Rodrígo Eduardo Rodríguez Carrillo
Expediente 257/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 257/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rodrígo Eduardo Rodríguez Carrillo
Actuaciones
- Principal
Del estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación que antecede, se tiene que con motivo de la crisis sanitaria por la enfermedad denominada Covid-19, se suspendieron las labores presenciales en los órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Por su parte la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal"; determinó que la suspensión de actividades presenciales de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, concluiría el once de enero de dos mil veintiuno. Por tanto, a fin de acatar lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 2, del diverso acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la acotación en el expediente en que se actúa, que la reanudación de labores presenciales en este juzgado federal inició el doce de enero de dos mil veintiuno, para los efectos legales correspondientes. Continuación del procedimiento. De la certificación de inicio también se desprende que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el tres de noviembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida ley, se declara que dicha determinación ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que obste a lo anterior, que no se haga referencia al cómputo respecto a las autoridades responsables, pues de conformidad con el ordinal 87 de la Ley de Amparo, aquéllas sólo podrán interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente el acto que de ellas se haya reclamado y, en el caso, se determinó sobreseer en el juicio; de ahí que no se surte la hipótesis establecida para que las responsables puedan recurrir la sentencia de que se trata. Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por su parte, el cuaderno original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo, en el que, por una parte se negó la suspensión provisional y definitiva y, por otra parte, se concedió dicha medida cautelar solicitada por la parte quejosa, en términos del inciso a), de la fracción I del artículo 18 del referido Acuerdo General, es susceptible de depuración. Como lo establece el capítulo DÉCIMO TERCERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en las carátulas relativas a este expediente y a la del incidente de suspensión. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos o de garantía, toda vez que los primeros no se exhibieron en el juicio de amparo en que se actúa y, la segunda, no se presentó en el incidente de suspensión respectivo. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo III-257/2020; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de marzo de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito, ********************, por propio derecho, compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de Director, Comité Técnico Interdisciplinario y Jefe de Seguridad de Custodios, todos del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto Número 1, con residencia en Irapeo, municipio de Charo, Michoacán. Por los actos que hace consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1. Aislamiento como medida disciplinaria sin mediar procedimiento de conformidad con los artículos 46 al 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 2. Como consecuencia de lo anterior, la falta de suministros alimentarios, y medicamentos. 3 El trato inhumano que se me está dando en zona de aislamiento pues es un lugar insalubre, sin luz. 4. La posible reubicación de mi lugar de celda. 5. La anotación en las bitácoras y expediente del suscrito que se llevan a cabo del centro penitenciario de la medida de aislamiento, porque la misma fue dictada de plano de forma ilegal". De lo que se advierte que el acto reclamado lo es el aislamiento -a su decir- fuera de procedimiento y, como consecuencia de ello, los actos siguientes: 1) Falta de suministro de alimentación y medicamentos. 2) Posible reubicación a otro lugar que no es la celda que usualmente ocupa. 