Rodrigo Fernández Jiménez

Expediente 699/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
699/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Rodrigo Fernández Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y en atención al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que el peticionario del amparo interpusiera el recurso de queja en contra del proveído veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se dictó un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. Finalmente, se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente -electrónico y en su caso físico- se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3° del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES. Vista la demanda de amparo promovida por Rodrigo Fernández Jiménez, contra actos de Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial en esta ciudad, por trasgresión que estima de los artículos 14 y 16 Constitucionales. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 699/2022-I-E. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. A efecto de acordar lo que en derecho corresponda, se procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda relativa, de la que se pone de manifiesto su notoria e indudable improcedencia por actualizarse en la especie causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." De la interpretación en sentido contrario de la referida fracción V del artículo 107 de la Ley de la materia, se colige que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se reclamen actos en juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, es decir, aquellos que se refieran a cuestiones procesales que no afecten directamente un derecho sustantivo del gobernado quejoso. Al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación adujo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Que derivado de lo anterior, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: a) La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, b) La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Es pertinente destacar que en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, se establece que los juicios sucesorios se conforman de cuatro etapas o secciones, que iniciarán simultáneamente, la primera se llamará de sucesión y contendrá, en su caso, la denuncia de intestado o la presentación del testamento, la citación a herederos, nombramiento y remoción de albacea e interventores y culminará con el reconocimiento de derechos hereditarios. La segunda se llamará de inventarios, la cual estará compuesta del inventario provisional del interventor, el inventario y avalúo que forme el albacea, los incidentes que se promuevan al respecto y finaliza con la resolución que dicte el juez sobre la aprobación del inventario y avalúo. La tercera se llamará de administración y contendrá todo lo relativo a la administración, las cuentas, su glosa y calificación y la comprobación de haberse cubierto el impuesto fiscal La cuarta y última, se llama de partición y se compone de los proyectos de distribución de la masa hereditaria y concluye con la resolución de partición. Como puede observarse, cada etapa del procedimiento sucesorio atiende al principio de preclusión, que exige que lo decidido en las resoluciones que culminen cada sección adquiere firmeza para los que tuvieron intervención. Luego, no existe una sentencia que lo decida en lo principal, sino que cada una de las secciones se resuelve por separado, mediante la interlocutoria especial correspondiente. Por ello, el juicio de amparo biinsntancial solamente procede contra las resoluciones que ponen fin a las tres primeras secciones o representa un obstáculo para su conclusión y las que tengan la característica de ejecución de imposible reparación en los términos antes anotados. Se cita al respecto, la tesis I.3o.C.439 C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." Expuesto lo anterior, se tiene que en el caso en estudio, el quejoso Rodrigo Fernández Jiménez es parte dentro del juicio sucesorio testamentario, a bienes de Santiago Fernández Hernández, expediente al que le correspondió el número 341/2021 del índice del Juzgado Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, el cual, según los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró el solicitante del amparo, se encuentra en trámite, específicamente en la segunda sección, lo que se corrobora con el propio dicho del quejoso en el que refiere que por auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós se declaró la apertura de la segunda sección del juicio a petición de Alicia Tovar Hernández, a quien se declaró, además de la menor A.F.T., como únicas y universales herederas, y -dijo- no se le impuso la obligación de otorgar fianza. Aquí es oportuno precisar que, si bien es cierto el aquí quejoso no fue declarado como heredero, lo cierto es que dicha determinación aún no se encuentra firme, pues la resolución que resolvió la primera sección fue impugnada mediante el recurso de apelación correspondiente -mismo que, indica la propia parte