Rodrigo López Flores
Expediente 700/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 700/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Rodrigo López Flores
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Aceptan competencia. Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual, hace del conocimiento que aceptan la competencia planteada por este juzgado mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte, y en consecuencia, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Rodrigo Flores López por conducto de su apoderado Rogelio López Báez. Se ordena el archivo del expediente. En ese orden, del estado de autos se obtiene que este expediente está concluido, asimismo hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 21, inciso j), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 20. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte: Apizaco, Tlaxcala, treinta de noviembre de dos mil veinte. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Rogelio López Baez, en su carácter de apoderado legal de Rodrigo López Flores, contra actos de la Juez, Secretario y Diligenciario del Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, Tlaxco, Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 700/2020-III. Acto reclamado. Ahora bien, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: la sentencia de uno de octubre de dos mil veinte, dictada dentro del expediente 109/2020, relativo a las diligencias de alimentos provisionales, promovido por Bibiana Huerta Martínez por propio derecho y en representación de los menores D.A.L.H y R.L.H, del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, Tlaxco, Tlaxcala. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 8 de la Ley de Amparo, toda vez que de la demanda de derechos se advierte que hay menores, únicamente se insertarán sus iniciales al momento de hacer referencia a él, conforme con lo dispuesto en el Capítulo III denominado "Reglas y Consideraciones Generales para las y los Juzgadores", punto 6 relativo a la "Privacidad", y punto 7, relativo a "Medidas para proteger la intimidad y bienestar de niñas y niños y adolescentes" primer párrafo, incisos a), c), y d), todos del Protocolo de Actuación Para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Niñas, Niños y Adolescentes, elaborado por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el mes de marzo de dos mil catorce, por lo que este órgano jurisdiccional ordena que se omita la publicación de sus datos personales en las determinaciones que se emitan en este expediente. Ahora, a fin de normar el procedimiento y clarificar el presente juicio de amparo, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte como acto reclamado la sentencia de uno de octubre de dos mil veinte, dictada dentro del expediente número 109/2020, relativo a las diligencias provisionales promovido por Bibiana Huerta Martínez, por propio derecho y en representación de los menores de iniciales D.A.L.H. y R.L.H. Establecido lo anterior, resulta de vital importancia traer a colación los principales argumentos establecidos en lo resuelto por el Pleno del Vigésimo Octavo Circuito, en la contradicción de tesis 2/3018 entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados, ambos del Vigésimo Octavo Circuito, las cuales so del tenor siguiente: ".En atención a las consideraciones vertidas, este Pleno de Circuito estima, como lo sostuvo el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, que la resolución definitiva pronunciada respecto de la solicitud de "alimentos provisionales", constituye una sentencia definitiva para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo. - - - Ello es así, pues tiene su origen en un verdadero juicio, no obstante su regulación sui géneris. - - - En efecto, el juicio inicia con la presentación de una demanda, y se deberá acreditar el derecho de quien reclama el pago de alimentos, así como la necesidad a recibirlos y la capacidad económica del deudor alimentario; requisitos que necesariamente deberá justificar el actor ante la presencia judicial, a fin que se fije la suma en que los alimentos deban consistir, al igual que los términos y condiciones de su cumplimiento. - - - De ahí que el juzgador está obligado a analizar la pretensión del accionante para establecer si tiene derecho al pago de los alimentos, y no sólo se limita a fijar los mismos con base en la solicitud que se eleve ante su potestad; es decir, el Juez tendrá que resolver la controversia planteada y definir el derecho de las partes, lo cual desde luego implica que decida el juicio en lo principal. - - - Y si bien la legislación en estudio, en el artículo 1451, faculta al juzgador a fijar la suma por concepto de alimentos, así como los términos y condiciones para su cumplimiento, sin oír al deudor alimentario; lo cierto es que tal disposición no incide a fin de determinar que la figura de "alimentos provisionales" carece del elemento de controversia que todo juicio debe observar, en virtud que, como se dijo, la autoridad judicial deberá decidir