Rodrigo Ivan Gutierrez Maravet

Expediente 75/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
75/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
16/04/2019

Partes del expediente

  • Rodrigo Ivan Gutierrez Maravet

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 75/2019-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el único resolutivo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos del I al VII; en esas condiciones, devuélvanse a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos para resolver el juicio de amparo 75/2019-II, promovido por SILVIA FLOR MARAVET GAMIZ, en representación de su menor hijo RODRIGO IVÁN GUTIÉRREZ MARAVET y. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de enero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado el mismo a este Juzgado, SILVIA FLOR MARAVET GAMIZ, en representación de su menor hijo RODRIGO IVÁN GUTIÉRREZ MARAVET, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos (fojas 1 a 26 del expediente principal). SEGUNDO. Trámite. El veintiuno de enero de dos mil diecinueve, se radicó la demanda de amparo y se previno a la quejosa (fojas 27 y 28 del expediente principal). Una vez de desahogada la prevención, el once de febrero de dos mil diecinueve, se admitió, la cual quedó registrada bajo el número de expediente 75/2019-II, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar al tercero interesado ISRAEL GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede (fojas del expediente principal). CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde reside la autoridad a la que se le atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama es: La resolución de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por la Juez Quinto de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en el incidente de ejecución forzosa de pensión alimenticia promovida por la actora incidentista SILVIA FLOR MARAVET GAMIZ por sí y en representación del menor RODRIGO IVÁN GUTIÉRREZ MARAVET; TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo cual se corrobora con las documentales, consistentes en copias certificadas que integran el juicio de divorcio necesario 73/2009-1, de donde se advierte la existencia del acto reclamado (anexos I al VII); documentales que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. CUARTO. Estudio de fondo del asunto. Al no advertirse que se actualice causal de improcedencia del juicio, se analizará la constitucionalidad de los actos reclamados. Son infundados en una parte y fundados pero inoperantes en otra los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, aun suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79 fracción II de la Ley de Amparo; toda vez que se involucra el interés de persona menor de edad y es menester proteger y garantizar el interés superior de la niñez. Sin que lo anterior implique que en forma automática e indiscriminada, esta autoridad judicial deba favorecer a la parte que solicita el amparo en representación de un miembro del grupo sociodemográfico señalado; ya que, en aras de la protección del principio de interés superior de la niñez, establecido en el párrafo octavo del artículo 4° constitucional, los juzgadores se encuentran vinculados a adoptar la decisión que favorezca el respeto a los derechos de los menores de edad, independientemente de los intereses personales que le pudieran revestir a los progenitores o a las personas contendientes en un litigio; mas no así, para interpretar las normas desconociendo los restantes principios y derechos vinculados a la relación jurídica procesal. Previamente a realizar pronunciamiento sobre los conceptos de violación, debe señalarse como antecedentes, los que se desprenden de las constancias del juicio de origen, y se hacen consistir en lo siguiente: 1. El treinta de octubre de dos mil diecisiete, SILVIA FLOR MARAVET GAMIZ, promovió incidente de ejecución forzosa de pensiones alimenticias adeudadas en favor de sus menores hijos ISRAEL EMILIO y RODRIGO IVÁN, ambos de apellidos GUTIÉRREZ MARAVET, respecto a la cláusula tercera del convenio aprobado (cláusula relativa a la pensión alimenticia) en la cual se estableció el pago de la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional) de manera mensual, que serían depositados mediante certificado de entero (fojas 1 a 5 del anexo V). 2. Mediante auto de seis de noviembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite el incidente de ejecución forzosa y se ordenó dar vista y correr traslado a ISRAEL GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, aquí tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de su legal notificación acreditara el pago o manifestara lo que a su derecho correspondiera (foja 6 del anexo V). 3. Por escrito presentado ante el Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, ISRAEL GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ compareció en el incidente de mérito y dio contestación a la vista otorgada, lo que así se determinó mediante auto de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho (fojas 29 a 35 del anexo V). 