quejosa que se encuentra pendiente de resolver, y el cual fue admitido en efecto devolutivo-. Igualmente, se trae a contexto que, el impetrante destacó que contra el auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós interpuso recurso de revocación, mismo que en proveído de cinco de octubre pasado, se reservó admitir el medio de impugnación en cita, hasta en tanto fuera resuelto el recurso de apelación -para verificar su legitimación para impugnar la mencionada actuación-. Así, debe decirse que si bien la parte quejosa en el capítulo de acto reclamado indica como tal la resolución de veintiséis de septiembre del año en curso, dentro del expediente de origen ya citado -contra el cual hizo valer el recurso de apelación, mismo que se encuentra en trámite-, sin embargo, de la lectura integral de la demanda de amparo se obtiene que en realidad combate el auto de cinco de octubre en curso, en el que la potestad responsable reservó admitir o no el medio de impugnación en cita, hasta en tanto se resolviera el recurso de apelación ya mencionado, al encontrarse subjúdice el tema concerniente la legitimación del aquí quejoso, al no haber sido declarado heredero en la primera sección. Auto reclamado que transcribió el quejoso en su demanda, en lo que interesa, y que es del contenido siguiente: "Agréguense a los autos escrito signado por RODRIGO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, escrito presentado por ALICIA TOVAR HERNÁNDEZ y el oficio número 13755/2022, signado por Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, recepcionados el 29 veintinueve de septiembre y 04 cuatro de octubre de la presente anualidad. Visto el contenido del primero de los de cuenta, tomando en consideración el estado que guardan los autos, precisamente los resolutivos de la interlocutoria de fecha 17 diecisiete de agosto del año en curos (sic), relativa a la declaración de herederos, en los cuales se advierte que el compareciente no fue declarado heredero de los bienes motivo del presente juicio, y por ello interpuso el recurso de apelación en contra de dicha interlocutoria; luego entonces, su legitimación para comparecer a juicio se encuentra supeditado al resolutivo de dicha apelación, razón por la que atendiendo al contenido del escrito que se acuerda, dígasele al ocursante que esta autoridad se reserva de admitir o no a trámite el recurso de revocación que plantea, hasta en tanto se haya resuelto el recurso de apelación admitido en proveído de fecha 06 seis de septiembre del año en curso; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y 47 de la Ley Adjetiva Civil. Tocante al segundo de los libelos que se reciben, téngasele a la ocursante por formulando el inventario y avalúo de los bienes que conforman el acervo hereditario, mismo que se pone a la vista de los interesados, por el término de 10 días a fin de que lo analicen y hagan las objeciones que estimen pertinentes; con apoyo con los numerales 628 y 672 del Código en consulta. Respecto al oficio que se recibe, se tiene a la Autoridad Federal por transcribiendo la resolución emitida dentro del juicio de amparo número 331/2022-1B promovido por RODRIGO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ. Por otro lado, se tiene a la autoridad garante por comunicando que dicho juicio de garantías ha sido sobreseída. De conformidad con los artículos 33, 34 y 63 de la Ley de Amparo.-" Precisado lo anterior, esta Juzgadora estima que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que las consecuencias del acto reclamado, por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa, una ejecución de imposible reparación, ya que la determinación combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de sus derechos sustantivos, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no causan una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. En efecto, si a través de la determinación reclamada, el Juez responsable reservó el pronunciamiento sobre la admisión o no del recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso, al encontrarse subjúdice el tema concerniente a la legitimación del aquí quejoso en el juicio natural, al no haber sido declarado heredero en la primera sección, empero que combatió a través del recurso de apelación -la resolución relativa reconocimiento de derechos hereditarios-, el cual no ha sido resuelto, es inconcuso que ello únicamente podría implicar infracciones a derechos adjetivos que producen efectos meramente intraprocesales, esto es, no se advierte que se haya acordado contrario a los intereses de la parte quejosa, sino únicamente se reservó el pronunciamiento el juez natural, al depender dicha determinación del resultado de la apelación interpuesta por la aquí quejosa; circunstancia que, llegado el momento oportuno en que se provea en relación con su recurso de revocación intentado, podría, en su caso, favorecer a sus intereses, y de lo contrario, sin prejuzgar sobre su procedencia o no, estaría en condiciones de impugnar la determinación que adopte el Juzgador del conocimiento. Además, debe tomarse en consideración la premisa legal establecida en el inicio del presente auto, pues al encontrarse el juicio en la segunda etapa -pues el quejoso combate el proveído de cinco de octubre en curso, en el que la potestad responsable reservó admitir o no el recurso de revocación intentado, en contra de la diversa determinación de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós-, es inconcuso que dicha determinación no es la última de la segunda sección en mención, pues no es la relativa a la aprobación del inventario y avalúo, y en ese sentido, no es procedente el juicio de derechos fundamentales, bajo las consideraciones de hecho y de derecho ya establecidas. Así, el acto reclamado por esta vía no constituye un acto procesal de ejecución irreparable, toda vez que únicamente pudiera implicar infracciones a derechos adjetivos que producen efectos meramente intraprocesales. Cobra puntual apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto a la letra dicen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De igual modo, en lo conducente se cita la jurisprudencia P./J. 38/92, sustentada por el propio Pleno, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 12, registro 205601, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCION INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO. La resolución que pone fin a un incidente de nulidad de actuaciones, declarándolo fundado, no es un acto en el juicio que, por regla general, tenga una ejecución de imposible reparación, sino que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicha resolución, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia definitiva, o la que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses del quejoso, pero de no ser así, este último podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del mencionado fallo. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que tal resolución entraña una violación a las leyes del procedimiento, prevista en la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, en la cual se establece la procedencia del amparo directo "cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad"; y por los términos genéricos en que está redactado el mencionado precepto legal, resulta obvio que la ilegal resolución del incidente de nulidad a que allí se alude, puede consistir tanto en la anulación de las actuaciones favorables al quejoso, como en la negativa a nulificar aquéllas que lo agravian, toda vez que aquél no hace distingo alguno al respecto. Sin embargo, el anterior criterio queda supeditado a que, con motivo de las mencionadas resoluciones incidentales, no se afecten en forma cierta e inmediata los derechos sustantivos de los gobernados, porque de lo contrario, la vía correcta para reclamarlas será la indirecta." Criterios que se consideran aplicables al caso, de conformidad con el artículo sexto transitorio, de la Ley de Amparo. No se soslaya que en el caso, el acto reclamado deriva de un juicio de los denominados universales, esto es, aquellos que conocen de la totalidad del patrimonio de una persona, cuya finalidad es conceder, repartir o asignar los bienes que constituyen dicho patrimonio, y que tal acto fue dictado previamente al inicio de la segunda sección de dicho juicio; no obstante, ello no es óbice para arribar a la conclusión de que el presente juicio de amparo es improcedente, en virtud de que, como se precisó con antelación, la posible afectación que en su caso pudiera producir, puede ser enmedada si la parte quejosa obtiene fallo favorable a sus intereses, o de lo contrario, mediante el medio de impugnación relativo, que en su caso haga valer contra la aprobación del inventario y avalúo con que finaliza la segunda sección -de encontrarse legitimado para ello-. Al caso se cita, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 187-192, cuarta parte, página 231, registro 240224, de rubro y sinopsis siguiente: "SUCESIONES. SOLO LA SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN TIENE EL CARÁCTER DE DEFINITIVA PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido el criterio de que las sentencias que se pronuncien en las diversas etapas de un juicio sucesorio, con excepción de la que se refiere a la adjudicación de los bienes, no son definitivas para los efectos del amparo, porque no resuelven el juicio sucesorio en lo principal." Entonces, como el acto reclamado no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa; como se anticipó, es improcedente el presente juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del numeral 107, ambos de la Ley de la Materia, por tanto procede desechar de plano la presente demanda de amparo, con apoyo en el numeral 113, de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley se tiene como autorizado al profesionista Ignacio Aldaco Hernández, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a las diversas personas que indicada, toda vez que no tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que las autorice a ejercer la profesión de abogadas. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). De igual modo, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un número de teléfono fijo o móvil y una cuenta de correo electrónico para que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo para entablar comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista al quejoso...la determinación de veintiocho de octubre del año en curso que dice:"Vista la demanda de amparo promovida por Rodrigo Fernández Jiménez, contra actos de Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial en esta ciudad, por trasgresión que estima de los artículos 14 y 16 Constitucionales. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 699/2022-I-E. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. A efecto de acordar lo que en derecho corresponda, se procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda relativa, de la que se pone de manifiesto su notoria e indudable improcedencia por actualizarse en la especie causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." De la interpretación en sentido contrario de la referida fracción V del artículo 107 de la Ley de la materia, se colige que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se reclamen actos en juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, es decir, aquellos que se refieran a cuestiones procesales que no afecten directamente un derecho sustantivo del gobernado quejoso. Al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación adujo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Que derivado de lo anterior, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: a) La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, b) La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Es pertinente destacar que en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, se establece que los juicios sucesorios se conforman de cuatro etapas o secciones, que iniciarán simultáneamente, la primera se llamará de sucesión y contendrá, en su caso, la denuncia de intestado o la presentación del testamento, la citación a herederos, nombramiento y remoción de albacea e interventores y culminará con el reconocimiento de derechos hereditarios. La segunda se llamará de inventarios, la cual estará compuesta del inventario provisional del interventor, el inventario y avalúo que forme el albacea, los incidentes que se promuevan al respecto y finaliza con la resolución que dicte el juez sobre la aprobación del inventario y avalúo. La tercera se llamará de administración y contendrá todo lo relativo a la administración, las cuentas, su glosa y calificación y la comprobación de haberse cubierto el impuesto fiscal La cuarta y última, se llama de partición y se compone de los proyectos de distribución de la masa hereditaria y concluye con la resolución de partición. Como puede observarse, cada etapa del procedimiento sucesorio atiende al principio de preclusión, que exige que lo decidido en las resoluciones que culminen cada sección adquiere firmeza para los que tuvieron intervención. Luego, no existe una sentencia que lo decida en lo principal, sino que cada una de las secciones se resuelve por separado, mediante la interlocutoria especial correspondiente. Por ello, el juicio de amparo biinsntancial solamente procede contra las resoluciones que ponen fin a las tres primeras secciones o representa un obstáculo para su conclusión y las que tengan la característica de ejecución de imposible reparación en los términos antes anotados. Se cita al respecto, la tesis I.3o.C.439 C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." Expuesto lo anterior, se tiene que en el caso en estudio, el quejoso Rodrigo Fernández Jiménez es parte dentro del juicio sucesorio testamentario, a bienes de Santiago Fernández Hernández, expediente al que le correspondió el número 341/2021 del índice del Juzgado Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, el cual, según los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró el solicitante del amparo, se encuentra en trámite, específicamente en la segunda sección, lo que se corrobora con el propio dicho del quejoso en el que refiere que por auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós se declaró la apertura de la segunda sección del juicio a petición de Alicia Tovar Hernández, a quien se declaró, además de la menor A.F.T., como únicas y universales herederas, y -dijo- no se le impuso la obligación de otorgar fianza. Aquí es oportuno precisar que, si bien es cierto el aquí quejoso no fue declarado como heredero, lo cierto es que dicha determinación aún no se encuentra firme, pues la resolución que resolvió la primera sección fue impugnada mediante el recurso de apelación correspondiente -mismo que, indica la propia parte quejosa que se encuentra pendiente de resolver, y el cual fue admitido en efecto devolutivo-. Igualmente, se trae a contexto que, el impetrante destacó que contra el auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós interpuso recurso de revocación, mismo que en proveído de cinco de octubre pasado, se reservó admitir el medio de impugnación