceptible de destrucción, en su momento oportuno. Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la legislación de amparo, intégrese la presente actuación al Expediente electrónico, a efecto de que éste coincida íntegramente con el impreso.
- Juicio de Amparo Directo
ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO DIRECTO
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término concedido al quejoso Rodrigo López Flores, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación a la vista ordenada mediante proveído de cinco del mes y año en curso, sin que lo haya hecho; en tales condiciones, devuélvase de inmediato el presente asunto, a la ponencia del Magistrado José Manuel Vélez Barajas, para los efectos legales procedentes.
- Juicio de Amparo Directo
Vista la cuenta que antecede y atento a lo dispuesto por el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso RLF, por conducto de su apoderado RLB, con la determinación que el Pleno de este órgano colegiado, en sesión remota ordinaria de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, consensó por unanimidad de votos, en el sentido de que en el juicio de amparo de donde deriva el presente recurso, es factible que se actualice la causa de improcedencia que enseguida se destaca: "SÉPTIMO. Causa de improcedencia. En virtud que la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente, se procede al análisis siguiente. Tomando en cuenta los antecedentes narrados en el considerando que precede, se advierte que se colman los supuestos de improcedencia previstos en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." De la anterior transcripción se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales respecto de las cuales conceda a ley ordinaria algún recurso o medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Ahora bien, a fin de explicar las razones por las que este tribunal colegiado determina que en contra de la sentencia reclamada procede el recurso de apelación, se estima pertinente partir de los siguientes dispositivos contenidos en el Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tlaxcala: "Artículo 1457. Contra la sentencia que niegue los alimentos procede el recurso de apelación." "Artículo 1458. La sentencia que concede los alimentos es recurrible en apelación, que se tramitará con intervención del acreedor y del deudor alimentario." "Artículo 1459. En el juicio de alimentos provisionales podrá discutirse el derecho del actor a percibir alimentos." "Artículo 1460. En el recurso de apelación podrá impugnarse el derecho a percibir alimentos, el monto de la pensión fijada, así como solicitarse la cancelación de dicha pensión; y mientras se decide la apelación, seguirá abonándose la suma fijada como alimentos provisionales." De la interpretación armónica de los citados preceptos normativos, se advierte que contra la sentencia que niegue los alimentos procede el recurso de apelación; asimismo, la sentencia que concede los alimentos es recurrible a través de ese medio de impugnación, que se tramitará con intervención del acreedor y del deudor alimentario. Ante tales circunstancias, resulta evidente que la sentencia reclamada de uno de octubre de dos mil veinte, dictada en el expediente 109/2020, relativo a las diligencias de alimentos provisionales, promovidas por BHM, por propio derecho, y en representación de sus menores hijos cuya identidad se protege, es recurrible a través del recurso de apelación; determinación que puede ser materia de análisis legal mediante el citado medio de impugnación previsto en los artículos 1458 y 1460 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tlaxcala, siendo tal recurso apto para revocar o modificar la sentencia aludida. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia PC.XXVIII. J/1 C (10a.), emitida por el Pleno del Vigésimo Octavo Circuito, consultable en la página 3871, Libro 67, Junio de 2019, Tomo V, Materias(s): Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS PROVISIONALES. LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO RELATIVO ES DEFINITIVA Y, POR ENDE, IMPUGNABLE, PREVIA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EN AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). Conforme a los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, primer párrafo, 170, fracción I, y 171 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo, de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Asimismo, se entiende por sentencias definitivas o laudos los que decidan el juicio en lo principal y respecto de las cuales la ley de la materia no conceda recurso ordinario alguno por el que puedan ser modificadas o revocadas, salvo que la ley permita la renuncia del recurso. Ahora bien, aunque el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, en su Libro Tercero 'Juicios y procedimientos sobre cuestiones familiares', Capítulo XI 'Alimentos Provisionales', regula en forma sui géneris el juicio relativo, pues no establece obligación de emplazar al deudor alimentario - demandado-, lo cierto es que contempla hipótesis normativas de las cuales puede afirmarse que existe el elemento 'controversia' necesario para considerar que se está en presencia de un juicio y que concluye con el dictado de una sentencia que lo decide en lo principal, pues el accionante tendrá que acreditar