Rodrigo Ferrer Barajas
Expediente 1084/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1084/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rodrigo Ferrer Barajas
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a diez de enero de dos mil veintitrés. Acúsese recibo del oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Tribunal de alzada en comento, al que acompaña los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, en atención a que en ejecutoria pronunciada en sesión de ocho de diciembre del dos mil veintidós, declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el acuerdo dictado por este Juzgado donde determinó desechar de plano la demanda que dio origen al presente asunto, conforme a los siguientes puntos resolutivos: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." En relación a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y agréguense únicamente las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes respectivo, no así las diversas por ya estar glosadas en autos. Por otra parte, como de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, pues, se desechó la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, y se declaró infundado el recurso de queja que la quejosa interpuso en contra de dicha determinación. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, suscrito por el quejoso mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de trece de octubre del presente año, dentro del juicio en que se actúa, en tal virtud SE TIENE POR INTERPUESTO dicho medio de impugnación; por tanto, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse dentro de los tres días siguientes los autos a la superioridad, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer, enviándose al efecto el original y réplica del escrito de expresión de agravios. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, a trece de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada vía electrónica, promovida por la parte quejosa en cita, contra actos del Auditor Superior de Michoacán y otras autoridades; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número IV-1084/2022-C. Ahora bien, del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ". LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME; IV.1. Del Auditor Superior de Michoacán o Titular de la Auditoria Superior de Michoacán, del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, iniciativa, promulgación, expedición, emisión, aprobación, publicación y ejecución de los inconstitucionales e inconvencionales Lineamientos para la determinación e imposición de multas por parte de la Auditoría Superior de Michoacán, publicados en el Periódico Oficial del Estado en el tomo -, de fecha lunes-, número -, cuarta sección, en particular el artículo 11. Así como, Todas las consecuencias y efectos de los actos jurídicos reclamados que se produzcan en mi esfera jurídica. IV.2. Del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, de la Auditoría Superior de Michoacán, del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, la ejecución de los inconstitucionales e inconvencionales Lineamientos para la determinación e imposición de multas por parte de la Auditoría Superior de Michoacán, publicados en el Periódico Oficial del Estado en el tomo CLXXV, de fecha lunes 25 de Mayo de 2020, número 18, cuarta sección, en particular el artículo 11. Así como, Todas las consecuencias y efectos de los actos jurídicos reclamados que se produzcan en mi esfera jurídica. IV.3. Del Jefe de Departamento de Fianzas y Multas de la Auditoría Superior de Michoacán, del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, la ejecución de los inconstitucionales e inconvencionales Lineamientos para la determinación e imposición de multas por parte de la Auditoría Superior de Michoacán, publicados en el Periódico Oficial del Estado en el tomo CLXXV, de fecha lunes 25 de Mayo de 2020, número 18, cuarta sección, en particular el artículo 11. Así como, Todas las consecuencias y efectos de los actos jurídicos reclamados que se produzcan en mi esfera jurídica.". No obstante lo anterior, del análisis minucioso de la demanda en cuestión, se desprende que la norma que se tilda de inconstitucionalidad, es de carácter heteroaplicativo, pues la parte quejosa aduce que su primer acto de aplicación lo fue el instructivo de diecinueve de septiembre del presente año, en el que se le cita para el desahogo de una audiencia, y en caso de no comparecer a la misma, será acreedor a una multa determinada, la cual a la fecha no se ha hecho efectiva; por tanto, este juzgador estima desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de la Materia, que disponen lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Órgano Jurisdiccional y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por similitud, la Jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que al rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." De tal forma, el contenido de los dispositivos legales en cita, que son del tenor siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: . III.- Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el estado Mexicano sea parte." Del análisis sistemático de los artículos transcritos es dable concluir que, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubieren quedado sin defensa los quejosos, o bien, trascendieran al resultado del fallo, con excepción de aquellos actos que sean de imposible reparación. Ciertamente, aquí conviene indicar que de la lectura del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la Materia, se desprende una hipótesis abierta de improcedencia, que remite a aquellos casos en que ésta derive de alguna otra disposición de la misma de la Constitución Federal, o de la Ley de Amparo, ya sea porque se actualice alguna de las hipótesis de improcedencia expresamente previstas, o bien, porque no se cumpla alguno de los requisitos establecidos para hacer procedente el juicio de garantías. Al respecto es aplicable el criterio contenido en la Tesis aislada número 2a. LXXXVI/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 373, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." En lo tocante al segundo precepto legal citado, donde se establece que el juicio de garantías es procedente contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, indicándose como hipótesis de procedencia que cuando el acto reclamado emane de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo podrá promoverse únicamente contra la resolución definitiva que en el mismo se dicte, o bien, contra actos dentro del juicio que afecten derechos sustantivos. Destacándose así, que la Ley de Amparo prevé que en tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual deben reclamarse tanto violaciones de fondo, como del procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expedites de las diligencias