Rodrigo Jafed Zapata Sulub
Expediente 2309/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2309/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rodrigo Jafed Zapata Sulub
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra del auto de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, por el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ******************** contra actos del Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y otra autoridad; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que, en el aludido auto se desechó la demanda de amparo, es evidente que este asunto constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, por lo que carece de relevancia documental y éste asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en consecuencia, el presente expediente es susceptible de destrucción. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por el quejosos Rodrigo Jafed Zapata Sulub; con el que pretende dar cumplimento el requerimiento que se le formuló en auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Ahora bien, toda vez que el término de cinco días que fue le otorgada a la parte quejosa mediante acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, a efecto que subsane dicha prevención, ya transcurrió, según la constancia que obra en autos fue notificado el dos de diciembre de do mil veintiuno, por lo tanto, se considera extemporánea tal cumplimiento. Por otra parte, por lo que respecta al acto que reclama al Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ambos, con sede en la Ciudad de México, consistente en: Ahora bien, lo procedente es desechar la demanda ya que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. (.) En la tesis 2a. X/2003, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que una resolución definitiva para efectos de la procedencia del juicio contencioso administrativo federal es aquella que constituye el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública y que puede tener como forma una como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial, sino que basta que contenga una determinación o decisión cuyas características impidan una modificación. En efecto, para este Juzgador, la solicitud hecha por el quejoso Rodrigo Jafed Zapata Sulub, constituye una instancia, en la medida en que instó la actividad administrativa del Estado para obtener algo, por lo que es claro que la respuesta que le recayó a dicha solicitud constituye una resolución definitiva que le pone fin a una instancia. Bajo esa tesitura, si el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es procedente en contra de las resoluciones definitivas o actos administrativos que pongan fin a una instancia, como sucedió en el caso, entonces es claro que previamente a la promoción del juicio de amparo se debió agotar ese medio ordinario de defensa, ya que a través de éste se puede obtener la modificación, revocación o anulación de los oficios reclamados. En el entendido de que el vocablo instancia, en términos del artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe entenderse como una petición o solicitud, mas no como una instancia derivada de un recurso, pues para este supuesto específico se establece la fracción XIII de ese precepto, en la que se prevé: "XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo". Así, al no satisfacerse el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, este órgano jurisdiccional estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. El medio ordinario cumple con las condiciones constitucionales y legales. Como se advierte del artículo 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, previamente a la promoción del juicio de amparo es necesario agotar los medios de defensa legales siempre que ley que los prevea reúna las condiciones siguientes: Que se suspendan los efectos del acto reclamado [con independencia de que el acto sea susceptible de ser suspendido conforme a la Ley de Amparo]. Que dicha suspensión tenga los mismos alcances que la Ley de Amparo. Que no exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. Que no prevea un plazo mayor que el establecido por la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. El juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cumple con dichas condiciones tal y como se advierte de las jurisprudencias 2a./J. 130/2013 (10a.), 2a./J. 19/2015 (10a.) y 2a./J. 27/2016, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuyos rubros son, respectivamente, los siguientes: (.) Por tanto, es válido concluir que el juicio contencioso previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no prevé mayores plazos, no exige más requisitos ni establece menores alcances que los contemplados por la Ley de Amparo para conceder la suspensión, razón por la cual cumple con las condiciones establecidas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que es necesario agotarlo en atención al principio de definitividad. No se actualiza alguna excepción al principio de definitividad. Del análisis de la demanda este órgano jurisdiccional estima que no se surte alguna excepción al principio de definitividad de las establecidas en el propio artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que: 1. Los actos no carecen de fundamentación. La autoridad responsable al emitirla citó diversos preceptos, lo que permite concluir que no hay una falta absoluta de fundamentos. 2. No se alegan únicamente violaciones directas a la Constitución. De la simple lectura de la ampliación de demanda se advierte que, entre otras cuestiones, la parte quejosa se duele de que, contrariamente a lo que sostuvo la autoridad administrativa en el oficio reclamado, si tiene facultades para otorgar la autorización real para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y sus derivados y variantes. Lo anterior implica que no se surte la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, segundo párrafo de la Ley de Amparo, ya que en ese precepto se dispone: "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia". En dicha norma se utiliza la palabra "sólo" como un adverbio de modo que significa "únicamente". De hecho así lo ha interpretado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que lleva por rubro: RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. 3. El juicio no está previsto en un reglamento. El juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa está previsto en una ley formal y materialmente y no en un reglamento. En conclusión, tenemos que no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad. Finalmente, es importante precisar que este Juez de Distrito no desconoce las jurisprudencias emitidas por la Primera Sala del Alto Tribunal en las que declaró como inconstitucionales las normas de la Ley General de Salud que establecen una prohibición absoluta para el consumo lúdico de marihuana. No obstante, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la suplencia de la queja tratándose de normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia del Alto Tribunal, opera sólo respecto de cuestiones de fondo, es decir, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues es inadmisible que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo. Máxime que el quejoso no impugnó la inconstitucionalidad de precepto legal alguno. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia P./J. 7/2006, que lleva por rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS". Incluso, determinar si en el caso resultan aplicables las jurisprudencias que aluden a la inconstitucionalidad de las normas que establecen una prohibición absoluta para el consumo lúdico de marihuana es una cuestión de legalidad que de ningún modo justifica la procedencia del juicio de amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa, sobre todo si, en el caso, no se reclamaron normas generales. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 103/2011, establecida por la Primera Sala del Alto Tribunal, que lleva por rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SU APLICACIÓN REPRESENTA UNA CUESTIÓN DE MERA LEGALIDAD, AUN CUANDO SE REFIERA A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O A LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES". Por ende, es evidente que previamente el quejoso debió agotar el juicio contencioso administrativo, en atención al principio de definitividad que rige al juicio de amparo. De ahí que la causa de improcedencia que se analiza es manifiesta e indudable. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano la demanda. (.) Notifíquese personalmente. (.)
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el informe previo rendido por el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Yucatán, en suplencia del Delegado, autoridad señalada como responsable en este asunto y con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos para ser tomado en consideración en el momento procesal oportuno. Por otra parte, se tiene por señalado el domicilio procesal que indica la responsable y como delegados a las personas que refiere, en términos del artículo 9 de la ley de Amparo y como correo electrónico el que menciona, el cual únicamente se utilizará en caso de ser pertinente, con fines de localización, si no se pueden realizar las notificaciones por las vías legales ordinarias. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de las partes, que en su caso podrán proporcionar un correo electrónico para la remisión digital del informe de cuenta. Por lo que refiere a la Agente del Ministerio Público de la Federación, en caso de que estime necesario imponerse del informe de cuenta, deberá solicitarlo a través del correo institucional 1jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, a efecto de que se ordene la remisión del mismo a su correo electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
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