Rodrígo Hernández Chávez

Expediente 361/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
361/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
22/11/2021

Partes del expediente

  • Rodrígo Hernández Chávez
  • Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos

Actuaciones

  1. Principal

    L. Toluca, Estado de México, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. OFICIO Agréguese el oficio 10790 procedente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, al que adjunta testimonio de la ejecutoria emitida el veintiocho de octubre del año en curso, en autos del conflicto competencial 8/2021, y se decretó el conocimiento del presente asunto al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl. Acúsese el recibo de estilo. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, fracción inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado el presente asunto, es susceptible de destrucción ya que este juzgado es incompetente para el conocimiento del juicio de amparo. Finalmente, de conformidad con el artículo 15, del Acuerdo General referido, el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese el oficio signado por la funcionaria adscrita al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, en el que transcribe el proveído mediante el cual el titular de ese órgano jurisdiccional determinó no aceptar la competencia declinada por este juzgado respecto al presente sumario. Atento a lo anterior, de la revisión de las constancias de autos del juicio de amparo referido, así como de los argumentos vertidos por la autoridad oficiante; con fundamento en el artículo 48 de la ley reglamentaria, este juzgador, conforme a lo expuesto en el acuerdo de diez de mayo del año en curso insiste en declinar la competencia al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl; pues los argumentos vertidos para no aceptar la competencia no se comparten, por lo siguiente: El juez declinante sostiene de forma toral sus argumentos en que, aduce el acto reclamado no tiene ejecución material al tratarse únicamente del reclamo respecto de la discusión, aprobación y expedición de la segunda sección sobre el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, título tercero del Código Financiero del Estado de México y la omisión de las responsables de dar de baja las placas registradas en un vehículo automotor. Sin embargo, se pierde de vista, respecto a las alegaciones plasmadas a efecto de declinar la competencia que: La segunda sección sobre el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, título tercero del Código Financiero del Estado de México, regula específicamente el pago de un impuesto, tal como se obtiene del contenido de los artículos 60 y 60 A de esa normatividad, los cuales en lo conducente dicen: "Artículo 60.- Están obligadas al pago del impuesto previsto en esta Sección, las personas físicas y las jurídico colectivas tenedoras o usuarias de los vehículos a que la misma se refiere, dentro de la circunscripción del Estado de México.. Artículo 60 A.- Los contribuyentes pagarán el impuesto a que se refiere esta Sección anualmente, mediante la forma oficial aprobada por la autoridad fiscal, dentro de los tres primeros meses de cada año, salvo en el caso de aquellos vehículos de los que se solicite su inscripción o permiso provisional para circulación en traslado; supuestos en que se pagará en el momento en que se realice el trámite respectivo, excepto aquellos que lo hubieran pagado con anterioridad.". Énfasis propio. Asimismo, que para la operación administrativa de baja de placas, el mismo ordenamiento contempla el pago de un impuesto para que se pueda realizar tal situación. En consecuencia, aun cuando los actos reclamados fueran únicamente los que estima el juzgador declinante, estamos indudablemente ante el reclamado del pago de un impuesto vehicular, que, como se demostrará más adelante, tiene ejecución material en la jurisdicción en donde tenga su domicilio el contribuyente. Aunado a lo anterior, si bien es cierto que las manifestaciones respecto al acto reclamado pudieran considerarse obscuras o, cuando menos poco claras, es sabido que el juzgador de amparo tiene la obligación de considerar la totalidad de lo plasmado por los gobernados en el escrito de demanda y de ahí obtener la información pertinente para poder precisar la litis del asunto. Al respecto son aplicables, la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; así como la diversa tesis aislada, emitida por la otrora Sala Auxiliar, de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, INTERPRETACIÓN DE LA." En el caso, la autoridad declinante vuelve a perder de vista las manifestaciones que hace el quejoso en el siguiente tenor: ".que con fecha 23 de abril del año en curso he impreso el formato de pago del IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 2019, 2020 y 2021, tal como se demuestra con: la exhibición del formato de pago, derivado de lo anterior se CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS en mi agravio y e encuentro imposibilitado para conocer de manera precisa la forma en que debo de contribuir para el gasto público y que