Rodrigo Isidro González Sánchez

Expediente 928/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
928/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
03/09/2019

Partes del expediente

  • Rodrigo Isidro González Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a tres de septiembre de dos mil diecinueve. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de catorce de agosto de dos mil diecinueve, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Causa estado En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción IV, capítulo cinco, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, ni contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a catorce de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y en representación del Pleno de la misma; mediante el cual rinde su respectivo informe justificado, señala domicilio, designa delegados y remite diversas constancias. Con apoyo en los numerales 9 y 26, fracción II, de la ley en cita, se tienen como sus delegados a las personas que menciona, y por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica. Ahora bien, vistas las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que para actualizarse la causal de sobreseimiento en estudio, es requisito sine qua non que la Autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar al quejoso. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Luego, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, el cual hizo consistir en la omisión de emplazar a la parte demandada en el juicio laboral ***. Sin embargo, de las constancias remitidas por la Junta responsable, se advierte que los demandados en el juicio de origen son ****, quienes fueron debidamente emplazados el dieciocho de junio de dos mil diecinueve y cinco de agosto del año en curso, respectivamente. Razón por la cual, si la parte quejosa reclama la omisión de emplazar a la parte demandada en el juicio laboral ****, y el cinco de agosto de dos mil diecinueve, la Junta responsable emplazó a la totalidad de los demandados, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, la pretendida violación cesó en sus efectos al desaparecer la omisión de mérito, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos procesales como si se hubiere otorgado la protección constitucional, por lo que, es evidente que los alcances de la protección constitucional no podrían ir más allá. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de sobreseimiento invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Por lo anterior expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días, concedido a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos a efecto de que rinda su informe justificado, tal como consta del acuse de recibo del oficio ****; en consecuencia, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que, se difiere y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración. Esto es así, ya que constituye un hecho notorio, público, cierto y conocido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que dicha autoridad se encontraba gozando de su primer periodo vacacional. Sirve de apoyo en lo que interesa, la tesis XX.2o.17 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 1571, Tomo XXII, Julio de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "VIOLACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO DE AMPARO. LA CONSTITUYE LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE NO DIFERIR LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SI EN LA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO POR ENCONTRARSE DE VACACIONES". Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diez de julio de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 928/2019-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Desechamiento parcial de la demanda. Ahora bien, es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido lineamientos que este Juzgador debe observar, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en la demanda . Asimismo, la parte quejosa señala como uno de los actos reclamados el auto de dos de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual se fijó como fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral ***. Por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, ya que de su estudio integral se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, por las razones legales que a continuación se expondrán. En ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo . La Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril del mismo año, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación como aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo que actualmente impera en el orden jurídico mexicano, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la interpretación de las normas de la Ley de Amparo debe efectuarse bajo la coherencia del orden constitucional, en el caso, de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la supremacía normativa de esa Ley Fundamental no se manifiesta sólo en su aptitud de servir como parámetro de validez de todas las demás normas jurídicas, sino también en la exigencia de que tales normas, a la hora de ser aplicadas, se interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales; de forma que, en caso de que existan varias posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se elija aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en la Constitución al momento de ser aplicadas. Con otras palabras, esa supremacía intrínseca no sólo opera en el momento de la creación de las normas, cuyo contenido ha de ser compatible con la Constitución en el momento de su aprobación, sino que se prologan, ahora como parámetro interpretativo, a la fase de aplicación de esas normas , para la correcta y funcional administración de la justicia federal. Ahora bien, el Tribunal Pleno al resolver la contradicción de tesis 377/2013 en la sesión del veintidós de mayo