4. El veintidós de marzo de dos mil dieciocho, la Juez responsable resolvió el incidente de ejecución forzosa promovido por SILVIA FLOR MARAVET GAMEZ, respecto de los alimentos pactados en la cláusula tercera del convenio aprobado en sentencia definitiva de veinticinco de junio de dos mil nueve, dentro del expediente 73/2009, relativo a la controversia del orden familiar de divorcio necesario mutado a divorcio por mutuo consentimiento promovida por SILVIA FLOR MARAVET GAMIZ, en contra de ISRAEL GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, en la que condenó al demandado incidentista, al pago de la cantidad de $184,000.00 (ciento ochenta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de noventa y dos mensualidades de pensión alimenticia a razón de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), correspondientes a los meses de marzo dos mil diez a octubre dos mil diecisiete, a favor de los menores ISRAEL EMILIO y RODRIGO IVÁN, ambos de apellidos GUTIÉRREZ MARAVET (fojas 49 a 59 del anexo V). 5. En contra de dicha determinación, ISRAEL GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ promovió juicio de amparo, el cual se registró con el número 651/2018-IV, ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en donde se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitado (fojas 3 a 11 y 25 a 27 del anexo I). Lo anterior se invoca como un hecho notorio, al tratarse de un juicio tramitado ante este tribunal, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 6. Finalmente, mediante resolución de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, la Juez responsable determinó declarar procedente la excepción de prescripción opuesta por el demando incidentista ISRAEL GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ e improcedente el incidente de ejecución forzosa de la cláusula tercera de la sentencia definitiva que hizo valer, la aquí quejosa (fojas 84 a 96 del anexo V); siendo ésta la que se combate en el presente juicio. Ahora bien, la quejosa esencialmente sostiene en sus conceptos de violación que la Juez responsable, viola los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al realizar una inexacta aplicación de las normas del derecho familiar, vulnerando el principio de congruencia y exhaustividad; toda vez que solamente entra al estudio de las excepciones y defensas hechas valer por el demandado, dejando de valorar las pruebas ofertadas por la quejosa, pues solamente se constriñó a transcribir algunos razonamientos vertidos en la ejecutoria de amparo de seis de noviembre de dos mil dieciocho, realizando una inexacta interpretación de los lineamientos establecidos por la autoridad federal. Establecido lo anterior, se reitera lo anunciado, en el sentido de que el motivo de disenso expuesto resulta fundado pero inoperante. Esto es así, en atención a que asiste razón a la impetrante de amparo, cuando afirma que la responsable fue omisa en atender sus manifestaciones y el material probatorio que se desahogó en la secuela procesal; pues en efecto, de la lectura integral de la resolución que constituye el acto aquí reclamado, no se observa pronunciamiento alguno al respecto -de ahí lo fundado del motivo de inconformidad en estudio-. Sin embargo dicho argumento se torna inoperante, en atención a que, tras examinar sus manifestaciones en el sentido que Israel Gutiérrez Hernández, dejó de realizar depósitos por concepto de pensión alimenticia a favor del menor Rodrigo Iván Gutiérrez Maravet, a partir del mes de marzo de dos mil diez y hasta el mes de octubre de dos mil diecisiete, la Juez responsable consideró procedente la excepción de prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva y al efecto precisó que de conformidad con el artículo 618 del Código adjetivo, la sentencia que contiene una decisión jurisdiccional relativa a la obligación de dar alimentos, tiene una temporalidad de cinco años, el cual transcurrió en exceso en la especie. Ello, tomando en consideración que la sentencia que condenó al pago de alimentos es de veinticinco de junio de dos mil nueve, y la ejecución solicitada de la misma, data del treinta de octubre de dos mil diecisiete, es decir, que transcurrieron más de seis años. Lo cual, pone en evidencia que si bien es cierto no hay pronunciamiento judicial respecto de las excepciones de falta de legitimación y falta de acción o derecho que esgrimió la quejosa; también resulta verídico que ello, no interfiere con las razones que sustentan el criterio adoptado por la responsable en la resolución que ahora se reclama (prescripción). De ahí que se concluya que resultaría ociosa la concesión del amparo para subsanar la omisión destacada, pues ello no es apto para que el asunto se resuelva en forma favorable a los intereses de la quejosa; lo anterior, por razones de economía procesal, atendiendo a que a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que se analizara una cuestión innecesaria, dado que el sentido del fondo del asunto seguiría siendo el mismo, en detrimento del principio de economía procesal y la pronta administración de justicia que establece el artículo 17 constitucional. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio contenido en la tesis 108, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 85, número de registro 917642 de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.". Asimismo resulta aplicable la jurisprudencia I.3o.C/32, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Julio de 2004, página 1396, número de registro 1811186 de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES, DEBEN DECLARARSE ASÍ, CUANDO EXISTA SEGURIDAD ABSOLUTA EN CUANTO A LA IRRELEVANCIA DE LA OMISIÓN EN QUE INCURRIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y NO SEA NECESARIO SUSTITUIRSE EN SU ARBITRIO PARA DEFINIR CUESTIONES DE FONDO". Por otra parte, argumenta que la juez responsable deja de analizar la institución de la suplencia de la queja al momento de emitir la resolución interlocutoria combatida, toda vez que deja de observar que el cumplimiento de los alimentos es de tracto sucesivo y en ningún momento hace un estudio pormenorizado del artículo 620 del Código Procesal Familiar del Estado, toda vez que debió realizar el análisis de cada uno de los meses que se invocó en la planilla de ejecución y determinar si todas las pensiones cuya ejecución se solicitó o las más remotas habían prescrito, debiendo observar que en materia de alimentos no opera la caducidad de la instancia, ni el principio de cosa juzgada, ni precluyó el derecho de cuestionar la legalidad de éstos en cualquier tiempo; pues al versar sobre el estudio de alimentos debió analizarlos a la luz del interés superior del niño. El concepto de violación referido, deviene infundado; toda vez que si bien es cierto, la Juez responsable, no expresó nada respecto de la suplencia de la deficiencia de la queja, lo cierto es que no había supuesto alguno para suplirse. Ahora bien, el interés superior del niño es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del niño, y se encuentra implícito en la regulación de los derechos de los menores previsto en el artículo 4º Constitucional; dicho principio implica que todas las autoridades están obligadas a proporcionar un resguardo especial a la situación de los menores. Es por eso que al juzgador se le exige que cuando dirima controversias jurisdiccionales que, directa o indirectamente, afecten situaciones de menores tome todas las medidas necesarias que le permitían priorizar y proteger los derechos e intereses de los niños para asegurar su efectividad, potencializando así el paradigma de protección integral del menor; lo que no significa como se dijo, que siempre deba resolverse de forma favorable sus pretensiones, cuando éstas no encuentren sustento en las reglas de derecho aplicables ni puedan derivarse de éstas. Lo anterior se encuentra implícito en la tesis 1a./J.18/2014, emitida por la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 406, número de registro 2006011 de rubro: "INTERESE SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL.". En el caso en estudio la Juez responsable determinó declarar procedente la excepción de prescripción, en virtud de que, de conformidad con el artículo 618 del Código Procesal Familiar del Estado, al tratarse el reclamo planteado por la quejosa en torno a la ejecución forzosa en el pago de pensiones decretadas en un convenio subido a categoría de sentencia ejecutoriada, es decir ante la ejecución de una sentencia que contenía una decisión jurisdiccional relativa a la obligación de dar alimentos, tenía una temporalidad de cinco años para solicitar su ejecución a partir de que venció el término judicial para el cumplimiento de la misma; siendo el caso que la resolución definitiva cuya ejecución se solicitó, fue emitida el veinticinco de junio de dos mil nueve, en tanto que la incidencia de ejecución se solicitó por la aquí quejosa hasta el treinta de octubre de dos mil diecisiete; lo cual pone en evidencia que ya habían transcurrido más de ocho años, puesto que el plazo para hacer ejecutable dicha sentencia empezó a partir del doce de agosto de dos mil nueve, en que quedó firme, momento a partir del cual era ejecutable la sentencia. Por ello es infundado lo alegado toda vez que lo pretende la quejosa es que se contara de momento a momento el pago de las pensiones adeudas, sin tomar en consideración que la ejecución de la sentencia de confirmad con lo dispuesto en el artículo 618 del Código Procesal Familiar del Estado, prescribe en cinco años, no así el derecho de los alimentos el cual fue concedido mediante sentencia firme en el juicio natural. No debe perderse de vista que la aquí quejosa, parte de un argumento incorrecto, pues lo que se está dilucidando en el juicio de origen es la ejecución de la sentencia, no el derecho a recibir alimentos, pues como acertadamente lo aduce la Juez responsable este es irrenunciable, imprescriptible e inembargable, ya que supone el estado de necesidad del acreedor alimentario y esta situación ya fue dirimida en el juicio natural en una sentencia firme, para lo cual no era necesario pronunciarse respecto del principio del interés del niño, toda vez que lo que se analizó fue la figura de la prescripción que se da con el fin de evitar el estado de incertidumbre jurídica del deudor durante toda su vida, para esperar a que los deudores alimentario decidieran ejercer su derecho de acción para hacer efectiva la sentencia, quedando a capricho del deudor. Si bien es cierto que los alimentos son obligaciones de tracto sucesivo, porque la necesidad de recibirlos surge y persiste de momento a momento; ello sólo implica que la condena tenga una duración indeterminada, más no que dicha cuestión se pueda hacer valer en cualquier tiempo, pues por disposición expresa de la Ley Familiar del Estado y acorde al principio de