debo pagar un impuesto desnaturalizado por no ser proporcional ni equitativo.". ".soy una persona física que fui propietario del vehículo..por ser propietario de dicho vehículo soy un contribuyente obligado al pago del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos conforme a las disposiciones aplicables al caso.". ".PRIMER CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Violación al principio de proporcionalidad establecido en el artículo 31, fracción IV Constitucional.". Lo cual demuestra que no solamente se duele de los actos que refiere el promovente, sino que también de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos de los períodos dos mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil veintiuno, que considera no se le aplican de forma proporcional ni equitativa. Por tanto, se corrobora que los actos reclamados versan respecto al pago de impuestos por parte de un contribuyente. Además, el quejoso también refiere: ".SEGUNDO CONCEPTO DE VIOLACIÓN.la omisión de la secretaría de finanzas del Estado de México, de dar de baja las placas ..cuyo trámite se pagó con fecha cuatro de abril de 2018.". De donde se advierte que, al haber realizado un pago de impuesto con anterioridad, los actos que reclama ya tuvieron una ejecución, lo cual también está contemplado en el artículo 37, de la Ley de Amparo a efecto de determinar la competencia del conocimiento de un juicio constitucional. Finaliza el quejoso: ".la aplicación de una obligación contributiva inexistente toda vez que el vehículo objeto de dicha obligación fue robado en fecha 20 de septiembre de dos mil dieciocho y que dicha obligación denominada tenencia y uso de vehículos es aplicada por la tenencia de un vehículo de mi propiedad por su uso y disfrute en cuyo caso para este supuesto no aplica.". Circunstancia que, también está contemplada en el Código Financiero del Estado de México como pago de impuesto, al determinar el párrafo segundo del artículo 60 A: ".En el caso de robo del vehículo o pérdida total por accidente se causará la parte proporcional del impuesto anual hasta el mes en que se reporte su baja en los términos previstos por este Código, conforme a la siguiente tabla:.". De ahí se advierte que en el caso de un robo de vehículo, como aduce el quejoso, también se causará el pago del impuesto sobre tenencia de vehículos, aunque de forma proporcional hasta el mes en que se reporte su baja y de conformidad con la tabla ahí estipulada. Por todo lo anterior, contrario a lo estimado por el juez declinante, el reclamo del quejoso versa en el pago del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos. En ese contexto, una vez establecido que el acto reclamado subyace en el pago de un impuesto se estima que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto se actualiza a favor del juez de distrito que la tenga dentro de la jurisdicción del domicilio del quejoso. Orienta lo anterior, el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con registro 2008451, tesis XXVII.3o.10 A (10a.), visible en el Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, página 2540 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA NORMA FISCAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE UN IMPUESTO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL ESTATAL DEL QUEJOSO. Conforme al artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En este contexto, cuando se reclamen en el amparo indirecto las normas generales que regulan algún impuesto del Estado de Quintana Roo, con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la declaración y pago de la contribución por medios electrónicos, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar del domicilio fiscal estatal del quejoso. En efecto, ese domicilio es el lugar señalado por el legislador al contribuyente para todos los efectos de la relación tributaria local y, además, coincide con la circunscripción territorial de la oficina recaudadora de rentas municipal a la que están dirigidos la declaración y el pago de contribuciones, conforme a los artículos 13 del Código Fiscal del Estado de Quintana Roo y 2o. de su reglamento. Por tanto, debe considerarse que las mencionadas normas tienen como lugar de ejecución el que corresponda al domicilio fiscal estatal del quejoso, pues es el sitio vinculado al cumplimiento de la obligación contributiva y en el que se ejercerán las funciones autoritarias de control y fiscalización. De ahí que el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en ese lugar resulte competente por razón de territorio para conocer del correspondiente juicio de amparo indirecto.". No se pierde de vista que el pago del impuesto que nos ocupa pude realizarse vía internet, sin embargo, en tal caso, la competencia se sigue surtiendo de acuerdo al domicilio del quejoso. Tal circunstancia, en acuerdo y por analogía jurídica, con el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, registro 184947, tesis III.2o.T.1 A, visible en el Tomo XVII, Febrero de 2003, página 1024 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "COMPETENCIA. DEBE CONOCER DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS EL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR EN QUE SE EFECTUÓ LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO VÍA INTERNET, RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE UNA LEY TILDADA DE INCONSTITUCIONAL. Si el contribuyente, con motivo de sus obligaciones fiscales, a través de una institución bancaria realiza transferencia electrónica de fondos, en el lugar de su domicilio, en favor de la autoridad tributaria correspondiente, que tiene su domicilio en diverso lugar y circuito de amparo al de aquél, conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el primer acto de aplicación de la ley autoaplicativa señalada como inconstitucional se da en el lugar en que se hace la operación relativa y no en el lugar de residencia de la autoridad, toda vez que la declaración respectiva aconteció precisamente en el lugar en el que el gobernado debió dar cumplimiento a sus obligaciones. Consecuentemente, para conocer de la demanda de amparo indirecto, resulta ser competente el Juez de Distrito del lugar en que se haya hecho el pago del impuesto vía internet.". En consecuencia es evidente que los actos reclamados si tienen ejecución material y que la misma tendrá verificativo en la jurisdicción del Juez Quinto de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl. Cobra aplicación la interpretación del artículo 107 Constitucional, realizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.". En el mismo sentido, a manera de demostrar el domicilio del quejoso, que es lo que otorga la competencia del juzgado referido, de sus manifestaciones bajo protesta de decir verdad y de los anexos que adjunta, se advierte que tiene su domicilio en calle Independencia número veintitrés, colonia Los Reyes, La Paz, Estado de México. Lo anterior, es evidente ya que el quejoso señala ese lugar como su domicilio particular; asimismo, de la copia de su credencial de elector se advierte el mismo domicilio referido, incluso, en la carpeta de investigación que adjunta, también señaló como su domicilio particular el mismo. En consecuencia, es concluyente que el domicilio del quejoso es el mencionado anteriormente, fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Ahora, el artículo 22, del Código Financiero del Estado de México, respecto al domicilio fiscal de los contribuyentes, refiere: Artículo 22.- Se considera domicilio fiscal de las personas físicas y jurídicas colectivas: I. El lugar o establecimiento donde se realicen actividades que generen obligaciones fiscales. II. El lugar o establecimiento en que se realice el hecho generador de la obligación fiscal, cuando las actividades no se realicen en forma habitual. III. El inmueble en el que residan en el territorio del Estado de México, cuando realicen sus actividades en la vía pública, en puestos fijos y semifijos; IV. La residencia que identifique la autoridad fiscal, cuando exista certeza de que es el único lugar posible de localización del contribuyente. V. Aquel que señalen a las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, cuando sean usuarios de los servicios que presten estas, siempre que los contribuyentes no hayan manifestado alguno de los domicilios citados en las fracciones anteriores o no hayan sido localizados en los mismos.". De esa transcripción es dable colegir que el domicilio fiscal del quejoso respecto del pago del impuesto vehicular del que se duele, se actualiza en la calle Independencia número veintitrés, colonia Los Reyes, La Paz, Estado de México. Asimismo, la Secretaría de Finanzas del Estado de México tiene un módulo ubicado en Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, Centro de Servicios Administrativos "Josefa Ortiz de Domínguez", número ciento, puerta E, colonia. Metropolitana Segunda Sección, C.P. 57740, Municipio Nezahualcóyotl, Estado de México, para efectuar los trámites de servicios vehiculares, entre ellos el pago de tenencia. En adición a lo anterior, para establecer la competencia de un juzgado de distrito es necesario acudir a la consecuencia jurídica del acto reclamado y no solamente analizarlo de forma somera, en esa visión, se insiste que lo reclamado por el quejoso tiene como consecuencia jurídica el pago de impuestos. Apoya lo anterior, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con registro digital 189167, tesis I.1o.A.44 A, visible en el Tomo XIV, Agosto de 2001, página 1299 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora.". De ahí que al estimarse que este juzgado no tiene competencia legal para resolver el presente juicio, acorde con lo anteriormente expuesto y con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se plantea el conflicto competencial, debiéndose remitir el juicio de amparo en cuestión al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en turno, a efecto que resuelva lo que en derecho corresponda. Comuníquese lo anterior al Juez Quinto de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, para los efectos legales conducentes. Notifíquese; personalmente al quejoso y por oficio a la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México y al Juez Quinto de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl.

