Rodrigo Ismael Guerra Wong
Expediente 379/2022 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 379/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 22/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Rodrigo Ismael Guerra Wong
- Petróleos Mexicanos
- Héctor Honorio Andrade Rodríguez
- Pemex Refinación
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Juicio de Amparo Directo
Vista la certificación de cuenta, hágase saber a las partes que en sesión ordinaria de siete de junio de dos mil veintitrés, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la comisión temporal del Magistrado Máximo Ariel Torres Quevedo, a este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con efectos a partir del uno de julio de dos mil veintitrés y mientras subsistan las condiciones o el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal así lo determine. Lo cual, hágase del conocimiento de las partes para los efectos a que haya lugar.
- Amparo en revisión
AGRÉGUESE A SUS AUTOS PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA EL OFICIO SIGNADO POR EL JUEZ CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DEL DIVERSO 2463/2023, DEL ÍNDICE DE ESTE TRIBUNAL FEDERAL. ASIMISMO, COMO ESTÁ ORDENADO EN AUTOS, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO PREVIAS LAS ANOTACIONES QUE SE HAGAN EN EL LIBRO DE GOBIERNO. POR OTRA PARTE, NO EXISTE DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER; SE ESTIMA QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE CARECE DE VALOR JURÍDICO, HISTÓRICO, DOCUMENTAL O DE RELEVANCIA ALGUNA, POR LO QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 18, FRACCIÓN III, INCISO B), DEL CAPÍTULO SÉPTIMO, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES; EL ASUNTO EN QUE SE ACTÚA DEBE CONSIDERARSE COMO DEPURABLE.
- Amparo en revisión
PRIMERO. SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. SEGUNDO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO.
- Amparo en revisión
Visto, el oficio PACH-EIL-E2C4-234/2023, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-4 Pachuca Estado de Hidalgo, que obra agregado en autos, con el cual se dio vista al Pleno de este tribunal colegiado, mediante auto de veintitrés del presente mes y año, en atención a su contenido, se acuerda: Por cuanto hace a la solicitud del citado Agente del Ministerio Público, relativa a que se remita a la Fiscalía General de la República, las copias certificadas de la totalidad de las constancias que integran el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 413/2022, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, del que deriva el presente recurso, así como de las copias certificadas de la totalidad de las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable dentro del cuaderno principal del juicio de amparo indirecto 413/2022, asimismo, se informe actuaciones procedimentales; Respecto de la remisión de las copias antes referidas, dígasele al fiscal federal, que deberá de estarse a lo acordado en provisto de treinta y uno de enero del presente año, donde se acordó lo conducente, en cuanto al informe que solicita, no ha lugar a acordar de conformidad con lo solicitado, en atención a las siguientes consideraciones. En razón de que los artículos 33, 34 y 40 de la Ley de la Fiscalía General de la República, en los cuales la autoridad oficiante fundamenta su petición, establecen: (Se transcriben) De los numerales trascritos se desprende que el Ministerio Público de la Federación, tiene, entre otras facultades, la de requerir de forma fundada y motivada informes, documentos, opiniones y datos de prueba en general, a autoridades de los tres órdenes de gobierno, entes autónomos constitucionales y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y de diligencias para la obtención de medios de prueba, para el debido ejercicio de sus facultades de investigación, estableciendo las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento. Asimismo, en términos de lo dispuesto por los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución y el Código Nacional, corresponde a los órganos constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus homólogos de las entidades federativas, las entidades paraestatales, organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los fideicomisos públicos que tengan el carácter de entidad paraestatal, y otras dependencias de la Administración Pública Federal; los órganos, dependencias, entidades e instituciones de las entidades federativas y de gobierno, en su respectivo ámbito de competencia, así como las personas particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad de conformidad con una norma de carácter general, brindar de inmediato la colaboración, apoyo y auxilio que dicha autoridad solicite, y en esos casos, se entregará al requirente la información solicitada sin que pueda argumentarse su reserva o confidencialidad, estando obligada la persona agente del Ministerio Público de la Federación a mantener dicha clasificación previa. Por lo que, en caso de incumplimiento por parte de las personas servidoras públicas de los órganos, dependencias, entidades e instituciones de los tres órdenes de gobierno, dará lugar al requerimiento por parte del agente del Ministerio Público de la Federación al superior jerárquico de aquéllos, para que se dé inicio a los procedimientos de responsabilidades o disciplinarios y se impongan las sanciones que correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad penal que resulte. Sin embargo, dicha normatividad en la que fundamenta el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-4 