procedimentales. Por tanto, al establecer el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emane de un procedimiento administrativo en forma de juicio, el amparo sólo procederá contra la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiéndose aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, también en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo. Ahora bien, de la manifestación realizada en su escrito de demanda bajo protesta de decir verdad, se desprende que los actos reclamados derivan de un procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en forma de juicio en contra del impetrante de garantías, que en su momento culminará con la resolución definitiva que resuelva el mismo y será sólo contra ésta que pueda válidamente intentar el quejoso, el medio de defensa legalmente previsto y en su caso y momento, el juicio de amparo en la vía indirecta. Las consideraciones antes vertidas encuentran apoyo, por analogía, en el criterio contenido en la Tesis de Jurisprudencia 22/2003, visible en la página 196, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, abril de 2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, cuya transcripción de su rubro es la siguiente: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR." En atención a lo anteriormente vertido, se puede concluir que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo hasta que se dicte la resolución con la que culmine dicho procedimiento y como excepción, procede el amparo, aun cuando no se haya dictado la resolución que ponga fin al procedimiento cuando los actos que se reclamen tengan una ejecución de imposible reparación. En este punto, se debe entender como actos cuya ejecución es de imposible reparación, aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trate. A propósito de lo que es la "afectación directa e inmediata de derechos sustantivos" es aplicable la Tesis de Jurisprudencia 244, consultable en la página 164 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, del rubro siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." En la Jurisprudencias anterior, se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando, como consecuencia de ellos, se afecta de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por lo que en estos casos, puede acudirse al amparo indirecto, sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento ordinario pues, como ya se dijo, las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por exclusión, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza meramente adjetiva o procesal (como en el asunto que nos ocupa), cuyos efectos son meramente formales, y que al presentarse se colocan en una posibilidad latente de desaparecer, o bien resultan intrascendentes si es que se dicta una sentencia favorable al afectado. La razón de ser de dichos derechos adjetivos o procesales encuentra su fin último en la obtención de una sentencia o resolución favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del interesado al no alterarse algún derecho sustantivo y sin dejar huella alguna. Efectivamente, estos actos, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho fundamental contenido en los derechos fundamentales, sino que tan sólo crean la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para el resultado del fallo. Sobre esta base y tomando en consideración los actos reclamados que por esta vía reclama la parte quejosa, analizados en el presente considerando, se tiene que nos encontramos en presencia de actos que no producen la afectación de algún derecho sustantivo consagrado en los derechos fundamentales cuya ejecución sea de imposible reparación. Ello es así, toda vez que el acto que medularmente reclama es la comparecencia al desahogo de la audiencia que establece el artículo 81 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación al Acuerdo Administrativo para la Determinación de Multas número -, fijada a las nueve horas del día once de octubre del dos mil veintidós, ya que en caso de no comparecer a la misma, podría ser acreedor a una multa. De lo anterior se desprende que la citación que reclama el quejoso sólo tiene como efecto sujetarlo a la rendición de cuentas que trata el Acuerdo Administrativo para la Determinación de Multas número -, dándole la oportunidad de ser oído y que en su caso exhiba las pruebas que tiendan a desvanecer la causal que motiva la imposición de la multa ahí determinada, con el objeto de cumplir las formalidades esenciales del procedimiento que determina la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, para tal efecto. Aunado a lo anterior, el desahogo de la audiencia en comento, puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudieran adolecer dicho citatorio pueden no llegar a trascender ni producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener resolución desfavorable y por ende, la aplicación de una multa determinada, podría controvertirla cuando promueva el medio de defensa legal que establece el artículo 82 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo. Con base en esta línea argumentativa se concluye la improcedencia de la acción de amparo planteada con respecto a los actos reclamados en estudio, ya que como quedó evidenciado, no tienen la característica de ser de imposible reparación. Es aplicable a lo aquí considerado en lo conducente la Jurisprudencia 2a./J. 43/2006 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, abril de 2006, página 242, cuyo rubro se transcribe: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE.". En razón de todo lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, en términos de lo establecido en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, se procede a desechar la presente demanda de garantías promovida por Rodrigo Ferrer Barajas, respecto a los actos reclamados a las autoridades indicadas en los párrafos que anteceden. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar - a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020; en ese sentido, se tiente a la parte quejosa señalando como formas especiales y expeditas de contacto los correos electrónicos siguientes: -, y el diverso -. Como lo solicita la parte quejosa, se ordena a la Analista Jurídico (SISE) dar de alta los nombres de usuarios proporcionados - --, a fin de que tenga acceso al expediente electrónico para su consulta y se le realicen todo tipo de notificaciones. Se tiene al promovente por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y autorizados para tal efecto a las personas que establece, únicamente con las facultades conferidas en el artículo 12 de la ley de la materia al licenciado -, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el registro Único de Profesionales del Derecho, tiene registrada su cédula en dicho sistema. Notifíquese personalmente.
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