3) La anotación en la bitácora y expediente personal relativas a la medida de aislamiento. Actos que estimó violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1o, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de seis de marzo de dos mil veinte se admitió la demanda y se concedió la suspensión de plano por los actos consistentes en aislamiento y falta de suministro de alimentos y medicamentos, a fin de que cesaran de inmediato y se proporcionaran al quejoso los alimentos y medicamentos necesarios; y, por lo que respecta a los diversos consistentes en: la posible reubicación y la anotación en la bitácora y expediente personal del quejoso, al no ser de los prohibidos del artículo 22 Constitucional, se ordenó la apertura del incidente de suspensión por cuerda separada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Amparo. Además, se dio vista a la fiscal de la federación adscrita, se requirieron los informes a la suspensión de plano y justificados a las autoridades señaladas como responsables, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103 y 107, fracciones I, II, III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 37 y 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo vigente; 48, 51, fracción I y 144, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, porque el acto se atribuye a autoridades administrativas que residen dentro de la jurisdicción de esta potestad federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo al análisis de la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, y con base en la integridad de la demanda, a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y de que éste no vea obstaculizado su acceso a la justicia, así como de esta forma armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, atendiendo a lo dispuesto por la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En este sentido, este juzgado federal advierte que, del estudio integral de la demanda de amparo promovido por ********************, así como de las constancias aportadas por las autoridades responsables como un todo, lo que realmente le causa afectación al quejoso es: La medida disciplinaria consistente en la reubicación temporal de celda por el término de quince días, comprendidos del veintisiete de febrero al trece de marzo del año en curso, contenida en la resolución dictada el seis de marzo de dos mil veinte, por el Comité Técnico del Centro Penitenciario de Alta Seguridad Para Delito de Alto Impacto, número uno, ubicado en Charo, Michoacán, y como consecuencia de ello: Falta de suministro de alimentación y medicamentos. El trato inhumano que se le dio en zona de aislamiento al ser un lugar insalubre, sin luz. La anotación en la bitácora y expediente personal relativas a la medida de aislamiento. Precisión que se realiza con base en el contenido de los informes en acatamiento a la suspensión de plano y justificados rendidos por las autoridades responsables, de donde se desprende que al quejoso se le impuso una sanción disciplinaria con base en los hechos contenidos en la tarjeta informativa de uno de marzo de dos mil veinte, suscrita por el Jefe de Grupo de la 3racia (sic) del Centro de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto Número Uno. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados precisados con los números 1.1 y 1.2, consistentes en falta de suministro de alimentación y medicamentos, así como trato inhumano en un lugar insalubre, sin luz. Al rendir el informe en cumplimiento a la suspensión de plano y justificado, con relación a los actos que en este apartado se analizan, las autoridades responsables lo hicieron de la siguiente forma: No. AUTORIDAD RESPONSABLE ACTO RECLAMADO SENTIDO 1 Director del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto Número 1, con residencia en Irapeo, municipio de Charo, Michoacán. La falta de suministros alimentarios, y medicamentos. El trato inhumano que se me está dando en zona de aislamiento pues es un lugar insalubre, sin luz. Niega 2 Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto Número 1, con residencia en Irapeo, municipio de Charo, Michoacán. 3 Jefe de Seguridad de Custodios del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto Número 1, con residencia en Irapeo, municipio de Charo, Michoacán. Denominaciones con las que rindieron sus informes respectivos. Además, dicha negativa se encuentra probada, ello con base en las copias certificadas de los medios de convicción que obran en el expediente en que se actúa, a saber, los siguientes: Certificado de Integridad Corporal, de uno de marzo de dos mil veinte, suscrito por Ricardo Ernesto Flores Castro, galeno adscrito al centro penitenciario responsable, del que se desprende que diagnosticó a Luis Antonio Aguilar Hernández (persona con quien supuestamente tuvo una riña con el aquí quejoso), quien presentó TCE leve, así como lesiones de reciente producción en superficie corporal. Certificado de Integridad Corporal, de seis de marzo de dos mil veinte, suscrito por Felipe Heredia Morán, médico adscrito al centro carcelario responsable, del que se desprende que constató en el quejoso ******************** la existencia de lesiones con cinco días de evolución, que tardan menos de quince días en sanar. Informe médico de siete de marzo de dos mil veinte, emitido por Ricardo Ernesto Flores Castro, médico adscrito a la institución penitenciaria responsable, del que se aprecia que determinó como diagnóstico del quejoso: M25.5 dolor articular, ansiedad y depresión, además, de dicho informe se desprende, en lo sustancial, lo siguiente: "(.)ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS., refiere consumo de clonazepam 02 mg, una tableta cada 12 horas, olanzapina una tableta cada 12 horas (ultima dosis hace 02-03 meses) por indicación vigente del servicio de psiquiatría, por diagnósticos psiquiátricos de ansiedad y depresión, fractura de tabique nasal hace 09 meses con tratamiento conservador, tabaquismo positivo: 06 cigarros diarios desde hace 02 años, alcoholismo quincenal sin llegar al estado de embriaguez, suspendido hace poco más de 02 años, relata consumo de cocaína durante 08 años, suspendido hace 07 años(.)." (sic) Oficio con terminación S/N/2020, de siete de marzo de dos mil veinte, suscrito por el Encargado del Departamento de Seguridad y Vigilancia del Centro Penitenciario de Alta Seguridad par Delito de Alto Impacto Número Uno, mediante el cual, informa al Encargado del Departamento de la Subdirección Jurídica de la aludida institución carcelaria, en lo que importa, lo siguiente: ******************** se encuentra privado de la libertad en la estancia 09 (nueve) del área de Centro de Ubicación, el cual cubre con los requisitos para garantizar seguridad y estancia digna, tiene acceso a cada uno de los derechos que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal en sus artículos 9, 19, fracción I y II, así como 20, fracción V; tiene horarios establecidos para realizar llamadas telefónicas, atención médica, alimentación y cada uno que se requiera con apego a los derechos humanos. El quejoso se encuentra reubicado, virtud a la tarjeta informativa firmada por el oficial de seguridad (Jefe de Grupo de la tercera compañía) de uno de marzo de dos mil veinte, virtud a una riña y únicamente se encuentra allí como medida disciplinaria cumpliendo una sanción puesta por el Comité Técnico del Centro Penitenciario responsable. Tarjeta informativa de uno de marzo de dos mil veinte, suscrita por el Jefe de Grupo de la "3racia"(sic) del Centro de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto Número Uno, en la que se desprende que el aquí quejoso y el reo Luis Antonio Aguilar Hernández tuvieron una discusión que terminó en una riña, motivo por el cual, por orden superior y hasta que el Comité Técnico determine su situación, se estableció lo siguiente: Nombre del recluso Ubicación donde estaban Ubicación donde quedaron actualmente 1 Luis Antonio Aguilar Hernández MC C-2 ESTANCIA SIN NÚMERO C.U. ESTANCIA 20 2 ******************** MC C-2 ESTANCIA SIN NÚMERO C.U. ESTANCIA 18 Oficio con terminación 03/2020, de doce de marzo de dos mil veinte, suscrito por el Encargado del Departamento de Seguridad y Custodia del Centro Penitenciario de Alta Seguridad par Delito de Alto Impacto Número Uno, mediante el cual, informa al Subdirector Jurídico de esa dependencia, esencialmente, lo siguiente: ******************** se encuentra privado de la libertad en la estancia 09 (nueve) del área de Centro de Ubicación, cumpliendo una sanción disciplinaria impuesta por el Comité Técnico del Centro Penitenciario responsable, debido a una riña en la que participó el uno de marzo de dos mil veinte, donde cuenta con los servicios básicos, cama para descansar, comida, agua, luz eléctrica, servicio médico, acceso a locutorios, acceso a área de vinculación familiar, entre otros (anexa cuatro placas fotográficas). El personal de seguridad a cargo ha sido exhortado a que cada una de sus actividades y funciones en dicho centro carcelario deben estar encaminadas a la salvaguarda de la integridad de cada persona ahí recluida, con estricto apego a los derechos humanos, además, en esa área (estancia 09 -nueve-), los oficiales vigilan que cada recluso reciba su comida y atención médica cuando así lo requieran -adjunta certificado médico que se describe a continuación-. Certificado de Integridad Corporal, de once de marzo de dos mil veinte, suscrito por Paloma Ariathne Medina Cedeño, médica adscrita al centro carcelario responsable, del que se desprende que diagnosticó al quejoso: Clínicamente sano, sin daños en la superficie corporal reciente. Sesión ordinaria número 009/2020, del seis de marzo de dos mil veinte, realizada por el Comité Técnico del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto Número Uno, con sede en Charo, Michoacán, del que se desprende, medularmente, que el citado Comité, tomando en cuenta el parte informativo de veintisiete de febrero de dos mil veinte, y una vez