el derecho que dice tener para reclamar el pago de alimentos, la capacidad económica del deudor y la necesidad de éstos, e incluso si el demandado se apersonare a la contienda tendrá oportunidad de ofrecer pruebas y formular alegatos, además de estar legitimado para interponer el recurso de apelación contra la sentencia que concede los alimentos, pudiendo combatir en dicha instancia el derecho a percibirlos, así como el monto de la pensión fijada y solicitar su cancelación; por tanto, la sentencia pronunciada en el juicio de alimentos provisionales tiene el carácter de definitiva y, por ende, previa observancia del principio de definitividad, es impugnable en amparo directo." Lo anterior es así, tal y como se desprende de la ejecutoria, en lo conducente, del anterior criterio: "Así, se reitera, de la interpretación de los numerales invocados, se advierte que para decretar el pago de alimentos provisionales, se requiere que: Se acredite el título en cuya virtud se piden; se justifique la posibilidad económica del demandado; y, la necesidad que haya de los alimentos. Cada uno de dichos requisitos tienen formas de comprobación específicas, de acuerdo con los artículos 1447 a 1449 invocados, y en el caso de la prueba testimonial que se ofrezca, en su desahogo debe estar presente el agente del Ministerio Público. Además, luego de que se acrediten provisionalmente los requisitos previstos en el numeral 1446, el Juez precisará la suma en que los alimentos deban consistir, mandando abonarlos por mensualidades, semanas o quincenas anticipadas, según corresponda. Hasta esta fase es donde puede considerarse que la decisión que adopta el juzgador en torno al pago de alimentos, resulta de carácter provisional, pues el precepto 1451 establece que si el demandado se apersonare al juicio, el Juez permitirá que participe en el mismo, concediéndole la oportunidad de que alegue lo que a su derecho importe y ofrezca pruebas; siempre y cuando pague el importe que de manera preventiva le fije el Juez y exhiba garantía para su debido cumplimiento. Y una vez desahogadas las pruebas, las partes podrán alegar por escrito dentro del término de tres días, y transcurrido dicho término aleguen o no, el Juez contará con un término de diez días para dictar la sentencia correspondiente. Sentencia que, según se advierte, es la que en primera instancia decide en definitiva sobre el pago de los alimentos, y ésta es impugnable a través del recurso de apelación, ya sea porque los niegue o los conceda; medio de defensa en el cual puede cuestionarse el derecho a recibir alimentos, el monto de la pensión fijada, solicitar su cancelación y ofrecerse pruebas. En ese sentido, es dable destacar que el numeral 1461 de la misma legislación alude tanto a alimentos provisionales como a definitivos, cuando prevé que el importe de los mismos puede ser modificado o cancelado en la vía incidental, dentro del mismo juicio, y que durante la sustanciación del incidente seguirá también abonándose la suma fijada como alimentos provisionales o definitivos. Lo que revela que la sentencia que se emite en primera instancia, en relación al pago de alimentos, tiene su origen en un juicio desarrollado ante la autoridad jurisdiccional, pues inicia con el reclamo de la parte actora, la demostración provisional que se tiene a recibirlos, el ofrecimiento y desahogo de pruebas tendientes a acreditar si deben o no otorgarse alimentos en definitiva, la emisión de la sentencia que resuelve el reclamo, así como la posibilidad de cuestionar dicho fallo ante la autoridad de segunda instancia. Por ende, la sentencia que decide en definitiva sobre el otorgamiento o no de alimentos, una vez agotado, en su caso, el medio de impugnación ordinario, constituye una sentencia definitiva para los efectos de procedencia del juicio de amparo; tan es así que, en el primer supuesto, el pago habrá de subsistir hasta en tanto no se extinga la obligación alimentaria por alguna causa legal, más allá que en la legislación ordinaria se haya denominado "Alimentos provisionales", al capítulo que regula el citado juicio. Aunado a que, aun sin la participación del demandado durante la sustanciación de este juicio, la parte que reclama el pago de alimentos no se ve exenta de la obligación de acreditar ante la autoridad jurisdiccional los extremos de su pretensión. No es óbice que el artículo 1451 del ordenamiento procesal invocado prevea que no es necesario oír a la persona a quien se le reclaman los alimentos, ya que esa posibilidad legal que existe a nivel local para sustanciar un juicio de esta naturaleza sin que al acreedor se le otorgue el derecho de audiencia, no hace que se esté en presencia de una diligencia de jurisdicción voluntaria, pues las de este tipo se distinguen por ser actos que se dictan fuera de juicio; lo que en el caso no ocurre, pues, se reitera, formalmente el reclamo de alimentos se sustancia como un juicio ante la autoridad jurisdiccional, de quien se pide su intervención para definir si se tiene o no derecho al beneficio solicitado. En atención a las consideraciones vertidas, este Pleno de Circuito estima, como lo sostuvo el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, que la resolución definitiva pronunciada respecto de la solicitud de "alimentos provisionales", constituye una sentencia