Rodrigo Ignacio Enciso Cota

Expediente 734/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
734/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
28/10/2016

Partes del expediente

  • Rodrigo Ignacio Enciso Cota

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintiocho de octubre de dos mil dieciséis.Se tiene por recibida la copia del oficio 117.DC.2478.2016, firmado por el Director de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en ausencia del Titular, quien actúa en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, por la cual, en relación con el incidente de inejecución de la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, informa que solicitó al Director General de Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con asiento en esa ciudad, las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria; lo anterior, a fin de evitar la continuación del citado incidente.En atención a lo anterior, agréguese en autos el comunicado de cuenta para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, diecisiete de octubre de dos mil dieciséis. Recepción de demanda. Se tiene por recibido el escrito de demanda firmado por el quejoso Rodrigo Ignacio Enciso Cota Radicación de expediente. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado bajo el número 734/2016 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Decisión de la instancia constitucional. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" Este precepto autoriza a este juzgado a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Al respecto el Pleno en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, determinó que el corte, así como el aviso recibo del cobro de suministro de energía eléctrica e incluso la clausura del medidor, atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, no conforman actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, los cuales son motivo manifiesto e indudable de improcedencia, al respecto se invocan: La jurisprudencia PC.XVI.A J/4K, del Pleno en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, visible a página 1338, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Octubre de 2014, cuyo rubro y texto indican: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CUANDO EL AMPARO SE PROMUEVE CONTRA LA DETERMINACIÓN Y COBRO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTENIDOS EN EL AVISO RECIBO ATRIBUIDOS A AQUÉLLA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA [APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 43/2014 (10a.) Y 2a./J. 44/2014 (10a.)]. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juzgador de amparo está facultado para desechar la demanda relativa cuando advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendida como aquella que está plenamente demostrada, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base y de acuerdo con las jurisprudencias 2a./J. 43/2014 (10a.) y 2a./J. 44/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, páginas 888 y 890, respectivamente, de rubros: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." y "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", el aviso recibo que contiene la determinación y cobro del suministro de energía eléctrica, e incluso cuando contenga una advertencia del corte de ese servicio, atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, no conforman actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, habida cuenta que la aplicación de dichos criterios jurisprudenciales es obligatoria, en términos del artículo 217 de la ley citada; de modo que resulta suficiente la aplicación de los criterios definidos, sin que se requiera mayor pronunciamiento, para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia, en los supuestos en los que se señalen como actos reclamados aquellos a que se contraen las tesis jurisprudenciales referidas." También es aplicable la jurisprudencia PC.XVI. J/1A, del Pleno del Décimo Sexto Circuito, visible a página 2125, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Enero de 2014, cuyo rubro y texto indican: "IMPROCEDENCIA NOTORIA Y MANIFIESTA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. SE ACTUALIZA AL DEMANDARSE EL AMPARO CONTRA EL CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO O LA SUSPENSIÓN Y LOS AVISOS RECIBO QUE EXPIDE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juez federal está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por éste aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base, constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la existencia de las jurisprudencias 2a./J. 112/2010 y 2a./J. 113/2010, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 364 y 365, respectivamente, Tomo XXXII, Agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubros: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." y "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", en las que se define que el cobro, aviso, corte de energía e incluso clausura del medidor, atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, no conforman actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, habida cuenta que la aplicación de esos criterios jurisprudenciales es obligatoria en términos de los artículos 215, 216, 217 y Sexto transitorio de la ley de la materia, en tanto que no se oponen a las disposiciones insertas en la Ley de Amparo vigente; de modo que resulta suficiente la aplicación de los criterios definidos, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia, en supuestos en los que se señalen como actos reclamados aquellos a que se contraen la tesis jurisprudenciales de trato." Del análisis integral de la demanda de amparo y de la constancia anexa a la misma, se desprende que el acto que efectivamente reclama la parte quejosa es el siguiente: El apercibimiento de corte del servicio de energía eléctrica en el domicilio avenida Emilio Barragán, número 14, fraccionamiento Playa Sur de