realizada la indagatoria por parte de ese Consejo Técnico, con base en lo dispuesto en la fracción III del artículo 40 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, determinó la reubicación temporal de celda de ambos reclusos -********************-, por el término de quince días, computables del veintisiete (de febrero) al trece de marzo, por motivo de la falta indisciplinaría, consistente en reñir, teniendo derecho a realizar una llamada para que informe a quien considere necesario, sobre su reubicación temporal, con derecho a su visita. Registros relativos al ingreso y egreso del área de reubicación del quejoso, de fechas uno y seis de marzo de dos mil veinte, respectivamente, así como de atención médica y entrega de medicamentos. Documentales que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria acorde con el numeral 2° de la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos. Analizado el contenido de los documentos enlistados, no se advierte la existencia de los actos reclamados consistentes en: Falta de suministro de alimentación y medicamentos. El trato inhumano que se le dio en zona de aislamiento al ser un lugar insalubre, sin luz. Por lo contrario, los documentos remitidos por las autoridades responsables revelan que el quejoso estuvo recibiendo atención médica para el tratamiento de los padecimientos que le fueron diagnosticados por los galenos tratantes, como se advierte de los certificados de integridad corporal de fechas seis, siete y once de marzo de dos mil veinte, este último en el cual, la médica tratante señaló que el quejoso se encontraba clínicamente sano, sin daños en la superficie corporal reciente. No escapa a la inteligencia que el quejoso manifestó en el antecedente tercero de su escrito de demanda lo siguiente: "TERCERO. La lista se refiere al pase de lista que hacen de las personas privadas de la libertad de forma diaria, pero no se dio más información de que día no hice pase de lista, además de que me encuentro prescrito medicamente con Clonazepam con Olanzapina cada 12 horas, y este medicamento hace que me de sueño en todo caso este puede ser el motivo por el cual no me haya percatado de algún pase de lista, medicamento que en estos días de aislamiento no se me ha proporcionado." Empero, contrario a lo señalado por el quejoso, del informe clínico rendido de siete de marzo de dos mil veinte, emitido por Ricardo Ernesto Flores Castro, se desprende que: "(.)ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS., refiere consumo de clonazepam 02 mg, una tableta cada 12 horas, olanzapina una tableta cada 12 horas (ultima dosis hace 02-03 meses) por indicación vigente del servicio de psiquiatría, por diagnósticos psiquiátricos de ansiedad y depresión, fractura de tabique nasal hace 09 meses con tratamiento conservador, tabaquismo positivo: 06 cigarros diarios desde hace 02 años, alcoholismo quincenal sin llegar al estado de embriaguez, suspendido hace poco más de 02 años, relata consumo de cocaína durante 08 años, suspendido hace 07 años(.)." (sic) Esto es, contrario a lo que señala el quejoso, dicho medicamento le fue suministrado por última vez dos o tres meses antes de la emisión de dicho instrumento, virtud a una indicación vigente del servicio de psiquiatría. Tampoco es inadvertido el certificado médico de integridad corporal del siete de marzo de dos mil veinte, revela que al quejoso se le diagnosticó M25.5 dolor articular, ansiedad y depresión, pues en la valoración siguiente -once de marzo de dos mil veinte-, el paciente ya no presentó los padecimientos que anteceden, pues se le determinó clínicamente sano, sin daños en la superficie corporal reciente. En consecuencia, toda vez que las documentales analizadas no desvirtúan la negativa de las autoridades responsables y sí la inexistencia invocada por éstas; por tanto, con fundamento en el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio. En apoyo se invoca la jurisprudencia VI.2°.J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 627, tomo IV, segunda parte, julio a diciembre de 1989, Octava época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Ahora, la determinación aquí contenida no desvincula a la autoridad responsable a continuar suministrando atención médica al quejoso, así como, en su caso, suministrar los medicamentos que a éste le sean prescritos para contrarrestar sus padecimientos. CUARTO. Existencia de los actos reclamados señalados identificados con los números 1 y 1.3. Al rendir el informe justificado, las autoridades responsables lo hicieron de la siguiente forma: No. AUTORIDAD RESPONSABLE ACTO RECLAMADO SENTIDO 1 Director del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto Número 1, con residencia en Irapeo, municipio de Charo, Michoacán. La medida disciplinaria consistente en la reubicación temporal de celda por el término de quince días, comprendidos del veintisiete de febrero al trece de marzo del año en curso, contenida en la resolución dictada el seis de marzo de dos mil veinte, por el Comité Técnico del Centro Penitenciario de Alta Seguridad Para Delito de Alto Impacto, número uno, ubicado en Charo, Michoacán, y como consecuencia de ello: La anotación en la bitácora y expediente personal relativas a la medida de aislamiento. Niega 2 Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto Número 1, con residencia en Irapeo, municipio de Charo, Michoacán. 