definitiva para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo. Ello es así, pues tiene su origen en un verdadero juicio, no obstante su regulación sui géneris. En efecto, el juicio inicia con la presentación de una demanda, y se deberá acreditar el derecho de quien reclama el pago de alimentos, así como la necesidad a recibirlos y la capacidad económica del deudor alimentario; requisitos que necesariamente deberá justificar el actor ante la presencia judicial, a fin que se fije la suma en que los alimentos deban consistir, al igual que los términos y condiciones de su cumplimiento. De ahí que el juzgador está obligado a analizar la pretensión del accionante para establecer si tiene derecho al pago de los alimentos, y no sólo se limita a fijar los mismos con base en la solicitud que se eleve ante su potestad; es decir, el Juez tendrá que resolver la controversia planteada y definir el derecho de las partes, lo cual desde luego implica que decida el juicio en lo principal. Y si bien la legislación en estudio, en el artículo 1451, faculta al juzgador a fijar la suma por concepto de alimentos, así como los términos y condiciones para su cumplimiento, sin oír al deudor alimentario; lo cierto es que tal disposición no incide a fin de determinar que la figura de "alimentos provisionales" carece del elemento de controversia que todo juicio debe observar, en virtud que, como se dijo, la autoridad judicial deberá decidir si efectivamente el actor justificó los requisitos previstos en el numeral 1446 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala. Aunado a que el precepto 1451, en sus párrafos segundo y tercero, para el supuesto que el demandado se apersone al procedimiento, le otorga la oportunidad de alegar y ofrecer pruebas. Asimismo, dispone que una vez desahogadas las pruebas y formulados o no los alegatos por las partes, el juzgador emitirá la sentencia a que haya lugar. De lo anterior se advierte que el legislador sí previó, al margen de su regulación, un mecanismo de defensa en favor del demandado para controvertir la pensión reclamada. Así es, la legislación analizada sí permite al deudor alimentario controvertir la acción deducida en su contra a través del ofrecimiento de pruebas y formulación de alegatos; inclusive, está legitimado para interponer el recurso de apelación contra la sentencia que fije los alimentos, pudiendo combatir en dicha instancia el derecho a percibir alimentos, así como el monto de la pensión fijada, y solicitar su cancelación. Lo cual revela, se insiste, que la sentencia que se emite en primera instancia, con relación al pago de alimentos, tiene su origen en un juicio desarrollado ante la autoridad jurisdiccional, pues inicia con el reclamo de la parte actora, la demostración provisional que se tiene a recibirlos, el ofrecimiento y desahogo de pruebas tendientes a acreditar si deben o no, otorgarse alimentos en definitiva, la emisión de la sentencia que resuelve el reclamo, así como la posibilidad de cuestionar dicho fallo ante la autoridad de segunda instancia. En ese contexto, no se soslaya que el Ministerio Público está obligado a asistir a la audiencia de recepción de la prueba testimonial, para repreguntar a los testigos; lo que denota que también el representante social está facultado de controvertir, de estimarlo procedente, la procedencia de la pretensión deducida por el accionante. Así, este Pleno de Circuito reitera que las disposiciones legales que regulan los "alimentos provisionales", contemplan supuestos de los cuales se puede afirmar que sí existe el elemento controversia necesario para considerarlo un juicio y que el mismo concluye con el dictado de una sentencia que lo decide en lo principal, al constituir derechos y obligaciones a cargo de las partes, pues se define la suma por concepto de alimentos, así como los términos y condiciones para su cumplimiento. Por tanto, se está en presencia de un juicio con una tramitación sui géneris, y cuenta con los elementos constitutivos referidos, esto es, una causa (pensión alimenticia), una controversia (procedencia de la acción), la cual es sometida ante un Juez competente y que concluye con una sentencia que define el derecho de las partes; y, en contra de la cual, previa observancia del principio de definitividad, procede el amparo directo." En ese sentido, se reitera, se actualiza la causal de improcedencia en análisis, dado que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, concede un medio de defensa para impugnar la determinación reclamada, mismo que de resultar fundado, tendría el efecto de revocarla y, por ello, debió agotarse antes de acudir al juicio de amparo, cuya ley reglamentaria impide el estudio de cuestiones que carezcan de definitividad. De ahí que, es innegable que se actualizan los elementos destacados que exige la causal de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado proviene de un tribunal judicial, respecto del cual la ley aplicable prevé un medio de defensa, dentro del procedimiento del cual emane el acto de autoridad, mismo que de resultar fundado se podría obtener en su caso la revocación de la resolución cuestionada. En ese contexto, debe decirse que en la especie no se actualiza alguno de los supuestos de excepción para el principio de definitividad referido, en razón que el acto reclamado en