de dos mil catorce, sostuvo que de conformidad con el texto vigente del artículo 107, fracción III, de la Constitución Federal , se advierte que el Poder Reformador de la Constitución instituyó como una de las bases que deberían reglamentarse en la legislación secundaria, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución fuera de imposible reparación, pues así como acontece con otras figuras procesales previstas en dicho artículo constitucional, su texto se limitó a enunciar su sola existencia, sin ofrecer alguna definición sobre los pormenores acerca de cómo habría de concebirse en la legislación derivada, o respecto de las formas y procedimientos cómo debería de operar en la práctica, lo cual encuentra explicación en la circunstancia de que el propio Constituyente Permanente al formular el encabezado de la norma refirió que el juicio de amparo se sujetaría "...a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:..."; encomendando por tanto al Congreso de la Unión la obligación de desarrollar con toda precisión en la ley secundaria las instituciones y principios constitucionales que rigen el amparo, con la única condición de mantener intactos sus principios y fines. Ello es así, en virtud de que el grado de pormenorización que exija cada una de las instituciones procesales contenidas en el artículo 107 constitucional, debe tomar en cuenta las reglas y los fines que persiguió el Poder Reformador de la Constitución al consagrar el juicio de amparo. En este contexto, como lo advirtió el Tribunal Pleno de nuestro Alto Tribunal al resolver la citada contradicción de tesis 377/2013, uno de los problemas que se observaron en los trabajos legislativos que antecedieron a la última reforma al artículo 107 constitucional fue la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo, a grado tal que se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, erigiéndose como un obstáculo para la pronta impartición de justicia, al ser un hecho notorio que la substanciación y resolución de este medio de control en muchas ocasiones propiciaba el alargamiento de los juicios. Consecuentemente, si una de las motivaciones de la reforma constitucional fue clara en la consecución de una estructura más ágil del juicio de amparo, y por otro lado, hubo la evidente intención de concentrar en un sólo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, debe estimarse que la interpretación más acorde con este propósito, es aquella que propugne por evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional que dificulten una pronta solución del asunto, de tal suerte que solo de manera excepcional se susciten cuestiones de esa naturaleza, en espera de que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo, para que en la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva. Por tanto, si bien en la fracción III del artículo 107 constitucional se reafirmó la posibilidad de impugnar en amparo indirecto actos preliminares a la sentencia o laudo, bajo la condición de que constituyeran actos o resoluciones de imposible reparación, se dejó en manos del legislador ordinario la tarea de señalar cuáles serían los requisitos y condiciones para la procedencia de esta modalidad del medio de control constitucional, como se advierte del artículo segundo transitorio del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de junio de 2011 que señala: "El Congreso de la Unión expedirá las reformas legales correspondientes dentro de los 120 días posteriores a la publicación del presente Decreto." Asentado lo anterior, se atiende al supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto previsto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, circunscrito a los actos o resoluciones dictadas en los juicios del conocimiento de los órganos jurisdiccionales. El Tribunal Pleno de nuestra Corte Suprema al resolver la multicitada contradicción de tesis 377/2013, sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. La interpretación sustentada por el Pleno se apoyó en las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en juicio: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado de la sentencia por el Tribunal respectivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva . Bajo esa misma línea argumentativa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10ª.), estableció que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, los cuales, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. Asimismo, determinó que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva . Luego, es indudable para este órgano jurisdiccional que el acto que en esta vía se reclama no constituye un acto procesal de ejecución irreparable que produzca una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa. Ello es así, ya que aun cuando en el caso, la parte quejosa alega violaciones a los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 constitucionales, el acto reclamado consistente en el auto de dos de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual se fijó como fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral ***, sólo afecta derechos adjetivos y no irrumpe en la esfera de sus derechos sustantivos como la vida, libertad, trabajo, propiedad, etcétera. Sirve de apoyo a la conclusión anterior, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.". En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA PARCIALMENTE LA DEMANDA DE AMPARO. Admisión de demanda. En atención a su contenido, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, respecto de la autoridad y acto siguiente: I.- De la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, lo siguiente: a) La omisión de emplazar a la parte demandada en el procedimiento laboral ***. De la audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. Vista al Ministerio Público Federal. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

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