Rodrigo González Carreón

Expediente 609/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 41 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
609/2017
Año
2017
Actuaciones
41
Última actuación
06/06/2018

Partes del expediente

  • Rodrigo González Carreón
  • Juez de Primera Instancia Y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 41.

  1. Principal

    El seis de junio de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado certifico: Que después de una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. Que se tramitó incidente de suspensión, en el que se concedió la suspensión definitiva al quejoso; sin embargo, no se exhibió billete o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse. Que existen tres tomos de pruebas por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. El Secretario En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, con el estado que guardan los autos del presente asunto y con un oficio con registro 11990 y anexos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a seis de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que suscribe el actuario judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada por el tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco, Guerrero en diez de mayo del año en curso en el amparo en revisión civil 241/2018; los autos del juicio de amparo 609/2017. Acúsese el recibo de estilo, agréguese el cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Hágase del conocimiento de las partes que la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito confirmó la sentencia de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, dictada por este juzgado, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo. En atención a que la sentencia de mérito no requiere ejecución material, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial. PROVIDENCIAS SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otro lado, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración al haberse concedido la suspensión definitiva al quejoso de los actos reclamados; en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución relativa. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, y en el momento oportuno se lleve a cabo su destrucción. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. Devuélvanse a la autoridad responsable juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Ojocaliente, Zacatecas, las constancias que adjuntó a su informe de ley, consistentes en copias certificadas del juicio civil ordinario reivindicatorio 574/2008 y dos cuadernillos derivados de éste. Notifíquese. Así lo acordó y firma José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Cecy*

  2. Principal

    En doce de enero de dos mil dieciocho, Juan García Trejo da cuenta con un oficio con folio 493. Conste. Zacatecas, Zacatecas, doce de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta Ciudad, por el que comunica que la Superioridad admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Rodrigo González Carreón, contra la sentencia de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, dictada por este juzgado federal quedando registrado como amparo en revisión civil 15/2018-5. Notifíquese . Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. Luis.

  3. Principal

    El veintiséis de diciembre del dos mil diecisiete, se da cuenta con una promoción con folio 17017 y anexos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta firmado por el quejoso, por el que interpone recurso de revisión y adjunta un diverso por el que formula los agravios que le causa la resolución recurrida; en tal virtud, como lo solicita, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e) 86, 88, 89, y demás relativos de la Ley de Amparo, téngase interpuesto el recurso de revisión contra de la sentencia de catorce de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 204 a 212), en la cual se sobreseyó el juicio de amparo federal solicitado; distribúyanse entre las demás partes las copias del escrito de expresión de agravios exhibido, debiendo recabarse la constancia respectiva, agregándose la que corresponda a este expediente y dentro del término legal, remítase el original de estos autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con sede en esta capital, para los efectos legales que procedan, el original del escrito de expresión de agravios y copia del mismo para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Órgano Colegiado, así como tres legajos de copias certificadas relativas del juicio civil ordinario reivindicatorio 574/2008, a fin de que sea substanciado el recurso interpuesto. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por último, una vez que obren en autos los acuses de recibo de los oficios dirigidos a las autoridades responsables foráneas, relativos a la interposición de este recurso, envíese el presente juicio de garantías, para la substanciación del recurso de revisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. El artículo 89 de la Ley de Amparo prevé que interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88, el Juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De la interpretación del indicado artículo 89, en relación con las reglas de interposición y tramitación del recurso de revisión previstas en los artículos 83 a 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, así como con la intención que tuvo el legislador al realizar las reformas a esa Ley, que quedaron plasmadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1984, y que están orientadas al cumplimiento de la garantía de justicia eficaz, pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el plazo de veinticuatro horas a que se refiere el citado artículo 89 debe correr a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de la resolución o sentencia recurrida y del auto por el que el Juez de Distrito tiene por interpuesta la revisión y ordena correr traslado de la misma, con copia del escrito de agravios". Notifíquese; y personalmente al tercero interesado. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. AleM.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 609/2017, estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso, secretario que autoriza y da fe; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, inició su celebración, sin contar con la asistencia de las partes. Enseguida, el secretario da lectura de las constancias que integran el presente juicio de derechos, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, el juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias; en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, rendido el informe justificado de las autoridades responsables Juez (fojas 25-26) y Ministro Ejecutor (fojas 188 a 189, respecto a la ampliación), ambos adscritos al Juzgado Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas, y por omisa a la Policía Municipal de Cuauhtémoc, Piedra Gorda, no obstante de encontrarse debidamente notificada para tal efecto (foja 24); de igual forma se tiene por emplazado a juicio en su calidad de tercero interesado a Benjamín González Castillo (foja 111). A continuación, en el período de pruebas, el secretario da cuenta con la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana que hizo valer el quejoso, asimismo con las ofrecidas por el tercero interesado (foja 131) y con las documentales que remitieron las autoridades responsables, consistentes en copias certificadas del juicio civil ordinario reivindicatorio 574/2008 (tres tomos, guardados por separado), así como con las diversas glosadas a fojas 147 a 148 y 190 a 201. El juez acuerda: en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse desahogadas la pruebas referidas, en atención a su propia y especial naturaleza. Con lo anterior, se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el que el secretario relaciona los formulados por la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado mediante pedimentos 784/2017 (fojas -51-52), 785/2017 (foja 53), 1188/2017 (foja 171); a lo que el juez acuerda: ténganse formulados los alegatos referidos y precluído el derecho de las demás partes para expresarlos. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del artículo 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 609/2017; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, Rodrigo González Carreón, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por el acto que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Conforme al artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal se admitió a trámite la demanda y se celebró la audiencia constitucional que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos emitidos por una autoridad judicial con residencia dentro del territorio donde tiene competencia este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, de la demanda, así como de la ampliación, este juzgador considera que la parte quejosa reclama: 1. Del Juez y del Ministro Ejecutor, ambos adscritos al Juzgado Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas: - El desalojo que se pretende realizar en los inmuebles que aduce son de su propiedad, ordenado en auto de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, dentro de la etapa de ejecución en el juicio 574/2008, en el que figura como parte demandada. 2. De la Policía Municipal de Cuauhtémoc, Piedra Gorda: - La ejecución. TERCERO. Oportunidad. La interposición de la demanda de amparo se estima oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, lo anterior por así desprenderse de las constancias que conforman el juicio natural, toda vez que el quejoso manifestó que tuvo conocimiento del acto reclamado el veinte de junio de dos mil diecisiete (foja 3 del juicio de amparo); por lo tanto, el plazo para la interposición del amparo transcurrió del veintiuno de junio al once de julio de dos mil diecisiete, con descuento de los días veinticuatro y veinticinco de junio, así como uno, dos, ocho y nueve de julio de este año, por haber sido días inhábiles; consecuentemente si la demanda de amparo se presentó el veintiuno de junio de dos mil diecisiete, es claro que el juicio en que se actúa fue promovido oportunamente. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Juez y el Ministro Ejecutor, ambos adscritos al Juzgado Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas, al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 25 y 26, así como 188 y 189 del juicio de amparo, respectivamente), aceptaron la existencia del acto reclamado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el mismo. Por otra parte, la Policía Municipal de Cuauhtémoc, Piedra Gorda, fue omisa en rendir su informe justificado no obstante de encontrarse debidamente notificada (foja 24 del juicio de amparo), por lo tanto ante dicha omisión se presume cierto el acto reclamado. Certeza que se acredita con las copias certificadas del expediente 574/2008 (tres tomos de pruebas); documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º . QUINTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este Juzgador, de oficio, estima que respecto al acto reclamado consistente en el desalojo que se pretende realizar en los inmuebles que aduce son de su propiedad, ordenado en auto de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete (foja 3 del tomo I de pruebas) dentro de la etapa de ejecución en el juicio 574/2008, en el que figura como parte demandada, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [. ] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución [...]" De dichos preceptos se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley; así como que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución; y que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. De lo anterior se advierte que cuando se está en la fase de ejecución de sentencia el juicio de amparo biinstancial únicamente es procedente en contra de la última resolución dictada en esa etapa procedimental, siendo la misma la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, precisando que esta regla de procedencia del juicio de amparo indirecto en tratándose de ejecución de sentencia aplica exclusivamente a las partes en el juicio, y no a los terceros extraños, pues éstos no están obligados a agotar recursos ordinarios o medios legales de defensa antes de ocurrir al amparo, ni a esperar al dictado de la última resolución que se emita en dicho procedimiento, sin embargo, el hoy quejoso no es persona extraña al juicio de origen pues compareció al mismo, en consecuencia, la procedencia del juicio de amparo indirecto en la etapa de ejecución se encuentra limitada a que se promueva en contra de la última resolución dictada en esta etapa, de ahí que se actualice la aludida causa de improcedencia. Además de ello, el propio numeral 107 establece que al impugnar la última resolución también se pueden reclamar las demás violaciones que considere se cometieron durante el procedimiento de ejecución. Ahora bien, de un estudio íntegro de la demanda de amparo, se advierte que en el juicio ordinario civil (acción reivindicatoria) 574/2008 del índice de la responsable, se dictó sentencia definitiva el dieciocho de mayo de dos mil quince (foja 56 del tomo I de prueba), y en cumplimiento a esa sentencia, la cual ha quedado firme, la responsable ordenó el desalojo de los inmuebles motivo de la presente demanda de amparo. En este sentido, tenemos que el acto reclamado que aquí se analiza, es un acto emitido después de concluido el juicio, pues como se precisó ya se emitió sentencia definitiva, sin embargo, no constituye la última resolución dictada en etapa de ejecución de sentencia; por el contrario, son actos atinentes a la ejecución de la misma, de ahí que el juicio de amparo resulte improcedente. Sin que se pase por alto que existen casos de excepción a dicha regla, pues aunque la fracción IV es autónoma, lo cierto es que no existe impedimento para leerla de manera relacionada con la fracción V, ya que ésta contiene un supuesto de procedencia más amplio, por tanto, existen ciertos actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia que excepcionalmente admiten en su contra el juicio de amparo indirecto, sin tener que esperar para controvertirlos como violaciones procesales en la demanda de amparo contra la última resolución de dicho procedimiento, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación por afectar de manera inmediata derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Es ejemplificativo de lo anterior, la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 163152, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, del tenor siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Sin embargo, en el caso el acto reclamado no encuadra en dicha excepción de procedencia, ya que como fue precisado, el acto reclamado consiste en la orden de desalojar los inmuebles que fueron materia de la sentencia de origen, por lo que dicha orden de desalojo es una consecuencia lógica, directa y necesaria de la sentencia ejecutoriada, por tanto, no puede estimarse como un acto emitido en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecte de manera directa un derecho sustantivo "ajeno" a la cosa juzgada en el juicio natural; de ahí que no pueda considerarse que se actualice alguna excepción que haga procedente la instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada II.2o.C.389 C, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página: 1721, Tomo XVII, Enero de 2003, Materia(s): Civil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última." Así, se concluye que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia, sino es una resolución intermedia dictada dentro del periodo de ejecución de sentencia, la cual no puede ser combatida a través del juicio constitucional, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución. Apoya lo anterior la tesis aislada 2a. VIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página: 230, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia(s): Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." Luego, el acto reclamado al haberse actualizado durante el trámite de la ejecución de una sentencia, se reitera, lo deberá combatir junto con las demás violaciones acaecidas durante dicho procedimiento, mediante el juicio de amparo indirecto que en su caso promueva en contra de la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Sustenta lo anterior, por su contenido, la Tesis 1a./J. 19/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de 2001, Página 34, Novena Época, del tenor siguiente: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." Máxime que, se repite, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla general, como podría suceder con un arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, supuestos en los cuales procede el amparo indirecto en etapa de ejecución. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución atribuido a la Policía Municipal de Cuauhtémoc, Piedra Gorda, al no reclamarse por vicios propios sino en vía de consecuencia. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 516 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, página 339, con registro 394472, del texto que sigue: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". Así, resulta innecesario realizar el estudio de las diversas causales de improcedencia que la parte tercera interesada hizo valer, ya que, de cualquier modo el análisis de ésas no cambiaría el sentido de esta resolución, dado que, opere o no alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la presente resolución. Es aplicable, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, página 414, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. SEXTO. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a loa novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicable, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rodrigo González Carreón, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo por las razones anotadas en el diverso quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió Iván Ojeda Romo Juez Primero de Distrito en Zacatecas, quien actúa asistido del Secretario Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso quien autoriza y da fe.

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