  3. Principal

    VII.- Toluca, Estado de México, diez de mayo de dos mil veintiuno. OFICIO Agréguese el oficio signado por la secretaria en funciones de Juez del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, al que adjunta el escrito de demanda y anexos que la acompañan, promovida por ****************. RADICACIÓN Vista la demanda promovida por *********************, por propio derecho, regístrese bajo el número 361/2021-VII. INCOMPETENCIA Este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con las consideraciones que a continuación se exponen.********************* Conforme a tales preceptos, este órgano federal se declara legalmente incompetente por territorio, para conocer de la demanda de amparo, pues ésta se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno. Lo anterior, conforme lo dispone el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en la parte toral siguiente: ******************* Lo anterior es así, ya que el acto reclamado tiene ejecución en el municipio de La Paz, Estado de México, conforme a los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, narró la parte quejosa en la demanda que se acuerda; de ahí que el juez competente es aquel que tiene jurisdicción donde se ejecute el acto reclamado. A efecto de demostrar tal aserto, se explica: El acto del que se duele el quejoso se trata del pago del impuesto de tenencia vehicular al que tiene obligación de enterarlo en virtud de ser propietario de un automotor. Si bien es cierto que señala autoridades que pueden ejercer sus funciones en todo el territorio del Estado de México, también lo es que, de sus manifestaciones bajo protesta de decir verdad y de los anexos que adjunta, se advierte que tiene su domicilio en *********************. Lo anterior, es evidente ya que el quejoso señala ese lugar como su domicilio particular; asimismo, de la copia de su credencial de elector se advierte el mismo domicilio referido, incluso, en la carpeta de investigación que adjunta, también señaló como su domicilio particular el mismo. En consecuencia, es concluyente que el domicilio del quejoso es el mencionado anteriormente, fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Ahora, el artículo 22, del Código Financiero del Estado de México, respecto al domicilio fiscal de los contribuyentes, refiere: Artículo 22.- Se considera domicilio fiscal de las personas físicas y jurídicas colectivas: I. El lugar o establecimiento donde se realicen actividades que generen obligaciones fiscales. II. El lugar o establecimiento en que se realice el hecho generador de la obligación fiscal, cuando las actividades no se realicen en forma habitual. III. El inmueble en el que residan en el territorio del Estado de México, cuando realicen sus actividades en la vía pública, en puestos fijos y semifijos; IV. La residencia que identifique la autoridad fiscal, cuando exista certeza de que es el único lugar posible de localización del contribuyente. V. Aquel que señalen a las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, cuando sean usuarios de los servicios que presten estas, siempre que los contribuyentes no hayan manifestado alguno de los domicilios citados en las fracciones anteriores o no hayan sido localizados en los mismos.". De esa transcripción es dable colegir que el domicilio fiscal del quejoso respecto del pago del impuesto vehicular del que se duele, se actualiza en la calle Independencia número veintitrés, colonia Los Reyes, La Paz, Estado de México. Asimismo, la Secretaría de Finanzas del Estado de México tiene un módulo ubicado en Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, Centro de Servicios Administrativos "Josefa Ortiz de Domínguez", número ciento, puerta E, colonia. Metropolitana Segunda Sección, C.P. 57740, Municipio Nezahualcóyotl, Estado de México, para efectuar los trámites de servicios vehiculares, entre ellos el pago de tenencia. En ese sentido, cuando se trata del pago de impuestos, la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto se actualiza a favor del juez de distrito que la tenga dentro de la jurisdicción del domicilio del quejoso. No se pierde de vista que el pago del impuesto que nos ocupa pude realizarse vía internet, sin embargo, en tal caso, la competencia se sigue surtiendo de acuerdo al domicilio del quejoso. En consecuencia es evidente que la ejecución del acto reclamado por el quejoso tendrá verificativo en la jurisdicción del Juez de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, en turno. En el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. Atento a lo anterior, al no actualizarse alguna de las excepciones del artículo en cita, es legalmente competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el Juez competente para conocer de la presente demanda de garantías lo es el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, dado que el acto que combate el quejoso, tendrá ejecución en el lugar donde ejerce jurisdicción dicho juzgado de Distrito. En este tenor, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente asunto, en mérito de los razonamientos expuestos. Por tanto, sin resolver sobre la admisión de la demanda, requiérase mediante oficio la boleta de turno a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, a efecto de que este órgano jurisdiccional este en aptitud de remitir el presente expediente al juez de distrito que corresponda. Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. CONSULTA DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DOMICILIO Conforme lo establecido por los artículos 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para que el quejoso oiga y reciba notificaciones, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el ocurso de cuenta. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS En relación a los autorizados con fundamento en el artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se les tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto los profesionistas registren su cédula profesional que los acrediten como licenciados en derecho en el indicado sistema y lo hagan del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. GRATUIDAD DEL SERVICIO Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 constitucional, todos los servicios que presta este juzgado de distrito son gratuitos. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. SE EXHORTA A LAS PARTES Finalmente, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina la reanudación de plazos y el regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, para mejorar la comunicación con las partes, mientras no atiendan la sugerencia, se les invita a que: a) de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, b) propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese personalmente al quejoso y por oficio a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl.

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