Rodrigo Herrera Dominguez
Expediente 670/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 670/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Rodrigo Herrera Dominguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Reanudación. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y de conformidad con lo establecido en las circulares SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/8/2021 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en las cuales se estableció -entre otras situaciones-, la suspensión, prórroga, modificación y reanudación de los plazos de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y por consecuencia, la reactivación de los términos procesales; en el entendido que la última de las mencionadas es la vigente, por lo cual, se regresa al esquema de trabajo en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Causa estado. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que el auto mediante el cual se decretó el sobreseimiento por desistimiento de la demanda de amparo ha causado estado. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Informe. Agréguese para efectos de control el informe de la autoridad responsable Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en la Ciudad de México, toda vez que el diez de diciembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Informe. Se recibe el informe con justificación rendido por la autoridad responsable Director General del Instituto Federal de Defensoría Publica, con residencia en la Ciudad de México, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecidas las pruebas que menciona, las que se tienen por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, las cuales serán valoradas y tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. Delegados. Conforme con el arábigo 9° de la legislación aplicable, se tienen como delegados a las personas indicadas para ello en el informe con justificación. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el contenido del informe justificado, se advierte que se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Al respecto, cabe mencionar que la cesación de los efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo realiza deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De acuerdo con lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación al presente asunto la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 1002264, con rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso concreto, la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Consistentes en la omisión por parte de la autoridad señalada como responsable, al no efectuar contestación alguna a mi escrito de fecha errónea 11 de marzo del año en curso, el cual fue recepcionado con fecha 10 de marzo del presente año, por la Oficialía de Partes del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Dirección General. En el domicilio de la autoridad responsable señalado arriba, tal y como se acredita con el sello correspondiente en mi acuse de recibo y que se anexa al presente ocurso. Por lo que hasta el día de hoy, no he recibido contestación por parte de la autoridad responsable antes señalada. ACTOS RECLAMADOS.-Consistentes en la omisión por parte de la autoridad señalada como responsable, al no efectuar contestación alguna a mis correos electrónicos enviados con fechas 7 y 12 de agosto del presente año, remitidos a la autoridad responsable mediante los correos electrónicos: dg.ifdp@correo.cjf.gob.mx (del Director General del Instituto Federal de Defensoría Publica MTRO. NETZAI SANDOVAL BALLESTEROS). Y el diverso correo electrónico maria.garcia.robles@correo.cjf.gob.mx (de la C. Lic. MARIA FERNANDA GARCIA ROBLES, SECRETARIA EJECUTIVA DE LA DIRECCION GENERAL del Instituto Federal de Defensoría Publica), circunstancia que se acredita con las copias correspondientes de dichos correos enviados a la autoridad responsable y los cuales fueron recepcionados por esta. Sin dar contestación alguna hasta el día de hoy y, que se anexan al presente ocurso para que surtan los efectos legales correspondientes". Sin embargo, de las constancias que fueron allegadas a este contradictorio federal por la autoridad responsable, se advierte que el veinticinco de noviembre del año en curso, emitió el oficio UDP/7223/2020, en respuesta a las peticiones formuladas por el promovente del amparo, misma que le fue notificada el veintiséis de ese mismo mes y año, por consiguiente se evidencia, sin lugar a dudas, que cesaron los efectos del acto reclamado. En atención a lo anterior, se actualiza la hipótesis de improcedencia en comento, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si se hubiera concedido a la parte quejosa la protección de la Justicia Federal que pretendía, pues la propia autoridad responsable dio contestación a la petición realizada por el quejoso el veinticinco de noviembre del año en curso, mediante oficio UDP/7323/2020, suscrito por el Titular de la Unidad de Defensa Penal, del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en la ciudad de México, el cual le fue notificado al día siguiente. Apoya lo anterior, la tesis aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 197367, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que no se irroga ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, virtud que la causa es notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por su contenido jurídico, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que en su rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción XII, de la ley de la materia. Por lo que se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del doce de enero de dos mil veintiuno. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado, porque no obra en autos el informe justificado solicitado a la autoridad responsable Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en la Ciudad de México, aunado a que tampoco se ha recibido en la secretaría de este juzgado el acuse de recibo del oficio con el cual se le requirió dicho informe. Sin que en el caso haya lugar a requerir al Administrador del Servicio Postal Mexicano de esta ciudad, para que informe el trato dado a la pieza postal enviada, pues a la fecha, no ha transcurrido tiempo que se considere suficiente para que la misma sea entregada a su destino y, ésta a su vez, sea devuelta a este órgano jurisdiccional. Diferimiento. En tales condiciones, a fin de dar margen a lo anterior, es procedente diferir la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, por lo que se fijan las diez horas con treinta minutos del doce de enero de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.
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