análisis no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menos aun de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; ni se trata de un auto de vinculación a proceso. Asimismo, cabe destacar que el quejoso resulta ser el demandado en el juicio de origen; por tanto no se presume el carácter de tercero extraño. Finalmente, como se evidenció, la procedencia del recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva reclamada, no se sujeta a interpretación adicional, así como tampoco su fundamento legal es insuficiente para determinarla. Por tanto, al no haber hecho valer la parte quejosa previamente al ejercicio de la acción constitucional, el medio de defensa idóneo, es evidente que inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; por tanto, el acto reclamado en mención no puede estimarse definitivo, y por ello, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la ley de la materia. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia de mérito, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio constitucional, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado al Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, Tlaxco, Tlaxcala, referente a la sentencia dictada el no de octubre de dos mil veinte, dentro del expediente 109/2020 en la cual se decretó una pensión alimenticia a favor de las menores de identidad reservada por la cantidad liquida de $*(o* moneda nacional) mensuales, así como a las pensiones atrasadas de diciembre de dos mil diecinueve a agosto de dos mil veinte. En ese tenor, decretado el sobreseimiento, este Tribunal Colegiado está impedido para analizar los conceptos de violación expuestos en el juicio de amparo directo, pues de hacerlo tal proceder sería incongruente en virtud que la consecuencia principal del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. Por las razones que la informan se cita por analogía la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 244, del Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. Finalmente, cabe señalar que no se deja en estado de indefensión al quejoso, ya que la parte quejosa estuvo en condiciones de interponer el recurso de apelación, pues el representante legal de la parte quejosa, de nombre RLBfue notificado de la sentencia que se reclama el cinco de noviembre de dos mil veinte, como se desprende de la diligencia de esa fecha que obra agregada a foja 106 del expediente civil de origen; data para la cual ya contaba con esa representación según consta de la escritura pública 76,395 pasada ante la fe del Consul de Chicago Illinois E.U.A. con la firma delegada en el Consulado General de México, actuando en funciones de Notario Público, la fue extendida el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, es decir con fecha anterior a la en que inició el juicio de origen (veintiséis de febrero de dos mil veinte e incluso antes de la notificación de la sentencia señalada (cinco de noviembre de dos mil veinte), por lo que el representante legal del quejoso estuvo en condiciones de interponer el recurso de apelación de que se trata, pues lo que conoció en lo personal no lo puede ignorar como apoderado legal. Cobra aplicación a lo antes expuesto la tesis 2ª. XX/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, visible en la página 230, del contenido siguiente: "REPRESENTANTE LEGAL. LO QUE SABE COMO PERSONA FÍSICA TAMBIÉN LO CONOCE CON AQUEL CARÁCTER. De conformidad con lo que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, el término de quince días para promover el juicio constitucional se inicia, entre otros casos, desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento el quejoso del acto reclamado. De tal suerte que si en autos se constata que el promovente del juicio de garantías tiene el doble carácter de demandado en lo personal y de representante legal de la empresa quejosa, y que como codemandado compareció al juicio generador del acto reclamado, resulta incuestionable que a partir de esta fecha conoció de la existencia del acto reclamado en su doble carácter, ya que es materialmente imposible que lo conocido por una persona física lo ignore en su calidad de representante de un ente diverso, porque no se puede aislar el conocimiento de una persona en dos partes, es decir, el conocimiento que obtiene es uno solo, por lo que es materialmente imposible que lo que se sabe como persona física se ignore como representante legal, aunque los intereses jurídicos pudieran ser distintos. De ahí que el plazo legal para promover la acción constitucional debe computarse desde el día siguiente al en que conoció el acto reclamado, en cualquiera de sus dos calidades". En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en el que se establece lo relativo a las sesiones de los tribunales colegiados por videoconferencia, cuya vigencia fue ampliada por los similares 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021 al advertirse de oficio la posible actualización de la causa de sobreseimiento enunciada, notifíquese la vista prevista en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa, dentro del término de tres días, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo en ese lapso se tendrá por conforme con esa decisión para los efectos que correspondan.
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