Pachuca Estado de Hidalgo, su petición, no resulta aplicable en caso de este órgano colegiado, pues dichos órganos a que se hace referencia en los analizados artículos no corresponden al Poder Judicial de la Federación, quien está encargado, entre otras cosas de la impartición de justicia y control constitucional, de resolver los conflictos que se susciten entre las personas y los órganos del poder público, así como proteger los derechos humanos de los gobernados reconocidos en la Constitución Federal y los Tratados Internacionales. Sin que lo anterior implique la obstrucción a la impartición de justicia y la desobediencia a un mandato legítimo de autoridad, como lo manifiesta en el oficio de cuenta el fiscal oficiante, dado que dicha Fiscalía no administra justicia, sino es la encargada de la investigación y persecución de los delitos de orden federal; en cambio, los Tribunales de la Federación tienen encomendada, entre otras funciones, resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como, por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, lo que incluye el control constitucional de los actos que realiza la autoridad oficiante. Por otra parte, hágase del conocimiento del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-4 Pachuca Estado de Hidalgo, que en relación al principio de unidad de la función de la figura del Ministerio Público, y a la potestad establecida en la fracción XIV, del artículo 40 de la Ley de la Fiscalía General de la Republica, es el agente del Ministerio Público adscrito a este órgano colegiado, parte en los juicios y procedimientos que se traten en este tribunal, el que debe desempeñar la función inherente a su cargo; por lo tanto, toda solicitud deberá realizarse por su conducto. Sustenta lo anterior, la tesis aislada I.9o.P.91 P (10a.), que se comparte, emitido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2165, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, materia común, penal, Décima Época, registro digital 2009799, que establece: "COPIAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS EN EL JUICIO DE AMPARO. ACORDE CON LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD ENTRE LAS PARTES Y DE EQUILIBRIO PROCESAL, PROCEDE SU EXPEDICIÓN A SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO DE TODOS AQUELLOS APORTADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN SU INFORME JUSTIFICADO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 18 de junio de 2008, respecto de la implementación del sistema procesal penal acusatorio y oral, esencialmente en el artículo 20, permea el reconocimiento de los derechos procesales; así, acorde con los principios de igualdad entre las partes y de equilibrio procesal, el agente del Ministerio Público de la Federación, como parte en el juicio de amparo, tiene derecho de imponerse de todos los documentos o constancias que lo integran; de manera que, la negativa a su solicitud de que se le expidan copias de las actuaciones de la averiguación previa, aportadas por la autoridad responsable en el informe justificado, bajo el argumento de resguardar el sigilo que caracteriza la indagatoria y no entorpecer las investigaciones practicadas en esa etapa del proceso, por dar acceso a toda la información contenida en ellas, trastoca dichos principios, toda vez que durante la tramitación del amparo, las partes, en igualdad de condiciones, tienen total acceso a la información que se allega al a quo para determinar la legalidad de la resolución reclamada, con el fin de que participen activamente en la formación del litigio informada y objetivamente. Por lo que, de conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o., párrafo segundo, es procedente a solicitud del Ministerio Público Federal, como parte en el juicio de amparo, la expedición de las copias de los mencionados documentos." Sin que lo anterior conlleve desatender las facultades y atribuciones con que cuenta en lo general, la figura del ministerio público en materia de investigación de delitos; pues precisamente el uso de las mismas no le resulta irrestricto, sino que deben ser acordes al resto de las obligaciones con que también cuenta por resultarle la investidura de ser un poder público; y es en ese sentido como debe entenderse que, el principio de comunicación y auxilio entre autoridades, debe verificarse bajo premisas tales como la naturaleza, competencia y calidad con la que intervienen respecto del asunto de que se trate. Así, se considera que a efecto de lograr que la colaboración pretendida entre las autoridades del país para con el ejercicio de las funciones de investigación de hechos delictuosos exclusiva del ministerio público sea efectiva, es que corresponde precisamente a la propia fiscalía -como autoridad especializada en la materia-, buscar los mecanismos adecuados para lograr tal objetivo, sin que ello constituya un detrimento al resto de la legislación vigente y aplicable. Asimismo, hágase del conocimiento del citado fiscal que dicha solicitud de información puede ser presentada a la Secretaría para el Trámite de Solicitudes de Acceso a la Información Jurisdiccional, a través de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Plataforma Nacional de Trasparencia, autoridad encargada de recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública jurisdiccional, en términos de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, devuélvase este expediente a la ponencia del Magistrado Juan Carlos Hinojosa Zamora, donde se encontraba.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
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