Rodrígo Humberto García Baltazar

Expediente 64/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
64/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
14/02/2022

Partes del expediente

  • Rodrígo Humberto García Baltazar

Actuaciones

  1. Principal

    ... se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 97 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que haya ejercido ese derecho.... se declara que causó estado el referido acuerdo.... archívese este expediente como concluido...

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiséis de enero de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Rodrigo Humberto García Baltazar, por propio derecho, contra actos de Estrella Belén García García en su carácter de Fiscal Especializada en la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, por violación a sus derechos fundamentales. Radicación de demanda. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 64/2022. Acto reclamado. Citatorio de veinte de enero de dos mil veintidós, girado por el Fiscal Especializada de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en esta ciudad, a través del cual solicita al quejoso Rodrigo Humberto García Baltazar comparezca en sus instalaciones, a las dieciocho horas con quince minutos del veinticinco de enero de dos mil veintidós, a fin de desahogar la entrevista en calidad de investigado, dentro de la carpeta de investigación DIM/UECS/FE/32/2021. Desechamiento. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto analizará el escrito de demanda y analizará la procedencia de ésta, puesto que impone ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. En ese tenor, se considera que se actualizada la hipótesis prevista en la fracción XII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, la cual dispone que el juicio constitucional será improcedente cuando el acto reclamado no afecte la esfera jurídica del quejoso. Asimismo, conviene citar el contenido de los preceptos 5, fracciones I, II y 6, de la Ley de la materia que, en la parte que interesa, específicamente del diverso 6, se advierte que el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, de manera real y actual a su esfera jurídica, ya sea de forma directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico y, por ello, únicamente podrá instarse por el agraviado, su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la Ley; lo que significa que tanto la promoción del juicio constitucional, como sus recursos e instancias, se seguirán siempre por parte interesada; esto es, por aquella a quien el acto reclamado, actuación u omisión cause una afectación a sus derechos. Se expone lo anterior, ya que el medio de control constitucional se promueve contra un acto de autoridad, con el objeto de obtener su revocación, modificación o anulación; por ello, en primer lugar, es necesario que quien lo haga sea uno de los sujetos descritos en el artículo 5° de la Ley de Amparo y, en segundo, goce de interés para defender el derecho amenazado o afectado por la actuación de autoridad, si ello no ocurre, no existe legitimación procesal para entablar una defensa. Ahora, como ya se precisó el acto reclamado consiste en el citatorio de veinte de enero de dos mil veintidós, girado por la Fiscal Especializada de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en esta ciudad, para el efecto de que el quejoso Rodrigo Humberto García Baltazar compareciera a sus instalaciones en calidad de investigado, dentro de la carpeta de investigación DIM/UECS/FE/32/2021. Sin embargo, el citatorio reclamado a la Fiscal responsable, no crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria en perjuicio del quejoso, es decir, no contiene transgresión alguna a los derechos fundamentales del impetrante. Lo anterior es así, en la medida de que únicamente se hace la petición de que comparezca, con su defensor, a fin de hacerle de su conocimiento los derechos que le asisten, los hechos que se indagan en su contra en la carpeta de investigación y manifestar si desea o no declarar respecto de los mismos. En esa tesitura, en términos de lo establecido por el precepto 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la persecución de los delitos es una función del Ministerio Público y, ante ello, está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer los posibles hechos delictuosos y, en su caso, integrar la correspondiente carpeta de investigación. Por tanto, el desahogo de diligencias tendientes a su integración no causa daño o perjuicio a persona alguna, por ser de orden público, entonces no procede el amparo en su contra, dado que no existe transgresión a su libertad, propiedades o cualquier otro derecho; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer esas facultades de investigación. En efecto, dentro de la facultad de la institución del ministerio público se encuentra la de recabar datos de pruebas idóneos, para acreditar el hecho que la ley señala como delito y la responsabilidad de alguien en su comisión. Además, existen diversos medios de convicción que puede recabar el fiscal en la integración de la carpeta, de las cuales destaca las manifestaciones de personas que hayan intervenido o tengan conocimiento de los hechos vía confesión o testimonio. Asimismo, conforme al precepto 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, indica que el Ministerio Público podrá -con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del defensor-, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención, utilizando como medio el citatorio. De manera que, tal medio sólo constituye una diligencia dentro de un investigación, que por sí misma, no afecta algún derecho fundamental del quejoso; por tanto, el juicio de amparo no procede en su contra. Así, es oportuno señalar que la naturaleza de dicha citación, emitida dentro de una carpeta de investigación, no se puede considerar como un acto que restrinja la libertad personal, pues ese no es su objeto, sino lograr la comparecencia para la realización de un acto procesal, ya que al tratarse de un acto que no es restrictivo de libertad, no viola derechos fundamentales del impetrante; además de que, constituye una actuación del representante social tendente a la integración de una carpeta de investigación, contra lo cual es improcedente el juicio de amparo. Además, debe destacarse en este punto que una vez terminada la diligencia, la persona citada podrá reincorporarse a sus actividades cotidianas, ya que ésta son sólo actuaciones para integrar el material probatorio del cual el representante social se debe allegar para poder judicializar la carpeta de investigación, y que de no lograrse, no constituye un impedimento para que, en su caso, el Fiscal ejerza la acción penal de estimar actualizados los presupuestos para tal efecto. Por ende, la citación para el desahogo de una diligencia en una carpeta de investigación, por sí misma, se considera que no afecta a la libertad personal del citado, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia ministerial. En ese sentido, el derecho de defensa del indiciado está salvaguardado, en la medida en que con la judicialización de la carpeta, transitará a una etapa de investigación complementaria, a fin de que un juez de control sea quien tutele, entre otros, el referido derecho fundamental. Se invoca al respecto la tesis XXVII.3º.47 P, registrada con el número 2015501, tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito del S.J.F, materia común, penal (10a.), de rubro siguiente: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE." Caso contrario, cuando en el citatorio impugnado se contenga algún apercibimiento en el sentido que de no presentarse la persona requerida a la diligencia para la cual es citada, se hará uso de la fuerza pública o se le impondrá alguna de las medidas de apremio que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, y de las que dispone el Ministerio Público para hacer cumplir sus determinaciones. A lo anterior sirve de sustento, por similitud jurídica, la jurisprudencia del Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro de la contradicción de tesis 1/20186, de rubro: "ORDEN DE CITACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SEGUIDA EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO CONTIENE APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA." En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia citada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, por así haberlo solicitado la parte promovente y como sus autorizados en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Julián Fernández Aparicio, Joaquin Rosas Baltazar, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en la página de internet relativa al registro de profesionistas, y con las restricciones de dicho precepto a Vicente Monfil Aguilar, por así hablo solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª.VIII/2020 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, de rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". Notificación y comunicaciones no procesales. Requiérase a las partes para que a efecto evitar la propagación del virus Covid-19, agilizar el asunto y privilegiar el uso de medios electrónicos, con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 en cita, proporcionen un correo electrónico y/o número de teléfono celular y/o servicios de mensajería móvil instantánea, a través de los cuales se pueda entablar comunicación y, en su caso, de autorizarlo expresamente para que se les realicen notificaciones en este asunto a través de esas vías, previa verificación de su recepción que se deje en autos. Habilitación de días y horas. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. Objeción a la publicación de datos personales en las listas de notificaciones (física y electrónica). La parte quejosa no realiza petición expresa para que se supriman sus datos personales de las mismas. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte promovente...

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