3 Jefe de Seguridad de Custodios del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto Número 1, con residencia en Irapeo, municipio de Charo, Michoacán. Sin embargo, dichas negativas se desvirtúan del contenido de las constancias que éstas allegaron a sus informes justificados y en alcance a ellos, específicamente de la resolución contenida del acta de sesión ordinaria número 009/2020, del seis de marzo de dos mil veinte, realizada por el Comité Técnico del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto Número Uno, con sede en Charo, Michoacán. Documental de la que se desprende, que el citado Comité, tomando en cuenta el parte informativo -de veintisiete de febrero de dos mil veinte-, y una vez realizada la indagatoria por parte de ese Consejo Técnico, con base en lo dispuesto en la fracción III, del artículo 40 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, determinó la reubicación temporal de celda de ambos reclusos -********************-, por el término de quince días, computables del veintisiete (de febrero) al trece de marzo, por motivo de la falta indisciplinaría, consistente en reñir, teniendo derecho a realizar una llamada para que informe a quien considere necesario, sobre su reubicación temporal, con derecho a su visita de su abogado, derecho a atención médica, se le restringe la libertad de deambular por el centro, teniendo derecho a una hora de visita familiar por el área de locutorios y derecho a una hora de esparcimiento (palapa principal), siempre y cuando mantenga limpia su estancia, deberá participar una hora al día en mantenimiento del centro, esto por el tiempo ya señalado en líneas anteriores, se le hace de su conocimiento que tiene el derecho de impugnar dicha sanción, en in lapso de tres días a partir de la presente notificación, debiendo de allegar las pruebas que considere pertinentes, garantizando asó su derecho de defensa y audiencia de conformidad con los artículos 41, 46, 47 y 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por consiguiente, es evidente que la imposición de la medida disciplinaria impuesta a la parte quejosa tenga como consecuencia que se asiente el antecedente respectivo como constancia de ello -la anotación en la bitácora y el expediente personal de la parte quejosa-. De ahí que, para efectos de este estudio, no se actualice la causal de sobreseimiento hecha valer por las autoridades responsables, virtud a que, por lo que respecta a los actos reclamados aquí analizados, se tienen por ciertos. QUINTO. Causales de Improcedencia. Ahora, no obstante que en el apartado que antecede se precisó la existencia del acto reclamado consistente en: La medida disciplinaria consistente en la reubicación temporal de celda por el término de quince días, comprendidos del veintisiete de febrero al trece de marzo del año en curso, contenida en la resolución dictada el seis de marzo de dos mil veinte, por el Comité Técnico del Centro Penitenciario de Alta Seguridad Para Delito de Alto Impacto, número uno, ubicado en Charo, Michoacán. Este órgano de control constitucional advierte la actualización de manera oficiosa, de una causal de sobreseimiento diversa a la invocada por las autoridades responsables, que conduce a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, como lo establece el artículo 62 de la Ley de la Materia. Lo anterior, pues se estima que en el presente caso cobra vigencia la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 64, del citado ordenamiento legal. El artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; [.]". El artículo y fracción transcritos prevén la improcedencia del juicio de amparo en contra de aquellos actos que se hayan consumado de un modo irreparable, aunque para comprender mejor el alcance de dicho precepto legal, resulta pertinente apoyarse en el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.3o.A.150 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava época, tomo XIV, diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, página trescientos