esta ciudad, con número de servicio 533 960 217 622 y de medidor H048K4. La determinación y cobro de la suma de $47,316.00 (cuarenta y siete mil trescientos dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), contenidos en Aviso-Recibo de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, por concepto de suministro de fluido eléctrico en el indicado domicilio. Ahora bien, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, del referido cuerpo normativo, los dos últimos aplicados en sentido contrario, en su orden señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De dichos preceptos se desprende que: a) El juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo vigente. b) El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. c) El último de los preceptos trascritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; además, dispone que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad. Aquí, resulta pertinente traer a cita la postura al respecto, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 164/2011, visible en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De dicho criterio, se advierte que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas entre el gobernado y el ente emisor, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que dicho ente señalado como autoridad, actúe en un plano superior al particular. En ese sentido, se tiene que las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Que con motivo de esa relación, emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. En esa tesitura, tenemos que es autoridad para efectos del amparo, aquel ente de derecho o de hecho que de forma unilateral y en un plano de supra a subordinación, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, a través del cual se crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. En el particular, de la lectura integral de la demanda de amparo y de la constancia que adjuntó la promovente, se desprende que lo que efectivamente reclama de la Comisión Federal de Electricidad es el apercibimiento de corte del servicio de energía eléctrica en el domicilio ubicado en avenida Emilio Barragán, número 14, fraccionamiento Playa Sur de esta ciudad, contenido el aviso recibo con número de servicio 33 960 217 622 y de medidor H048K4; la determinación y cobro de la suma de $47,316.00 (cuarenta y siete mil trescientos dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suministro de fluido eléctrico en el indicado domicilio. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional, considera que en el caso no se cumple con los requisitos establecidos en los incisos a) y c), antes señalados, ya que dichos actos derivan de un acuerdo de voluntades, donde el prestador del servicio (Comisión Federal de Electricidad) y el usuario (parte quejosa), adquieren derechos y obligaciones recíprocas, de ahí, que la relación entre éstos no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación de coordinación entre dicha empresa productiva y el particular usuario del servicio. Sin que pueda considerarse que el apercibimiento de corte de suministro de energía eléctrica en el domicilio indicado constituya un acto unilateral susceptible de crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, una situación jurídica que afecte la esfera legal del particular, o que genere que la relación de coordinación se trasforme de supra a subordinación, dado que, virtud a la existencia del contrato celebrado entre las partes involucradas, ello solo es consecuencia del eventual incumplimiento de lo pactado por una de las partes; en la especie, lo que faculta a la parte afectada (Comisión Federal de Electricidad), para, en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación de voluntades ante el incumplimiento de alguna de las partes, dejar de suministrar el servicio de energía eléctrica, a través del corte . Por tales motivos, es inconcuso que cualquier acto derivado del incumplimiento del contrato celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y el usuario del servicio de energía electricidad, no puede reputarse como de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues se trata de actos entre particulares, sobre los que existe un acuerdo de voluntades. En tal supuesto, y toda vez que vez que conformidad con los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial; obligado resulta concluir que las controversias suscitadas entre las partes, derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no a través del juicio constitucional, al no tratarse de actos de autoridad. En ese aspecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 4729/2014 de trece de mayo de dos mil quince, en lo de interés determinó: ".En consecuencia, debe señalarse que el derecho de acceso a la administración de justicia, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí es observado por el Estado, ya que el hecho de que el juicio contencioso administrativo no sea procedente en el caso concreto no implica que no exista una vía idónea y tribunales competentes ante los cuales el quejoso pueda hacer valer sus derechos y plantear su reclamo, como en la especie lo es la vía ordinaria mercantil, por tratarse en el caso de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Así es, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en el artículo 1049, en relación con el 75, fracciones V y XXV, ambos del Código de Comercio, en el caso del suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares debe entenderse que el mismo es de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil, circunstancia que corrobora el por qué el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no resulta violatorio de lo previsto en el artículo 17 constitucional. Virtud de esta nueva reflexión respecto del tema, anteriormente desarrollado, la actual integración de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interrumpe el criterio que se contiene