legalidad en su vertiente de seguridad jurídica que alude a la eficacia de las determinaciones que constituyen cosa juzgada, podrá ejecutarse dicha determinación siempre y cuando no se rebase la temporalidad de cinco años, para hacer efectiva su ejecución, porque sostener su vigencia absoluta, se llegaría a lo extralógico de que la pensión alimenticia siga generándose indefinidamente y aun por toda la vida del acreedor. Cierto, durante la sustanciación del controvertido en el que se reclaman alimentos, ya fueron ventiladas las características y modalidades en la determinación del monto y periodicidad en el pago, en dicho juicio ya quedó determinado, juzgado y por ende así establecido el derecho del acreedor alimentario y la correlativa obligación del deudor alimentista con las características y modalidades plasmadas en la sentencia definitiva respectiva. De ahí que una vez juzgada (como acontece en la especie), determinada y establecida la obligación de dar alimentos, ya no está a discusión ni es materia de prueba circunstancia alguna inherente a la necesidad de los alimentos y compromiso de cubrirlos, salvo casos específicos así previstos por ello se concluye que el reclamo en su ejecución solo admitiría como excepción el pago de las prestaciones reclamadas; siempre y cuando éstas se requieran dentro de la temporalidad que el legislador estableció de forma expresa para el ejercicio de la acción de ejecución de sentencia. Plazo que en el caso se fijó en cinco años que no puede decirse que contravenga los principios fundamentales de la institución de alimentos, porque ante todo debe tenerse presente que el derecho a percibirlos y la obligación de proporcionarlos es una cuestión que fue analizada, juzgada y determinada de forma definitiva, y no puede volver a estudiarse en el incidente ya que el derecho a recibirlos ya fue declarado y, en su caso solo quedaría pendiente la forma y términos de exigir su cumplimiento; lo que aconteció en la especie. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia 1a./J.125/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Octubre de 2005, página 55, número de registro 177087 de rubro: "ALIMENTOS. LA PARTE QUE OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE EN EL JUICIO PUEDE RECLAMAR SU EJECUCIÓN Y EL PAGO DE LAS PENSIONES ATRASADAS, VENCIDAS Y NO COBRADAS DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ AÑOS, SIN QUE LA DEMORA EN DICHA SOLICITUD IMPLIQUE QUE EL ACREEDOR ALIMENTARIO NO LOS NECESITÓ (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES).". Así como la tesis VI.2o.C.684 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Julio de 2009, página 1953, número de registro 166924, de rubro: "JUICIO DE ALIMENTOS. LA ACCIÓN PARA PEDIR LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CONDENATORIA DEBE EJERCERSE EN UN PLAZO DE CINCO AÑOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).". Por tanto, en el caso debe concluirse que resultan infundados los conceptos de violación que se esgrimieron aun desde el análisis que se pretendió enfocar, esto es, desde la perspectiva del interés superior del menos, pues lo resuelto por la responsable en ningún momento constituye una resolución desmedida y que perjudique sin razón y fundamento al menor quejoso; pues como se indicó no se desconoce el derecho que éste tiene a percibir alimentos a cargo del deudor alimentario, sino solo que por legalidad, certeza jurídica y sobre todo en apego a los principios y formalidades que rigen la constitución de las cosa juzgada no es dable considerar que resulta imprescriptible un fallo definitivo aún en el supuesto resolver sobre alimentos dado que esto implicaría desconocer otro tanto de instituciones legales integrantes del sistema jurídico mexicano. En este orden de ideas al ser infundados en una parte y fundado pero inoperante en la restante los conceptos de violación analizados, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada en contra de la resolución de cinco de diciembre de dos mil dieciocho emitida por la Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Por lo expuesto y fundado; se: RESUELVE: ÚNICO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A SILVIA FLOR MARAVET GAMIZ, en representación de su menor hijo RODRIGO IVÁN GUTIÉRREZ MARAVET, respecto de la resolución de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, emitida por la Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, en el expediente 73/2009 por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma, Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, uno de marzo de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito del tercero interesado Israel Gutiérrez Hernández, mediante el cual se apersona a juicio; en su atención, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonado al juicio en que se actúa. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado Privada Laureles número 23, fraccionamiento Insurgentes de la colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos; y por autorizados en los términos señalados a las personas propuestas. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió la responsable, se ordena formar los anexos del I al VII, los cuales quedan a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

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