Rodrigo González Blancas

Expediente 841/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
841/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
08/11/2019

Partes del expediente

  • Rodrigo González Blancas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    ...Se tiene por consentido auto que tuvo por cumplida ejecutoria de amparo... Se ordena enviar el expediente al archivo como asunto concluido...

  2. Principal

    ... autoridades informan el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo... se ordena dar vista a las partes con el oficio y anexo de cuenta, por el plazo de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidas que de no hacerlo este Órgano Jurisdiccional se pronunciará sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el expediente y datos aportados por la autoridad...

  3. Principal

    ... causa ejecutoria la sentencia para todos los efectos legales correspondientes.. se requiere a la autoridad responsable... informe respecto al cumplimiento que haya dado a la ejecutoria del juicio. Se apercibe a la autoridad responsable que de no acreditar lo solicitado, se hará acreedor su Presidente a una multa...

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del veintidós de agosto de dos mil diecinueve, hora y día programados para la celebración de la audiencia constitucional, estando en audiencia pública el Juez Manuel Hiram Rivera Navarro, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, ante James Ronald Arriola Aguirre, secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, declara abierta la audiencia sin la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el Secretario hace una relación de las constancias del sumario, entre las que se encuentran el escrito inicial de demanda e informe justificado; asimismo, se da cuenta con el estado que guardan los autos. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias. Por otra parte, se toma en consideración que en dieciséis de agosto de la anualidad cursante, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por el Presidente y Actuario notificador, ambos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, lo que implica que se encuentra transcurriendo el término de ocho días para que las partes se impongan de su contenido, es menester precisar que la celebración de esta audiencia no desatiende la jurisprudencia número 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI LA QUEJOSA O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Lo anterior, toda vez que la finalidad del diferimiento es que las partes estén en aptitud de ofrecer pruebas que desvirtúen lo plasmado en los informes justificados; sin embargo, en el caso particular, se reclaman actos de carácter omisivo y por lo tanto éstos se apreciarán tal y como aparezcan acreditados ante la responsable. Abierto el período de pruebas, el secretario certifica que el presidente de la referida junta presentó pruebas documentales, las cuales obran agregadas en autos. El Juez acuerda: Se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las pruebas relacionadas en la certificación que antecede. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el Secretario certifica que la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita presentó pedimento. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la certificación que antecede y por reproducidos los alegatos de la representante social. Con lo anterior, se concluye la audiencia y se levanta la presente acta para constancia, por lo que se procede a dictar resolución en los términos siguientes: VISTOS para resolver los autos que integran el juicio de amparo 841/2019, y; R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito de demanda presentado en cuatro de julio de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día a este juzgado Rodrigo González Blancas, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora y Actuario adscrito, ambos con sede en esta ciudad. Segundo. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, conocer de la demanda de amparo en comento, con formación del expediente respectivo y su registro en el libro de gobierno bajo el número 841/2019, por auto de cinco de julio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite, en el que además se ordenó pedir informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que verificada al tenor del acta que antecede y ahora se resuelve; y, Considerando: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es conveniente precisar que el acto reclamado. De la revisión integral de la demanda y demás constancias que integran el sumario, se concluye que los actos consisten en: La omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral 3624/16JE1. La omisión de emplazar a la parte demandada. TERCERO. Existencia del acto reclamado (certeza). Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, no obstante que al rendir su informe justificado lo hayan manifestado como parcialmente cierto, pues su certeza se corrobora con las documentales que anexó el presidente de la junta al mismo, de las que se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda (cuatro de julio de dos mil diecinueve), si existía el acto reclamado; constancias que al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, merecen eficacia probatoria plena. Lo anterior, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2° de esta última. CUARTO. Causa de improcedencia. No se analizarán los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, respecto al acto reclamado consistente en la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, pues en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Del precepto trascrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando la actuación ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiese concedido el amparo. Tal causa de improcedencia se actualiza, por la imposibilidad que surge de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, se advierte que en acuerdo de seis de agosto de dos mil diecinueve, se señalaron las catorce horas con treinta minutos del dos de septiembre de dos mil diecinueve para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio laboral 3624/16JE1, por lo que la afectación de que se dolía el peticionario de amparo desapareció, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, que constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo y repuso al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Así las cosas, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se surte la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y lo procedente es sobreseer en el juicio. Tiene aplicación al efecto la jurisprudencia 2a./J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior, no obstante que la junta responsable señaló las catorce horas con treinta minutos del dos de septiembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, fecha que si bien no se señaló dentro del plazo establecido en la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, una vez observados los plazos legales para que cause ejecutoria la sentencia de amparo, para el caso de que no se recurra, el requerimiento por su cumplimiento y los diez días de anticipación con que debe notificarse la nueva fecha, harían materialmente imposible señalar una fecha más cercana para la celebración de la multicitada audiencia, circunstancia por la que no es procedente conceder la protección constitucional, no obstante que la fecha referida no cumpla con los parámetros establecidos en la legislación laboral. Consecuentemente, ante la actualización de la causa de improcedencia del juicio de amparo, procede decretar el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. QUINTO. Conceptos de violación. Al no existir otra causa de improcedencia pendiente de análisis, se procede al estudio de los conceptos de violación planteados; para lo cual, no es necesaria su transcripción, por no ordenarlo precepto legal alguno y con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos treinta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXI, Novena Época, Materia Común, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Estudio de fondo. En principio, cabe señalar que el estudio de la cuestión planteada se realizará conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo anterior a su reforma de cuatro de junio del año en curso, pues de conformidad con el artículo séptimo transitorio de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve; los procedimientos que se encuentran en trámite en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y las Juntas de Conciliación federales y locales, serán concluidas por estas, de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio. Es fundado el concepto de violación expuesto por la parte quejosa, respecto al acto reclamado consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada en el juicio laboral de origen, y suficiente para conceder la protección constitucional, pues se viola en su perjuicio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que las autoridades responsables no cumplen con su función de administrar justicia de manera pronta y con apego a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. En cuanto a dicha prerrogativa, el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, establece: Artículo 17. . Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del análisis del precepto constitucional trascrito, se advierte como derecho fundamental que la administración de justicia se imparta por los tribunales designados en los lapsos que establezcan las leyes y emitir las determinaciones de manera pronta, completa y expedita. El derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. El principio de justicia pronta, se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; La justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; Por su parte, la imparcialidad significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, Finalmente, la justicia gratuita estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si el citado derecho constitucional está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarlo lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran, son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho. Tales consideraciones se encuentran inmersas en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Para sostenerlo así, se tiene en cuenta lo previsto por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo que prevén el tiempo y forma en cómo se ha de desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral, de que cuya interpretación sistemática, se advierte que cuando el Tribunal del trabajo reciba una demanda laboral, dictará acuerdo de admisión, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; audiencia que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda; acuerdo que será notificado personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia, cuando menos. También se advierte, que cuando quien demanda es la parte trabajadora o sus beneficiarios y la Junta advierta alguna irregularidad en el escrito de demanda, o que estuviere ejercitando acciones contradictorias, al admitir la demanda deberá señalarle los defectos u omisiones en que haya incurrido y prevendrá a la parte promovente para que los subsane dentro de un término de tres días, lo anterior, significa que la demanda deberá admitirse de forma inmediata y si existe prevención ésta deberá notificarse al siguiente día para que la parte actora la subsane al tercer día y con ello, pueda cumplirse el extremo de emplazar a las partes a la audiencia con diez días de anticipación por lo menos, con lo cual se atiende a los principios de concentración y sencillez en el proceso laboral. Ahora bien, de las constancias del juicio laboral se