en la tesis de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO DEBEN CONSIDERARSE COMO CELEBRADOS ENTRE PARTICULARES, SINO COMO VERDADEROS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS." Máxime, que en las reformas de los artículos 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto, y 28, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de diciembre del dos mil trece, se dispuso la transformación de la Comisión Federal de Electricidad de organismo público descentralizado a empresa productiva del Estado, así como la participación de los particulares en las actividades de la industria eléctrica distintas a la planeación y control del sistema eléctrico nacional y al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, las que desarrollará exclusivamente la Nación. Asimismo, en base a las citadas reformas, se creó la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, que entró en vigor el catorce de octubre de dos mil catorce, y se derogaron todas las disposiciones legales y administrativas que se opongan al contenido de dicho ordenamiento. Así en los artículos 3, 7, 82 y 118 de la referida Ley, se desprende que el legislador dispuso expresamente que a los actos que emita la Comisión Federal de Electricidad les son aplicables las legislaciones mercantil y civil, por lo que serán de esa naturaleza. De igual forma, se estableció que excepcionalmente, los actos que emita en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa, siendo éstos los únicos impugnables a través del juicio de nulidad y, en su caso, en vía de amparo, hipótesis que no se surte en el particular. En razón de ello, el resto de los conflictos en que participe dicha empresa, incluidos los derivados de la interpretación y cumplimiento de los contratos suscritos merced a un procedimiento administrativo, serán resueltos en vía mercantil o civil por los tribunales federales competentes en la materia, o bien, a través de los mecanismos de solución de conflictos, tales como el arbitraje, que pacten las partes. Por tales motivos, contrariamente a lo que estima la promovente del amparo, no puede considerarse que en la especie se esté en presencia de actos de autoridad, o del caso de excepción establecido por la Ley respectiva, impugnables a través del juicio amparo Es aplicable al respeto, la tesis I.1o.A.132 A (10a.), publicada el 19 de agosto de 2016, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que versa: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE ENERGÍA Y LA LEY VIGENTE DE DICHO ORGANISMO DEJARON SIN CONTENIDO JURÍDICO LAS TESIS AISLADAS 2a. CVI/2014 (10a.) Y 2a. CVII/2014 (10a.), QUE ESTABLECÍAN QUE SUS ACTOS ERAN IMPUGNABLES A TRAVÉS DE LOS JUICIOS DE NULIDAD Y DE AMPARO, POR LO QUE NO PUEDEN SER TOMADAS EN CUENTA COMO ORIENTADORAS. Al resolver los precedentes de que derivaron dichos criterios, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo en cuenta que de las disposiciones constitucionales y legales que regulaban a la Comisión Federal de Electricidad se advertía lo siguiente: 1. Es un organismo público descentralizado; 2. La generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica constituye un área estratégica que el Estado realiza en exclusiva, por lo que ninguna persona privada puede prestar esos servicios; 3. Los contratos que celebra para cumplir el mandato constitucional de brindar el servicio de energía eléctrica son administrativos; y, 4. En consecuencia, los actos que emita derivados del contrato también son administrativos y pueden ser impugnados a través del recurso de revisión, del juicio de nulidad, o bien, del juicio de amparo cuando proceda. Sin embargo, a raíz de la reforma a los artículos 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto, y 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía y de la entrada en vigor de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013 y el 11 de agosto de 2014, respectivamente, dicha entidad se transformó, por ministerio de ley, en empresa productiva del Estado y se estableció la posibilidad de la participación de los particulares en el desarrollo de las actividades distintas a la conducción y distribución de energía eléctrica. Así, de los artículos 3, 7, 82 y 118 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad en vigor se advierte que a los actos que emita les son aplicables las legislaciones mercantil y civil, por lo que serán de esa naturaleza y que, excepcionalmente, aquellos que dicte en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa, y serán los únicos que podrán ser impugnados a través del juicio de nulidad y, en su caso, del amparo, pues el resto de los conflictos nacionales en que participe dicha empresa, incluidos los derivados de la interpretación y cumplimiento de los contratos suscritos merced a un procedimiento administrativo, serán resueltos en vía mercantil o civil por los tribunales federales competentes en esas materias, o bien, a través de los mecanismos de solución que pacten las partes. Por tanto, las tesis aisladas mencionadas, que establecían que los actos de la Comisión Federal de Electricidad eran impugnables mediante los juicios de nulidad y de amparo, quedaron sin sustento jurídico, razón por la cual no es factible tomarlas en cuenta como criterios orientadores." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I, y 5, fracción II, los dos últimos aplicados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda por notoriamente improcedente. AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda, y como autorizado para tal efecto, en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luz Yuriko Hashimoto López, en virtud de no tener cédula profesional ni permiso temporal para ejercer la abogacía registrado en este Juzgado, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE y personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 8,136 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano