Rodrigo González Pérez
Expediente 1194/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1194/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rodrigo González Pérez
Actuaciones
- Principal
CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es destruible una vez que cumpla tres años de haberse archivado como asunto concluido, por haberse dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.
- Principal
NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Vista la demanda promovida por Rodrigo González Pérez, por propio derecho, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 1194/2022-VI y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda, pues se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 5°, fracción I, cuarto párrafo, ambos de la Ley de Amparo. En el caso, uno de los actos reclamados consiste en la orden de comparecencia, presentación, detención o citación que ha emitido en su carácter de responsable ordenadora Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Región "A" de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, emitida dentro de una carpeta de investigación de su índice a fin de que el impetrante rinda su entrevista en dicha indagatoria. Sin embargo, la citación de una persona en una carpeta de investigación no constituye un acto emitido dentro de juicio, pues en términos del último párrafo del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de contenido similar al numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio o proceso inicia con la audiencia inicial ante el juez de Control; de ahí que no puede considerarse como un acto emitido dentro del proceso o juicio penal. Precisado lo anterior, se destaca que el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el procedimiento penal comprende tres etapas: La de investigación, que abarca las fases de: Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia o su equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de Control para la formulación de la imputación; y, La complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación hasta que se cierra la investigación. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, La de juicio, que inicia con el auto de apertura a juicio y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. En el caso, la etapa que interesa, es la de investigación inicial, en lo atinente a los deberes de investigación conferidos al Agente del Ministerio Público, previstos en el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales; la cual deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permiten allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión; entre otros, a través de la citación del imputado, testigos, peritos y demás personas a quienes les resulte cita dentro de la carpeta de investigación respectiva. En ese sentido, el acto reclamado precisado, no ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos del quejoso, pues en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito, el Ministerio Público cumple con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social. Ello es así, pues la citación es un acto tendente y procesalmente indispensable en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, reviste el carácter de acto de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, no puede considerarse como generador de afectación al interés jurídico del accionante, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un Estado de derecho; de lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Consecuentemente, la orden de citación reclamada no ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos del promovente, de ahí que lo precedente es desechar de plano la demanda de amparo. En consecuencia, es dable sostener que en el caso particular se actualizan de manera manifiesta e indudable el citado motivo de improcedencia, por lo que se impone desechar de plano la demanda de amparo, acorde con lo establecido por los numerales 62 y 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO DEL QUEJOSO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se le tiene señalando como tal la dirección ubicada en calle Exterior Mercado Carro Verde, número 244, interior 7, colonia San Juan de Dios, en esta ciudad. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados en los términos amplios a los que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Tirso Gutiérrez Torres, David Padrón Ocampo y Monserrat Ríos Hernández, pues demuestra estar facultados para ejercer la profesión de abogado, ya que tiene registradas las cédulas profesionales números 1673845, 3709997 y 11227755, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos a Blanca Estela Guerrero Gallegos y Tirso Miguel Gutiérrez Torres, por no encontrar el aludido registro, por lo que a éstos últimos sólo se les autoriza para oír y recibir notificaciones. DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA...; NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Vista la demanda promovida por Rodrigo González Pérez, por propio derecho, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 1194/2022-VI y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda, pues se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 5°, fracción I, cuarto párrafo, ambos de la Ley de Amparo. En el caso, uno de los actos reclamados consiste en la orden de comparecencia, presentación, detención o citación que ha emitido en su carácter de responsable ordenadora Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Región "A" de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, emitida dentro de una carpeta de investigación de su índice a fin de que el impetrante rinda su entrevista en dicha indagatoria. Sin embargo, la citación de una persona en una carpeta de investigación no constituye un acto emitido dentro de juicio, pues en términos del último párrafo del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de contenido similar al numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio o proceso inicia con la audiencia inicial ante el juez de Control; de ahí que no puede considerarse como un acto emitido dentro del proceso o juicio penal. Precisado lo anterior, se destaca que el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el procedimiento penal comprende tres etapas: La de investigación, que abarca las fases de: Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia o su equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de Control para la formulación de la imputación; y, La complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación hasta que se cierra la investigación. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, La de juicio, que inicia con el auto de apertura a juicio y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. En el caso, la etapa que interesa, es la de investigación inicial, en lo atinente a los deberes de investigación conferidos al Agente del Ministerio Público, previstos en el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales; la cual deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permiten allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión; entre otros, a través de la citación del imputado, testigos, peritos y demás personas a quienes les resulte cita dentro de la carpeta de investigación respectiva. En ese sentido, el acto reclamado precisado, no ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos del quejoso, pues en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito, el Ministerio Público cumple con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social. Ello es así, pues la citación es un acto tendente y procesalmente indispensable en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, reviste el carácter de acto de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, no puede considerarse como generador de afectación al interés jurídico del accionante, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un Estado de derecho; de lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Consecuentemente, la orden de citación reclamada no ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos del promovente, de ahí que lo precedente es desechar de plano la demanda de amparo. En consecuencia, es dable sostener que en el caso particular se actualizan de manera manifiesta e indudable el citado motivo de improcedencia, por lo que se impone desechar de plano la demanda de amparo, acorde con lo establecido por los numerales 62 y 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO DEL QUEJOSO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se le tiene señalando como tal la dirección ubicada en calle Exterior Mercado Carro Verde, número 244, interior 7, colonia San Juan de Dios, en esta ciudad. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados en los términos amplios a los que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Tirso Gutiérrez Torres, David Padrón Ocampo y Monserrat Ríos Hernández, pues demuestra estar facultados para ejercer la profesión de abogado, ya que tiene registradas las cédulas profesionales números 1673845, 3709997 y 11227755, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos a Blanca Estela Guerrero Gallegos y Tirso Miguel Gutiérrez Torres, por no encontrar el aludido registro, por lo que a éstos últimos sólo se les autoriza para oír y recibir notificaciones. DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio.
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