advierte que en efecto, la Junta responsable por acuerdo de seis de agosto de dos mil diecinueve, fijó las catorce horas con treinta minutos del dos de septiembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones prevista en los artículos 873 a 879 de la Ley Federal de Trabajo, y asimismo ordenó el emplazamiento de la parte demandada. De igual manera, si tomamos en consideración que la demanda que dio origen al juicio laboral de donde deriva el acto reclamado fue presentada en veintidós de agosto de dos mil dieciséis, podemos advertir un estancamiento procesal de treinta y seis meses, con evidente trasgresión a los principios de inmediatez y celeridad que rigen en el procedimiento laboral, retardando con su actuación la administración de justicia laboral, violando con ello el derecho humano contenido en el artículo 17 constitucional en perjuicio de la parte quejosa, que señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los Tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, por lo que, al no cumplir con tal mandato, la responsable trasgrede el derecho fundamental señalado. En este contexto, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a fin de que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, cumpla con su deber de impartir justicia expedita y ordene la realización del siguiente acto procesal para dar impuso al juicio laboral (el emplazamiento de la parte demandada), en el entendido de que su obligación se circunscribe a ordenar y hacer cumplir su determinación de que el actuario de su adscripción se constituya en el domicilio proporcionado por la parte actora y realice el emplazamiento, y en caso de no lograrlo por no ser el domicilio correcto, requerir a la actora para que proporcione el actual, sin que la Junta esté obligada a emplear oficiosamente los medios a su alcance para averiguarlo. Lo anterior de conformidad con el párrafo segundo del artículo 739 de la Ley Federal del Trabajo, que establece: "Artículo 739. Las partes, en su primera comparecencia o escrito, deberán señalar domicilio dentro del lugar de residencia de la Junta para recibir notificaciones; si no lo hacen, las notificaciones personales se harán por boletín o por estrados, según el caso, en los términos previstos en esta Ley. Asimismo, deberán señalar el domicilio del demandado para recibir notificaciones, o el último lugar donde el trabajador prestó sus servicios. La notificación es personal y se diligenciará conforme a lo dispuesto en el artículo 743." Y de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 126/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, materia laboral, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, noviembre de dos mil dieciséis, Tomo II, página 1364, registro IUS 2013079, de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA JUNTA CUANDO NO LO LOGRA REALIZAR EN EL DOMICILIO DESIGNADO POR EL ACTOR TRATÁNDOSE DE UN SOLO DEMANDADO. Tanto en los juicios laborales en los que existe un patrón único como en los que se designa a varios de ellos resulta aplicable la Ley Federal del Trabajo, cuyas disposiciones no hacen distinción entre uno y otro supuestos, por lo que debe inferirse que no fue voluntad del legislador otorgar un trato diverso ni regir la situación de manera particular o destacada, en específico, sobre la carga del trabajador actor de designar el domicilio donde pueda emplazarse al patrón demandado (artículo 739, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo). En consecuencia, en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 98/2013 (10a.) (*) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de juicios laborales en los que el actor no proporciona el domicilio para lograr el emplazamiento de un solo demandado o el proporcionado es incorrecto -desde luego, agotadas las posibilidades al efecto e, incluso, dando la posibilidad al trabajador de aclarar o proporcionar mayor información-, es factible que la Junta del conocimiento lo requiera para que aclare o designe uno nuevo bajo el apercibimiento de tener por no presentada la demanda, sin que esté obligada a emplear oficiosamente los medios a su alcance para investigarlo." SÉPTIMO. Efectos de la concesión En esas condiciones, al resultar esencialmente fundado el concepto de violación, a fin de restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, de acuerdo con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, debe otorgarse el amparo para el efecto de que: En estricta observancia al derecho humano de pronta impartición de justicia contemplado en el artículo 17 constitucional, la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, ordene y constriña al Actuario de su adscripción correspondiente, para que lleve a cabo el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral de origen, y en caso de no lograrlo, levante la razón correspondiente sobre dicha imposibilidad. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: Resuelve: PRIMERO.- Se sobresee en el juicio de amparo 841/2019, promovido por Rodrigo González Blancas, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, consistente en la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, por los motivos expuestos en el considerando Cuarto. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Rodrigo González Blancas, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora y Actuario adscrito, ambos con sede en esta ciudad, consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada en el juicio laboral 3624/16JE1, por los motivos expuestos en el considerando Sexto y para los efectos precisados en el considerando Séptimo de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió el Juez Manuel Hiram Rivera Navarro, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora y firma ante James Ronald Arriola Aguirre, secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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