en cita, hasta en tanto fuera resuelto el recurso de apelación -para verificar su legitimación para impugnar la mencionada actuación-. Así, debe decirse que si bien la parte quejosa en el capítulo de acto reclamado indica como tal la resolución de veintiséis de septiembre del año en curso, dentro del expediente de origen ya citado -contra el cual hizo valer el recurso de apelación, mismo que se encuentra en trámite-, sin embargo, de la lectura integral de la demanda de amparo se obtiene que en realidad combate el auto de cinco de octubre en curso, en el que la potestad responsable reservó admitir o no el medio de impugnación en cita, hasta en tanto se resolviera el recurso de apelación ya mencionado, al encontrarse subjúdice el tema concerniente la legitimación del aquí quejoso, al no haber sido declarado heredero en la primera sección. Auto reclamado que transcribió el quejoso en su demanda, en lo que interesa, y que es del contenido siguiente: "Agréguense a los autos escrito signado por RODRIGO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, escrito presentado por ALICIA TOVAR HERNÁNDEZ y el oficio número 13755/2022, signado por Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, recepcionados el 29 veintinueve de septiembre y 04 cuatro de octubre de la presente anualidad. Visto el contenido del primero de los de cuenta, tomando en consideración el estado que guardan los autos, precisamente los resolutivos de la interlocutoria de fecha 17 diecisiete de agosto del año en curos (sic), relativa a la declaración de herederos, en los cuales se advierte que el compareciente no fue declarado heredero de los bienes motivo del presente juicio, y por ello interpuso el recurso de apelación en contra de dicha interlocutoria; luego entonces, su legitimación para comparecer a juicio se encuentra supeditado al resolutivo de dicha apelación, razón por la que atendiendo al contenido del escrito que se acuerda, dígasele al ocursante que esta autoridad se reserva de admitir o no a trámite el recurso de revocación que plantea, hasta en tanto se haya resuelto el recurso de apelación admitido en proveído de fecha 06 seis de septiembre del año en curso; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y 47 de la Ley Adjetiva Civil. Tocante al segundo de los libelos que se reciben, téngasele a la ocursante por formulando el inventario y avalúo de los bienes que conforman el acervo hereditario, mismo que se pone a la vista de los interesados, por el término de 10 días a fin de que lo analicen y hagan las objeciones que estimen pertinentes; con apoyo con los numerales 628 y 672 del Código en consulta. Respecto al oficio que se recibe, se tiene a la Autoridad Federal por transcribiendo la resolución emitida dentro del juicio de amparo número 331/2022-1B promovido por RODRIGO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ. Por otro lado, se tiene a la autoridad garante por comunicando que dicho juicio de garantías ha sido sobreseída. De conformidad con los artículos 33, 34 y 63 de la Ley de Amparo.-" Precisado lo anterior, esta Juzgadora estima que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que las consecuencias del acto reclamado, por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa, una ejecución de imposible reparación, ya que la determinación combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de sus derechos sustantivos, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no causan una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. En efecto, si a través de la determinación reclamada, el Juez responsable reservó el pronunciamiento sobre la admisión o no del recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso, al encontrarse subjúdice el tema concerniente a la legitimación del aquí quejoso en el juicio natural, al no haber sido declarado heredero en la primera sección, empero que combatió a través del recurso de apelación -la resolución relativa reconocimiento de derechos hereditarios-, el cual no ha sido resuelto, es inconcuso que ello únicamente podría implicar infracciones a derechos adjetivos que producen efectos meramente intraprocesales, esto es, no se advierte que se haya acordado contrario a los intereses de la parte quejosa, sino únicamente se reservó el pronunciamiento el juez natural, al depender dicha determinación del resultado de la apelación interpuesta por la aquí quejosa; circunstancia que, llegado el momento oportuno en que se provea en relación con su recurso de revocación intentado, podría, en su caso, favorecer a sus intereses, y de lo contrario, sin prejuzgar sobre su procedencia o no, estaría en condiciones de impugnar la determinación que adopte el Juzgador del conocimiento. Además, debe tomarse en consideración la premisa legal establecida en el inicio del presente auto, pues al encontrarse el juicio en la segunda etapa -pues el quejoso combate el proveído de cinco de octubre en curso, en el que la potestad responsable reservó admitir o no el recurso de revocación intentado, en contra de la diversa determinación