veinticinco, que señala lo siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." Como lo revela el criterio transcrito, para efectos de estudio del juicio de amparo, existen dos tipos de actos consumados, a saber: a) actos consumados de modo reparable; y, b) actos consumados de modo irreparable Entendiéndose los primeros como aquéllos en los cuales, de concederse el juicio de amparo, es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía trasgredida, a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, lo cual no sucede en el supuesto b), y que física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas Hipótesis última en que se sitúa el acto reclamado por el quejoso, consistente en: La medida disciplinaria consistente en la reubicación temporal de celda por el término de quince días, comprendidos del veintisiete de febrero al trece de marzo del año en curso, contenida en la resolución dictada el seis de marzo de dos mil veinte, por el Comité Técnico del Centro Penitenciario de Alta Seguridad Para Delito de Alto Impacto, número uno, ubicado en Charo, Michoacán. Es decir, el acto reclamado se torna consumado de modo irreparable, pues la imposición de una medida cautelar consistente en la reubicación temporal del quejoso en una celda distinta a la en que habitualmente se encuentra, por un período cierto y concreto, esto es, del veintisiete de febrero al trece de marzo del año en curso, ya trascurrió, se consumó material y jurídicamente. En ese sentido, de las constancias remitidas por las autoridades responsables, específicamente de la tarjeta informativa de uno de marzo de dos mil veinte y oficio con terminación S/N/2020, de siete de marzo de dos mil veinte, se desprende que el quejoso se encontraba asignado, en un primer momento, en: "C.U. ESTANCIA 18" y posteriormente, en: "la estancia 09 (nueve) del área de Centro de Ubicación". Es decir, de las aludidas constancias se desprende que, en efecto, el quejoso se encontraba compurgando la sanción disciplinaria reubicado en un lugar diverso al en que habitualmente se encuentra, lo que conlleva a determinar que la sanción se compurgó de manera irreparable, al haberse producido todos sus efectos y consecuencias, siendo física y materialmente imposible restituir al quejoso en el goce de su garantía violada, esto es, la limitación de su libertad deambulatoria, pues propiamente ello consumó por el transcurso del tiempo. Lo anterior, ya que un acto se considerará consumado irreparablemente, cuando al realizarse en todos sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, debido a que las cosas no podrían regresar al estado que guardaban antes de cometerse la violación a derechos fundamentales, tratándose de actos de carácter positivos; o, si son negativos, obligar a la autoridad a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, lo que en el caso a estudio sucede, puesto que de lo que se dolía la parte quejosa era la imposición de una sanción disciplinaria consistente en la reubicación temporal en un lugar diverso a la celda en la que se encuentra asignada, eventualidad que ya trascurrió, lo que actualiza la causal de improcedencia en estudio; sin que jurídica y materialmente puedan ser objeto del juicio de amparo las violaciones hechas valer por la parte quejosa, dado que existe imposibilidad de aquellas naturalezas para retrotraer el tiempo. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en este juicio promovido por ******************** Ahora, por lo que ve al diverso acto reclamado, consistente en las anotaciones y registros derivadas de una medida disciplinaria, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En efecto, en autos quedó demostrado que las anotaciones y registros derivadas de una medida disciplinaria, que reclamó el quejoso como acto reclamado, derivan en realidad como consecuencia de una sanción disciplinaria impuesta por el Comité Técnico del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto Número Uno, con sede en Charo, Michoacán, como se desprende del contenido de la resolución dictada en sesión ordinaria número 009/2020, del seis de marzo de dos mil veinte, del que se desprende, medularmente, que el citado Comité, tomando en cuenta el parte informativo de veintisiete de febrero de dos mil veinte, y una vez realizada la indagatoria por parte de ese Consejo Técnico, con base en lo dispuesto en la fracción III del artículo 40 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, determinó la reubicación temporal de celda de ambos reclusos -********************-, por el término de quince días, computables del veintisiete (de febrero) al trece de marzo, por motivo de la falta indisciplinaría, consistente en reñir, teniendo derecho a realizar