Rodrigo Huerta López

Expediente 524/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
524/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
07/07/2021

Partes del expediente

  • Rodrigo Huerta López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 21 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos originales. No exhibió documentos originales. Devolución de otros documentos. Asimismo, se indica a las partes que, en caso de que requieran la devolución de documentos diversos, deberán solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. En el entendido de que al presentarse a las instalaciones de este Juzgado de Distrito deberá exhibir identificación oficial y vigente (y una copia simple de la misma), para ser certificada por el secretario (previo cotejo) y agregarse a los autos para debida constancia legal. En esa medida, se deberá agendar la cita respectiva a través del sistema "Agenda OJ", que a partir de esta fecha estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, en el micrositio sobre Servicios jurisdiccionales", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que se ingrese al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que la persona que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó. El acceso podrá restringirse a quien acuda fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Además, mientras dure la contingencia sanitaria, se deberá practicar la diligencia de entrega recepción de documentos garantizando la sana distancia entre el compareciente y el personal de este órgano jurisdiccional. Por lo que la parte promovente, deberá informar a este Juzgado Federal POR ESCRITO el día y la hora que el sistema le asigne a fin de dar cumplimiento, en el plazo de TRES días posteriores a que tenga conocimiento de ello. Esto con la finalidad de programar dicha fecha en la agenda del Juzgado y efectuarlas las diligencias necesarias para que puedan entregarse los documentos relativos, con el apercibimiento que de no hacerlo así, no obstante, estar programado su ingreso al edificio no tendrá efecto la entrega de los citados documentos, lo cual será atribuible a la parte quejosa; y deberá solicitar nuevamente su entrega siguiendo el mismo procedimiento. Esto, en términos de lo establecido en los artículos 3 y 25, párrafo cuarto del mencionado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal

  2. Principal

    La autoridad responsable Junta Especial Número Tres de las que Integran la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, da cumplimiento al auto de tres de junio del año en curso y remite diversas constancias. Trámite y vista. Se tienen por recibidos el oficio de cuenta y anexo, y se toman en consideración en el momento procesal oportuno. Prueba(s). Se admite(n) la(s) prueba(s) ofrecida(s). Sobreseimiento por cuanto hace al primer acto reclamado consistente en la omisión de girar oficios al Instituto Mexicano del Seguro Social, para el desahogo de las pruebas dentro del juicio laboral D-3/569/2018. Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Análisis de la causa de improcedencia. En la especie, la(s) autoridad(es) responsable(s), manifiesta(n) y acredita(n) que mediante auto de diecisiete de mayo del año en curso se ordenó girar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social el cual fue notificado el dos de junio del mismo año. Documentos a los que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Consecuentemente, el(los) acto(s) reclamado(s) cesó (aron) en cuanto a sus efectos, pues con la actuación de la(s) autoridad(es) responsable(s) han sido destruidos, en forma total e incondicional, al haberse girado el oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social tal y como lo acredita en la constancia de notificación que adjunta a la presente misiva. Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento por cuanto hace al segundo acto reclamado consistente en la omisión del Instituto Mexicano del Seguro Social de no dar contestación a lo solicitado. Al respecto se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que en su orden y en la parte que interesa establecen que: a) El juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. b) El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. c) El último de los preceptos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De los numerales transcritos se pone de manifiesto que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros, por leyes, actos u omisiones de la autoridad que transgredan derechos humanos, y que se considera como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares también pueden tener la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de otros particulares en forma unilateral y obligatoria, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por lo tanto, es necesario precisar el concepto de autoridad responsable, entendiendo por tal, aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de sus atribuciones que les confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad; o tratándose de un particular, para ser considerado como sujeto de control constitucional, deberá realizar actos equivalentes a los actos antes señalados, y sus funciones deberán estar determinadas por una norma general, lo que no acontece en el presente asunto. Por ello, a fin de establecer si a quien se le atribuye el acto, tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio constitucional, se debe atender a la naturaleza propia del acto que se le reclame, esto es, examinar si la norma legal lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. Sobre este tópico la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que las notas distintivas de los actos de autoridad en relación con los gobernados, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En esa virtud, estas características no restringen el concepto de autoridad a aquellos organismos que forman parte de la administración pública en sus distintos órdenes (federal, estatal o municipal); se trata de cualquier ente público, en donde se incluyen organismos centralizados, paraestatales, autónomos, cualquiera que sea su denominación. También puede observarse que no siempre los entes que conforman directamente la administración pública serán autoridad para los efectos del amparo ya que para determinar la calidad de autoridad responsable es indispensable analizar: 1.- Las características particulares de aquél a quien se le imputa el acto reclamado; y, 2.- La naturaleza de éste. Bajo tal contexto, no todo acto, aun emitido formalmente por una autoridad, puede ser considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque los titulares de organismos públicos realizan cotidianamente acciones que pueden afectar a un particular, sin generar necesariamente una relación de supra a subordinación. En esa medida, este Juzgador, siguiendo los lineamientos de los criterios invocados, apreciando el caso en particular, estima que el Instituto Mexicano del Seguro Social, carece de la calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, a quien se le reclama la omisión de dar contestación al oficio remitido por la Junta Especial Número Tres de las que Integran la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Se sostiene lo anterior porque si bien dicho Instituto puede informar si una persona está inscrita en ese instituto y las cotizaciones que ha realizado otra como su patrón, como le fue requerido por la Junta responsable, no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque esa información se le solicita en su calidad de ente asegurador. En particular, el artículo 295 de la Ley del Seguro Social, establece lo siguiente: "Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." La disposición transcrita permite visualizar que el acto reclamado por el quejoso se circunscribe a un conflicto de naturaleza laboral con motivo de la relación que mantiene con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual actúa como ente asegurador de aquél en términos de la Ley del Seguro Social. En este sentido, las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. Por tanto, la omisión reclamada al Instituto Mexicano del Seguro Social, pertenece a la esfera del derecho laboral, en una relación de patrón equiparado, y no al ejercicio de la función como organismo fiscal autónomo, como cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales, que también desarrolla el referido Instituto. Por consiguiente, no es dable tener como autoridad responsable en el juicio de amparo a la señalada en la demanda, bajo los atributos establecidos para el juicio de amparo. En conclusión, los actos reclamados, no pueden ser considerados como actos de autoridad, porque su naturaleza pertenece a la esfera del derecho laboral, en una relación de patrón equiparado. Sin embargo, dicha tesis es inaplicable al caso en concreto, ya que se refiere exclusivamente al derecho de petición previsto en el artículo 8º constitucional y en la especie el quejoso invoca una violación a los preceptos 14 y 16 relacionados con las funciones primordiales del Instituto Mexicano del Seguro Social, como ente asegurador, pero no derivado del derecho de petición. Por tanto, se concluye que el Instituto Mexicano del Seguro Social, señalado como responsable en este juicio, carece de los atributos establecidos en la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, motivo por el cual no es dable tenerlo como responsable. Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las trece horas del veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa

  3. Principal

    La autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, realiza lo siguiente: 1. Rinde su informe justificado. 2. Adjunta copias certificadas de diversas constancias con las que justifica su informe. 2. Designa delegados. Acuerdo. Se tiene por rendido el informe justificado, y se ordena dar vista a las partes junto con las constancias que se acompañan, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Delegados. Se tienen como delegados a las personas mencionadas en el informe de cuenta. Requerimiento de constancias. Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de amparo se requiere a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, para que dentro del término 3 días remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de la constancia de notificación realizada al Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se advierta la data en la que fue notificada, en su caso, la contestación realizada por la citada dependencia o manifieste la imposibilidad que tenga para ello. Lo anterior, ya que son necesarias para resolver lo que en derecho proceda y a efecto de mejor proveer. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no manifestar nada, se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II y IV de la Ley de Amparo. Diferimiento anticipado. En ese orden de ideas y a fin de contar con la constancia de notificación requerida, es dable el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional, pues tal acto procesal no constituye una violación en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento es para que este Juzgado se encuentre en posibilidad de lograr la debida integración de este asunto, de manera que sería inútil esperar los días faltantes para la celebración de la audiencia, si el suscrito Juzgador ya observó que a la llegada de ese día deberá señalar nueva hora y día para la respectiva celebración. De esa manera, con tal proceder se impide una probable reposición del procedimiento y genera un mayor beneficio a las partes a fin de que se impongan de las constancias de este juicio de amparo. Fecha y hora. En consecuencia, se fijan para su celebración las TRECE HORAS DEL VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Se ordena la notificación de este proveído a la (s) autoridad (es) responsable (s) por medio de lista, toda vez que es de trámite de menor trascendencia.

  4. Principal

    7) Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual informa el contenido del acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el recurso de revisión número 1972/2019 del que se advierte que se admitió a trámite las revisiones adhesivas interpuestas por las autoridades responsables ahí mencionadas; de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes. Asimismo, como lo solicita la superioridad notifíquese a las autoridades responsables el acuerdo dictado el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, en el recurso de revisión número 1972/2019, para su conocimiento. En el entendido que una vez que se cuenten con los acuses de recibo correspondientes deberán ser enviados a dicho tribunal como fue ordenado.

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