de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós-, es inconcuso que dicha determinación no es la última de la segunda sección en mención, pues no es la relativa a la aprobación del inventario y avalúo, y en ese sentido, no es procedente el juicio de derechos fundamentales, bajo las consideraciones de hecho y de derecho ya establecidas. Así, el acto reclamado por esta vía no constituye un acto procesal de ejecución irreparable, toda vez que únicamente pudiera implicar infracciones a derechos adjetivos que producen efectos meramente intraprocesales. Cobra puntual apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto a la letra dicen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De igual modo, en lo conducente se cita la jurisprudencia P./J. 38/92, sustentada por el propio Pleno, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 12, registro 205601, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCION INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO. La resolución que pone fin a un incidente de nulidad de actuaciones, declarándolo fundado, no es un acto en el juicio que, por regla general, tenga una ejecución de imposible reparación, sino que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicha resolución, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia definitiva, o la que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses del quejoso, pero de no ser así, este último podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del mencionado fallo. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que tal resolución entraña una violación a las leyes del procedimiento, prevista en la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, en la cual se establece la procedencia del amparo directo "cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad"; y por los términos genéricos en que está redactado el mencionado precepto legal, resulta obvio que la ilegal resolución del incidente de nulidad a que allí se alude, puede consistir tanto en la anulación de las actuaciones favorables al quejoso, como en la negativa a nulificar aquéllas que lo agravian, toda vez que aquél no hace distingo alguno al respecto. Sin embargo, el anterior criterio queda supeditado a que, con motivo de las mencionadas resoluciones incidentales, no se afecten en forma cierta e inmediata los derechos sustantivos de los gobernados, porque de lo contrario, la vía correcta para reclamarlas será la indirecta." Criterios que se consideran aplicables al caso, de conformidad con el artículo sexto transitorio, de la Ley de Amparo. No se soslaya que en el caso, el acto reclamado deriva de un juicio de los denominados universales, esto es, aquellos que conocen de la totalidad del patrimonio de una persona, cuya finalidad es conceder, repartir o asignar los bienes que constituyen dicho patrimonio, y que tal acto fue dictado previamente al inicio de la segunda sección de dicho juicio; no obstante, ello no es óbice para arribar a la conclusión de que el presente juicio de amparo es improcedente, en virtud de que, como se precisó con antelación, la posible afectación que en su caso pudiera producir, puede ser enmedada si la parte quejosa obtiene fallo favorable a sus intereses, o de lo contrario, mediante el medio de impugnación relativo, que en su caso haga valer contra la aprobación del inventario y avalúo con que finaliza la segunda sección -de encontrarse legitimado para ello-. Al caso se cita, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 187-192, cuarta parte, página 231, registro 240224, de rubro y sinopsis siguiente: "SUCESIONES. SOLO LA SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN TIENE EL CARÁCTER DE DEFINITIVA PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido el criterio de que las sentencias que se pronuncien en las diversas etapas de un juicio sucesorio, con excepción de la que se refiere a la adjudicación de los bienes, no son definitivas para los efectos del amparo, porque no resuelven el juicio sucesorio en lo principal." Entonces, como el acto reclamado no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa; como se anticipó, es improcedente el presente juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del numeral 107, ambos de la Ley de la Materia, por tanto procede desechar de plano la presente demanda de amparo, con apoyo en el numeral 113, de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley se tiene como autorizado al profesionista Ignacio Aldaco Hernández, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a las diversas personas que indicada, toda vez que no tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que las autorice a ejercer la profesión de abogadas. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). De igual modo, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un número de teléfono fijo o móvil y una cuenta de correo electrónico para que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo para entablar comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente."

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