Rodrigo Ernesto Gamboa Ortiz
Expediente 300/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 300/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán
- Rodrigo Ernesto Gamboa Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Por otra parte, toda vez que en la referida sentencia se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.
- Principal
El Secretario en funciones de Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, la secretaría da cuenta con el escrito de demanda (foja 2), con el acuerdo admisorio de seis de marzo de dos mil diecinueve (3 a 5), con la constancia de notificación a la autoridad responsable, y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y con el informe justificado rendido por la autoridad responsable (fojas 11 a 59 ). El Secretario en funciones de Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el período de pruebas, la secretaría da cuenta con las documentales consistentes en las constancias relativas al juicio laboral 821/2016 del que deriva el acto reclamado y que el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado acompañó a su respectivo informe justificado y a solicitud expresa de este Juzgado (fojas 11 a 59 y 65 a 68). Seguidamente, abierto el período de alegatos, la secretaría no da cuenta con promoción especial alguna; cerrándose el período de alegatos. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Visto para resolver los autos del presente juicio de amparo 300/2019-VIII promovido por Rodrigo Ernesto Gamboa Ortiz en contra de los actos que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por violación a los artículos 8 y 17 Constitucional; y, Resultando: Primero. En demanda de amparo presentada el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, Rodrigo Ernesto Gamboa Ortiz solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Segundo. Por auto de seis de marzo de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó dar a la Representante Social de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete, se solicitó a la autoridad responsable su correspondiente informe justificado, el cual se tuvo por rendido en tiempo y forma; se fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo, conforme al acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo, 48 y 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque se reclama un acto omisivo que es atribuible a una autoridad de carácter laboral que reside dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción y en esta entidad se presentó la demanda . Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio de amparo. Del análisis integral de la demanda de amparo, especialmente del capítulo de acto reclamado, antecedentes y conceptos de violación, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando: La omisión de la autoridad responsable de dar contestación a su escrito, mediante el cual solicitó fecha para la ejecución del convenio firmado en el juicio laboral 821/2016 del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Tercero. Actos Existentes. El Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al rendir su informe justificado negó el acto reclamado; sin embargo de la lectura del mismo y de las constancias que remitió en apoyo del mismo se advierte su certeza; por tanto debe tenerse por existente el acto reclamado. Cuarto. Estudio oficioso de las causas de improcedencia. No obstante la certeza del acto reclamado a la responsable, resulta innecesario entrar al estudio y análisis del acto reclamado, en virtud que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, lo hagan valer o no las partes, por disponerlo así el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. Resulta importante señalar que al resolver la contradicción de tesis 339/2011, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y en su caso del fondo del asunto, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, debe constreñirse a lo reclamado por la parte quejosa y no puede abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Esa ejecutoria dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 15/2011, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, de rubor y texto siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Al sostenerse lo anterior no se soslaya que en la etapa de ejecución el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, sin embargo, en la ejecución de laudo, es necesario no solo la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones; de ahí que la ejecución forzosa del laudo, o en este caso del convenio, no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, por lo que debe atenderse al escrito que se presentó ante la responsable. En el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama la omisión de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de dar contestación a su escrito, mediante el cual solicitó se fije fecha para la ejecución del convenio firmado en el juicio laboral 821/2016 del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Sin embargo, de las copias certificadas que el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, remitió en apoyo a su informe justificado y a su oficio 390/2019, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en autos del juicio laboral 821/2016, el uno de marzo del año en curso, en atención a su escrito de quince de marzo de dos mil dieciocho, en el expediente de origen se decretó auto de requerimiento de pago y embargo y se comisionó al actuario de la adscripción para que procede a requerir de pago a la demandada y en caso de no hacerlo se proceda embargo de bienes (fojas 59 y 66) . Determinación que le fue notificada a la parte quejosa, hasta el ocho de abril del presente año (foja 65); esto es, posterior a la fecha de presentación de la demanda, que lo fue el veintiocho de febrero del año que transcurre, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado desde el momento en el que la Junta laboral proveyó el escrito cuya omisión de dictarse reclama, y éste se notificó a la parte quejosa; que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la conducta omisiva que se impugna, toda vez que en virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso, por similitud de razón la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas consideraciones, en el caso opera la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual motiva el sobreseimiento en este juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada Ley de la materia. Sin que sea obstáculo que de autos se advierta que la parte tercero interesada no fue emplazada a juicio, pues en atención al sentido de esta resolución, no se vulnera derecho alguno Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además en lo dispuesto por los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo aplicable, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Rodrigo Ernesto Gamboa Ortiz, por los motivos expuestos en el cuarto considerando de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido y agrega para los fines legales pertinentes el oficio suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad y anexo que se le adjunta, a través del cual, en cumplimiento a la solicitud realizada por este órgano jurisdiccional en proveído de cuatro de abril del año en curso, remite copia certificada de la notificación realizada a la parte actora en el juicio laboral 821/2016 de su índice, respecto del auto de uno de marzo del año en curso Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tienen por recibido el informe justificado rendido por Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, en representación de dicha Junta con sede en esta ciudad, autoridad señalada como responsable en el presente juicio, el cual se agrega a este expediente y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pónganse a la vista de las partes para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente. Ahora, al advertirse de las constancias que la autoridad responsable remitió como justificación de sus actos, que se encuentra ilegible la constancia relativa a la notificación de la parte actora en el juicio laboral respecto del auto de uno de marzo de dos mil diecinueve se encuentra ilegible, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, para que dentro del término de tres días remita copia certificada y legible de la notificación realizada a la parte actora en el juicio laboral 821/2016 de su índice, respecto del auto de uno de marzo de dos mil diecinueve; con el apercibimiento que no atender este requerimiento, con fundamento en los artículos 237 fracción I, en relación con el 259 de la citada ley, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fija como nueva hora y fecha para su celebración las doce horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil diecinueve. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.
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