una llamada para que informe a quien considere necesario, sobre su reubicación temporal, con derecho a su visita. De donde se sigue que como las anotaciones y registros derivadas de una medida disciplinaria, que reclamó el quejoso como acto reclamado, derivan en realidad como consecuencia de la sanción disciplinaria antes aludida, impuesta por el Comité Técnico del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto Número Uno, con sede en Charo, Michoacán, por lo que aquellas anotaciones y registros no pueden ser analizados en forma autónoma en el presente juicio de amparo, pues al tener vida jurídica por virtud de la sanción impuesta por el precitado Comité, era necesario que previamente agotara el medio ordinario de defensa, motivo por el cual, este órgano de control constitucional advierte de oficio que, en el presente asunto, por lo que respecta a los actos consistentes en las anotaciones y registros precisados con antelación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior (...)". Dicho artículo consagra el principio de definitividad que debe imperar previo a instar la acción constitucional. Este principio establece la improcedencia del juicio cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por lo que el quejoso debe, previamente a su promoción, agotar los juicios, recursos o medios de defensa correspondientes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Pensar lo contrario haría inocuo el principio de definitividad, pues las partes afectadas por actos administrativos acudirían al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos legalmente previstos para la defensa de los actos, haciendo nugatorio el medio extraordinario de defensa del juicio constitucional. Establecido lo anterior, para el caso que nos ocupa, la fracción II, del artículo 1o de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, lo que significa que esa nueva legislación creó todo un sistema por el que se deben resolver las controversias que surjan en reclusión; de ahí que las personas privadas de su libertad tengan la posibilidad de instar cualquiera de esos procedimientos para la resolución de dichos litigios. Asimismo, el diverso 2o de la citada ley, como ámbito de aplicación, señala en general a todas las personas privadas de la libertad; es decir, ya sea que se encuentren en prisión preventiva o que estén compurgando una pena o medida de seguridad. Bajo ese contexto, por tratarse de situaciones relacionadas a la reclusión de la parte quejosa, a los actos reclamados les resulta aplicable dicho ordenamiento legal. En efecto, dentro del Capítulo III, denominado Procedimiento Administrativo de la citada ley, se contempla la posibilidad de que los internos lleven a cabo las peticiones administrativas que requieran dentro de su estancia en los centros de internamiento, de igual forma, en el artículo 117, fracción II, de la misma Ley, se prevé que los sujetos legitimados en la ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre la impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacer valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes. Y todo ello se constata cuando el diverso numeral 48 de la precitada Ley Nacional de Ejecución establece: Impugnación de resoluciones. Las resoluciones del Comité Técnico se impugnarán dentro de los tres días siguientes a su notificación y procederá su revisión ante el Juez de Ejecución. Cuando se impugne resoluciones administrativas por faltas disciplinarias, se dejará en suspenso la aplicación de las sanciones impuestas, hasta que el Juez de Ejecución resuelva en definitiva, sin perjuicio de que se adopten las medidas administrativas necesarias que salvaguarden la seguridad y orden en el Centro Penitenciario. En ese contexto, se advierte que el esquema que regula la forma en que se deben resolver los conflictos suscitados con relación al internamiento de un recluso, impuesto por el legislativo, prevé que dicho recurso es apto para resolver las medidas disciplinarias impuestas a los reos, es decir, existe un procedimiento previo, establecido por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual, debe agotarse con anterioridad a la presentación del juicio de amparo, pues éste es un medio extraordinario de defensa. Suerte a la que se encuentran afectos los actos reclamados consistentes en la anotación en la bitácora y expediente personal, sobre una medida disciplinaria, al ser éstos consecuencia directa de aquéllos. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en análisis, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Tienen aplicación a lo anterior las tesis siguientes II.4o.P.11 P (10a.) y II.4o.P.12 P (10a.), de rubro y texto siguientes: "SANCIONES IMPUESTAS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL CENTRO PENITENCIARIO. SE REGULAN BAJO EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, AUN CUANDO PUDIERAN RELACIONARSE CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. La Ley Nacional de Ejecución Penal prevé varios regímenes relacionados con el internamiento por prisión preventiva, la ejecución de penas y las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, siendo los principales los siguientes: i) internamiento: en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura; ii) disciplinario: en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del comité técnico del centro penitenciario; y, iii) traslados de las personas detenidas: en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. A partir de ello, las peticiones administrativas pueden promoverse ante la autoridad penitenciaria contra los hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento, que estarán reguladas bajo dicho régimen, conforme a los artículos 107 a 117 de la ley mencionada. Sin embargo, es bajo el régimen disciplinario mediante el que se regulan las sanciones impuestas por el comité técnico del centro penitenciario correspondiente. A este régimen le es aplicable otro trámite y medios de impugnación diversos al de internamiento, que se encuentran regulados en los artículos 38 a 48 de la ley referida. Ello, no obstante que las sanciones pudieran estar relacionadas con las condiciones de internamiento." " SANCIONES DISCIPLINARIAS IMPUESTAS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL CENTRO PENITENCIARIO. SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN A TRAVÉS DEL RECURSO DE REVISIÓN Y NO MEDIANTE LA PETICIÓN ADMINISTRATIVA ANTE EL DIRECTOR DEL CENTRO, AUN CUANDO AQUÉLLAS PUDIERAN RELACIONARSE CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. De conformidad con el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva, están legitimadas para presentar una petición administrativa ante el director del centro penitenciario en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. En ese sentido, la petición administrativa puede resultar un medio de defensa idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una afectación al principio rector del sistema penitenciario de vida digna y segura en reclusión y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Sin embargo, cuando se impugne la resolución del comité técnico del centro penitenciario que impone sanciones disciplinarias, no procede la petición administrativa, sino la revisión ante el Juez de Ejecución establecida en el artículo 48 de la propia ley. Ello, no obstante que la sanción pudiera estar relacionada con las condiciones de internamiento, pues los aspectos de internamiento por los que procede la petición administrativa ante el director del centro penitenciario, no comprenden las situaciones en las que se encuentre el recluso, derivadas de una resolución sancionatoria emitida por el comité técnico respectivo, sino aquellas circunstancias en las que se encuentre de forma regular por el propio entorno del centro y que debe modificarse para propiciar o garantizar el nivel decoroso de vida en reclusión para todas las personas privadas de la libertad que pretende el modelo penitenciario actual." Sin que se advierta excepción para agotar el procedimiento ordinario ya que: La medida disciplinaria se encuentra fundada y en la misma se estableció el medio de defensa ordinario con que cuenta el quejoso. La parte quejosa no aduce violaciones directas a la constitución en sus conceptos de violación, sino que los mismos radican en temas de la debida fundamentación y motivación. Aunado a que no basta que la parte quejosa cite preceptos constitucionales para estimar que aduce violaciones directas a la Constitución, pues ante ello imperaría el arbitrio de aquélla, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Ley Fundamental, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley secundaria. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca". En esas condiciones, contra el acto reclamado la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa que tiene a su alcance. Además, que el acto que por esta vía se reclama - imposición de medida disciplinaria y sus consecuencias- no importa a la parte quejosa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, así como ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Por lo expuesto se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por su propio derecho, respecto de los actos y autoridades responsables, por los motivos precisados en los considerandos TERCERO y QUINTO de esta resolución.
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