si efectivamente el actor justificó los requisitos previstos en el numeral 1446 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala. - - Aunado a que el precepto 1451, en sus párrafos segundo y tercero, para el supuesto que el demandado se apersone al procedimiento, le otorga la oportunidad de alegar y ofrecer pruebas. Asimismo, dispone que una vez desahogadas las pruebas y formulados o no los alegatos por las partes, el juzgador emitirá la sentencia a que haya lugar. - - - De lo anterior se advierte que el legislador sí previó, al margen de su regulación, un mecanismo de defensa en favor del demandado para controvertir la pensión reclamada. - - -Así es, la legislación analizada sí permite al deudor alimentario controvertir la acción deducida en su contra a través del ofrecimiento de pruebas y formulación de alegatos; inclusive, está legitimado para interponer el recurso de apelación contra la sentencia que fije los alimentos, pudiendo combatir en dicha instancia el derecho a percibir alimentos, así como el monto de la pensión fijada, y solicitar su cancelación. - - - Lo cual revela, se insiste, que la sentencia que se emite en primera instancia, con relación al pago de alimentos, tiene su origen en un juicio desarrollado ante la autoridad jurisdiccional, pues inicia con el reclamo de la parte actora, la demostración provisional que se tiene a recibirlos, el ofrecimiento y desahogo de pruebas tendientes a acreditar si deben o no, otorgarse alimentos en definitiva, la emisión de la sentencia que resuelve el reclamo, así como la posibilidad de cuestionar dicho fallo ante la autoridad de segunda instancia. - - - En ese contexto, no se soslaya que el Ministerio Público está obligado a asistir a la audiencia de recepción de la prueba testimonial, para repreguntar a los testigos; lo que denota que también el representante social está facultado de controvertir, de estimarlo procedente, la procedencia de la pretensión deducida por el accionante. - - - Así, este Pleno de Circuito reitera que las disposiciones legales que regulan los "alimentos provisionales", contemplan supuestos de los cuales se puede afirmar que sí existe el elemento controversia necesario para considerarlo un juicio y que el mismo concluye con el dictado de una sentencia que lo decide en lo principal, al constituir derechos y obligaciones a cargo de las partes, pues se define la suma por concepto de alimentos, así como los términos y condiciones para su cumplimiento. - - - Por tanto, se está en presencia de un juicio con una tramitación sui géneris, y cuenta con los elementos constitutivos referidos, esto es, una causa (pensión alimenticia), una controversia (procedencia de la acción), la cual es sometida ante un Juez competente y que concluye con una sentencia que define el derecho de las partes; y, en contra de la cual, previa observancia del principio de definitividad, procede el amparo directo. - - - Así, este Pleno de Circuito reitera que las disposiciones legales que regulan los "alimentos provisionales", contemplan supuestos de los cuales se puede afirmar que sí existe el elemento controversia necesario para considerarlo un juicio y que el mismo concluye con el dictado de una sentencia que lo decide en lo principal, al constituir derechos y obligaciones a cargo de las partes, pues se define la suma por concepto de alimentos, así como los términos y condiciones para su cumplimiento. - - - Por tanto, se está en presencia de un juicio con una tramitación sui géneris, y cuenta con los elementos constitutivos referidos, esto es, una causa (pensión alimenticia), una controversia (procedencia de la acción), la cual es sometida ante un Juez competente y que concluye con una sentencia que define el derecho de las partes; y, en contra de la cual, previa observancia del principio de definitividad, procede el amparo directo. Así, los anteriores argumentos dieron origen a la jurisprudencia PC.XXVIII. J/1 C (10a.), emitida por el Pleno del Vigésimo Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 67, Junio de 2019, Tomo V, Página: 3871, Época: Décima Época, cuyo texto y rubro, son del tenor siguiente: "ALIMENTOS PROVISIONALES. LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO RELATIVO ES DEFINITIVA Y, POR ENDE, IMPUGNABLE, PREVIA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EN AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). Conforme a los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, primer párrafo, 170, fracción I, y 171 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo, de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Asimismo, se entiende por sentencias definitivas o laudos los que decidan el juicio en lo principal y respecto de las cuales la ley de la materia no conceda recurso ordinario alguno por el que puedan ser modificadas o revocadas, salvo que la ley permita la renuncia del recurso. Ahora bien, aunque el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, en su Libro Tercero "Juicios y procedimientos sobre cuestiones familiares", Capítulo XI "Alimentos Provisionales", regula en forma sui géneris el juicio relativo, pues no establece obligación de emplazar al deudor alimentario -demandado-, lo cierto es que contempla hipótesis normativas de las cuales puede afirmarse que existe el elemento "controversia" necesario para considerar que se está en presencia de un juicio y que concluye con el dictado de una sentencia que lo decide en lo principal, pues el accionante tendrá que acreditar el derecho que dice tener para reclamar el pago de alimentos, la capacidad económica del deudor y la necesidad de éstos, e incluso si el demandado se apersonare a la contienda tendrá oportunidad de ofrecer pruebas y formular alegatos, además de estar legitimado para interponer el recurso de apelación contra la sentencia que concede los alimentos, pudiendo combatir en dicha instancia el derecho a percibirlos, así como el monto de la pensión fijada y solicitar su cancelación; por tanto, la sentencia pronunciada en el juicio de alimentos provisionales tiene el carácter de definitiva y, por ende, previa observancia del principio de definitividad, es impugnable en amparo directo. Por tanto, de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia PC.XXVIII. J/1 C (10a.), la sentencia de uno de octubre de dos mil veinte, que reclama el quejoso del Juez y Secretario adscritos al Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, Tlaxco, pronunciada en un juicio de alimentos provisionales, constituye una sentencia definitiva. De igual forma, también conviene señalar que los artículos 34, 47, 170 y 176 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley." (.)" "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes." La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley." De conformidad con lo dispuesto en las normas legales antes transcritas, procede el amparo directo, del cual conocerá el Tribunal Colegiado que corresponda, contra sentencias definitivas o laudos y contra las resoluciones que sin decidir el fondo del juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso o medio de defensa ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; entendiéndose por las primeras, aquellas que decidan el juicio en lo principal y, por las segundas, las que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido. Explicado lo anterior, debe mencionarse que del contenido del artículo 107 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afectan personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, los cuales serán del conocimiento del Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Al respecto, resulta oportuno transcribir el contenido del precepto citado: "Articulo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." En la especie se advierte que el acto reclamado precisado, no encuadra en ninguno de los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, pues lo constituye la sentencia de uno de octubre de dos mil veinte, dictada dentro del expediente número 109/2020, relativo a las diligencias provisionales promovido por Bibiana Huerta Martínez, por propio derecho y en representación de los menores de iniciales D.A.L.H. y R.L.H., lo que constituye una sentencia definitiva, por consiguiente, se considera que el competente legalmente para conocer de la demanda de amparo es el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, pues de conformidad con el artículo 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dichos órganos jurisdiccionales son los competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra resoluciones que ponen fin al juicio. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10ª.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y contenido es: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Por tanto, remítase el presente expediente, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, para que se pronuncie respecto de si acepta o no el conocimiento del mismo, solicitando atentamente el acuse de recibo respectivo. Fórmese cuaderno de antecedentes, para los efectos legales conducentes. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Carlos Espinoza Meza, Alejandro Tanahua Apango y Sergio Sánchez Sánchez, por así haberlo solicitado en el escrito de demanda de amparo. Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Integración del expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3, párrafos sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretario a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entro los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Transparencia Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,223 expedientes
- Rodrigo Cortés Ramos413/2023
- Rodrigo Díaz Linares539/2023
- Rodrigo Donato Sánchez Roblero49/2020
- Rodrigo Herrera Vargas1152/2018
- Rodrigo López Flores1063/2023
- Rodrigo López Flores1434/2023
- Rodrigo Noel Sánchez Cuatepotzo1105/2019
- Rodrigo Roldán González129/2016
- Rodrigo Sánchez Gallardo406/2018
- Rodrigo Sánchez Gómez628/2016
- Rodrigo Xicohténcatl Pérez967/2018
- Rodrigo Zertuche Milla641/2015