Rodrigo Gustavo Pichardo Huerta
Expediente 556/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 556/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 18/05/2022
Partes del expediente
- Rodrigo Gustavo Pichardo Huerta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que tuvo por no presentada la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, ya que si bien se tuvo por no presentada la demanda de amparo, también se emitió proveído en el que concedió la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa; empero, carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, once de mayo de dos mil veintidós. Intégrese el escrito signado por el quejoso Rodrigo Gustavo Pichardo Huerta, por medio del cual solicita copia certificada del acuerdo de doce de abril del año en curso. EXPEDICIÓN DE COPIAS En cuanto a las copias que solicitó, con base en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente con lo previsto con el artículo 2º de la Ley de Amparo, expídase la copia que solicita previa razón de recibo.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos, se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa Rodrigo Gustavo Pichardo Huerta, por auto de doce de abril de dos mil veintidós, para que desahogara la prevención ahí formulada; plazo que, como se desprende de la certificación de cuenta, transcurrió sin que se pronunciara al respecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminado en auto de doce de abril del año en curso y con fundamento en los numerales 108, fracción I y 114 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se hace hincapié que la presente determinación no implica revocar o modificar la suspensión de plano concedida el doce de abril del año en curso.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiocho de abril de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS De la certificación de cuenta se advierte que la quejosa Angélica Cienfuegos Contreras, no desahogó el requerimiento de veinte de abril de dos mil veintidós, es decir en informar si sus menores hijos de identidad reservada G.S.C. y C.S.C., fueron inoculados con la segunda dosis de la vacuna contra la enfermedad SARS-COV2, en ese sentido, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se presume como cierto que los menores aludidos recibieron la aplicación de la referida vacuna en su segunda dosis. Atento a ello, se advierte que la quejosa Angélica Cienfuegos Contreras, en representación de los menores de iniciales G.S.C. y C.S.C., reclamaron en la presente instancia constitucional, del Secretario de Salud del Estado de México y otras autoridades, en esencia: La omisión de aplicar la vacunar contra el SARS-Cov-2 a los menores quejosos; y, Este juzgador considera que se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, el artículo 4° de la Constitución General de la República, establece que toda persona tiene derecho a la salud, del cual derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. Por ello, el Estado Mexicano ha suscrito convenios que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel de ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Si bien para la justiciabilidad del derecho a la salud en el juicio de amparo, es menester constatar que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas y que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía, ello no permite descartar que, en ciertas ocasiones, dar efectividad al amparo implique adoptar medidas que colateral y fácticamente tengan efectos para más personas que las que actuaron como partes en el caso, siempre y cuando tales efectos tengan una relación fáctica o funcional con los de las partes. Argumentos que encuentran sustento en las siguientes tesis y jurisprudencias, de rubros siguientes: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL". "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN". "DERECHO A LA SALUD. SU TUTELA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO" Expuestas las pautas que deben regir el derecho fundamental a la salud, en relación con el diverso a la seguridad jurídica, deben tenerse presentes los antecedentes más relevantes del caso, a saber: El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus que emergió recientemente (SARSCoV-2). La pandemia de COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el once de marzo de dos mil veinte, la primera pandemia no debida a influenza que afecta a más de doscientos países, y con más de sesenta millones de casos hasta diciembre de dos mil veinte. Debe considerarse a la vacuna contra esta enfermedad como una de las medidas más costo- efectivas para controlar la pandemia, y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad. Entre los principales desafíos que se anticipan para la vacunación contra la enfermedad COVID- 19, se encuentran el acceso oportuno, equitativo y suficiente a las vacunas; aspectos técnicos y logísticos, tales como el desarrollo de vacunas con nuevas tecnologías; la definición de grupos prioritarios para la vacunación; el número de dosis a administrar para lograr una protección adecuada, así como la seguridad y la efectividad de las vacunas. Adicionalmente, pueden presentarse retos programáticos relacionados con las necesidades de la cadena de frío; y la creación de la demanda para la vacunación entre otros. En tal sentido, en aras de salvaguardar el interés superior de la niñez, mediante proveído de siete de marzo del dos mil veintidós, este juzgador admitió la demanda de amparo, ordenó la tramitación del incidente de suspensión y concedió la suspensión provisional en el que ordenó a las autoridades responsables que dentro del ámbito de sus facultades legales y atribuciones, llevara a cabo las acciones necesarias para que se aplicara en favor de los menores de identidad reservada G.S.C. y C.S.C., la vacuna Pfizer-BioNTech. Así fue que, al haber informado el Director General del Instituto de Salud del Estado de México en el diverso juicio de amparo 165/2022 I-B de la estadística de este Juzgado Federal, las fechas en que se vacunaría a los menores de edad; lo que se consideró como hecho notorio en el presente asunto; por lo que en proveído de siete de marzo del año en curso, emitido dentro del incidente de suspensión derivado del presente sumario, se ordenó citar a la parte quejosa para que acudiera en datas veintitrés o veinticuatro del mes y año en curso, a fin de que les fuera suministrada la primer dosis de vacunación solicitada para los menores en comento, Lo que hizo del conocimiento la parte quejosa el cinco de abril del año en curso en la citada incidencia. Posteriormente, mediante proveído de veinte de los cursantes, se ordenó citar a los menores quejosos para que les fuera aplicada la segunda dosis, situación que debía informar dentro de las veinticuatro horas siguientes. No obstante, toda vez que transcurrió dicho término sin que la parte quejosa informara lo conducente sobre la aplicación de la segunda dosis de la vacuna a los menores quejosos, fue por lo que en esta data se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos y, por tanto, se tuvo por cierta dicha situación. De manera que, si bien no se cuenta con las constancias con las que el apoderado legal de la Secretaría de Salud del Estado de México, acredite la aplicación de la vacuna contra el virus Sars-CoV2 a los menores de iniciales G.S.C. y C.S.C., en su segunda dosis, lo cierto es que al haberse hecho efectivo el apercibimiento formulado en autos, es dable considerar que ésta fue suministrada, pues correspondía a la parte quejosa -como carga procesal- haber acudido en compañía de los menores en comento en las fechas que se indicaron a fin de que les fuera suministrada la vacuna en comento, en el esquema completo de dos dosis, cuya negativa constituía justamente el acto reclamado; lo cual debía haber informado a este Juzgado de Distrito, sin que así hubiese ocurrido. Por ende, resulta inconcuso que se encuentra plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; toda vez que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción XXI del mismo. Así las cosas, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a l demanda." Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las doce horas con cinco minutos del veintinueve de abril de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones respectivas.
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